Efrén Alejandro Gutiérrez Morraz

Expediente 766/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
766/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Efrén Alejandro Gutiérrez Morraz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con seis minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 766/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado de la autoridad responsable, así como el emplazamiento de los terceros interesados víctima Roca Infraestructura S.A. de C.V. y Agentes del ministerio público relacionados a la causa penal Antonio Jaimes Gervacio y Juan Ignacio Hernández Rivera. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridades responsables; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que el Juez procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS para resolver el juicio de amparo 766/2021, promovido por Efrén Alejandro Gutiérrez Morraz, quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 14, 16 y 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, región Morelia, este órgano jurisdiccional ha decidido: Negar el amparo Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: Auto de vinculación a proceso de doce de agosto de dos mil veintiuno, instruida en contra de Efrén Alejandro Gutiérrez Morraz, por el hecho que la ley señala como delito de receptación, previsto y sancionado en los numerales 212, 199, 200, fracción II y 202, en relación con los diversos numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del código penal del estado, cometido en detrimento de Roca Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado conlleva ejecución, el cual tiene verificativo en el municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Al rendir el informe justificado la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral de la Región Morelia aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con el contenido del disco óptico que la juez responsable presentó como prueba, el cual contiene audiencia oral de doce de agosto de dos mil veinte, en el cual se emitió auto de vinculación a proceso, relativa a la causa penal 1650/2020; así como archivo electrónico donde constan por escrito los resolutivos de dicha orden de aprehensión. Que merece valor probatorio de documental pública conforme a los artículos 210-A, en relación con el diverso 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede a abordar el estudio de fondo del asunto QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. En ese contexto, el quejoso señaló en su demanda de amparo como preceptos constitucionales vulnerados los numerales 14, 16 y 20, apartado "B", fracción VIII de la Carta Magna, y a título de conceptos de violación, indicó lo siguiente: La determinación reclamada viola los principios de oralidad. También se infringe el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, defensa adecuada, pues la ampliación de denuncia de veintiséis de junio de dos mil veinte se obtuvo sin haberle sido designado defensor y que no existe una cadena de custodia, por lo que se vulnera el principio de lealtad o imparcialidad, así como que se vulnera el principio de contradicción, al no facilitársele los datos solicitados para su defensa En relación al concepto de violación identificado en el inciso a) resulta infundado, pues el artículo 20 constitucional establece, en efecto, que el proceso penal será acusatorio y oral, y que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Asimismo, prevé en su fracción IV, última parte, que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios, en el proceso penal acusatorio se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone, en su artículo 44, que las audiencias se desarrollarán en forma oral, pero permitiendo a las partes auxiliarse de documentos o de cualquier otro medio. De igual forma, establece que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones, que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Con la precisión de que, en términos del aludido precepto, sólo se permite la lectura de documentos como apoyo de memoria, o para demostrar o superar contradicciones, previa autorización del juez que presida la audiencia. Por su parte, el artículo 311 del Código nacional aludido, concreta la forma oral en tratándose de la formulación de la imputación en la audiencia inicial, al señalar que una vez que el imputado esté presente en dicha audiencia, después de cerciorarse de que conoce sus derechos, el juez ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público "para que este exponga" al imputado, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, el lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, en su caso. En suma, para lo que aquí interesa, puede decirse que, en observancia de la oralidad, como característica esencial del sistema penal acusatorio, el agente del Ministerio Público se encuentra obligado a formular su imputación oralmente, mediante una exposición de los aspectos esenciales que existen en contra del imputado (el hecho atribuido, su calificación jurídica preliminar, las