Efren Hidalgo Pech

Expediente 1336/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1336/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Efren Hidalgo Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el único punto resolutivo que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, diversos documentos; por tanto, con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte promovente para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexó a su demanda de amparo de mérito; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, seguirán la suerte del presente expediente. Ahora bien, lo anterior, en el entendido que la parte quejosa deberá generar la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; para lo cual deberán acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1336/2021-VI, promovido por xxxxxxxx, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de la Secretaria Nicte Ha Navarrete Méndez, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Seguidamente, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la Directora y Jefa del Servicio de Cirugía, ambas del Hospital General Regional número doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual obra agregado en autos. La Jueza acuerda: Ténganse por rendido en tiempo y forma el informe justificado de las autoridades responsables, para que sea tomado en consideración como corresponda. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, continúese con la celebración de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones; y con las documentales que remitió con su informe justificado la autoridad responsable y a su diverso oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15885/2021. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta con las alegaciones vertidas por la autorizada de la parte quejosa en su escrito de uno de octubre de dos mil veintiuno. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de la parte quejosa, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictar la sentencia siguiente. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo 1336/2021-VI, promovido por EFRÉN HIDALGO PECH, contra el acto que reclama del Director del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Benito Juárez, con sede en esta ciudad de Mérida y otra autoridad responsable, por estimarlos violatorios de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, EFRÉN HIDALGO PECH, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra del Director del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Benito Juárez, con sede en esta ciudad de Mérida, y otra autoridad responsable, señalando como acto reclamado la omisión de proporcionarle el servicio de atención médica completa que necesita, específicamente, suspender la programación de la fecha de la cirugía que requiere, alegando violación a su derecho a la salud. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA. Mediante auto de veintitrés de julio dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto que por esta vía se impugna como inconstitucional y que se desprende del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables la omisión de proporcionarle el servicio de atención médica completa que necesita, específicamente, suspender la programación de la fecha de la cirugía que requiere, alegando violación a su derecho a la salud. Lo anterior se realiza de conformidad con el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Directora y Jefa del Servicio de Cirugía, ambas del Hospital General Regional número doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados bajo el argumento de que "ha brindado atención médica al paciente hoy quejoso de manera rápida, eficaz y en los medios establecidos sin que exista deficiencia o limitación alguna en su atención institucional con anterioridad a la presentación a la demanda.", es decir, que no son ciertos los actos toda vez que se le ha brindado la atención médica completa que el quejoso necesita, con anterioridad a la presentación de la demanda. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas, y debe tenerse por cierto el acto atribuido a las citadas autoridades, pues, de las propias aseveraciones se ponen de manifiesto que los actos reclamados por el quejoso, aún subsisten, pues no existe ninguna prueba que demuestre lo contrario, ya que aun cuando aluden que se le otorgó atención médica, con ello no se advierte la atención integral al padecimiento del quejoso, esto es, la cirugía que requiere, sin embargo, del oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15885/2021, se advierte que posteriormente a su informe justificado, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, le practicaron al hoy quejoso la cirugía de restitución intestinal, con el diagnostico estatus de colostomía, hernia paraestomal, de ahí que, sin prejuzgar la constitucionalidad de los mismos, como se dijo, se debe tener cierto el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de cuyo título y contenido, son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como por analogía la tesis IV.2o.A.23 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que establece: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud." CUARTO. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar las causales de improcedencia que se podrían actualizar, pues de ser fundadas, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de proporcionarle el servicio de atención médica completa que necesita, específicamente, suspender la programación de la fecha de la cirugía que requiere, alegando violación a su derecho a la salud. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Directora del Hospital General Regional Número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, por conducto de su delegado, adjuntó a su oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15885/2021, de ocho de octubre del año en curso, se desprenden las notas operativas y de cirugía, de las que se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se efectuó la cirugía de restitución intestinal, con el diagnostico estatus de colostomía, hernia paraestomal, (operación planeada), anastomosis término-lateral (operación realizada), al hoy quejoso. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, ya que si bien es cierto que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio constitucional, esto es, el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, existía el acto de reclamado, lo cierto es también que las responsables le otorgaron el tratamiento médico al quejoso, y fue le fue practicada la cirugía que requería, esto es, de restitución intestinal, aunado a lo anterior, el uno de octubre del año en curso, la parte quejosa, mediante su autorizada, informó que el veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno, se efectuó al quejoso Efrén Hidalgo Pech, la cirugía de reconstrucción de colostomía, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de proporcionarle el servicio de atención médica completa que necesita, específicamente, suspender la programación de la fecha de la cirugía que requiere, lo que en el caso se subsana con realización de la cirugía de restitución intestinal, con el diagnostico estatus de colostomía, hernia paraestomal, practicada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, al hoy quejoso. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. QUINTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos del 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por xxxxxxxx, contra el acto que reclama del Director del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Benito Juárez y de la Jefa de Cirugía Interna General del citado Hospital, precisado en el segundo considerando de la presente sentencia constitucional; por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos el oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15885/2021 y anexo, remitidos por la Directora del Hospital General Regional Número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, por conducto de su delegado, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dese vista a las partes en este asunto con dichas documentales por el término de tres días, y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: Agréguese el escrito signado vía electrónica por Addy Patricia Sabido Baquedano, autorizada de la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual comunica que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se le practicó al quejoso Efrén Hidalgo Pech la cirugía de reconstrucción de colostomía, en el Hospital Regional 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad de Mérida. Atento a lo anterior, a fin de contar con la totalidad de constancias a efecto de resolver el presente juicio, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase al Director del Hospital Regional 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad de Mérida, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten la cirugía de reconstrucción de colostomía practicada al quejoso Efrén Hidalgo Pech, o, en su caso, informe la imposibilidad para hacerlo. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para esta fecha y en su lugar se fija el VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS. Notifíquese.

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