Efrén Medel Morales y Otros.

Expediente 653/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
653/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
08/09/2015

Partes del expediente

  • Efrén Medel Morales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de diecinueve de agosto de dos mil quince, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otro lado, como resulta innecesario la retención del elemento de prueba consistente en dos discos compactos que contienen las audiencias, constancias digitales y fallo pronunciado en la causa 1P2115-5, que adjuntó a su informe justificado el Juez responsable y como complemento del mismo, se ordena devolverlos a su lugar de origen; solicítesele acuse de recibo. Finalmente, en vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años a partir de la fecha de conclusión del juicio.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite el encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base Moroleón, mediante el cual informa que el doce de los actuales el quejoso José Medel Morales se adhirió al beneficio de trabajo a favor de la comunidad e hizo el pago de la multa que le fuere impuesta en sentencia de cuatro de agosto pasado. Ahora bien, de lo anterior se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: Los quejosos señalaron como acto reclamado: La resolución de trece de julio de dos mil quince, dictada por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, base Moroleón, en la que decretó auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que durara el proceso. Por tanto, de acuerdo con lo manifestado por la autoridad responsable, se desprende que: En audiencia pública de control de trece de julio de dos mil quince, se decretó auto de vinculación a proceso a los quejosos, por el delito de robo calificado, y con fundamento en los artículos 178, fracción XV, 184 y 187, fracción I, de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, se les impuso la medida cautelar personal de prisión preventiva a petición de parte, por el tiempo que durara el proceso. En audiencia de solicitud de procedimiento abreviado de veintidós de julio de dos mil quince, se resolvió que no se aperturaba el juicio abreviado solicitado por los quejosos, por no haberse cubierto, ni satisfecho la reparación del daño; y con fundamento en el artículo 166 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, se ordenó la suspensión de la causa, por el término de diez días, para que acudieran las partes al Centro Estatal de Justicia Alternativa. El veintinueve de julio del año en curso, se aprobó el convenio celebrado entre el inculpado y ahora quejoso Efrén Medel Morales y los ofendidos Fernando Javier Pérez Cerna y Jovita Avalos Zavala. En audiencia pública de treinta de julio pasado, se resolvió que con fundamento en el artículo 289, fracción V y 290 de la Ley del Proceso Penal vigente en el Estado, se extinguía la acción penal generando el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria, por lo que respecta única y exclusivamente al inculpado Efrén Medel Morales, girándole la correspondiente boleta de libertad. El cuatro de agosto de dos mil quince, dentro de la causa penal digital 1P2115-5, se dictó fallo condenatorio en contra de José Medel Morales, al haberse acreditado el delito de robo calificado descrito y tipificado en los artículos 191, fracción II y 194, fracciones IV y VI y última parte en relación con los artículos 9, 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto del Código Penal vigente en el Estado de Guanajuato, cometido en agravio de Fernando Javier Pérez Cerna y Jovita Ávalos Zavala. El doce de agosto del año en curso, el inculpado José Medel Morales, se adhirió al beneficio de trabajo a favor de la comunidad e hizo el pago de la multa que le fuere impuesta en sentencia de cuatro de agosto pasado, por lo que se giró la correspondiente boleta de libertad. Por tanto, es evidente que el acto reclamado por los quejosos (medida cautelar que decreta su prisión preventiva) cesó en sus efectos, pues es incuestionable que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió la parte quejosa con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haber concluido el proceso y toda vez que los quejosos ya no se encuentran privados de su libertad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que feneció el término concedido a los quejosos ***********, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de veintisiete de julio del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en la parte final de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado; sin perjuicio de que puedan hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, mediante el cual remite diligenciado el exhorto número 596/2015 del índice de este juzgado, que se envió a efecto de notificar a los quejosos **************, el proveído de veintisiete de julio del año en curso. Dese de baja la citada comunicación, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y acúsese recibo.

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