circunstancias de comisión, forma de intervención y nombre de su acusador), absteniéndose en lo posible de leer documentos, salvo que ello lo realice, previa autorización del juzgador, únicamente como apoyo de la memoria, o para demostrar o superar contradicciones. Ahora bien, una vez analizada la audiencia inicial de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, en su versión digital, allegada a este expediente en disco compacto, se observa que no asiste razón jurídica al quejoso cuando señala que se vulneró en su perjuicio el principio de oralidad porque "el fiscal leía los hechos y los datos de prueba" al formular la imputación. En efecto, en la aludida audiencia se aprecia que el agente del ministerio público, al tener el uso de la palabra, a partir del minuto 06:05 expuso en forma puntual y precisa, mediante comunicación oral, las circunstancias de comisión del hecho atribuido, así como los datos de prueba que tenía en su poder, precisando con claridad la forma de intervención, y solicitando al juzgador la vinculación a proceso por el hecho considerado en forma preliminar como receptación. Sin que se advierta evidencia alguna, en la propia audiencia, de que en su exposición el representante social hubiera dado lectura a un documento confeccionando al efecto, al grado tal que demostrara su falta de argumentación y su desconocimiento del asunto. Por el contrario, es perceptible que la intervención de que se trata se llevó a cabo dentro de las reglas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que el órgano de imputación se expresó de viva voz, dando con precisión la información existente a su disposición, y con la mirada sostenida hacia el monitor que permitía su enlace vía remota con la diligencia. No se soslaya que, ocasionalmente, el expositor acudió a sus constancias, para proporcionar con precisión las circunstancias de los hechos o los datos de prueba recabados, pero esto se trata de un comportamiento normal, que no trasciende a la vulneración del principio de oralidad, en tanto que, como ya se dijo párrafos atrás, el propio ordenamiento procesal de la materia permite, que las partes apoyen sus exposiciones con documentos, siempre que no lo lean completo, o que cuenten para hacerlo con autorización del juez que preside la diligencia. Asimismo es infundado el concepto de violación b), por los motivos que se explicaran a continuación. El artículo 19 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contienen los requisitos que debe reunir el auto de vinculación a proceso, a saber: Que se emita por autoridad jurisdiccional (de forma). Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión (de forma). Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (de fondo). La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (de fondo). Además, ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para dictar un auto de vinculación a proceso, en principio es necesario establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito, posteriormente, que se encuadre la conducta a la norma penal; con independencia de la metodología que adopte la autoridad judicial para demostrar esos elementos. En el caso, el primero de los requisitos de forma enunciados se acredita, al advertirse de autos que la resolución combatida proviene de autoridad judicial legalmente competente, como es el Juez de Control y Enjuiciamiento, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, de conformidad con los artículos 37 fracción III, y 47 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. La segunda y tercera de las exigencias enunciadas se acreditan, al advertirse de las constancias remitidas que, el juez responsable resolvió que se encontraba acreditado el hecho con apariencia del delito de receptación, previsto y sancionado en los numerales 212, 199, 200, racción II y 202, en relación con los diversos numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del código penal del estado Determinación en la que también se advierte la descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En cuanto a los requisitos de fondo enunciados, para acreditar el hecho fáctico, la responsable tomó en consideración los antecedentes de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, que valoró el juez de la causa, a saber: Denuncia de veintitrés de junio de dos mil veinte, realizada por el representante legal de Roca Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable. Facturas con folios 148 y 6865 respecto de un martillo y una soldadura miller, a favor de la moral tercera interesada Reporte Policial homologado. Dictamen pericial de identificación de vehículo marca Toyota, placas MV-0826-G. Acuerdo de aseguramiento de veintinueve de junio de dos mil veinte, suscrito por el agente del ministerio público investigador Juan Ignacio Landa Rivera de un generador de luz monofásico, motor de gasolina Mitsubishi, una planta para soldar y una caja de herramientas color negra. La responsable, concluyó que con tales datos de pruebas se acredita que los hechos son constitutivos del delito