Efrén Saligan Solís

Expediente 718/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
718/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Efrén Saligan Solís

Actuaciones

  1. Incidental

    ...Por lo expuesto y fundado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA al quejoso EFREN SALIGAN SOLIS, la suspensión definitiva que solicita respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de la presente interlocutoria, por los motivos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 132, 136, 138, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, con las copias de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 718/2019-III, promovido por EFRÉN SALIGAN SOLIS, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio al que se anexe copia de la demanda, solicítese a las autoridades responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. En el entendido de que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Órgano Jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Apercíbase a las responsables, que de no rendir su informe previo, o no proporcionar los datos que se precisan, en términos del normativo 260, fracción I, en relación con el numeral 238 de la Ley de la Materia, se les impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. A efecto de proveer sobre la suspensión provisional peticionada, es importante destacar que del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados, en una orden de localización, aprehensión, presentación, privación y detención girada en su contra y su ejecución. Por tanto, de conformidad con los artículos 163 y 166, fracción I, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se CONCEDE a EFRÉN SALIGAN SOLIS, la suspensión provisional de los actos reclamados, consistentes en una orden de aprehensión girada en su contra atribuida a los Jueces de Primera Instancia 1, 2, 3 y 4, Penales en Morelia, Michoacán, y Fiscal General del Estado de Michoacán y su ejecución, para los siguientes efectos: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal, la suspensión sólo producirá el efecto de que al ser aprehendido o detenido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad se refiere en el lugar en que deba ser recluido, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, aunque únicamente por lo que se refiere al acto aquí reclamado, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque consideren que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de las autoridades responsables. Esta medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no otorga una garantía a satisfacción de este juzgado por la cantidad de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), en los cinco días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136, de la Ley de la materia, en relación con el diverso 168, del mismo ordenamiento jurídico, que establece que para la procedencia de dicha medida suspensiva, contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, como en la especie ocurre, el Juez de amparo deberá exigir a los quejosos que exhiban garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes, en la inteligencia de que la suma antes señalada, se fija únicamente para el efecto de que al ahora quejoso cumpla con las medidas de aseguramiento decretadas en este proveído, así como las que deriven del proceso penal. En el entendido de que dicho certificado deberá contener los datos relativos al nombre del quejoso como depositante, número de expediente, cantidad que ampara y el concepto para el cual se exhibe, bajo apercibimiento que de omitirse tales requisitos, no se tendrá por exhibido. En la inteligencia de que la parte quejosa, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito", de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación y si opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo vigente. No pasa inadvertido que el artículo 168 de la Ley de Amparo, prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía, la que deberá fijarse tomando en consideración: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa. II. Las características personales y situación económica de la parte quejosa. III. La posibilidad de que la parte quejosa se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además, no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos el inculpado no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye sino hasta que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto el juez de la causa, en su caso, informe respecto al delito o delitos que se les atribuye a los peticionarios de amparo, toda vez que existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para la parte quejosa, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. En ese sentido, lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, se considerará, en su caso, al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva. Para tal efecto, con fundamento en dicho precepto, se solicita dichos Jueces para que en el término de cuarenta y ocho horas que se le otorgó para rendir su informe previo, tenga a bien manifestar de manera expresa, la naturaleza, modalidad y características del delito o delitos por los que haya ordenado la aprehensión de la parte quejosa y en su caso a cuánto asciende el monto de la reparación del daño, de ser necesario, remita copia certificada de las constancias conducentes. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si los actos reclamados son dictadas por autoridad judicial distinta a las aquí señaladas, o si se sorprende al amparista en la comisión de flagrante delito, por lo que en estos últimos supuestos las responsables no tendrán obligación de acatar la presente medida cautelar y en cuyo caso, podrán aprehendérsele porque así lo autoriza el artículo 16 constitucional. Por otra parte, respecto a la prevención contenida en el precepto 167 de la Ley de Amparo, para que los quejosos comparezca dentro del término de tres días, ante el Juez de la causa, con la finalidad de que continúe con el proceso penal, se reserva hasta en tanto este Juzgado tenga certeza del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 79/2007-PS, localizable en la página 371, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL.". De igual forma, SE CONCEDE a EFRÉN SALIGAN SOLIS, la suspensión provisional de los citados actos reclamados consistentes en una orden de localización, presentación, detención y privación, y su ejecución atribuidos a la diversa responsable Director