Efrén Marcos Cruz

Expediente 606/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
606/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Efrén Marcos Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PRAL.606/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    INC.606/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio firmado por la servidora público designada por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, por el que rinde informe previo; lo anterior, toda vez que el treinta y uno de mayo de este año se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa. 1.1. Delegados. Sin embargo, con independencia de lo anterior, téngasele a la referida responsable designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.2. Correo electrónico y número telefónico. Por otra parte, se tiene proporcionando correo electrónico para recibir notificaciones en este expediente; así como un número telefónico; en consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que remita los oficios dirigidos a dicha autoridad por medio del correo indicado y, en su caso, confirme la recepción de aquéllos a través del número telefónico. 1.3. Se autoriza el uso de medios electrónicos. Además, como lo solicita de acuerdo a la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias, sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga, por lo cual estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial; por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser trasmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Por ello, se indica al(a) actuario(a) de este Juzgado que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la autoridad responsable o sus delegados, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Con la precisión que para que pueda consultar el expediente, deberá de atender los lineamientos establecidos en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.606/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio firmado por la servidora público designada por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, por el que rinde informe justificado; lo anterior, toda vez que el treinta y uno de mayo de este año se dictó sentencia en la que se sobreseyó en este juicio. 1.1. Delegados. Sin embargo, con independencia de lo anterior, téngasele a la referida responsable designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.2. Correo electrónico y número telefónico. Por otra parte, se tiene proporcionando correo electrónico para recibir notificaciones en este expediente; así como número telefónico; en consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que remita los oficios dirigidos a dicha autoridad por medio del correo indicado y, en su caso, confirme la recepción de aquéllos a través del número telefónico. 1.3. Se autoriza el uso de medios electrónicos. Además, como lo solicita de acuerdo a la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga, por lo cual estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial; por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser trasmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Por ello, se indica al(a) actuario(a) de este Juzgado que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la autoridad responsable o sus delegados, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Con la precisión que para que pueda consultar el expediente, deberá de atender los lineamientos establecidos en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    PRAL 227/2021 Visto, para resolver el juicio de amparo número 227/2021; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano de control constitucional el ocho de marzo siguiente, Anita Reyes Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando relativo. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derecho fundamental vulnerado el relativo al medio ambiente sano contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. 2.1. Prevención. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, registrarla en el libro de gobierno con el número 227/2021 y se previno a la parte quejosa, para que aclarara dicho ocurso. 2.2. Admisión. En ocurso presentado en este Juzgado de Distrito el diecinueve de marzo del año próximo pasado (folio 3271), la quejosa aclaró la demanda de amparo, por lo que, en proveído de veintitrés del mismo mes y año se admitió a trámite esa promoción inicial constitucional, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. 2.3. No se efectuó emplazamiento. En acuerdo dictado el doce de agosto de dos mil veintiuno, entre diversas cuestiones, se proveyó que no había lugar a emplazar a la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca y Comisión Estatal del Agua, en su carácter de terceros interesados, por la razón ahí expuesta. Tercero. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y en la especie se reclaman actos cuyos efectos materiales se verifican dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que las autoridades responsables y los actos reclamados por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte del escrito de demanda, son: Cabildo Municipal del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca: Aprobación para llevar a cabo la continuación de la obra denominada "rehabilitación del nuevo panteón municipal" en la zona poniente de esa población, autorizado mediante sesión de Cabildo, en un terreno que, dice, no cuenta con los servicios básicos y se encuentra en la intemperie, aun cuando no existen los estudios de impacto ambiental ni los permisos para meter bancos de préstamo o tiros de tierra. Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca: - Orden de continuar la edificación del nuevo panteón municipal en la jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número, sin contar con los permisos correspondientes. - Negativa de introducir el agua potable en la Segunda Sección del Barrio del Niño. Secretario de Salud y director de General de los Servicios de Salud de Oaxaca: Permiso otorgado a la autoridad municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, para operar el nuevo panteón municipal en la jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número, sin contar con los estudios de impacto ambiental necesarios para que opere dicho espacio y, además de que el predio no tiene los servicios básicos ni un plan de manejo de desechos. Director de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca, ahora director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de esa población: Continuación de la construcción del nuevo panteón municipal de la Villa de Zaachila, pues, dice, autorizó reiniciar los trabajos de remodelación sin tomar en cuenta la contaminación del subsuelo, así como el cambio de uso de suelo, sin los dictámenes correspondientes y sin respetar las normas sanitarias, pues, el lugar donde se ubica prácticamente es un terreno baldío que se vuelve en foco de contaminación. Tercero. Incidente de objeción de documentos. La quejosa objetó de falsa la documental que las autoridades responsables presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca y director de Obras Públicas de dicho Municipio exhibieron en este juicio de amparo con posterioridad al ocho de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, se estima innecesario substanciar esa cuestión incidental y, en consecuencia suspender la audiencia constitucional, en virtud que, como se precisará en esta sentencia, uno de los actos reclamados (negativa de introducir el agua potable en la Segunda Sección del Barrio del Niño, Villa de Zaachila, Oaxaca) fue negado por la autoridad responsable y la quejosa no ofreció pruebas que desvirtuaran esa inexistencia y, respecto a los diversos actos relativos a la sesión de Cabildo en la que se aprobó la construcción de un panteón o cementerio en la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número, así como su edificación, se advierte la existencia de una causal de improcedencia que, por ser una cuestión de orden público, se analizará de manera preferente y de oficio, lo que impide realizar estudio alguno sobre la autenticidad de los documentos controvertidos, dado que resulta ociosa la tramitación de aquel incidente. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 1a./J 27/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la foja 131 del tomo XII, octubre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. ES INNECESARIO PRONUNCIARSE EN ÉL, AL ACTUALIZARSE UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDE EXAMINAR EL FONDO DEL AMPARO. Conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo, es factible la sustanciación durante el trámite del juicio de amparo indirecto del incidente de falsedad de documentos, situación que obliga al Juez de Distrito a suspender o diferir la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y valorar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado, respecto del cual y únicamente para los efectos de ese juicio de amparo debe pronunciarse al dictar la sentencia de fondo. No obstante lo anterior, en el caso de que el Juez de Distrito advierta la existencia de una causal de improcedencia, es evidente que por cuestión de prioridad y de orden público debe sobreseer en el juicio, sin realizar pronunciamiento sobre la autenticidad del documento controvertido, hecha excepción del caso en que el documento sea determinante respecto de la causal de improcedencia, pues conforme a la lógica y a una correcta técnica del amparo, la improcedencia impide al órgano de control constitucional el estudio de tema alguno que se relacione con el fondo de la litis constitucional, ello sin perjuicio de que, ante el supuesto de que alguna de las partes estime delictiva la conducta del oferente de un documento que considere apócrifo, pueda efectuar la denuncia ante la autoridad competente". Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados a diversas autoridades responsables. Las autoridades responsables a) secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y b) director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, por conducto del director de Asuntos Jurídicos (promoción con folio 4654), al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuye, consistente en el permiso otorgado a la autoridad municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, para operar el nuevo panteón municipal en la jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario, no obstante su conocimiento. Por su parte, la diversa autoridad responsable c) presidente Municipal Constitucional de la Villa de Zaachila, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, por sí y en atención a los oficios dirigidos al d) Cabildo Municipal y e) Dirección de Obras Públicas Municipales de ese Ayuntamiento, ahora director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (promoción con folio 4361), negó la existencia de un acto a él combatido, consistente en la negativa de introducir el agua potable en la Segunda Sección del Barrio del Niño. Al respecto, señaló que después de realizar una búsqueda no encontró ningún documento en el que la quejosa hubiese solicitado la prestación del servicio de agua potable en dicha población, sin que dicha parte procesal haya aportado prueba alguna en contrario que acreditara esa petición y la negativa por parte de esa autoridad responsable. Sin que se soslaye que la promovente ofreció como pruebas (y que fueron admitidas): a) La documental, consistente en publicaciones en diversas páginas electrónicas. a) Informe a cargo del presidente del Comité de Agua Potable del Barrio del Niño y la Guadalupe, Villa de Zaachila, Oaxaca. c) Inspecciones judiciales a desahogarse en:  El predio ubicado en carretera Zaachila a San Miguel Peras, sin número, en jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, Zaachila, Oaxaca, aproximadamente a seiscientos metros del mercado de leña.  