de receptación en perjuicio de Roca Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora, en el acto reclamado, se precisó, en función de las pruebas recabadas, la forma comisiva del delito; y las circunstancias de modo, tiempo y lugar materia de imputación al quejoso. Así es, pues de la resolución combatida se advierte que la responsable tuvo por acreditado que el veintiséis de junio de dos mil veinte, el quejoso fue detenido a las diecisiete horas con cuarenta minutos, por Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, sobre la Avenida Cointzio, esquina con Juan Severiano, Colonia Ignacio Allende, al conducir una camioneta marca Toyota, placas MV-0826-G, ya que en la caja de dicha unidad traía un generador de luz monofásico, una soldadora inversora, una caja plástica porta herramientas, un martillo de demolición neumático, objetos que el uno de junio de dos mil veinte fueron sustraídos del parque de maquinaria, ubicado en carretera Cointzio, número 221-A, Colonia Ignacio Allende de San Isidro Itzicuaro y por los cuales el representante legal de la moral ofendida presentó denuncia el veintitrés de junio de dos mil veinte. Lo anterior se evidenció con la denuncia de la que determinó, de manera pertinente y razonable, la fecha en que ocurrieron los hechos, pues el veintitrés de junio de dos mil veinte, se reportó el robo de diversos objetos a la empresa Roca Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable, los cuales se encontraban en posesión de tres personas que se encontraban en un vehículo, por lo que derivado de ello aseguraron los objetos. Por ello, derivó en el inició de la actividad investigadora, la que permitió establecer los objetos materia de robo. Información que la responsable, jurídicamente, relacionó con el informe policial homologado de veintiséis de junio de dos mil veinte, de la que se advierte que algunos de los objetos señalados como robados eran los que estaban en la camioneta marca Toyota, placas MV-0826-G. Asimismo, con las facturas de los objetos exhibidos por el apoderado de la empresa moral tercera interesada, se identificó los objetos robados el uno de junio de dos mil veinte, los cuales eran los que se encontraron en la batea de la camioneta referida el veintiséis de junio del mismo año. Con ello, la responsable tuvo legalmente justificado el hecho materia de imputación, en términos del artículo 212 del Código Penal del Estado, por los probables hechos de delito de receptación. Asimismo, que son hechos de consumación instantánea, respecto al delito de homicidio de conformidad con el artículo 19, fracción I del código punitivo aplicable. En cuanto a la probable participación del imputado en el hecho con apariencia de delito, partió del hecho de la forma que llevo a la persona moral ofendida, a través de una publicación en la página "Facebook" y haber concertado una cita para comprar los objetos que había denunciado como robados, así como que al acudir a la cita en la camioneta en donde se encontraba el aquí quejoso también se encontraban los objetos robados, por lo que la probable participación fue atribuido en su calidad de autor acorde a lo establecido por el artículo 24, fracción II del Código Penal del Estado. Al respecto, la responsable, legalmente, determinó que los datos de prueba, de manera conjunta, para este momento procesal, permiten generar la causa probable de su intervención en la ejecución del delito de receptación realizado en perjuicio de la víctima Roca Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable; ello atendido al contexto que rodea al hecho y a la información con la que se cuenta hasta este momento. Para lo cual, tomó en consideración los momentos previos y posteriores a la ejecución al hecho, como la denuncia de robo de los objetos que fueron encontrados en posesión del aquí quejoso el veintiséis de junio de dos mil veinte, las facturas, el reporte policial homologado y el aseguramiento de los objetos, los cuales fueron relevantes para, una vez concatenados, establecer la causa probable de su comisión. Lo anterior, pues de los hechos narrados tuvo por acreditado que el veintiséis de junio de dos mil veinte, el quejoso fue detenido a las diecisiete horas con cuarenta minutos, por Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, sobre la Avenida Cointzio, esquina con Juan Severiano, Colonia Ignacio Allende, al conducir una camioneta marca Toyota, placas MV-0826-G, ya que en la caja de dicha unidad traía un generador de luz monofásico, una soldadora inversora, una caja plástica porta herramientas, un martillo de demolición neumático, objetos que el uno de junio de dos mil veinte fueron sustraídos del parque de maquinaria, ubicado en carretera Cointzio, número 221-A, Colonia Ignacio Allende de San Isidro Itzicuaro y por los cuales el representante legal de la moral ofendida presentó denuncia el veintitrés de junio de dos mil veinte. Asimismo, con la denuncia y las facturas de los objetos robados que fueron por el apoderado de la empresa moral tercera interesada, se identificó los objetos robados