Elba Alavez Aguilar

Expediente 424/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
424/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Elba Alavez Aguilar
  • ELBA ALAVEZ AGUILAR y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se provee ocurso de quejosa Intégrese a los autos el escrito signado por la quejosa *********, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a los tramites que ha realizado ante la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para dar impulso procesal al expediente familiar *** de su índice, refiriendo que dicha responsable no ha dado seguimiento al presente asunto, por lo cual solicita que se requiere a la responsable el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En torno a lo manifestado por la quejosa, se le indica que en actuación que antecede -veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés-, se requirió al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo cual se está en espera de lo que dicha responsable informe. Sin que sea óbice a lo anterior, a fin de que la autoridad responsable comunique respecto a los trámites que indica la quejosa, mediante oficio se ordena remitirle copia simple del ocurso de cuenta a fin de que provea lo que conforme a derecho procede. En el entendido de que deberá informar a este órgano jurisdiccional lo que haya determinado, dentro del plazo que le fue otorgado en auto de veintiuno de noviembre del presente año. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, se desprende que la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, comunicó a este Juzgado, que no constaba en autos del expediente familiar 418/2012 de su índice, el monto al que ascendía la cantidad por concepto de pensiones alimenticias adeudadas por *** y que una vez que se emitiera la resolución correspondiente en el incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, y se hiciera liquido el monto de pensión adeudada, procedería a dicha inscripción ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ante la Dirección del Registro Civil en el Estado de Oaxaca y el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para garantizar la preferencia de pago de deudas alimentarias, así como dar vista a la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las personas deudoras alimentarias morosas, sin que a la fecha hubiere informado las gestiones realizadas con posterioridad. Se requiere cumplimiento Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jesús Martínez Matías -nombre obtenido del informe rendido en autos-, Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Para lo cual se precisa que los efectos del fallo son los siguientes: (.) En mérito de lo anterior, se estima que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; contra los actos reclamados al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para el efecto de que: Atendiendo a los lineamientos legales expuestos en esta sentencia, relativos al marco legal aplicable a la litis de origen planteada y al interés superior de la niñez, adopte en el ámbito de su competencia legal todas aquellas medidas que resulten idóneas y necesarias para garantizar que los niños de nombres ***(quien actualmente ha alcanzado la mayoría de edad), vean satisfechas sus necesidades alimentarias conforme a la pensión decretada en ese expediente, como en derecho corresponda, debidamente fundado y motivado. (.) La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente. "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a la autoridad responsable que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostenta en la actualidad, lo informe mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Precisión sobre superior jerárquico No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico, puesto que no lo es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es el Consejo de la Judicatura del Estado, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, dicha Juez carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Apercibimiento Se le apercibe a la autoridad responsable que de incumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. De igual forma, hágasele saber a dicha responsable que el incumplimiento a una ejecutoria de amparo, puede tipificar el ilícito que establece el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, mismo que tiene una pena de prisión que se castiga con cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el ordinal 192 de la Ley de Amparo, intégrese a los autos el oficio signado por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por el cual en atención al requerimiento formulado en autos y en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente familiar 418/2012 de su índice, de cuya lectura en lo que interesa, informa: 1.- Que el plazo probatorio de cinco días comunes a las partes trascurrirá del cinco al once de octubre actual, en el cual se desahogaran todas las pruebas ofrecidas por las partes para que una vez agotado el proceso incidental, se ordene la inscripción ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en la Dirección del Registro Civil en el Estado de Oaxaca y el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para garantizar la preferencia de pago de deudas alimentarias y dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las personas deudoras alimentarias morosas; 2.- Que se habilitaron días y horas inhábiles para la diligencia de requerimiento de pago al demandado y deudor alimentario ****. 3.- Que se giró oficio al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con el fin de que realice la anotación preventiva de la demanda de divorcio en el registro 843, libro 241 sección primera de escrituras públicas de diez de mayo de mil novecientos noventa y nueve relativo al inmueble del demandado ****** Notifíquese.

  4. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, se desprende que por actuación de treinta de agosto del presente año, se tuvo al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitiendo copia certificada del auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el expediente familiar **** de su índice, por el que precisó que no constaba en autos el monto al que ascendía la cantidad por concepto de pensiones alimenticias adeudadas por ****** y que una vez que se emitiera la resolución correspondiente en el incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, y se haga liquido el monto de pensión adeudada, procedería a dicha inscripción ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ante la Dirección del Registro Civil en el Estado de Oaxaca y el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para garantizar la preferencia de pago de deudas alimentarias, así como dar vista a la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las personas deudoras alimentarias morosas, sin que a la fecha hubiere informado las gestiones realizadas con posterioridad. Se requiere cumplimiento Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jesús Martínez Matías -nombre obtenido del informe rendido en autos-, Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Para lo cual se precisa que los efectos del fallo son los siguientes: (.) En mérito de lo anterior, se estima que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; contra los actos reclamados al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para el efecto de que: Atendiendo a los lineamientos legales expuestos en esta sentencia, relativos al marco legal aplicable a la litis de origen planteada y al interés superior de la niñez, adopte en el ámbito de su competencia legal todas aquellas medidas que resulten idóneas y necesarias para garantizar que los niños de nombres M. E. de la C. A. y Viviana Abril de la Cruz Alavez (quien actualmente ha alcanzado la mayoría de edad), vean satisfechas sus necesidades alimentarias conforme a la pensión decretada en ese expediente, como en derecho corresponda, debidamente fundado y motivado. (.) La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente. "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a la autoridad responsable que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostenta en la actualidad, lo informe mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Precisión sobre superior jerárquico No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico, puesto que no lo es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es el Consejo de la Judicatura del Estado, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, dicha Juez carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Apercibimiento Se le apercibe a la autoridad responsable que de incumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. Se devuelven tomos a autoridad Finalmente, dado que al rendir su informe justificado el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, remitió las documentales consistentes en dos legajos de copias certificadas, el primero relativo al incidente de actualización y liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas anexo al expediente principal 418/2012 de su índice y el segundo de las constancias que obran en el aludido expediente 418/2012 relativo al procedimiento de divorcio voluntario, por ende, se ordena devolverlas a dicha autoridad para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.

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