En el domicilio ubicado en Segunda Privada de Camino Antiguo a San Lucas, sin número, jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, Zaachila, Oaxaca. Con valor probatorio de indicio y pleno, en términos de los numerales 210-A, 215 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, respectivamente, dado que esos medios de convicción no acreditan que la agraviada hubiese formulado una petición al presidente Municipal Constitucional de la Villa de Zaachila, Oaxaca, para que se introdujera el agua potable en la Segunda Sección del Barrio del Niño, Villa de Zaachila, Oaxaca y que la referida autoridad se hubiese negado a acceder a esa solicitud. En esas condiciones, ante la inexistencia de esos actos reclamados, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se invocan en apoyo la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Y por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización, rubro siguientes: "Época: Sexta Época Registro: 265314 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen CXXII, Tercera Parte Materia(s): Común. Tesis: Página: 39 PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIO LA SOLICITUD". Quinto. Certeza de diversos actos reclamados. Se presumen ciertos los siguientes actos reclamados a las autoridades responsables que enseguida se precisan: a) Cabildo Municipal del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca: Aprobación para llevar a cabo la continuación de la obra denominada "rehabilitación del nuevo panteón municipal" en la zona poniente de esa población, autorizado mediante sesión de Cabildo, en un terreno que, dice, no cuenta con los servicios básicos y se encuentra en la intemperie, aun cuando no existen los estudios de impacto ambiental ni los permisos para meter bancos de préstamo o tiros de tierra. b) Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca: Continuación de la construcción del nuevo panteón municipal de la Villa de Zaachila, pues, dice, autorizó reiniciar los trabajos de remodelación sin tomar en cuenta la contaminación del subsuelo, así como el cambio de uso de suelo, sin los dictámenes correspondientes y sin respetar las normas sanitarias, pues, el lugar donde se ubica prácticamente es un terreno baldío que se vuelve en foco de contaminación; y, c) Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca: Orden de continuar la edificación del nuevo panteón municipal en la jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número, sin contar con los permisos correspondientes. Ello es así, en virtud que aun cuando las dos primeras autoridades (Cabildo Municipal y director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano) rindieron su informe justificado, lo hicieron por conducto del presidente Municipal, quien no es el representante jurídico de esa corporación edilicia cuando actúa como persona jurídica y tampoco puede representar al referido director, cuando se trata de actos de autoridad en ejercicio de sus funciones propias, por lo que no está facultado para rendir informe justificado a nombre de esas autoridades; aunado a que el presidente Municipal únicamente se pronunció respecto a la existencia de un acto a él reclamado. Ahora, por cuanto hace al presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, se acuerda esa presunción, en términos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que al rendir su informe justificado no se pronunció respecto de la existencia del acto citado en este considerando, dado que únicamente lo hizo en relación a aquél por el que se sobreseyó dada su inexistencia (negativa de introducir el agua potable). Sexto. Causas de improcedencia. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 del mismo ordenamiento. De oficio, se advierte que respecto de los actos reclamados, consistentes en la sesión de Cabildo en la que se aprobó la construcción de un panteón o cementerio en la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número y su edificación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción I, y 6º, de dicho ordenamiento legal, así como 107, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que la quejosa carece de interés legítimo para impugnarlos. Los citados preceptos legales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." En relación a la justiciabilidad de los derechos fundamentales difusos, como puede considerarse, en todo caso, el relativo a un medio ambiente sano, debe concebirse en el hecho de que no toda vulneración a éstos puede ser exigible por cualquier persona o grupo de la población, dado que ese derecho eventualmente guarda una clara interdependencia con la realización de otros derechos humanos y que las afectaciones pueden repercutir, aunque de manera diferenciada, en todas las personas en general. Sin embargo, la Constitución Federal no posibilita a cualquier individuo o colectividad para combatir cualquier acción u omisión del Estado que pueda resultar violatoria del referido derecho, sino que exige, al menos, una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuenta el resto de la población respecto del mandato estatal de lograr la plena eficacia de los referidos derechos fundamentales. Como todos los derechos fundamentales, para ser exigible en la vía jurisdiccional, debe atenerse a las bases y lineamientos que establece la propia Constitución Federal; en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé el artículo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucionalidad se siga siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado vulnera los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A su vez, la Ley de Amparo en su artículo 5º, fracción I, segundo párrafo, dispone de manera categórica que "el interés simple en ningún caso podrá invocarse como legítimo.", de donde se advierte que a través del juicio de amparo sólo puede tutelarse un interés jurídico o legítimo y que está proscrito defender a través de ese medio de control constitucional un interés simple. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, determinó, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, es decir, dicho interés es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Además, refirió que el interés legítimo requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico, es decir, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto; de ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica requiere de un interés actual y real, no hipotético. Por tanto, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación"; por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Ante ello, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal y, si bien, la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. Por lo expuesto, las notas distintivas del interés legítimo, previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple; en otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Asimismo, es de señalarse que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese; sobre lo cual, se distinguen tres notas diferentes: I. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, tratándose de la procedencia del amparo directo y del amparo indirecto, cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. II. Tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamables a través del amparo indirecto, la parte agraviada puede ser titular de un derecho subjetivo que se identifica con el interés jurídico o, en su defecto, titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. III. En todo caso, el interés simple es insuficiente para sostener la procedencia del juicio de amparo. Así, en caso de no contar con un interés sobre el acto reclamado (jurídico o legítimo, no simple), el juicio de amparo resultará improcedente, al tenor de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sobre la clasificación del interés -que atiende al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona-, el Tribunal Pleno se pronunció, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, mediante la ejecutoria de cinco de junio de dos mil catorce, cuyas consideraciones esenciales se sintetizan a continuación: - El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros su respeto. Esto es, el interés simple es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo, y constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. - El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; de forma tal, que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, es decir, se trata de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple; en consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual, no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Como se ve, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Esas consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Tribunal Pleno del Máximo Órgano de Control Constitucional del país, visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, tomo I, página 60, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En ese sentido, tratándose de derechos difusos de manera alguna el interés legítimo puede traducirse en una apertura absoluta, para que por cualquier presunta violación a dichas prerrogativas subjetivas públicas, se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo ese concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Esta última consideración la adicionó el Tribunal Supremo con diversas reglas especiales contenidas en el resto de fracciones de la misma norma constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así, las causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto, delimitan el poder de los jueces constitucionales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. De ahí que, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder impugnar acciones u omisiones estatales que puedan considerarse como violatorias a derechos difusos, el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto de la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental, esto es, para el acceso al referido recurso efectivo es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa -interés jurídico- o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo- pero siempre real y jurídicamente relevante. Esto es, una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que se presenta cuando resienta una afectación en su esfera jurídica que no sea hipotética; lo anterior, con el fin de que pueda obtener un beneficio jurídico al concederle el amparo derivado de esa afectación. Para cualquier ciudadano tiene especial relevancia que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos, para cumplimentar con el respeto a los derechos, a un "medio ambiente sano", en tanto que de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo, sin embargo, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es insuficiente para acceder al juicio de amparo. De tal forma que cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación provocada por un acto u omisión de una autoridad que es resentida por toda la población en general, este hecho no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. En ese contexto, el juzgador deberá determinar si las acciones u omisiones imputadas al Estado impactan al quejoso o grupo colectivo -sea o no destinatario de las mismas- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; lo cual implica un escrutinio de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad, es decir, que conforme a las particularidades del caso -y sin perjuicio de que en las etapas subsecuentes del juicio se pueda acreditar la violación al derecho humano (siendo difuso) y el alcance de la afectación concreta al particular o grupo colectivo, mediante el material probatorio respectivo-, considere si resulta razonable la existencia de tal afectación, de tal suerte que la eventual concesión del amparo se traduzca en un beneficio determinado. Por tanto, se colige que el eventual incumplimiento por parte del Estado a sus obligaciones de promover la