Efrén Olivera Antúnez
Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Efrén Olivera Antúnez
Actuaciones
- Principal
PRAL 218/2021 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Remisión de oficio original. Incorpórese a los autos copia certificada del oficio de cuenta, que firma el titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar, en representación del Instituto de Salud para el Bienestar, con residencia en la Ciudad de México; mismo que se encuentra dirigido al juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua y, como se precisó en la certificación de cuenta, de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se aprecia que los datos contenidos en la comunicación de cuenta corresponden a los del juicio de amparo 218/2021, del referido órgano jurisdiccional. En consecuencia, se ordena remitir el oficio original de cuenta al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 218/2021 mesa 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra la resolución de ocho de marzo de este año, por la cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de ocho de este mes se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.218/2021-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Se ordena notificación por lista. Vista la razón actuarial de once de este mes, se advierte que al actuario adscrito a este Juzgado no le fue posible notificar a la parte quejosa el acuerdo de ocho de marzo de este año, en razón que el domicilio que proporcionó para recibir notificaciones no existe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del auto de ocho de este mes mediante lista de acuerdos que se publique en este órgano jurisdiccional; así como las subsecuentes notificaciones que correspondan al quejoso Efrén Olvera Antúnez, aún las de carácter personal; hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Número de expediente: 218/2021 Acuerdo: pral 218/2021 mesa 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el cinco de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por *** , por propio derecho, contra un acto del juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 218/2021. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO *** En el caso, la parte quejosa reclama del juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca: La orden de comparecencia para la audiencia inicial de formulación de la imputación; y, La posible prisión preventiva oficiosa que se llegara a imponer en la audiencia de formulación de la imputación. 3.1. Desechamiento por lo que hace al primer acto reclamado, consistente en la citación para la audiencia de formulación de la imputación. Respecto al acto reclamado consistente en la orden de comparecencia para la audiencia inicial de formulación de la imputación, se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: *** *** En relación al tema de la citación del investigado a la audiencia inicial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), sostuvo que el juicio de amparo era procedente contra la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer; no obstante ello, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, la Primera Sala interrumpió ese criterio. Y, en una nueva reflexión, consideró que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, por lo que estableció que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, registro 2018828, página 239, de rubro y texto siguientes: *** La jurisprudencia citada con anterioridad es clara en establecer que la citación para la audiencia inicial, como acto emitido fuera de procedimiento, por sí misma, no afecta a la libertad personal de la citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial; sin que sea obstáculo para ello que el artículo 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. Por ello, si el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la citación para que comparezca a la audiencia inicial de quince de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se le formulará imputación; entonces, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es improcedente el juicio de amparo que nos ocupa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo, procede desechar por improcedente la demanda de amparo respecto al acto analizado. 3.2. Segundo acto reclamado, consistente en la posible prisión preventiva oficiosa que se llegara a imponer en dicha audiencia. Respecto al acto reclamado consistente en la posible prisión preventiva oficiosa que se le llegara a imponer al quejoso como medida cautelar en la audiencia inicial de quince de marzo de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción I, y 6°, del mismo ordenamiento, que establecen: "*** "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". *** El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causa de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por lo que refiere a la segunda porción normativa trascrita, impone que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. En el caso, tales presupuestos, para la procedencia del juicio de amparo, no se encuentran satisfechos, puesto que la parte quejosa reclama en este asunto: La posible prisión preventiva oficiosa que se llegara a imponer en la audiencia de formulación de la imputación. En tales condiciones, resulta evidente que dicho acto reclamado es un acto futuro e incierto, por lo que, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del promovente del amparo, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues la parte quejosa en sus antecedentes, refiere, que en la audiencia inicial de quince de marzo de dos mil veintiuno, podría imponérsele la medida cautelar de prisión preventiva, lo que evidencia que, es un acto futuro e incierto, ya que la autoridad responsable no ha dictado ninguna prisión preventiva a la parte quejosa, pues ni siquiera se ha llevado a cabo la audiencia inicial; por ello, no se advierte que la parte quejosa se encuentre resintiendo una afectación real y actual en su esfera jurídica. Lo que se considera así, en razón de que el juicio constitucional tiene como finalidad restituir al gobernado en el goce del derecho vulnerado y no así prevenir actos que en el futuro pudiera generar un acto de autoridad, como sucede en el caso, en que el perjuicio no se evidencia que exista al momento de ejercitarse la acción, sino que se reclama la posible prisión preventiva oficiosa que se llegara a imponer en la audiencia de la formulación de la imputación, siendo que aún no existe dicha prisión preventiva; considerar lo contrario y admitir la demanda, se posibilitaría el ejercicio del control constitucional apoyado en meras expectativas y no así en actos reales y concretos. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79, Julio de 1994, página 15, registro 206346, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por ello, se actualiza la causa notoria de improcedencia en mención, en razón de que el acto aquí reclamado le reviste el carácter de futuro e incierto, pues aún la autoridad responsable no ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.2o.11 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que se comparte; visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, registro 203353, cuyo contenido literal es: "ACTOS INMINENTES. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El juicio de garantías procede en el fondo sólo contra actos ciertos y actuales, no inminentes, ya que resultaría imposible tratar de decidir sobre la inconstitucionalidad del contenido de actos que aún no se actualizan, y por ende, se desconocen sus términos." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 284557, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo". En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción I, 6°, 107, fracción IV y 113, de la Ley de Amparo, procede desechar por improcedente la demanda de amparo promovida por Efrén Olvera Antúnez, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; asimismo, se tiene por autorizado sin las facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a Gregorio Ilescas Castillejos, por no encontrarse cédula profesional a su favor que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, como se hizo constar en la certificación de cuenta. Aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que la persona acredite su profesión de licenciado en derecho o abogado. Sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. 