Elda Gabriela Dominguez Flores

Expediente 938/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
938/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Elda Gabriela Dominguez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Cuarto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción I; por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual rinde su informe justificado; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin mayor pronunciamiento en razón de que el treinta y uno de julio pasado se dictó la sentencia respectiva. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Anel Estrada Castellanos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 938/2023-VI-B promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda recibida el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el buzón de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada el mismo día y recibida el treinta de junio siguiente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Sin embargo, mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés dicho juzgado federal se declaró incompetente por razón de turno y ordenó remitir el juicio a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Aceptación de competencia y trámite. Por auto de cinco de julio del año en curso este órgano jurisdiccional, aceptó la competencia la competencia declinada y admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece, en lo conducente, los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse la conducta omisiva de autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución patronal en el juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable, pues no obstante de encontrarse notificada del auto por el cual se le requirió el informe justificado, fue omisa en rendirlo. Sin que pase desapercibido para el suscrito que mediante oficio recibido y registrado con el número de folio 11924 del libro de correspondencia de este órgano jurisdiccional, la junta responsable comunicó su periodo vacacional comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintitrés; lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". No obstante, la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares y, si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. De ahí que no puede justificarse el periodo vacacional de la autoridad responsable al no encontrarse previstos expresamente en la Ley de Amparo, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, estableció plazos para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional- dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 1/2022 (10a.), de la Undécima Época, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de una junta laboral, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1, fracción I y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora, si bien es cierto que con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumió cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal en el Estado de Morelos, al haber sido omisa en rendir su informe justificado; también lo es, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido vía jurisprudencia, que para los efectos del juicio de amparo, cuando se reclame una omisión -como en el caso de señalar una fecha para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución patronal- y se presuma por cierto el mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponderá al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la máxima ley del país, pues su inconstitucionalidad dependerá de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el solicitante de amparo. Por tanto, la omisión de rendir informe justificado únicamente conlleva la presunción de certeza del acto reclamado, pero no de la acreditación del interés jurídico, ni mucho menos de la veracidad de los hechos en los que sustenta la demanda. En consecuencia, se concluye, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva la falta de acreditación del interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO." En ese orden de ideas, si bien la falta de informe justificado conduce a presumir cierta la existencia del acto reclamado, en este caso, la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución patronal en el juicio laboral de origen, ello no implica que sea así respecto de los hechos afirmados en la demanda de amparo. Ya que tales cuestiones indefectiblemente toca demostrarlas al quejoso de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que en el presente caso no ocurre, en virtud de que la parte quejosa no allegó a este juicio de amparo medio de convicción alguno para demostrar su dicho. Consecuentemente, si la parte agraviada no aportó elementos de convicción tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de sus aseveraciones, es evidente que no existe una afectación directa en su esfera jurídica y, por ende, no acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional. Sin que se inadvierta la protesta de decir verdad contenida en el escrito de demanda, sin embargo, dicha manifestación no es suficiente para acreditar el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que como se ha dicho, es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Por similitud, tiene aplicación, la jurisprudencia del índice de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juzgado de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia del informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 117 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al promovente de amparo, cuando no sea violatorio de derechos y sus garantías en sí mismo. Por lo anterior, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró fehacientemente la afectación al interés jurídico. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia con número de registro 206338, con rubro: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, decretándose, por ende, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/3965/2023 de tres de julio de dos mil veintitrés, asistido de Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que realizó la compensación correspondiente en el rubro de amparo indirecto, para cuyo efecto remite la papeleta de turno; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

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