el uno de junio de dos mil veinte, los cuales eran los que se encontraron en la batea de la camioneta referida el veintiséis de junio del mismo año. Vinculado con lo anterior, el juez responsable estableció la alta probabilidad de que el aquí quejoso participó en el hecho señalado como receptación; con la noticia criminal de la que determinó, de manera pertinente y razonable, la fecha en que ocurrieron los hechos, pues el veintitrés de junio de dos mil veinte, se reportó el robo de diversos objetos a la empresa Roca Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable. Por ello, derivó en el inició de la actividad investigadora, la que permitió establecer los objetos materia de robo. Información que la responsable, jurídicamente, relacionó con el informe policial homologado de veintiséis de junio de dos mil veinte, de la que se advierte que algunos de los objetos señalados como robados eran los que estaban en la camioneta marca Toyota, placas MV-0826-G. Con ello, la autoridad responsable estimó que se cumplieron los requisitos establecidos por los artículos 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, pues como lo sostuvo en la resolución reclamada, con los datos de prueba aportadas, se acredita la existencia de un hecho con apariencia de delito de receptación previsto y sancionado en los numerales 212, 199, 200, fracción II y 202, en relación con los diversos numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, en agravio de Roca Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la probable intervención del quejoso en su comisión. Asimismo, la responsable garantizó al imputado su derecho a declarar o guardar silencio; y determinó que no advirtió información en audiencia de alguna causa extintiva de la acción penal o excluyente del delito Es así, ya que, conforme al sistema de justicia penal acusatorio y oral, para dictar auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Conforme a ello, es legal el juez responsable dictara auto de vinculación a proceso, en contra del quejoso, pues resulta apegada a derecho la ponderación que realizó de los datos de prueba sometidos a su consideración, los cuales, como legalmente lo apreció la responsable, poseen eficacia probatoria en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se advierte falsedad en sus emitentes, o bien, que tuvieran un ánimo distinto al de simplemente dar a conocer los hechos como sucedieron. Al respecto, cabe señalar que, como así fue considerado en la resolución reclamada, el estándar probatorio para emitir un auto de vinculación a proceso no requiere de un cúmulo probatorio amplio ni de perfeccionar las pruebas; sino únicamente que de tales datos se pueda establecer, en grado de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, en términos del artículo 19 Constitucional. Así, como legalmente lo determinó el juez responsable, los elementos de prueba conducen a establecer que el quejoso Efrén Alejandro Gutiérrez Morraz probablemente participó en la comisión del delito, como autor material. En ese sentido, es infundado el concepto de violación consistente en que el auto de vinculación carece de fundamentación y motivación, pues como cuestión previa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sufrió modificaciones diversas de gran trascendencia, toda vez que marcaron un parteaguas en la administración e impartición de justicia penal en nuestro país, por cambios que van desde la etapa de la investigación de los delitos, hasta la sustitución del sistema inquisitorial por el acusatorio, que se vería reflejado en la oralidad en los juicios penales. Entre los artículos afectados con estas modificaciones, resalta el artículo 19 Constitucional que rige los actos como el que ahora se reclama, conforme al cual es innecesario se cumpla con el rigorismo de acreditación de elementos materiales o externos de la figura típica que son los objetivos, subjetivos y normativos, así como justificar la probable responsabilidad del inculpado, señalando todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesaran sobre el inculpado en la comisión de la conducta delictiva. Conforme al sistema de justicia penal de corte acusatorio, sólo se requieren datos que establezcan se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez y analizar el Juez de Distrito, esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien, con pruebas que se desahoguen en la audiencia aludida, pero, si no es alguno de los supuestos de excepción, evitar formalizar las pruebas o exponer sobre su valoración, razonamientos que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. Así, en cumplimiento a dicha norma constitucional, el Juez debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (para lo cual debe tener como factor principal, la duda razonable) y concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras la legalidad (esto es, se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario, entre otras. En el caso concreto, relativo al requisito de fondo del cual se duele el quejoso, es decir el que establece el