ELBA GARCÍA LÓPEZ y Otros.

Expediente 755/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
755/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • ELBA GARCÍA LÓPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (fojas 17 y 18), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón de veintisiete de los corrientes, asentada por el Actuario de la adscripción, por la que manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, el proveído de veinticuatro del actual, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en razón de que, el domicilio señalado en el escrito de demanda, para recibir notificaciones, no se precisa la calle de la colonia ********************, donde se encuentre el inmueble marcado con el número ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese la notificación de la citada determinación, por lista de acuerdos que se fijara en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto, o bien, corrijan el anterior. ------------------MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Ahora, se tiene en cuenta que la parte quejosa reclamó de la mencionada autoridad, el siguiente acto: La omisión de no impartirle justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, con la emisión de sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, pues el juicio donde es parte actora de número 761/2016 y donde es demandada LICONSA S. A, de C.V, que se tramita ante la autoridad responsable, ha quedado paralizado en la etapa de calificación de pruebas ofrecidas por las partes. Tocante a la omisión por parte de la autoridad responsable a no administrarle justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, con la emisión de sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, no debe de tenerse como acto destacado, toda vez que éste debe limitarse a la omisión atribuida, esto es, debe concretarse en función de la pretensión atribuida y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio laboral, mas no los subsecuentes actos, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis aislada CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Con base en lo anterior, impone a que únicamente se tenga como acto reclamado el mencionado en el inciso a), relativo a que ha quedado paralizado el juicio laboral 761/2016, en la etapa de calificación de pruebas ofrecidas por las partes en dicho juicio. Respecto del cual, la precitada autoridad, en el informe de cuenta, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 12); sin embargo señala que el catorce de agosto de este año, se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral 761/2016, en la que se encuentran señaladas diversas horas, siendo la última las diez horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso, del cual se duele la parte quejosa (fojas 13 a15); esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos. Es así, porque como se ve, la autoridad responsable emitió el acuerdo en el que calificó las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 761/2016, con lo que restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Ahora, se tiene en cuenta que la parte quejosa reclamó de la mencionada autoridad, el siguiente acto: La omisión de no impartirle justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, con la emisión de sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, pues el juicio donde es parte actora de número 761/2016 y donde es demandada LICONSA S. A, de C.V, que se tramita ante la autoridad responsable, ha quedado paralizado en la etapa de calificación de pruebas ofrecidas por las partes. Tocante a la omisión por parte de la autoridad responsable a no administrarle justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, con la emisión de sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, no debe de tenerse como acto destacado, toda vez que éste debe limitarse a la omisión atribuida, esto es, debe concretarse en función de la pretensión atribuida y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio laboral, mas no los subsecuentes actos, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis aislada CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Con base en lo anterior, impone a que únicamente se tenga como acto reclamado el mencionado en el inciso a), relativo a que ha quedado paralizado el juicio laboral 761/2016, en la etapa de calificación de pruebas ofrecidas por las partes en dicho juicio. Respecto del cual, la precitada autoridad, en el informe de cuenta, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 12); sin embargo señala que el catorce de agosto de este año, se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral 761/2016, en la que se encuentran señaladas diversas horas, siendo la última las diez horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso, del cual se duele la parte quejosa (fojas 13 a15); esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque ha cesado en sus efectos. Es así, porque como se ve, la autoridad responsable emitió el acuerdo en el que calificó las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 761/2016, con lo que restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil dieciocho. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ********************, por conducto de ********************, en su carácter de apoderado legal; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 755/2018. En principio, conviene señalar que la personería del promovente se tiene por acreditada en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la copia con firmas autógrafas de la audiencia celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable. En términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 125 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata; se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se señalan las nueve horas con dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, para la audiencia constitucional. Solicítese a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciba el oficio, para ello, acompañará en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndole de su conocimiento que de no cumplir, el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, establece que se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de la autoridad responsable el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 2 3870, para que por tal vía pueda enviar comunicaciones oficiales. Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al expediente del cual derivan los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la referida Ley. Asimismo, en términos de los normativos 5º, fracción III, inciso b), y 116 de la Ley de Amparo, téngase por señalado como tercero interesado a ********************, por conducto de quien lo represente, por lo que, mediante oficio y con copia de la demanda emplácesele a juicio, a fin de que comparezca a juicio si a sus intereses conviene, con apoyo en lo previsto por el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado.

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