Efren Maldonado Ramirez

Expediente 1244/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1244/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Efren Maldonado Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés... Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recuperar los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma suerte que el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recuperar los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma suerte que el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la constancia secretarial, de la que se desprende que el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la autoridad responsable de la sentencia ejecutoriada pronunciada por este órgano jurisdiccional el dos de agosto del año en curso, transcurrió del veinticinco al veintisiete de septiembre del presente año, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, misma que no desahogó dentro de dicho término la parte quejosa, puesto que lo hizo hasta el veintinueve de septiembre actual, según se advierte del sello de recepción de su escrito en la oficialía de partes de este juzgado; por lo tanto, se procede a dictar la resolución relativa en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, visible a página 243, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Atento a la constancia secretarial, de la que se obtiene que la concesión del amparo otorgada por el tribunal de alzada a -, fue para los efectos de que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones realizara lo siguiente: "Deberá continuar con el trámite respecto a las solicitudes números -, de enajenación de derechos parcelarios, inscripción y cesión de derechos comunales, de doce, la primera, y trece las últimas, de diciembre de dos mil veintidós, estos, con libertad de jurisdicción resuelva sobre la calificación registral peticionada." En esas condiciones, y toda vez que de la citada constancia secretarial, se obtiene que en proveído veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad remitiendo las calificaciones registrales de trece de septiembre del presente año, relativas a las solicitudes números -, antes mencionadas, las cuales resultaron positivas, ello en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, al no advertirse excesos ni defectos en su acatamiento, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que la quejosa esté en condiciones de impugnar la presente determinación, o en su caso, por la vía correspondiente recurra lo manifestado por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la quejosa -, por el que aduce que no se puede tener por cumpliendo a la responsable la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, porque para ello esta última tendrá que señalar día y hora hábil para que comparezca ante esa dependencia registral, a fin de que se le haga entrega de sus tres certificados; sin embargo, al margen de que, de la certificación de cuenta se advierte que el libelo fue presentado habiendo transcurrido ya el termino de tres días que se le otorgó en proveído de veinte de septiembre del año en curso, sin embargo, atento a su contenido dígasele a la quejosa que como ya se señaló la ejecutoria de amparo concedió a la peticionaria el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable continuara con el trámite respecto a las solicitudes números -, de enajenación de derechos parcelarios, inscripción y cesión de derechos comunales, de doce, la primera, y trece las últimas, de diciembre de dos mil veintidós, estos, con libertad de jurisdicción resolviera sobre la calificación registral peticionada, lo que así hizo, declarándolas positivas y por ende la responsable ha cumplido con el fallo protector. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como CONSERVABLE, el cual será transferido una que vez cumpla tres años contados a partir de este acuerdo, dado que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, Fracción II, 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, se advierte de la constancia secretarial que no se formaron cuadernos incidentales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigación de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional de Huetamo, Michoacán. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-1244/2023-2. De la lectura integral de la demanda de cuenta se obtiene que la quejosa se duele del acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta de investigación -, en la cual la responsable determino que no ha lugar a acordar favorable su petición de solicitar la audiencia inicial en contra de - y en agravio de - Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente el juicio de amparo, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo y por actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XX, del mismo ordenamiento legal. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] " De la fracción invocada es obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Implica la obligación de la parte agraviada de agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso concreto, los actos de los que la quejosa se duele son constituyen determinaciones atribuibles al Ministerio Público dentro de la investigación inicial que constituye una de las fases de la etapa de investigación del procedimiento penal. Lo anterior es así toda vez que de conformidad con el artículo 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales la fase de investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente; por lo que las determinaciones reclamadas, constituyen determinaciones que se ubican dentro de la etapa de investigación inicial, pues en el caso concreto ésta inició desde el momento en que la parte aquí quejosa presentó la denuncia. El invocado numeral 211 de la codificación adjetiva penal nacional, es del contenido siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.] " Los actos destacados se encuentran sujetos a una regulación específica, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé en el artículo 109, fracción XXI, el derecho de la víctima u ofendido a impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código y en las demás disposiciones legales aplicables. Tal derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido se materializa en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público, relativas a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, supuestos jurídicos que se traducen en una decisión u omisión de la autoridad ministerial que definen el curso de la indagatoria correspondiente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) con registro digital 2017641, estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto previsto en el numeral 258 de la codificación nacional adjetiva penal, que en general se refiere a actuaciones del Ministerio Público la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones y/o determinaciones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el mencionado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, y de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. El criterio en cita señala textualmente lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". En ese orden de ideas la Primera Sala también concluyó que, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé el citado numeral 258 de la codificación adjetiva penal nacional, en observancia al principio de definitividad, como se constata con la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), con número de registro digital 2017640, que señala: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". Con sustento en los criterios jurisprudenciales citados, es claro que antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, la víctima o el ofendido que pretenda reclamar la inacción del órgano ministerial en la investigación de los delitos, deberá acudir ante la autoridad judicial -Juez de control- para vencer las omisiones y actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar tal investigación. Por consiguiente, en el caso concreto se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa innominado al que se ha hecho alusión, ante el Juez de Control a fin de que éste revise y califique, conforme a la legalidad, la omisiones que le atribuye a la autoridad ministerial; ante lo cual, procede DESECHAR la demanda de amparo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para dicho efecto a las personas que alude y únicamente con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a - toda vez que según constancia secretarial habiendo realizado una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada la cédula profesional, no así la de las diversas personas.??? Notifíquese personalmente.

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