referido numeral 19 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dictar un auto de vinculación a proceso, como el que aquí se combate, consistente en que exista la probabilidad de que el indiciado cometió un hecho que la ley señala como delito, en el caso, receptación, o participó en su comisión, se acredita, por las razones siguientes. El numeral 316 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso . De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Para comprender cabalmente el significado de lo razonable, se debe enfatizar que la capacidad de demostrar es un aspecto de la razonabilidad, pero lo razonable no es la capacidad de demostrar. Es así, pues demostrar es recorrer todos los pasos del procedimiento que reproduce el ser de alguna cosa, pero eso no agota lo razonable. Por tanto, no todo en la realidad es mesurable, tangible, cuantificable. Sin embargo, no por esto, se puede dudar plenamente de su certeza, sino que, como en el caso, para destruir ese grado de razón, debe atenderse a indicios o pruebas que la contradigan. En el caso, la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, pues como lo precisó el juez responsable de las pruebas que el fiscal señaló, se advierten datos idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito de receptación previsto y sancionado en los numerales 212, 199, 200, fracción II y 202, en relación con los diversos numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, en agravio de Roca Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la probable intervención del quejoso en su comisión. Ello es así, pues revelan que el veintiséis de junio de dos mil veinte, el quejoso fue detenido a las diecisiete horas con cuarenta minutos, por Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, sobre la Avenida Cointzio, esquina con Juan Severiano, Colonia Ignacio Allende, al conducir una camioneta marca Toyota, placas MV-0826-G, ya que en la caja de dicha unidad traía un generador de luz monofásico, una soldadora inversora, una caja plástica porta herramientas, un martillo de demolición neumático, objetos que el uno de junio de dos mil veinte fueron sustraídos del parque de maquinaria, ubicado en carretera Cointzio, número 221-A, Colonia Ignacio Allende de San Isidro Itzicuaro y por los cuales el representante legal de la moral ofendida presentó denuncia el veintitrés de junio de dos mil veinte. Toda esta información vinculada con diversos datos de prueba, es apta para suponer, razonablemente, la probabilidad de que el quejoso intervino de manera conjunta en la ejecución de estos hechos Valoración que, con fundamento en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima legal, en virtud de que en términos del segundo de tales preceptos el juez goza de libertad de valoración de la prueba, con la única condición de que justifique adecuadamente el valor otorgado a las mismas, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, esto es, basándose en la sana crítica y en el análisis objetivo de los medios de convicción, que deriven en una conclusión razonable y no caprichosa. Las reglas de la sana crítica están integradas, por una parte, con los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por otra parte por las reglas empíricas denominadas máximas de la experiencia. Sin soslayar que el quejoso haya manifestado que no obra cadena de custodia de su detención y que la ampliación de denuncia se realizó cuando se encontraba detenido y sin defensor, pues para el dictado del auto de vinculación al proceso, la norma no exige que obre prueba plena de que se cometió o participó en la comisión del hecho delictivo, en tanto se trata de una resolución que solamente formaliza o judicializa la investigación, por ello, es claro que el estándar de pruebas que propone el quejoso (acreditación plena) tendrá lugar hasta la fase de juicio oral, por lo que resulta suficiente que el Ministerio Público al formular la vinculación a proceso haga referencia de manera verbal a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que éstos, a juicio del juzgador, establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, lo cometió o participó en su comisión, para que dicte el auto de vinculación a proceso. Asimismo, se considera pertinente indicar que tales datos de prueba, en inicio, son sólo la referencia al contenido de un medio de prueba, pero no es una prueba formalmente dicha, pues ésta adquiere tal calidad en cuanto es desahogada en audiencia de juicio oral, en términos del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. En esa virtud y acorde con el numeral 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la apreciación de los datos por la Jueza de Control debe ser apta para concluir que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que el quejoso intervino o participó en su comisión, pues respecto de esto último aún no se requieren datos de prueba plenos, sino únicamente la probabilidad de que el quejoso intervino o participó en su comisión. Por tanto, contrariamente a lo afirmado por el quejoso en su concepto