Efrén Ortiz Cruz
Expediente 423/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Efrén Ortiz Cruz
Actuaciones
- Principal
Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluiría el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. De la certificación de inicio también se desprende que que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la determinación de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el ordinal 87 de la Ley de Amparo, aquélla sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ella se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y debido a ello es susceptible de ********************En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente.
- Principal
Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Actuario adscrito a la misma, mediante el cual rinden informe justificado, en el que manifiestan que es parcialmente cierto el acto que se les atribuye, a decir: La omisión de emitir laudo y notificarlo a las partes en el juicio laboral 2C-2737/2018. Lo anterior es así, ya que informan que el catorce de los actuales se emitió el laudo en dicho asunto y se notificó al aquí quejoso el veintiuno de octubre siguiente. En esas condiciones, como el quejoso reclama la falta de notificación del laudo que se dicte en el expediente 2C-2737/2018 que se reclama al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, cabe destacar que por lo que ve a dicha omisión deviene inexistente, pues tomando en consideración lo referido por la parte quejosa en su demanda y según quedó acreditado en autos, la Junta responsable al momento de la presentación de la demanda de amparo - seis de agosto de dos mil veinte- no había emitido el laudo, por tanto, no existía resolución qué notificar a cargo del actuario responsable, pues -precisamente- la inexistencia de laudo -a la fecha presentación de la demanda- revela objetivamente la no obligación a cargo del actuario por notificar un laudo inexistente en aquella data. Al respecto cobra aplicación la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1092, libro 52, tomo I, marzo de 2018, materia común, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En ese sentido, la omisión de notificar el laudo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo era inexistente, pues en esa data [seis de agosto de dos mil veinte] la Junta aún no había resuelto el proceso laboral; por tanto, no existía obligación que cumplir por parte del actuario. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio por lo que a dicho acto y autoridad se refiere. Ahora, en relación a la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 2C-2737/2018, atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, respecto del cual dicha autoridad indica es cierto en su informe justificado y se corrobora con la documental que adjuntó al mismo en copia certificada, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo, se aprecia que a la fecha de la presentación de la demanda seis de agosto de dos mil veinte, no había emitido el laudo en el juicio laboral de origen; por tanto es cierta la omisión reclamada. Establecida la existencia de la omisión reclamada, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 2C-2737/2018, por parte de la autoridad responsable ordenadora. En ese sentido, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se aprecia que el catorce de octubre de dos mil veinte, se dictó el laudo dentro del juicio laboral 2C-2737/2018, en el que resultó procedente la acción principal intentada por la parte quejosa, notificándose el veintiuno de octubre siguiente al aquí quejoso. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de agosto de dos mil veinte), toda vez que la responsable el catorce de octubre de dos mil veinte, emitió el laudo en el juicio de origen y lo notificó en esa data. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisiones reclamadas, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya resolvió el juicio laboral 2C-2737/2018 y notificó el laudo. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de las omisiones atribuidas a la Junta Especial Número Dos de la Local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para las trece horas con cuarenta minutos de esta fecha. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS MARCELA ISAURA SAUCEDO DÍAZ, ANTONIO IZQUIERDO ÁVALOS, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Actuario adscrito a la misma, mediante el cual rinden informe justificado, en el que manifiestan que es parcialmente cierto el acto que se les atribuye, a decir: La omisión de emitir laudo y notificarlo a las partes en el juicio laboral 2C-2737/2018. Lo anterior es así, ya que informan que el catorce de los actuales se emitió el laudo en dicho asunto y se notificó al aquí quejoso el veintiuno de octubre siguiente. En esas condiciones, como el quejoso reclama la falta de notificación del laudo que se dicte en el expediente 2C-2737/2018 que se reclama al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, cabe destacar que por lo que ve a dicha omisión deviene inexistente, pues tomando en consideración lo referido por la parte quejosa en su demanda y según quedó acreditado en autos, la Junta responsable al momento de la presentación de la demanda de amparo - seis de agosto de dos mil veinte- no había emitido el laudo, por tanto, no existía resolución qué notificar a cargo del actuario responsable, pues -precisamente- la inexistencia de laudo -a la fecha presentación de la demanda- revela objetivamente la no obligación a cargo del actuario por notificar un laudo inexistente en aquella data. Al respecto cobra aplicación la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1092, libro 52, tomo I, marzo de 2018, materia común, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En ese sentido, la omisión de notificar el laudo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo era inexistente, pues en esa data [seis de agosto de dos mil veinte] la Junta aún no había resuelto el proceso laboral; por tanto, no existía obligación que cumplir por parte del actuario. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio por lo que a dicho acto y autoridad se refiere. Ahora, en relación a la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 2C-2737/2018, atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, respecto del cual dicha autoridad indica es cierto en su informe justificado y se corrobora con la documental que adjuntó al mismo en copia certificada, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo, se aprecia que a la fecha de la presentación de la demanda seis de agosto de dos mil veinte, no había emitido el laudo en el juicio laboral de origen; por tanto es cierta la omisión reclamada. Establecida la existencia de la omisión reclamada, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 2C-2737/2018, por parte de la autoridad responsable ordenadora. En ese sentido, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se aprecia que el catorce de octubre de dos mil veinte, se dictó el laudo dentro del juicio laboral 2C-2737/2018, en el que resultó procedente la acción principal intentada por la parte quejosa, notificándose el veintiuno de octubre siguiente al aquí quejoso. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de agosto de dos mil veinte), toda vez que la responsable el catorce de octubre de dos mil veinte, emitió el laudo en el juicio de origen y lo notificó en esa data. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisiones reclamadas, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya resolvió el juicio laboral 2C-2737/2018 y notificó el laudo. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de las omisiones atribuidas a la Junta Especial Número Dos de la Local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para las trece horas con cuarenta minutos de esta fecha. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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