Efraín Villalobos Arellano
Expediente 1013/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Efraín Villalobos Arellano
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintiuno de octubre del presente año, se declaró ejecutoriado el auto que sobreseyó fuera de audiencia este asunto y a su vez se ordenó su archivo como totalmente concluido; por tanto, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas derivadas de la causa penal 12/2016, con las cuales se formaron cinco tomos de pruebas, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que no se trata de actuaciones originales.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, ha causado estado; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el presente asunto como totalmente concluido, y acuérdese lo procedente en el cuaderno incidental respectivo, toda vez que éste se tramita por cuerda separada al juicio principal. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta de autos documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en la fracción II, punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, el presente expediente es susceptible de ser destruido.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido informe justificado. Dado el volumen de las constancias que remite la autoridad oficiante, con el objeto de facilitar su consulta y manejo, fórmense por separado los tomos uno, dos, tres, cuatro y cinco de pruebas, los que quedarán a disposición de las partes cuando así lo soliciten. Ahora bien, analizadas las constancias de mérito, este Juzgado Federal, advierte de oficio la actualización de una causa de improcedencia que impide el análisis de la acción constitucional, como enseguida se demostrará. Previo análisis del informe de cuenta, así como las constancias justificatorias del mismo, se aprecia que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIX del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal, propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Bajo ese orden de ideas, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, es necesario que concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto reclamado; b) Que el recurso o medio de impugnación haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal sea susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que es materia del juicio constitucional. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 144/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, de la Novena Época, con registro 190665, de la literalidad siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En efecto, el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de diecisiete de agosto del presente año, dictada dentro de la causa penal 12/2016, en la que se decretó en su contra auto de formal prisión como probable responsable del delito de delincuencia organizada, en su modalidad de cometer delitos en materia de secuestro. Asimismo, al rendir el informe con justificación la autoridad responsable hizo referencia, que el aludido quejoso interpuso recurso en contra de la referida resolución; en efecto de las constancias enviadas adjuntas a su informe, en específico las relativas al exhorto número 236/2016 (orden 433/2016), de su estadística, se advierte que al notificarle al procesado (aquí quejoso) el auto de formal prisión reclamado, este interpuso en el recurso de apelación (foja 3167, del tomo V, de pruebas), mismo, que fue admitido y ordenado su envío al Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito residente en esta ciudad, para su substanciación el cinco de septiembre del año en curso (31710); además, obra a foja 3193 del tomo V, de pruebas, copia del oficio 2035/2016 signado por la Secretaria del referido Tribunal, del que se constata que efectivamente, recibieron el recurso promovido y se procedió a la substanciación que corresponde registrándose bajo el número de toca penal 240/2016. En ese orden de ideas, al advertirse la interposición del recurso ordinario (apelación) promovido por el directo quejoso, y dado que no obra constancia alguna de la que se advierta que este haya sido resuelto, evidenciando con ello lo informado por la autoridad responsable en el informe de cuenta; se tiene que, el recurso en cita aún se encuentra en etapa de instrucción. En ese sentido se tiene que el inciso a) de la jurisprudencia antes indicada, se cumple dado que a foja 3167 del tomo V de pruebas, obra la constancia de notificación realizada al procesado aquí quejoso, del auto de formal prisión de diecisiete de agosto del presente año, de la que se advierte que en el acto de la diligencia respectiva, apeló la determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Tocante al inciso b), se da en razón de que mediante auto de cinco de septiembre del presente año, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, admitió a trámite el recurso de apelación, el cual se encuentra en trámite debido a que no obra constancia alguna de la resolución que se haya dictado en dicho recurso, y, En relación al inciso c), está plenamente identificada en virtud de que se encuentra estipulada en los artículos 363 y 367 fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, mismos que se transcriben a continuación: "ARTICULO 363.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente. "ARTICULO 367.- Son apelables en el efecto devolutivo: (.) IV.- Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba. (.)". De lo anterior se colige que el recurso de apelación propuesto por el aquí quejoso, es idóneo para recurrir la determinación de diecisiete de agosto del presente año, y por el cual se puede modificar o revocar el mismo. De ahí que, si el objeto tanto de la apelación como del amparo, es dejar sin efectos la resolución de diecisiete de agosto del presente año, emitida en la causa penal 12/2016; ello revela que son dos acciones planteadas con idéntico fin. Esto es así, pues para que se actualice la citada causal de improcedencia, es menester que el impetrante de garantías haya interpuesto algún recurso o defensa legal contra el acto que pretende combatir en la vía extraordinaria, el cual pueda tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y que esté pendiente de resolución. Hipótesis normativa que se actualiza, habida cuenta que de las constancias que remitió la responsable como complemento de su informe con justificación, se observa que los peticionarios de amparo interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución reclamada; medio de impugnación que se encuentra en trámite dado que no existe constancia alguna de la resolución que se haya emitido en torno al recurso de apelación. Por lo tanto, toda vez que el propio quejoso interpuso el recurso de apelación en contra del acto que reclama en esta vía, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Ello es así, pues el recurso de apelación es un recurso ordinario establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, medio que puede provocar la confirmación, la modificación o revocación del acto reclamado, sin que se advierta de autos que el inconforme se haya desistido de tal medio de impugnación. Máxime que el espíritu del legislador federal al estatuir la causa en comento, quiso evitar que dos medios de defensa (el ordinario del recurso y el extraordinario del amparo) culminaran, por vías separadas, con determinaciones que podrían en la práctica resultar contradictorias. Ante tal circunstancia, se concluye que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, se determina sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior, el criterio jurisprudencial Tesis: 2a./J. 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de la Novena Época, con registro 184572, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tal virtud SE DEJA SIN EFECTOS la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional que tendría verificativo a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo indirecto presentada por ........, contra actos del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; SE ADMITE a trámite la misma y en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado, regístrese bajo el número 1013/2016-III, y fórmese expediente impreso y electrónico. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dichos informes deberán ser rendidos con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafos primero y cuarto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo vigente, remitiendo a este juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. - En orden. - Completas y legibles. Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama el quejoso, se han promovido diversos juicios de garantías, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. De igual forma, solicítese al Juez responsable, a fin de que haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional, si Ricardo Sánchez Bautista, tiene el carácter de defensor particular del quejoso Efraín Villalobos Arellano, dentro de la causa penal de la cual deriva el acto reclamado en este juicio. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si se omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, solicítese a las autoridades responsables que al momento de rendir su informe justificado, precisen si por virtud del delito por el cual se le instruye la causa penal de origen existe alguna persona a quien le recaiga el carácter de víctima u ofendido, que pueda llegar a tener derecho a la reparación del daño o de reclamar la responsabilidad civil, y de ser así proporcione el nombre y domicilio de la misma, si es que de autos se desprenden dichos datos, o en su defecto, diga si no le recae a persona alguna dicho carácter; ello a efecto de proveer sobre la existencia o no de tercero interesado en el presente asunto, conforme a lo expuesto en el citado ordinal 5°, fracción III de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, dígasele al Juez responsable que una vez que declare cerrada la instrucción en la causa penal que se le instruye al quejoso de mérito, suspenda el procedimiento, hasta en tanto reciba notificación sobre el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el fondo del amparo; lo anterior, a fin de conservar la materia del juicio, y de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente la tesis III-2° P.46 P., consultable en la página 1019, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Tribunal Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AL SER COMBATIDO EN AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE INSTANCIA. LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS Y LA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE CERRAR LA INSTRUCCIÓN. Cuando en el amparo promovido contra el auto de formal prisión, se reclaman violaciones a los artículos 16 y 19 de la Carta Magna, el Juez de instancia debe suspender el procedimiento una vez cerrada la instrucción, acorde a lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con el objeto de que no se dicte sentencia, pues de pronunciarse ésta, se estaría en el supuesto de considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas y por ende, la improcedencia del juicio de garantías, lo cual no corresponde al designio del legislador, quien tuvo como propósito el preservar la materia del juicio de amparo, es decir, el auto de formal prisión. Luego entonces, el decretar la suspensión del procedimiento es una obligación de la autoridad que conozca del proceso penal incoado al quejoso, sea o no la responsable, porque la ley no hace distinción alguna; para esto, el Juez de Distrito debe comunicar a dicha autoridad, tanto el inicio del juicio constitucional como la obligación de mérito; toda vez que es en la autoridad que conozca del juicio constitucional, en quien recae la tarea, no sólo de aplicar, sino también de verla que se apliquen y cumplan exactamente las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues de lo contrario, sería estéril el propósito del legislador y ese actuar se traduciría en dejar en completo estado de indefensión al quejoso". LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial. NOTIFICACIONES. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo vigente, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la ley de la materia; así mismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. En términos del inciso e), de la fracción III del numeral antes mencionado, notifíquese por medio de oficio al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, la presentación de la demanda, a fin de que estén en aptitud de alegar por escrito en la audiencia constitucional. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo vigente. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRONICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federales el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a los profesionistas que menciona.
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