Efraín Vásquez Ruiz
Expediente 1171/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1171/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Efraín Vásquez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ensenada Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable de cuenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de la autoridad responsable a las personas que señala en su informe. De igual manera, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó la referida autoridad al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Además, proporciona usuarios y solicita acceso al expediente electrónico. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por tanto, atendiendo a su solicitud, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, y en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por el virus Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se autoriza a los usuarios ********, a fin de que tengan acceso al expediente electrónico del presente juicio. Luego, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, en el presente juicio de amparo se reclaman actos materialmente administrativos, de los cuales el quejoso en su demanda aduce falta de fundamentación y motivación. Además, que al rendir su informe la autoridad oficiante, complementa aspectos relativos a la fundamentación y motivación de los actos reclamados; por tanto, a fin de no dejar a la solicitante del amparo en estado de indefensión, y no incurrir en una violación procesal de normas al procedimiento, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como dispuesto por el último párrafo del artículo 117, del mismo ordenamiento, córrase traslado a la parte quejosa con el informe justificado de cuenta, así como el rendido por la Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California y Director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California, y constancias que acompañan a los mismos; y, requiérasele para que en el plazo de quince días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, la cual deberá limitarse a cuestiones derivadas de la complementación realizada por las autoridades, respecto la fundamentación y motivación de los actos reclamados; bajo el apercibimiento que de no manifestar nada al respecto en el plazo concedido, se continuará con el trámite y se resolverá respecto a los actos, autoridades y conceptos de violación incluidos en la demanda inicial. Ilustra lo anterior la tesis IV.2o.A.74 K1 (10a): "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SE ACTUALIZA POR LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA RESPECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO, REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Así, dicha excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto reclamado, se dé al impetrante la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral de éste, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales, pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz; de ahí que el precepto inicialmente citado anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene, como primer alcance, el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el impetrante conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa, dado su conocimiento integral. Relacionado con lo anterior, el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la obligación del Juez para que en los asuntos del orden administrativo se analice en la sentencia el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado y, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en caso de concederse el amparo, se determine que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; este dispositivo adquiere sentido jurídico, pues en él se encuentra inmerso implícitamente el principio de efectividad del amparo, el cual orienta y obliga a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio a resolver atendiendo a un sentido pragmático, que incida eficazmente en la esfera de derechos del gobernado, y no se utilice únicamente (por parte del quejoso) para entorpecer la actividad del Estado, o bien, tratándose de actos jurisdiccionales, para obstaculizar el goce de los derechos de la contraparte. Bajo ese contexto, de la interpretación sistemática de los dispositivos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que cuando en la demanda de amparo se reclame un acto materialmente administrativo, el Juez de Distrito deberá actuar procedimentalmente de la siguiente forma: 1) Rendido el informe justificado, en caso de que la autoridad responsable complemente la fundamentación y motivación, correrá traslado de forma personal al quejoso para que, en el plazo de quince días, realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación; 2) Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; 3) Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional; 4) Celebrada ésta, en la sentencia el Juez analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado; y, 5) Si considera que, superado lo anterior, aún existe falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. En consecuencia, la omisión de dar vista al quejoso con la complementación de la fundamentación y motivación expresada en el informe justificado, para que amplíe su demanda, en lo que respecta a esa complementación, que origina que el Juez de Distrito no se pronuncie en la sentencia en relación con la reiteración o no del acto reclamado, sin posibilidad de cercioramiento efectivo sobre la incidencia real de éste en la esfera jurídica del impetrante, es decir, únicamente desde una perspectiva meramente anulatoria y no reparadora, constituye una violación a las leyes del procedimiento de amparo, así como al principio de efectividad de las sentencias, que trasciende al resultado del fallo y obliga a reponer el procedimiento para subsanar dicha omisión". Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las trece horas con cinco minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa
- Principal
Ensenada, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables de cuenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Además, se les tiene proporcionando el correo electrónico juridicosspm@ensenada.gob.mx, y el número telefónico 6461823000 extensión 2744, únicamente para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesario. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable Policía Adscrito a dicha Dirección, al oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos los informes relativos a la suspensión de plano rendidos por la autoridad de cuenta. Con fundamento en el artículo 126, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con dichos informes para que manifieste lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ensenada, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que anexa copia autorizada de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión administrativo 505/2022-I, así como los autos originales del presente juicio. De igual forma, se ordena agregar a los autos únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, acusar recibo de su llegada vía interconexión y hacer del conocimiento de las partes que la superioridad confirmó la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dictada por el extinto Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, donde se negó el amparo en el presente asunto. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que: El expediente principal es conservable por haberse negado la protección constitucional, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 17 del acuerdo normativo. Notifíquese.
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