Efrén Meza Zermeño

Expediente 490/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 41 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
490/2020
Año
2020
Actuaciones
41
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Efrén Meza Zermeño
  • Congreso del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Ensenada Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, de los que se advierte que expediente se encuentra parcialmente integrado, pues no obra en autos el "aviso de cargo", con sello de recibido de la Sección de Nómina de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, por cuotas de seguridad social integral respecto de pagos realizados por la patronal de Gobierno del Estado de Baja California, de trabajadores de magisterio, de la segunda quincena de marzo de dos mil quince. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Jefe de Gestión de Pensiones y Jubilaciones; Director de Pensiones y Jubilaciones; Presidente de la Honorable Junta Directiva; Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales; y, Director General y Representante Legal, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remitan en copia certificada las constancias relativas al "aviso de cargo", con sello de recibido de la Sección de Nómina de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, por cuotas de seguridad social integral respecto de pagos realizados por la patronal de Gobierno del Estado de Baja California, de trabajadores de magisterio, de la segunda quincena de marzo de dos mil quince; tal como fue requerido en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, lo anterior, por considerarse que son necesarias para resolver en el presente asunto. Se informa a las autoridades responsables que de no demostrar haber dado cumplimiento, se le impondrá una multa por cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de la materia; cantidad que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con valor al día de hoy de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las catorce horas del diecisiete de enero de dos mil veinticuatro; fecha que se fija conforme al cúmulo de audiencias señaladas previamente en la agenda que se lleva en este juzgado, así como por el período vacacional que gozará el personal adscrito al mismo, de acuerdo al calendario de vacaciones de los Juzgados de Distrito, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintitrés, el cual comprende del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, esto, en términos del artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en la circular 29/2023 de veinticinco de octubre del año en curso, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado ********************, la Coordinadora de Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, informó que se declararon inhábiles los días veinticinco; y, del veintiséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. De igual manera, y en atención a la circular 29/2023 de veinticinco de octubre del año en curso, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado ********************, la Coordinadora de Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, informó que se declararon inhábiles los días veinticinco; y, del veintiséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, a efecto de no transgredir normas dentro del procedimiento, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, y en su lugar se señalan las doce horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Felipe Javier Armenta, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual ofrece la prueba pericial en materia contable. En atención a lo anterior, no ha lugar a admitir tal medio de convicción, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 119 de la Ley de Amparo, dispone que dentro del juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o al derecho, y señala que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Luego, dicho precepto debe interpretarse en relación con el principio general de derecho que faculta a esta juzgadora para desechar las pruebas que estime inconducentes o extemporáneas. En efecto, esa facultad de que gozan las partes para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba. En atención a ello, se desecha por improcedente la prueba pericial en materia contable, ofrecida por la parte quejosa, partiendo de que los actos que aquí se reclaman son: a). El decreto 215, por el cual se reforma el artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, publicado el trece de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado. b). El decreto 204, por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicado el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado. c). El decreto 203, por el que se expide la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en materia de seguridad social, publicado el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado. d). El acuerdo SE/183/28-05-2020, dictado en quinta sesión extraordinaria de veintiocho de mayo de dos mil veinte, por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el cual constituye el primer acto de aplicación, del sistema normativo reclamado. e). El acuerdo SE/013/27-12-05, dictado en séptima sesión extraordinaria de veintisiete de diciembre de dos mil cinco, por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Lo anterior, atendiendo al principio de derecho de que las leyes y normas generales no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y, atento al criterio que enuncia la jurisprudencia de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Además, los decretos reclamados, no están dirigidos en lo individual al aquí quejoso, si no en general a la población a la que pertenece, es decir, a los jubilados y pensionados del Magisterio del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Aunado a lo anterior, los puntos objeto de la referida pericial son susceptibles de ser comprobados a través de la prueba documental. Lo cual así ocurre, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, agregadas en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se advierten dichos aumentos ocurridos en el fondo de pensión del quejoso ********************. Así también, a que dicha prueba pericial no guarda relación con algún hecho novedoso derivado de los informes justificados, o de las constancias remitidas por las autoridades responsables. Por tanto, si la prueba pericial contable no satisface el requisito de idoneidad por no ser un medio de prueba que conduzca directamente a justificar los hechos relacionados con los actos reclamados, debe ser desechada porque su ofrecimiento resulta contrario a derecho, y en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. De igual forma, por razones de economía procesal, su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final, por lo que, se reitera, que se desecha la citada prueba pericial. Apoya la anterior consideración la tesis emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente señala: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO, ADMISIÓN DE LAS. Aun cuando del texto de los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se desprende que en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho, sin embargo dichos preceptos legales, deben interpretarse en relación con el principio general de derecho que faculta al juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas para justificar los extremos que se intenta. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ensenada Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que señala el segundo párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga de las constancias remitidas por la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; mismas que fueron agregadas en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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