de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, para los siguientes efectos: Que el citado quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deban juzgarlos para la continuación del procedimiento. En caso de que el acto reclamado no se haya ejecutado, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute el mandato respectivo. Si ya fue ejecutado y se encuentran a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto a disposición ante el juez penal correspondiente o puesta en libertad, según corresponda. En el entendido de que si la privación de la libertad del quejoso es a consecuencia de su detención en flagrancia, el plazo se contará a partir de que el imputado sea puesto a disposición del Ministerio Público que corresponda. En el supuesto de que la detención del quejoso haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. En el entendido que en este supuesto, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, deberá ser puesta en libertad. En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la quejosa, deberá ponerlo en inmediata libertad o consignarla ante un juez, según proceda. Con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Amparo en vigor y como medida para asegurar que el quejoso no evada la acción de la justicia, se decreta que la impetrante del amparo deberá comparecer cuantas y tantas veces sea citado por el Ministerio Público, para colaborar en la investigación con la cual se encuentren relacionados y ante este órgano jurisdiccional, cuantas veces les sea exigido, apercibidos que de incumplir con cualquiera de esta prevenciones, la suspensión del acto reclamado cesará en sus efectos y la autoridad responsable, previa notificación de tal evento, podrá ejecutar el acto reclamado. Lo anterior, en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, por lo que ve a la manifestación del quejoso en el sentido de tener el temor de que el momento de que llegara a ejecutarse la orden de detención reclamada, las autoridades ejecutoras realizaran actos prohibidos por la Constitución Federal, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTÍCULO. 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". lo resaltado es propio". Motivo por el cual, es obligación de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que se ordena a las autoridades responsables salvaguardar la integridad física del quejoso, así como sus derechos fundamentales y se evite cualquier acto de tortura en su contra. Por otro lado, atento a que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal, pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con la denominación que indica en su demanda, o aquélla sea imprecisa sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio únicamente con las existentes, salvo prueba en contrario o que el quejoso o la propia autoridad corrijan la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia respectiva, toda vez que corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; lo anterior a efecto de hacer garante el derecho del quejoso a una administración de justicia pronta y expedita tutelado en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.14 K (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2608, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación". Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Como lo solicita el quejoso, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de esta determinación, previa identificación satisfactoria y acuse de recibo correspondiente. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de garantías, promovida por EFRÉN SALIGAN SOLIS, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías, por el acto reclamado consistente en una orden de localización, aprehensión, detención, presentación girada en su contra y su ejecución. Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 718/2019-III. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión por haberse solicitado. En otro aspecto, y no obstante que el quejoso señaló en sus conceptos de violación, como actos la posible aplicación de los actos a que se refiere el artículo 22 Constitucional, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de oficio, toda vez que en la especie no se ubica en la hipótesis que estable el artículo 15 de la Ley de Amparo, puesto que hasta el momento no existe acto alguno que suspender, toda vez que no está siendo objeto de alguno de los actos prohibidos previstos por el primer numeral mencionado en este párrafo. Con apoyo en el artículo 117 de la ley en cita, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en los términos que el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este Juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251, de la ley en consulta. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, en el caso de ser cierto el acto reclamado, RESÉRVESE el emplazamiento al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado del que deriva la causa penal de la cual emane el acto reclamado, con el carácter de tercero interesado en el presente juicio, en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables ordenadoras. Por otro lado, atento a que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal, pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con la denominación que indica en su demanda, o aquélla sea imprecisa sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio únicamente con las existentes, salvo prueba en contrario o que el quejoso o la propia autoridad corrijan la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia respectiva, toda vez que corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; lo anterior a efecto de hacer garante el derecho del quejoso a una administración de justicia pronta y expedita tutelado en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.14 K (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2608, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación". Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número Uno, ubicado en la carretera Morelia México, Ejido de Irapeo, Charo, Michoacán, y autorizando a Luis García Arevalo, Víctor Moisés Gutiérres Sánchez, Diana Miroslava García Sánchez, Karina Vilchis Murrieta y Roxana García Sánchez, quienes gozaran de la facultades que confiere el artículo 24 de la Ley de Amparo, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Enrique Alberto Quintero Compean, Secretario con quien actúa y da fe.

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