Egipto Viosca Guevara
Expediente 1100/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Egipto Viosca Guevara
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez de Partido Primero Civil, residente en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual devuelve el despacho 12/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, al quejoso **********. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, vista la certificación que antecede se advierte que feneció el término concedido al citado quejoso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, y de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la presente determinación, así como las subsecuentes, aun cuando revistan el carácter personales, mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado; sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. En el mismo orden, tomando en consideración que de la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto aludido en el párrafo que antecede, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez de Partido Primero Civil, residente en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual devuelve el despacho 651/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, al quejoso Egipto Viosca Guevara. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, de las actuaciones que remitió la oficiante se advierte que el actuario adscrito no acató los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, al practicar la notificación al quejosos de referencia, ya que: La fracción I inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, impone la obligación al notificador de buscar a la persona a quien deba emplazarse en el domicilio que se haya señalado para tal efecto, a fin entender la diligencia directamente con ella, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación, el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha. La fracción I, inciso b) del referido numeral, establece que si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista. La fracción I, inciso c) del invocado dispositivo legal, estatuye que si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, primero, se cerciorará que es el domicilio correcto y lo que hará constar en auto, después, fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. En caso de que no se presente se notificara por lista. El numeral 29, de la legislación en comento precisa que las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; II. El nombre del quejoso; III. La autoridad responsable; y IV. La síntesis de la resolución que se notifica. El actuario asentará en el expediente la razón respectiva Entonces, si en el caso concreto el cuatro de enero de dos mil dieciocho la fedataria realizó la notificación encomendada por lista, atendiendo que el quejoso no atendió los citatorios dejados en su domicilio, en la cual únicamente hizo constar: "SE NOTIFICA AL QUEJOSO ************* PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADO A PARTES (SIC) DE QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN, SEÑALE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, APERCIBIDOLE QUE DE NO HACERLO LAS ULTERIORES, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE HARÁN POR LISTA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA HACER LA SOLICITUD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 26 DE LA PROPIA LEGISLACIÓN." Es inconcuso que no se ajustó a lo estatuido por el artículo 29 de la ley de la materia, en virtud de que en dicha notificación no asentó el número del juicio de que se trata, el nombre del quejoso, la autoridad ni la síntesis de la resolución que se notifica. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese nuevamente despacho al Juez Civil de Partido en turno de Acámbaro, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene notifique el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, que para tal efecto se acompaña, al quejoso ***************, en el domicilio ubicado en calle ***********. Asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta sus efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; apercibido que de no hacerlo las ulteriores, aun las de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. En el entendido de que el fedatario encargado de practicar dicho emplazamiento deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al juez cuyo auxilio se solicita, para que disponga de cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de lo solicitado, inclusive para que en días y horas inhábiles se realice la notificación encomendada, según lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región, con residencia en Acámbaro, Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 1100/2017-IV. Ahora bien en el caso concreto el quejoso señala como acto reclamado: "(.) El auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete en el que se convoca a las audiencia inicial para la formulación de imputación que se celebrara a las 13:30 horas del 07 siete de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, emitido por el JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD DE LA TERCERA REGIÓN CON CEDE EN ACAMBARO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, toda vez que de la misma se desprende un acto de molestia toda vez que al suscrito me coloca en una situación ineludible de obediencia (.) ". De los antecedentes del acto reclamado que refiere el quejoso, se desprende lo siguiente: a) El Agente del Ministerio Público de Tramitación Común número II, de Acámbaro, Guanajuato, inició la carpeta de investigación en contra del ahora quejoso **********, por el delito de abogados patronos y litigantes, así como el de fraude, previstos y sancionados por los artículos 265 y 201, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, del Código Penal para el Estado. b) Dentro de esa carpeta de investigación mediante oficio 2344/2017 el Agente mencionado solicitó al Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, tuviera verificativo la audiencia inicial para formulación de imputación en contra del solicitante del amparo. c) El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación **********, el juez citado señaló las trece horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia inicial para la formulación de imputación en contra del ahora quejoso, y ordenó notificar a éste en el domicilio ubicado en la calle **********, número **********, zona ********** de Acámbaro, Guanajuato, para que se presente al desahogo de la audiencia de que se trata. Lo reseñado pone de relieve que el quejoso como acto reclamado señala el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, dentro de la carpeta de investigación **********, en el que se señalan las trece horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia inicial para la formulación de imputación en su contra. Bajo ese contexto, este juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que establece la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5° y 6° de dicho ordenamiento y el numeral 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]". El numeral reproducido en primer término establece como causa de improcedencia del juicio de amparo los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo; esto es, cuando no se es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y no se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el precepto constitucional también reproducido consagra el principio de instancia de parte agraviada; esto es, que el juicio de amparo solo podrá promoverse por la persona física o moral que aduzca ser titular de un derecho o contar con un interés legítimo individual o colectivo. Además, el arábigo 6° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo se puede promover por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia. Conviene precisar lo que debe entenderse por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en la medida en que ello servirá de punto de partida para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia al principio invocada. El interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, deviene del perjuicio que éste pudiera ocasionar