protección, preservación y mejoramiento, en este caso del "medio ambiente", no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esas violaciones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En efecto, la pretensión que se plantea en este juicio de amparo no se refiere a una defensa específica que se encuentre estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la quejosa, sino a la protección abstracta del derecho a un medio ambiente sano, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que la faculte para acudir al amparo. Tratándose de la materia medio ambiental, la legitimación requerida para promover el amparo indirecto se sienta sobre una base propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos; esto es, se requiere de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una posibilidad, ante lo cual, la obtención de una eventual sentencia de protección constitucional, implicaría la obtención de un beneficio determinado. En estas condiciones, la vinculación jurídicamente relevante y protegida de la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano en sede constitucional, no depende de la simple manifestación del interesado, en el sentido de que goza de un interés legítimo colectivo suficiente, sino que el juez de Distrito debe arribar, por medio de inferencias lógicas, a la conclusión de que éste se actualiza, considerando que: I. Su ejercicio corresponde a un individuo y/o grupo de personas identificables, con proyección jurídica en sentido amplio y diferenciado del resto de la sociedad; II ello ocurre, dada su directa vinculación con el objeto de la pretensión medioambiental, bien por circunstancias personales, como el lugar de residencia o ciudadanía, o por una regulación sectorial o grupal específica que les concierna; y, III la obtención del beneficio pretendido no puede ser derivada, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse en beneficio de la colectividad a la que se pertenezca. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 8/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 846, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. USO DEL "ENTORNO ADYACENTE" COMO CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLO POR PERSONAS FÍSICAS. Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que las autoridades responsables no garantizaron el derecho humano a un medio ambiente sano, pues no evaluaron de manera integral diferentes aspectos relacionados con el impacto ambiental que podría ocasionar el desarrollo de dicho proyecto y su modificación en el Área Natural Protegida con carácter de Parque Marino Nacional denominado "Sistema Arrecifal Veracruzano". El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejosas no tenían interés legítimo, en tanto no demostraron que se vieran directamente beneficiadas por el ecosistema respectivo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el "entorno adyacente" de un ecosistema, entendido como su área de influencia delimitada a partir de los servicios ambientales que presta, puede ser utilizado como criterio para verificar el interés legítimo en los juicios de amparo ambientales. De ahí que en esos casos se puede acreditar dicho interés con la existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y de los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que surge, por ejemplo, cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente". En el caso, la quejosa se duele de la sesión de Cabildo, en la que se aprobó la construcción de un panteón o cementerio en la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número, así como su edificación. Asimismo, arguye que es vecina de esa población (Zaachila, Oaxaca) y que su domicilio colinda con el inmueble en el que se pretende continuar con la edificación del nuevo panteón municipal; que para la aprobación y edificación del citado cementerio no se realizaron los estudios necesarios, lo que va a desarrollar problemas sociales y económicos, sobre todo problemas ecológicos, debido a que el lugar no reúne las características con las cuales deba contar un nuevo panteón y que se reducirán las áreas verdes, por lo que estima vulnerado su derecho a un medio ambiente sano. Se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no acreditó su interés jurídico o legítimo para promover esta instancia constitucional, ya que el interés que esta última estima vulnerado no resulta cualificado, pues si bien afirmó que en el predio ubicado en la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número, se llevan a cabo obras para iniciar la edificación de un nuevo panteón municipal, sin contar con los estudios previos de impacto ambiental y los permisos relativos, esas no resultan razones suficientes para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alega, para comprobar la afectación a su derecho a un medio ambiente sano. Lo anterior es así, ya que la quejosa no aportó prueba alguna tendente a acreditar que habita en el inmueble que colinda con el predio en que se pretende construir el nuevo panteón municipal, pues si bien ofreció como medios de convicción, la documental, consistente en publicaciones en diversas páginas electrónicas, informe a cargo del presidente del Comité de Agua Potable del Barrio del Niño y la Guadalupe, Villa de Zaachila, Oaxaca, así como las inspecciones judiciales a desahogarse en:  El predio ubicado en carretera Zaachila a San Miguel Peras, sin número, en jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, Zaachila, Oaxaca, aproximadamente a seiscientos metros del mercado de leña; y,  En el domicilio ubicado en Segunda Privada de Camino Antiguo a San Lucas, sin número, jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, Zaachila, Oaxaca. Las que fueron admitidas en este juicio de amparo y justipreciadas con anterioridad, no son eficaces para acreditar que la aquí quejosa habite en el inmueble que colinda con el predio en que se pretende construir el nuevo panteón municipal, pues: La documental sólo se refiere el impacto al medio ambiente que puede ocasionar un cementerio. El informe a cargo del presidente del Comité de Agua Potable del Barrio del Niño y la Guadalupe, Villa de Zaachila, Oaxaca da noticia de la forma en que se abastece el agua en esa población. En la prueba de inspección judicial desahogada el siete de abril de dos mil veintidós, en el predio ubicado en carretera Zaachila a San Miguel Peras, sin número, en jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, Zaachila, Oaxaca, aproximadamente a seiscientos metros del mercado de leña, la secretaria actuante se limitó a dar fe a) del inicio del nuevo panteón municipal de Zaachila, Oaxaca, b) que éste colinda de manera genérica con diversas casas habitación y no así con arroyos, c) que en ese lugar existen diversos árboles y d) describió las características físicas del predio en que se pretende construir ese cementerio. En tanto que en la prueba de inspección judicial desahogada el siete de abril de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en Segunda Privada de Camino Antiguo a San Lucas, sin número, jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, Zaachila, Oaxaca, la secretaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Villa de Zaachila, Oaxaca dio fe a) que en ese inmueble no existe el servicio de agua potable, b) que tiene un pozo artesanal que no está en uso, c) las características de la zona y d) que la quejosa no exhibió algún documento con el que acredite la propiedad del inmueble a inspeccionar, dado que manifiesta que su esposo se llevó los documentos de esa casa, por problemas familiares. Respecto del punto relativo a esta última probanza, que es del tenor literal siguiente: "Que se certifique si el domicilio de la quejosa colinda con el predio del nuevo panteón municipal". La secretaria actuante dio fe que el predio inspeccionado sí colinda por el viento sur con las instalaciones del nuevo panteón. Sin embargo, esa manifestación es ineficaz para demostrar el extremo pretendido, en el sentido de que el inmueble que se inspeccionó y que se dijo colinda con el panteón municipal, es el domicilio de la aquí quejosa, dado que la inspección judicial únicamente es apta para demostrar la presencia del personal del juzgado en la casa donde se practicó la diligencia y aquello de que se dio fe, pero de ninguna manera es suficiente para probar la habitación de una persona, dado que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, por lo que es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante esa probanza. Por cuanto hace a la copia simple de un recibo de pago de energía eléctrica a nombre de la quejosa, que esta última exhibió en el momento en que se desahogó la inspección judicial, en el domicilio ubicado en Segunda Privada de Camino Antiguo a San Lucas, sin número, jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, Zaachila, Oaxaca, dicha prueba no goza de valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, en virtud que no contiene certificación alguna que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fue reproducida, por lo que constituye un simple indicio aislado que no está corroborado o adminiculado con otro medio de prueba que robustezca fehacientemente que tiene su domicilio en el inmueble que en la inspección judicial se dijo colinda con el panteón, por lo que es insuficiente para acreditar el perjuicio que la quejosa dice sufrir. Pues, no debe soslayarse que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que las copias simples exhibidas no correspondan a documentos realmente existentes, sino a unos prefabricados que para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende tener por existente. De ahí que no exista la seguridad de que las copias correspondan al contenido específico de un original; como así lo ilustra la tesis I.11o.C.1 K, correspondiente a la Novena Época y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, agosto de 2002, página 1269, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Aunado a que el recibo de pago de energía eléctrica no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona, por lo que el mismo debe ser adminiculado con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente habita con el ánimo de residir en el lugar que indica la documental, debido a que únicamente demuestra la erogación por el servicio de suministro de la energía citada, pero de ninguna manera comprueba que la persona a nombre de quien se expide el recibo de pago aludido ejerza un poder de hecho sobre el inmueble señalado en el mismo. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis con los datos de localización siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 201217 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.66 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996, página 585 Tipo: Aislada POSESION DE INMUEBLE. EL RECIBO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO ES APTO PARA ACREDITAR LA. El recibo de pago de energía eléctrica es, por sí mismo, insuficiente para acreditar la posesión de un inmueble, pues tal documento comprueba únicamente la erogación por el servicio de suministro de la energía citada, pero de ninguna manera comprueba que la persona a nombre de quien se expide el recibo de pago aludido ejerza un poder de hecho sobre el inmueble señalado en el mismo". Tampoco resulta óbice a lo anterior, el hecho de que en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, haya manifestado que su domicilio colinda con el inmueble en el que se pretende continuar con la edificación del nuevo panteón municipal, pues tal manifestación, aun realizada bajo protesta de decir verdad, resulta insuficiente para tener por acreditado que, en efecto, su casa colinda con la zona en que se iniciaron las obras de un nuevo panteón, concretamente con el predio ubicado en la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número. Así lo ilustra la tesis II.1o.A.1 K (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, página 3060, registro digital: 2023509, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO.". Conforme a lo anterior, tomando en cuenta que los citados medios de convicción fueron los únicos ofrecidos y desahogados en este juicio de amparo, es evidente que, atento a su contenido, resultan inconducentes para acreditar la afirmación de la quejosa, en el sentido de que su casa colinda con la zona en que se han iniciado las obras para la construcción del nuevo panteón municipal de Zaachila, Oaxaca, pues tal aseveración, aun realizada bajo protesta de decir verdad, resulta dogmática e insuficiente, para acreditar fehacientemente el interés legítimo con el que acudió a solicitar amparo; pues, considerar que tal expresión es suficiente para tener por acreditada tal circunstancia, implicaría establecer la procedencia del juicio de amparo a una simple afirmación de quien acude a incoarlo, pasando por alto que la misma resulta de interés público, de estudio preferente y exhaustivo. Resulta aplicable al respecto la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Así, del análisis de las constancias que integran este juicio de amparo y como se describió con anterioridad, no se advierte que la quejosa hubiere demostrado con prueba alguna, ni siquiera de manera indiciaria, que la misma cuenta con las calidades con que manifiesta gozar, lo cual genera que no se tenga la certeza de que se encuentra en la posición especial que frente al ordenamiento jurídico aduce guardar, pues, en el caso, era necesario demostrar fehacientemente y no mediante pruebas indiciarias o inferencias, el interés con que comparece a esta instancia constitucional, sin que el interés simple con el que cuenta una persona pueda invocarse como interés legítimo, tal como se encuentra establecido en el artículo 5º, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De ahí que, atendiendo a los parámetros previamente expuestos, en relación con la figura jurídica procesal del interés legítimo, se considera que el interés que la parte quejosa estima vulnerado no resulta cualificado, ni real ni jurídicamente relevante, pues si bien aduce la vulneración al derecho a un ambiente sano, lo que conlleva la posibilidad de transgredir el mencionado derecho fundamental (difuso), lo cierto es que no se aprecia que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, en tanto alega una defensa a ese derecho fundamental de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales. Como se precisó con antelación, la quejosa no demostró que la pretensión que plantea en este juicio de amparo se refiera a una defensa específica que se encuentre estrechamente relacionada con su esfera jurídica, sino a la protección abstracta del derecho a un medio ambiente sano, tal como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que la faculte para acudir al juicio, es decir, no se advierte que la referida quejosa cuente con un interés cualificado que la distinga del resto de la población respecto de la exigencia general de sujetar al Estado mexicano a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia de los derechos a un medio ambiente sano; de ahí que, en este caso, se advierta que sólo se actualiza únicamente en su favor un interés simple. De esa forma, no se logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre los derechos cuestionados y la quejosa, sino, por el contrario, uno de forma genérica, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre los referidos derechos y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes en materia de medio ambiente. En ese sentido, una eventual concesión del amparo no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente a los derechos cuestionados, en primer lugar, porque no la justificó y, en segundo lugar, porque aun teniéndola, no podría considerarse que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico. De estimarse lo contrario, esto es, que cualquier persona por el simple hecho de aducir presuntas afectaciones al medio ambiente -sin demostrarlo con medio probatorio alguno o sin importar si cuenta con un grado de afectación cualificado y relevante-, pueda acceder al medio de control constitucional, implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional, de cualquier acto que estime que afecta a la población en general -al bien común- que es justamente lo que el principio de división de poderes pretende evitar, al delimitar en la propia Constitución Federal el poder de los jueces federales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. En consecuencia, siendo el interés legítimo indispensable para la procedencia de la acción constitucional, al no haberse acreditado en la especie, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio conforme al diverso 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. Séptimo. Publicación de datos personales. Toda vez que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Anita Reyes Martínez contra los actos reclamados, consistentes en a) el permiso otorgado a la autoridad municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, para operar el nuevo panteón municipal en la jurisdicción de la Segunda Sección del Barrio del Niño, carretera Zaachila a San Miguel Peras sin número, que atribuyó al secretario de Salud y director de General de los Servicios de Salud de Oaxaca, b) negativa de introducir el agua potable en la Segunda Sección del Barrio del Niño, que reclamó al presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, c) sesión de Cabildo en la que se aprobó la construcción de ese panteón, que combatió al Cabildo Municipal del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca, así como d) su edificación que atribuyó al presidente Municipal y director de Obras Públicas Municipales de ese Ayuntamiento, por las razones y fundamentos expresados en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste.

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