Elaine Pamela Cardin Alpuche

Expediente 1319/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1319/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Elaine Pamela Cardin Alpuche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1319/2019-III-B, promovido por *********, en contra de los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al Gobernador y al Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda; la cual quedó registrada con el número de expediente 1319/2019-III-B; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán lo siguiente: La omisión de autorizar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por oficio 2319 de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil 2118/2008. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con sede en esta ciudad, pues aunque lo negaron en su informe justificado, dicha negativa se desvirtúa con la constancia que remitió a este juzgado la primera autoridad nombrada; y en cuanto el acto reclamado al segundo, debe considerarse de inminente realización, por derivar de manera directa y necesaria de otro preexistente. CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y suficientes para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, de la lectura de la demanda se advierte que la parte peticionaria del amparo se queja del señalado acto por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 Constitucional; esto es, de la denegación de justicia por parte de la responsable al omitir acordar respecto del requerimiento realizado por una autoridad judicial, a fin de que se proporcionara el relativo auxilio de la fuerza pública. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester hacer unas breves acotaciones en torno al citado precepto constitucional. La disposición constitucional que se considera violada, a la letra dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esa reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas, etapas previas o dilaciones no previstas en el texto constitucional, lo que quiere decir que las autoridades judiciales deben tener a su alcance, los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones. De tal suerte que el derecho fundamental de seguridad jurídica establecido en dicho precepto en favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales o tribunales (incluso las auxiliares en la administración de justicia) de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ella ventilados dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de este derecho fundamental de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. Partiendo de las anteriores premisas, del análisis y valoración a que se sujetaron las constancias de autos, se advierte la falta de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, ya que el Gobernador de la entidad manifestó que mediante oficio 2319 de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta capital, deducido del juicio ejecutivo mercantil 2118/2008, le solicitó el auxilio de la fuerza pública. Así es, su inconstitucionalidad deriva en que el numeral antes mencionado establece, como derecho fundamental, que la administración de justicia se imparta por los jueces y tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Por lo cual, el actuar de la autoridad responsable en cita como auxiliar del órgano jurisdiccional resulta contraria a dichas obligaciones con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En esta tesitura, si el referido oficio fue emitido el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, y recibido por la autoridad responsable el uno de septiembre del propio año, y hasta la fecha de presentación de la demanda (veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve), e incluso a esta data en la que se resuelve el presente juicio, no se ha concedido el auxilio de la fuerza pública solicitado a fin de ejecutarla; es inconcuso que supeditar su otorgamiento hasta que las actividades del Poder Ejecutivo y sus dependencias lo permitan, en su caso, implica un excesivo retardo en la administración de justicia, lo que se traduce en el incumplimiento material de un mandato de órgano jurisdiccional, que se origina a raíz del ejercicio de un derecho promovido por un particular. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XIV.2o. J/21, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 736, del Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Atento lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones policíacas en la entidad; el artículo 5o. siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En este orden de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función jurisdiccional. En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión." En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación planteados y toda vez que en la especie se advirtió que la conducta omisiva de las autoridades responsables Gobernador Constitucional como ordenadora, y Secretario de Seguridad Pública, como ejecutora, resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que insta, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, con residencia en esta ciudad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto al auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa. En el entendido que deberá comunicarlo al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, con la misma prontitud proporcione al órgano jurisdiccional de primer grado, los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********, en contra de los actos que reclama del Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio CJ-DCLP/OD/700/2019, signado por la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Misiva mediante la cual, con relación al requerimiento efectuado el catorce de los corrientes, remite copia certificada del oficio 2319, de dieciocho de agosto de dos mil diecinueve, por el cual la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, solicitó el auxilio de la fuerza pública; asimismo, expone que dicha misiva, a la fecha no ha sido autorizada. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Téngase por cumplido el citado requerimiento de catorce de noviembre actual y déjese insubsistente el apercibimiento decretado en el mismo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se acuerda: toda vez se advierte que en el informe justificado remitido por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, dicha autoridad se expresa en sentido negativo respecto al acto reclamado, sin embargo, manifiesta que se encuentra pendiente para tramite una solicitud de auxilio derivada del mismo juicio de origen del presente asunto y oficio por el cual se realizó, sin que al caso, remitiera la copia certificada conducente al acto reclamado, como afirmó en dicho informe. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al citado Gobernador del Estado de Yucatán, para que en el término de tres días hábiles, legalmente computados, remita a este Juzgado de Distrito, copia certificada y legible de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado. Lo anterior, toda vez que dichas actuaciones se consideran necesarias para resolver adecuadamente en el presente juicio. Con el apercibimiento a dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS. Sin que al respecto haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, esto, de conformidad con lo establecido en el auto inicial de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 6). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Por otra parte, agréguese a estos autos el alegato ministerial 366/2019, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que podrá ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por Ángel Paulino Borges Sosa, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa. En atención a su contenido téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su escrito de cuenta. En cuanto a las pruebas: documentales, y presuncional en su doble aspecto; que relaciona en su escrito de mérito, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los diversos alegatos que realiza relativo al acto combatido, los que se reservan para ser tomados en consideración al momento de dictarse la sentencia respectiva en este asunto. Notifíquese y cúmplase.

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