Efrén Martínez Morfín

Expediente 242/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
242/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Efrén Martínez Morfín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el pedimento número 156/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; mediante el cual formula alegatos en los términos que indica; toda vez que en proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 6367/2023 signado electrónicamente por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, derivado del proceso penal ********************, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las documentales que acompañan, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. En el informe que se recibe se obtiene que el Juez responsable niega la existencia de la omisión que el quejoso le atribuye, consistente en: ".ACTO RECLAMADO.- La OMISIÓN de dar respuesta a mi petición presentada con fecha 09 nueve de febrero del 2023, dos mil veintitrés, en la que le solicité decretara la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL por el delito de ACOPIO DE ARMAS DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES, previsto y sancionado por el artículo 83 bis, fracción II, en relación con el numerales 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dentro de la Causa Penal I-********************, que se instruyó por el delito indicado y el diverso de CONTRA LA SALUD en la modalidad de POSESIÓN SIMPLE DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA, previsto y sancionado por el artículo 195 bis del Código Penal Federal.". En ese sentido, en las constancias que remite la autoridad responsable se aprecia que en proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés -con anterioridad a la promoción del juicio en que se actúa-, atendió la petición elevada por el aquí quejoso ********************, en el que se asentó improcedente la prescripción de la acción penal, toda vez que, según el cómputo realizado por dicho tribunal, no ha operado tal figura jurídica, lo cual ordenó notificar únicamente al Fiscal de tal adscripción. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese sentido, se tiene que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez de febrero de dos mil veintitrés), se dio contestación a su petición dentro de la causa penal de origen, lo que constituyó la omisión reclamada en el presente asunto; por tanto, se tiene como inexistente la omisión reclamada al Juez responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/21 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 226432, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Página 660, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Así como la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 213793, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que se lee: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". No pasa por alto que dicho proveído únicamente se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en atención a que se trata de información reservada; sin embargo, quedan a salvo los derechos para que de considerarlo necesario los haga valer en la causa penal natural. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo promovido por ********************, ante la inexistencia de la omisión reclamada y, en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de abril del año en curso. Apoya la determinación adoptada la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, registro digital 2020347, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 6367/2023 signado electrónicamente por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, derivado del proceso penal ********************, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las documentales que acompañan, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. En el informe que se recibe se obtiene que el Juez responsable niega la existencia de la omisión que el quejoso le atribuye, consistente en: ".ACTO RECLAMADO.- La OMISIÓN de dar respuesta a mi petición presentada con fecha 09 nueve de febrero del 2023, dos mil veintitrés, en la que le solicité decretara la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL por el delito de ACOPIO DE ARMAS DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES, previsto y sancionado por el artículo 83 bis, fracción II, en relación con el numerales 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dentro de la Causa Penal I-********************, que se instruyó por el delito indicado y el diverso de CONTRA LA SALUD en la modalidad de POSESIÓN SIMPLE DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA, previsto y sancionado por el artículo 195 bis del Código Penal Federal.". En ese sentido, en las constancias que remite la autoridad responsable se aprecia que en proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés -con anterioridad a la promoción del juicio en que se actúa-, atendió la petición elevada por el aquí quejoso ********************, en el que se asentó improcedente la prescripción de la acción penal, toda vez que, según el cómputo realizado por dicho tribunal, no ha operado tal figura jurídica, lo cual ordenó notificar únicamente al Fiscal de tal adscripción. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese sentido, se tiene que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez de febrero de dos mil veintitrés), se dio contestación a su petición dentro de la causa penal de origen, lo que constituyó la omisión reclamada en el presente asunto; por tanto, se tiene como inexistente la omisión reclamada al Juez responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/21 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 226432, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Página 660, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Así como la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 213793, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que se lee: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". No pasa por alto que dicho proveído únicamente se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en atención a que se trata de información reservada; sin embargo, quedan a salvo los derechos para que de considerarlo necesario los haga valer en la causa penal natural. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo promovido por ********************, ante la inexistencia de la omisión reclamada y, en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de abril del año en curso. Apoya la determinación adoptada la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, registro digital 2020347, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.

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