Efrain Jose Diaz Dominguez
Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Efrain Jose Diaz Dominguez
- Direccion General de Catastro Rural Y Asistencia Tecnica del Registro Agrario Nacional En la Ciudad de Mexico
Actuaciones
- Principal
III.- Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de dos de abril del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VI. RESUELVE ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITITVA DE VEINTISÉSI DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
III. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos la demanda de amparo promovida por EFRAÍN JOSÉ DÍAZ DOMÍNGUEZ, contra el acto que reclamó al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, Yucatán y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 435/2019-III. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la procedencia del amparo instado, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, Yucatán y de otra autoridad; la denegación de justicia del Tribunal responsable al no pronunciarse y/o dictar sobre la solicitud de tres de diciembre de dos mil dieciocho la cual le fue asignada el número de solicitud 31180011750. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXIII del artículo 61, 6º y 10 de la Ley de Amparo, establecen por su orden: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio, se justificará en la misma forma en que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles." Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado; es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o la ley reclamada en su caso, en un juicio de amparo, cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. Ahora bien, ciertamente, la Ley de Amparo de anterior vigencia, contemplaba un caso de gestión judicial tratándose de actos que afectaran a un núcleo de población, ya que cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo afectado podía promover la demanda de amparo en nombre y representación de aquél, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado ejidal o de bienes comunales respectivo no lo había realizado. Sin embargo, la Ley de Amparo en vigor no contempla dicho supuesto, sino que establece claramente que la personalidad de la parte quejosa debe acreditarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, en el caso, la ley agraria. Por su parte, la Ley Agraria establece que la representación de los Núcleos de Población ejidal, recae en el Comisariado, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del citado ordenamiento legal. Y, si en el caso concreto se reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el tres de diciembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la inscripción del acta de asamblea ejidal de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, en la que se aprobó el cambio de destino de una superficie de tierra del ejido, es evidente que con los mismos, se afectan derechos agrarios colectivos del citado núcleo de población. En esa medida, se tiene que los actos reclamados no pueden ser controvertidos por el promovente en este caso Efraín José Díaz Domínguez, en virtud de que no cuenta con la representación del Núcleo Agrario antes citado y la actual Ley de Amparo, no prevé la representación sustituta; sin que con ello se afecten los derechos establecidos en los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el 25, párrafo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no se afectan derechos de una persona, sino de un ente que en todo caso, cuenta con un Comisariado que lo representa y que puede hacer valer en su caso el juicio de amparo, Comisariado que fue elegido por la asamblea general de ejidatarios del citado Núcleo. En esa medida, como se adelantó, para la procedencia del juicio constitucional es menester la existencia de un derecho legitimamente tutelado y que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al agraviado para acudir al órgano constitucional demandando la reparación de dicha transgresión; y en el caso, esa facultad no está satisfecha en virtud de que el quejoso no tiene la representación del Núcleo Agrario directamente agraviado. Al tema, encuentra aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Octubre de 1993, página 419, que dice: "DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NUCLEOS DE POBLACION, AFECTACION DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 48, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas, y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación substituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación substituta prevista legalmente." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Efraín José Díaz Domínguez, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su escrito de cuenta; y como sus autorizados a Juan Carlos Briceño González, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y por lo que respecta a Gloria María Magaña Castillo, Luis Martín Segovia Puc, María Natividad Mex González, Omar Iossef Magaña Castillo y Víctor Esteban Oxté González, con las limitaciones que establece la parte final del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.El dos de abril de dos mil diecinueve, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con el registro de Oficialía de Partes correspondiente a la demanda de amparo promovida por EFRAÍN JOSÉ DÍAZ DOMÍNGUEZ, presentada con cuatro copias y tres anexos. Conste.Mérida, Yucatán, dos de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos la demanda de amparo promovida por EFRAÍN JOSÉ DÍAZ DOMÍNGUEZ, contra el acto que reclamó al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, Yucatán y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 435/2019-III. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la procedencia del amparo instado, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, Yucatán y de otra autoridad; la denegación de justicia del Tribunal responsable al no pronunciarse y/o dictar sobre la solicitud de tres de diciembre de dos mil dieciocho la cual le fue asignada el número de solicitud 31180011750. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXIII del artículo 61, 6º y 10 de la Ley de Amparo, establecen por su orden: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio, se justificará en la misma forma en que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles." Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado; es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o la ley reclamada en su caso, en un juicio de amparo, cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. Ahora bien, ciertamente, la Ley de Amparo de anterior vigencia, contemplaba un caso de gestión judicial tratándose de actos que afectaran a un núcleo de población, ya que cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo afectado podía promover la demanda de amparo en nombre y representación de aquél, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado ejidal o de bienes comunales respectivo no lo había realizado. Sin embargo, la Ley de Amparo en vigor no contempla dicho supuesto, sino que establece claramente que la personalidad de la parte quejosa debe acreditarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, en el caso, la ley agraria. Por su parte, la Ley Agraria establece que la representación de los Núcleos de Población ejidal, recae en el Comisariado, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del citado ordenamiento legal. Y, si en el caso concreto se reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el tres de diciembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la inscripción del acta de asamblea ejidal de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, en la que se aprobó el cambio de destino de una superficie de tierra del ejido, es evidente que con los mismos, se afectan derechos agrarios colectivos del citado núcleo de población. En esa medida, se tiene que los actos reclamados no pueden ser controvertidos por el promovente en este caso Efraín José Díaz Domínguez, en virtud de que no cuenta con la representación del Núcleo Agrario antes citado y la actual Ley de Amparo, no prevé la representación sustituta; sin que con ello se afecten los derechos establecidos en los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el 25, párrafo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no se afectan derechos de una persona, sino de un ente que en todo caso, cuenta con un Comisariado que lo representa y que puede hacer valer en su caso el juicio de amparo, Comisariado que fue elegido por la asamblea general de ejidatarios del citado Núcleo. En esa medida, como se adelantó, para la procedencia del juicio constitucional es menester la existencia de un derecho legitimamente tutelado y que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al agraviado para acudir al órgano constitucional demandando la reparación de dicha transgresión; y en el caso, esa facultad no está satisfecha en virtud de que el quejoso no tiene la representación del Núcleo Agrario directamente agraviado. Al tema, encuentra aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Octubre de 1993, página 419, que dice: "DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NUCLEOS DE POBLACION, AFECTACION DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 48, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas, y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación substituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación substituta prevista legalmente." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Efraín José Díaz Domínguez, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su escrito de cuenta; y como sus autorizados a Juan Carlos Briceño González, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y por lo que respecta a Gloria María Magaña Castillo, Luis Martín Segovia Puc, María Natividad Mex González, Omar Iossef Magaña Castillo y Víctor Esteban Oxté González, con las limitaciones que establece la parte final del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Efrain Alejandro Llanes Torres2305/2021
- Efrain Antonio Encalada Burgos500/2020
- Efrain Ariel May Uicab436/2015
- Efrain Guillermo Garcia Perez709/2018
- Efraín Gutierrez Moreno989/2021
- Efraín Jesus Ku1876/2023
- Efrain Jose Diaz Dominguez468/2019
- Efraín Lugo Ricalde22/2008
- Efrain Ulises Lopez Balam1434/2021
- Efrain Varguez Diaz2772/2022
- Efren Arturo Alamilla Briceño2714/2022
- Efren Hidalgo Pech1336/2021