en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el perjuicio que la Ley de Amparo exige para la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, para considerar que a cierto gobernado se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y, por ende, tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por la otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; por lo tanto, no se tiene por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o en su caso, de existir, no resienta perjuicio alguno por los actos de autoridad que se reclaman. Por lo que para que proceda la acción que deduzca el solicitante de la protección constitucional, no basta que manifieste, o en su caso, acredite algún interés cualquiera o simple, sino que es necesario que el mismo encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley. Así, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente. Aunado a lo anterior, se destaca que la acreditación del interés jurídico, debe ser plena, en la medida en que no es factible tenerlo por demostrado con base en presunciones; esto es, en los autos del juicio correspondiente debe quedar cabalmente acreditado que el quejoso es titular de un derecho jurídicamente tutelado y que se ve amenazado con el acto de autoridad. En el caso, el Agente del Ministerio Público de Tramitación Común número II, de Acámbaro, Guanajuato, inició una investigación en contra de **********, por el delito de abogados patronos y litigantes, así como el de fraude, y solicitó al Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, audiencia inicial para formular imputación, por los ilícitos ya referidos. En respuesta a lo anterior, el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación **********, el juez aludido señaló las trece horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia inicial para formular imputación en contra del ahora quejoso. Cabe precisar que considerando que **********, no se encuentra detenido con motivo de los hechos que originaron la carpeta judicial, pues se ordenó citarlo en el domicilio ubicado en la calle **********, número **********, zona ********** de Acámbaro, Guanajuato, y hacerle de su conocimiento ese acuerdo, para que se presente a la celebración de la audiencia en la que el Representante Social le comunicará la imputación que formula en su contra. Aquí conviene destacar que el acto combatido se emitió en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal, de acuerdo a lo establecido por el ordinal 211 fracción I, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no constituye un acto emitido dentro de juicio, en términos del párrafo final del mencionado dispositivo y la última parte del diverso 170 fracción I de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [...] El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [...]". De las disposiciones transcritas se obtiene que el proceso penal en el sistema acusatorio inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control. Por ende, si el acto combatido se hace consistir en el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, dicho proveído se trata de un acto fuera de juicio, emitido justo antes de que empiece, pues será hasta que se lleve a cabo la audiencia de mérito cuando dará inicio el procedimiento. Ahora bien, los numerales 141, 307 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia." "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código." La intelección de los numerales reproducidos, revela que la figura de la formulación de imputación es un acto procesal que corresponde al Agente del Ministerio Público realizar ante el juez de Control a fin de hacer del conocimiento del imputado, la investigación que se sigue en su contra con motivo de uno o más hechos, que la ley tipifique como delito. Así, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, entre otras cosas, citatorio al imputado, o en su caso, orden de comparecencia. De los citados artículos, también se obtiene que la formulación de imputación se realiza cuando el Ministerio Público estime oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; de modo que, el agente de indagación cuenta con facultades para solicitar al juzgador, fecha y hora para celebrar la audiencia en que se pueda comunicar al investigado que ha iniciado una investigación de hechos en la que se encuentra involucrado para que comparezca en compañía de su patrocinador particular o de oficio y formulada ésta, en su caso, resolver la situación jurídica correspondiente. De esta manera, la formulación de imputación que se desarrolla en la audiencia inicial constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun cuando el acto reclamado consistente en el acuerdo que ordena la citación a la audiencia inicial constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es, que dicha citación no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, ya que dicho acto no ha ocasionado ni tiene una inminente afectación en sus derechos, como es el derecho a la libertad. Ello es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado no involucra el análisis de los hechos delictuosos ni de la probable participación del justiciable en su comisión, sino que representa simplemente un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En esa tesitura, no está demostrado que el acto reclamado, por sí, afecte algún derecho sustantivo del promovente del amparo, pues éste sólo se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de comparecencia en su contra; incluso, su libramiento se trata de un acto futuro de realización incierta, ya que requiere de una petición previa del Agente del Ministerio Público ante la incomparecencia del quejoso; momento en que el juez de la carpeta determinará lo procedente. En ese orden de ideas, es dable estimar que no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad al quejoso; caso contrario es el apercibimiento directo que hace un juzgador hacia una persona que de no asistir a la diligencia que se le llama, tal omisión tendrá ineludiblemente, como consecuencia, su aprehensión; lo que no acontece en la especie, pues el juzgador de control soló ordenó citar al aquí quejoso a la audiencia de formulación de imputación. Además, para el caso de que el quejoso no acuda al desahogo de la audiencia señalada para las trece horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete, previa petición del Ministerio Público, se podría (acto futuro) dictar en su contra orden de comparecencia. Además, la circunstancia de que el imputado deba comparecer ante el juez de control, no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado. En consecuencia, el auto que ordena la citación del imputado a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad. De ahí que, si bien es cierto que la determinación a la que hace referencia el quejoso constituye un acto de molestia, también lo es que por sí sola no afecta el interés jurídico de éste, pues se desconoce de antemano cuál será el resultado de ese procedimiento. En esas condiciones, se estima que el auto reclamado no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. No pasa inadvertido que el quejoso cita una tesis que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra el auto que ordena la citación del imputado a la audiencia inicial para formulación de imputación; no obstante, dicho criterio no es de observancia obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, además de que este tribunal se inclina a adoptar de acuerdo a los razonamientos jurídicos que contiene, la postura sustentada en la tesis anteriormente transcrita. Téngasele a la parte quejosa autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente señaló como domicilio en ubicado en calle **********, número **********, colonia ********** de Acámbaro, Guanajuato, gírese atento despacho al Juez Único Civil de Partido de la citada localidad, para que notifique el presente proveído al quejoso; asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta sus efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; apercibido que de no hacerlo las ulteriores, aun las de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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