5. Medio habilitado para establecer comunicaciones no procesales. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en su vigencia por el diverso 25/2020, se tiene a la parte quejosa proporcionando un número telefónico que, de ser necesario, podrá ser utilizado para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general invocado, se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 218/2021 mesa 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el cinco de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por *** , por propio derecho, contra un acto del juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 218/2021. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO *** En el caso, la parte quejosa reclama del juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca: La orden de comparecencia para la audiencia inicial de formulación de la imputación; y, La posible prisión preventiva oficiosa que se llegara a imponer en la audiencia de formulación de la imputación. 3.1. Desechamiento por lo que hace al primer acto reclamado, consistente en la citación para la audiencia de formulación de la imputación. Respecto al acto reclamado consistente en la orden de comparecencia para la audiencia inicial de formulación de la imputación, se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: *** *** En relación al tema de la citación del investigado a la audiencia inicial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), sostuvo que el juicio de amparo era procedente contra la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer; no obstante ello, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, la Primera Sala interrumpió ese criterio. Y, en una nueva reflexión, consideró que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, por lo que estableció que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, registro 2018828, página 239, de rubro y texto siguientes: *** La jurisprudencia citada con anterioridad es clara en establecer que la citación para la audiencia inicial, como acto emitido fuera de procedimiento, por sí misma, no afecta a la libertad personal de la citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial; sin que sea obstáculo para ello que el artículo 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. Por ello, si el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la citación para que comparezca a la audiencia inicial de quince de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se le formulará imputación; entonces, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es improcedente el juicio de amparo que nos ocupa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo, procede desechar por improcedente la demanda de amparo respecto al acto analizado. 3.2. Segundo acto reclamado, consistente en la posible prisión preventiva oficiosa que se llegara a imponer en dicha audiencia. Respecto al acto reclamado consistente en la posible prisión preventiva oficiosa que se le llegara a imponer al quejoso como medida cautelar en la audiencia inicial de quince de marzo de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción I, y 6°, del mismo ordenamiento, que establecen: "*** "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". *** El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causa de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por lo que refiere a la segunda porción normativa trascrita, impone que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. En el caso, tales presupuestos, para la procedencia del juicio de amparo, no se encuentran satisfechos, puesto que la parte quejosa reclama en este asunto: La posible prisión preventiva oficiosa que se llegara a imponer en la audiencia de formulación de la imputación. En tales condiciones, resulta evidente que dicho acto reclamado es un acto futuro e incierto, por lo que, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del promovente del amparo, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues la parte quejosa en sus antecedentes, refiere, que en la audiencia inicial de quince de marzo de dos mil veintiuno, podría imponérsele la medida cautelar de prisión preventiva, lo que evidencia que, es un acto futuro e incierto, ya que la autoridad responsable no ha dictado ninguna prisión preventiva a la parte quejosa, pues ni siquiera se ha llevado a cabo la audiencia inicial; por ello, no se advierte que la parte quejosa se encuentre resintiendo una afectación real y actual en su esfera jurídica. Lo que se considera así, en razón de que el juicio constitucional tiene como finalidad restituir al gobernado en el goce del derecho vulnerado y no así prevenir actos que en el futuro pudiera generar un acto de autoridad, como sucede en el caso, en que el perjuicio no se evidencia que exista al momento de ejercitarse la acción, sino que se reclama la posible prisión preventiva oficiosa que se llegara a imponer en la audiencia de la formulación de la imputación, siendo que aún no existe dicha prisión preventiva; considerar lo contrario y admitir la demanda, se posibilitaría el ejercicio del control constitucional apoyado en meras expectativas y no así en actos reales y concretos. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79, Julio de 1994, página 15, registro 206346, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por ello, se actualiza la causa notoria de improcedencia en mención, en razón de que el acto aquí reclamado le reviste el carácter de futuro e incierto, pues aún la autoridad responsable no ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.2o.11 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que se comparte; visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, registro 203353, cuyo contenido literal es: "ACTOS INMINENTES. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El juicio de garantías procede en el fondo sólo contra actos ciertos y actuales, no inminentes, ya que resultaría imposible tratar de decidir sobre la inconstitucionalidad del contenido de actos que aún no se actualizan, y por ende, se desconocen sus términos." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 284557, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo". En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción I, 6°, 107, fracción IV y 113, de la Ley de Amparo, procede desechar por improcedente la demanda de amparo promovida por Efrén Olvera Antúnez, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; asimismo, se tiene por autorizado sin las facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a Gregorio Ilescas Castillejos, por no encontrarse cédula profesional a su favor que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, como se hizo constar en la certificación de cuenta. Aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que la persona acredite su profesión de licenciado en derecho o abogado. Sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. 5. Medio habilitado para establecer comunicaciones no procesales. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en su vigencia por el diverso 25/2020, se tiene a la parte quejosa proporcionando un número telefónico que, de ser necesario, podrá ser utilizado para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general invocado, se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Efraín Martínez Zárate696/2018
- Efraín Mujica Téllez187/2023
- Efraín Santiago Espinoza y Otros.1149/2019
- Efrén Felipe López Cruz477/2018
- Efrén Julián Rodríguez Rojas y Otros.281/2018
- Efrén Marcos Cruz606/2022
- Efren Ricardez Cardenas462/2023
- Efrén Sergio Castellanos Bautista37/2023
- Efrén Sergio Castellanos Bautista710/2022
- Eladio Molina Ascue498/2021
- Eladio Santiago Manuel76/2022
- Eladio Torres Urbina1339/2021