Efren Martinez Morfin

Expediente 1533/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1533/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Efren Martinez Morfin

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado por -, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, como IV-1533/2023-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha 17 diecisiete de octubre de la presente anualidad de 2023 dos mil veintitrés, en la que le pretenden negarle (sic) al suscrito el derecho a ejercer una adecuada defensa, el coartarme el derecho de plantear recursos ordinarios de defensa para que el suscrito pueda defender sus derechos, su patrimonio, sus pertenencias.; y violando a todas luces la autoridad responsable disposiciones de orden público, ya que actúa en contra de lo establecido en las leyes del fuero común, de la Constitución General de la Republica y tratados internacionales, que son leyes nacionales." En atención a lo anterior, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, segundo párrafo del precepto 107 de la misma codificación y por tanto, procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, así como de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, en el particular, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Ahora bien, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso se desprende que la resolución de diecisiete de octubre de la presente anualidad, emitida en el toca civil -, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declaró notoriamente improcedente el recurso de queja que hizo valer el quejoso respecto de la denegada apelación de catorce de septiembre anterior, que intentó hacer valer en contra del auto de cuatro de propio mes y año, dictado por el Juez de origen, en el que se negó la apertura de termino probatorio que solicitó en el juicio -, con la finalidad de demostrar que el pago exhibido por su contraparte por concepto del convenio que celebraron en etapa de ejecución de sentencia es "falso y fraudulento". Ciertamente, de los antecedentes se obtiene que el acto reclamado fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, y este no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de la Materia, y es el caso que sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento de ejecución, en el caso, aquélla que declare el cumplimiento total de lo sentenciado, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. De ahí que el hecho de que no se admitiera la denegada de apelación que hizo valer en contra del auto que negó la apertura del periodo probatorio con el que pretendió demostrar que el pago exhibido por su contraparte respecto del convenio celebrado en etapa de ejecución de sentencia, no es de aquellos a que se refiere el numeral en cita; por lo cual, el medio de control constitucional que intenta es notoriamente improcedente. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por el quejoso -, por su propio derecho, por las razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Finalmente, se tiene al quejoso por señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, como autorizados para tal efecto a las personas que indica y únicamente en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a -, quienes tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Esteban Corona Rojas, Secretario que autoriza y da fe.

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