de violación, la responsable, jurídicamente, tomó en consideración y valoró los datos de prueba reseñados, los cuales se estiman suficientes para formalizar la investigación, esto es, para advertir que se cometió el tipo penal previamente descrito y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión. Por tanto, se considera que el juez responsable realizó un análisis relativo a la existencia de los datos que establecieron que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en un examen de los datos de prueba aportados en la audiencia respectiva, conforme a un grado de razonabilidad, sin incurrir en exceso alguno en cuanto a la prueba circunstancial, permitiendo considerar que esos datos de prueba son idóneos, pertinentes y en su conjunto útiles para justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución que quedaron advertidas. En consecuencia, no habiendo queja deficiente que suplir sobre los diversos aspectos legalmente resueltos por la autoridad responsable, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Efrén Alejandro Gutiérrez Morraz, contra los actos que reclamó del juez de Control y Enjuiciamiento, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se Niega el amparo y protección de la justicia de la Unión a Efrén Alejandro Gutiérrez Morraz, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, y da fe la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab.KRHB/Maem

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Visto el comunicado del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, por el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2. Pruebas. Con fundamento en el precepto 119 de la ley en la materia, téngase como prueba documental pública de la citada autoridad, la constancia que en copia digital acompaña a su informe, sin perjuicio de hacer relación de ellas, al celebrarse la audiencia de ley. Probanza que para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública, tendiente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de contenido. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". 1.3 Designación de tercero interesado. Por otra parte, conforme a lo previsto en la fracción III, artículo 5, de la ley de Amparo, les reviste el carácter de terceros interesados: a) Víctima Roca Infraestructura S.A. de C.V. representada por Aníbal Osvaldo Romero Aguado, quien cuenta con el asesor jurídico Juan Carlos López Marroquín y, b) Agentes del ministerio público relacionados a la causa penal Antonio Jaimes Gervacio y, Juan Ignacio Hernández Rivera. 1.4. Se ordena emplazar a los terceros interesados. Atento a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que se constituya en el domicilio de la víctima Roca Infraestructura S.A. de C.V. representada por Aníbal Osvaldo Romero Aguado, quien cuenta con el asesor jurídico Juan Carlos López Marroquín, quien pueden ser notificados el primero en la calle Bosque de Ollameles número 845, interior 1C, colonia Bosques Tres María, Morelia, Michoacán y al número telefónico 4433280536, y el segundo al correo electrónico jclmarroquin@gmail.com y número telefónico 443 318 19 12, la emplace con copia simple de la demanda y auto admisorio, le haga saber que se señalaron las las nueve horas con dieciséis minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, de igual manera, la requiera para que, en el momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para recibir las notificaciones de carácter personal en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicarán en el domicilio donde se realice el emplazamiento. En la inteligencia, de que deberá emplazar únicamente a la moral por conducto de quien la representa o por conducto de su asesor jurídico. Respecto de los agentes del ministerio público relacionados a la causa penal Antonio Jaimes Gervacio y, Juan Ignacio Hernández Rivera, mediante oficio, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia al que se deberá adjuntar copia de la demanda, así como del auto admisorio a los correos electrónicos lic.antoniojaimes@hotmail.com, licnachohrji@hotmail.com y en los teléfonos 443 684 85 70, 4431058089.

  3. Incidental

    RESUELVE: Único. Se concede la suspensión definitiva a Efrén Alejandro Gutiérrez Morraz, por las razones expuestas en el considerando tercero y quinto de esta resolución.

  4. Incidental

    Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: Se recibe boleta de turno. Téngase por reciba la boleta de turno, con número de registro 02/2021, procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, de la cual se desprende que el oficio 13413/2021, del propio índice, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno, se remitió el expediente a la superioridad, a fin de que se pronuncie sobre la imposibilidad jurídica y material para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, fue turnado al Primer Tribunal de dicha especialidad. Se informa nuevo titular de este órgano jurisdiccional Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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