Efraín Maya Salazar

Expediente 664/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
664/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Efraín Maya Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, apoderado legal de **********, personalidad que acredita en términos del artículo 11º de la Ley de Amparo, reconocida ante la responsable Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en fecha uno de junio de dos mil veinte, en el juicio laboral número 1023/2020L1/CD/IND, del que anexa copia, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 664/2020-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. En concordancia con lo anterior, es menester traer a contexto los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son los que prevén los plazos para la promoción del juicio constitucional, así como el modo en que habrá de realizarse su cómputo; preceptos que establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto legal transcrito en primer término, se advierte el término genérico de quince días que se prevé para la presentación de la demanda, con excepción de las cuatro fracciones que estipula el citado normativo. Por otro lado, el segundo precepto estipula que el término correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Bajo dicha guisa, debe decirse que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste medularmente en la dilación del procedimiento al omitir la responsable una fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el juicio laboral 1023/2020L1/CD/IND, en el término legal que establece la Ley del Trabajo, toda vez que el quejoso manifiesta que ya se había señalado para el veinticinco de septiembre del año en curso, a las trece horas con cincuenta minutos, la cual fue suspendida por la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, señalando nueva fecha para el dos de marzo de dos mi veintiuno, a las diez horas con cuarenta minutos, en auto de veintinueve de julio de dos mil veinte, de la cual afirma el quejoso tuvo conocimiento el día doce de agosto de dos mil veinte. Dicho esto, debe decirse que de conformidad con la manifestación vertida por la parte quejosa en su demanda de amparo, misma que realizó bajo protesta de decir verdad, se desprende que tuvo conocimiento del auto de fecha veintinueve de julio del año en curso, para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones en el juicio laboral 1023/2020L1/CD/IND, el día doce de agosto de dos mil veinte. Manifestación a la cual este operador jurídico le otorga valor probatorio pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los artículos 198 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en atención al criterio sostenido por la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Con base en lo expuesto, el término genérico de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del catorce de agosto de dos mil veinte al veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ello si se toma en consideración que: I. El quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, el día doce de agosto de dos mil veinte. II. El cómputo para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del viernes catorce de agosto de dos mil veinte, concluyendo dicho plazo el tres de septiembre de dos mil veinte. III. Del cómputo citado, fueron descartados los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta, de agosto del año en curso, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda que se analiza fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, según se advierte del matasellos que obra en la misma, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término genérico que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera extemporánea, si se toma en cuenta que el último día con que contaba fue el tres de septiembre del año en curso; ante lo cual resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Y es que no debe perderse de vista que el ya transcrito artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone, entre otras hipótesis, que el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, el que se computará desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado. Cabe poner de relieve, que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece en sus cuatro fracciones los casos de excepción donde no aplicará el término genérico de quince días; de las que destaca en materia penal únicamente lo establecido en sus fracciones II y IV que dicen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin embargo, ya que los actos reclamados, no son un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, es claro que, por los motivos que han quedado precisados líneas arriba, su presentación se hizo de manera extemporánea, al haberse efectuado con posterioridad al plazo genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, en razón de que obra su cédula ********* registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y solo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que refiere, por no encontrarse en dicho supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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