Efren Adame Montalván
Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Efren Adame Montalván
- Efren Adame Montalván y Otros.
- Emmanuel Reyna Morales
- Victor Tapia Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Téngase recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 20/2022, de su índice; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, y toda vez que la superioridad por unanimidad de votos resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, es el órgano jurisdiccional legalmente competente para conocer del juicio de amparo 767/2022, por las razones expuestas en el último apartado de la presente resolución. SEGUNDO. Envíese testimonio autorizado de esta ejecutoria a los juzgados de Distrito contendientes, remitiendo los autos del juicio de amparo al que resultó legalmente competente para resolverlo." Hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén el artículo 20, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental dado que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico. Con fundamento en el artículo 34 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitada entre este Juzgado Federal y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, al que correspondió el número 20/2023, de su índice; de lo anterior, queda enterado este juzgado federal, y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, por las razones siguientes: Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. En efecto, del estudio íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: El acuerdo de fecha catorce de junio del año 2022, mediante el cual impone una multa en forma individual a los suscritos consistente en ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) lo cual equivale a la cantidad de $11,546.40 M/N (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M/N), derivado del expediente administrativo TJA/SRO/013/2019, que se ventila en la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere en su demanda de amparo en específico en su capítulo de conceptos de violación en la parte que interesa, lo siguiente: "PRIMERO.- Me causa agravio el auto de fecha catorce de junio del año 2022, dictado por la autoridad responsable, en contra del patrimonio de los suscritos en nuestra calidad de Presidente Municipal y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero; resultado de una indebida valoración e interpretación del cumplimiento que se hizo a nuestra representada al requerimiento de fecha veintisiete de abril y veintisiete de mayo del año en curso, mismo que fue notificado el tres de junio del mismo año, en virtud de que hace efectiva una multa individual consistente en ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA), a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 m.n.), equivalente a $11, 546.40 (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), en nuestro carácter de Presidente Municipal Constitucional y Oficial Mayor; resolución que nos causa agravio en la siguiente parte: ".. .por lo tanto esta Sala para el efecto de hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las autoridades demandadas y el nivel jerárquico del cargo que ostentan como Servidores Públicos Municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y OFICIAL MAYOR, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, de la cual se corrobora que tiene la competencia para dar debido cumplimiento a dicha sentencia definitiva, así como que cuentan con la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga; se les hace efectivo el apercibimiento de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mismo que fue debidamente notificado a dichas autoridades el tres de junio del presente año, por conducto de LETICIA SERRANO PAZ, OFICIAL DE PARTES DEL MENCIONADO AYUNTAMIENTO, en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas EFRÉN ADAME MONTALVAN Y EMMANUEL REYNA MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, en el domicilio procesal señalado en autos que es el ubicado en la calle Dr. Fidel Guillén Zamora, esquina con calle Constitución número 1, Colonia Centro de Ometepec, Guerrero, mismo que ocupa el Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta ciudad, la tercera multa en forma individual de ciento veinte UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón de $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M:N.) equivalente a la cantidad de $11,546.40 (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), tal como lo establecen los articulas 146 y 147 del Código de Procedimientos Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763; por lo tanto y con fundamento en el artículo 19 de la Ley número 61 del Fondo Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para que ordene a quien corresponda se sirva hacer efectiva la sanción impuesta, misma que deberá ser depositada en la cuenta número 4392-62564 del Banco Banamex, que corresponde al Fondo Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; asimismo, se requiere a dicha autoridad fiscal, para que se haga efectiva la multa compuesta, remita a esta Sala Regional las constancias que justifiquen el pago de la multa ordenada, apercibida que de ser omisa a dicho requerimiento, se hará acreedora a una medida de apremio prevista en el artículo 22, fracción" del Código de la Materia. Por último, en cumplimiento al auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante atento oficio envíese el original del expediente TJAlSRO/01312019, a la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, para que esta continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia que establece el artículo 148 del Código de la Materia ..." Lo anterior, pone de manifiesto que de manera categórica la parte quejosa impugna actos que tendrán ejecución material en Ometepec, Guerrero; de ahí que se arribe a la firme convicción que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de Ometepec, Guerrero, al ser los quejosos el Presidente Municipal y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero; y que por ende, radican en dicho lugar. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Se transcribe en lo conducente el Acuerdo 3/2013 en mención: "...PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (...)XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Guerrero." ".SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: 1. (. . .) 2. (. . .) 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en Chilpancingo, cinco con residencia en Acapulco y dos con residencia en Iguala. "...CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: (...) (...) Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, ejercerán jurisdicción en el distrito judicial conformado por los Municipios de Ajuchitlán del Progreso, Apaxtla, Arcelia, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copalillo, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, General Canuto A. Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Mártir de Cuilapan, Pedro Ascencio Alquisirias, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro." De ese modo, como se precisó, el acto en reclamo tendrá ejecución en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo cual se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; de lo que deviene entonces que este Juzgador es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Asimismo la Tesis Aislada, Registro: 230863, visible a página 54, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, materia penal, que dispone lo siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD, COMPETENCIA ENTRE JUECES. VALOR PREPONDERANTE DEL DICHO DEL QUEJOSO PARA DETERMINAR EL LUGAR DE EJECUCION. En principio, el juicio de garantías contra actos que afecten la libertad personal debe promoverse ante el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre el quejoso, pues sólo ahí podrán ejecutarse éstos, conforme a lo establecido por la Ley de Amparo en su artículo 36. En el caso a estudio el quejoso ha señalado su domicilio particular en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, y señaló en su escrito de demanda como ejecutoras al C. Inspector General de la Policía, los CC. Comandante y Jefe de Grupo de Agentes de la Policía Judicial del Estado, todas ellas con domicilio en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al C. Delegado de la Policía Preventiva del Estado zona sur con residencia en Acayucan, Veracruz, y al C. Comandante o Jefe del Grupo Móvil de la Brigada de la Policía del Estado destacamentado en Santiago Tuxtla, Veracruz, por lo que en la presente hipótesis este Tribunal estima que la competencia se surte en favor del Juez Tercero de Distrito, en cuya jurisdicción se encuentran las autoridades ejecutoras señaladas por el quejoso, en virtud de que la sola circunstancia de que el amparista haya manifestado que su domicilio particular se encuentra en Xalapa no significa que la orden de aprehensión tenga que ejecutarse necesariamente ahí sino que tendrá que efectuarse donde el amparista se encuentra, es decir, donde desarrolle sus actividades aunque no pueda considerarse ese su domicilio, razón por la cual el dicho del quejoso tiene valor preponderante para determinar el lugar donde tome o estime que pueda privársele de la libertad al ejecutarse la orden de aprehensión, pues sólo él sabe dónde estará físicamente". Tiene aplicación por identidad de razón jurídica la Tesis 1a./J. 52/2013 (10a.), Registro: 2004166, visible a página 383, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Además debe agregarse que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por conducto del Procurador Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, aunado a que no corresponde propiamente a ésta ir a ejecutar la multa impuesta hasta aquél lugar, pues es un hecho notorio que dicha Secretaría tiene sus delegaciones en todo el territorio del Estado, por lo que será uno de esos delegados quien asistirá a realizar la ejecución de la multa reclamada, en Ometepec, Guerrero. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, para que este a su vez lo turne al Juez de Distrito en Turno, residente en esa ciudad, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia está tratando de ejecutarse materialmente el acto reclamado. Por tanto a lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DE ESTA FECHA (VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que se advierte que en proveído de veintiuno de septiembre dos mil veintidós se recibió el informe justificado rendido por la responsable, sin que se ordenara notificar al tercero interesado Víctor Tapia Fuentes del mismo, toda vez que todavía no se tenía constancia de su emplazamiento al presente juicio; por lo cual, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, se ordena notificarle el referido proveído. Atento a lo anterior, y atendiendo a lo acordado en proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se instruye al Actuario Judicial adscrito que corresponda conocer del presente asunto, notifique el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, al tercero interesado Víctor Tapia Fuentes, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, para el caso de que ya se cuente con ella, deberá agregarla al expediente electrónico. Por tanto, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un acuerdo de mero trámite.
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