Eidy Beatriz Herrera Mena

Expediente 1236/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1236/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Eidy Beatriz Herrera Mena

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y lo de cuenta se acuerda: agréguese al expediente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta capital, mediante el cual comunica a este Juzgado Federal que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer de la demanda promovida por **********. Y al no existir diligencias pendientes que acordar en este asunto, y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expedientillo como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis a que se refiere la fracción l del punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo citado. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio con que se le envió el juicio de amparo de donde deriva este cuadernillo, junto con las copias de la demanda, con motivo de que este Juzgado se declaró incompetente legalmente para conocer del mismo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE veintiséis de octubre de dos mil dieciocho . En Mérida, Yucatán, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho Vista la demanda de amparo, se tiene a *****, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán. En consecuencia, fórmese expediente, regístrese con el número 1236/2018-VI-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán: El acuerdo emitido el doce de octubre del año en curso, en el expediente 605/2012, por el que desechó el recurso de revocación y/o apelación interpuesto en contra del proveído que decretó la caducidad de la instancia en el juicio sucesorio promovido por la aquí quejosa. Ahora bien, dada la naturaleza del acto reclamado, quien resuelve determina que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, ya que se estima que el acuerdo reclamado por el que desechó el recurso de apelación y/o revocación que interpuso en contra de la diversa determinación de siete de marzo de dos mil catorce, en la que decretó la caducidad de la instancia en el expediente 605/2012, relativo al juicio sucesorio a bienes de Fidelio Herrera Rejón. En efecto, es preciso destacar que el artículo 107, fracción III, inciso a), y fracción V, inciso c), Constitucional, establecen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (...) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales y, ..." Por su parte, los diversos numerales 33, fracción II, 34 párrafo primero, 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 33.- Son competentes para conocer del juicio de amparo: .II.- Los tribunales colegiados de circuito." "Artículo 34.- Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de doce de octubre del año en curso, emitido por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Tizimín, en el expediente 605/2012, por el que desechó el recurso de revocación y/o apelación interpuesto en contra del diverso auto de siete de marzo de dos mil catorce, que decretó la caducidad de la instancia en el juicio sucesorio promovido por la aquí quejosa. De ahí que, el acto reclamado por el cual se declara la deserción del medio de defensa interpuesto, tiene como consecuencia dar por concluido al juicio sin haber resuelto el fondo en lo principal. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 180958, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, materia común, Novena Época, que señala: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." En ese sentido, se estima que dicho acto no es dable analizarlo a través del juicio de amparo indirecto, ya que al desecharse el recurso apelación y/o revocación interpuesto en contra del acuerdo que decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen, es evidente que este último acuerdo quedó firme, de tal manera que el reclamado en su escrito de demanda es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo directo, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, por tratarse de una determinación que pone fin a juicio. Lo anterior al tener en cuenta que de la intelección de lo dispuesto en los artículos 47, 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, se infiere que el juicio de amparo directo es de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el acto reclamado se hace consistir, entre otros, en resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, como en el caso acontece, al reclamar el acuerdo que desechó el recurso de apelación y/o revocación interpuesto en contra del proveído de siete de marzo de dos mil catorce, que decretó la caducidad de la instancia del juicio sucesorio de origen. De ahí que se declara que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, al estimar que dicha competencia se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, con relación al numeral 170 de la ley reglamentaria, remítase al tribunal de alzada la demanda de amparo, a fin de que provea lo conducente en el sentido de si acepta o no la competencia. De ahí que se estima que el único medio de impugnación procedente contra tal determinación, es el amparo directo. Por ello, es competente para conocer de este asunto, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto, fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, para que a su vez la turne al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del cual se solicita el acuse de recibo correspondiente y se sirva informar la determinación procedente. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados a las personas que menciona para tales efectos, en los términos que precisa en dicho libelo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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