Efraín José Ramón Holguón Romero y Otros.

Expediente 247/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
247/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Efraín José Ramón Holguón Romero y Otros.
  • Patricio Holguón Medina
  • Laura Daniella Medina Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de trece de julio de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que no obran en autos las constancias (acuses de recibo) relativas a las notificaciones del proveído de trece de julio pasado a las autoridades responsables, con las cuales computar el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, este operador jurídico considera que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, en virtud que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, de ahí que, dicha decisión, bajo la óptica del suscrito, ningún agravio les ocasiona, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para la parte quejosa y, por ende, no puede producir agravio alguno a las autoridades responsables, en tanto que, no tendrán que dar cumplimiento al fallo dictado Resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia XIX.1º.A.C.J/1 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Administrativa, Página 2464, del rubro y texto siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Por otra parte, en relación al legajo de copias certificadas, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, autoridad señalada como responsable en el presente juicio, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual trascribe el auto de veintidós de julio hogaño, emitido dentro del recurso de queja 594/2022 de su índice, del que se advierte que mediante acuerdo plenario del órgano de su adscripción se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en contra del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, y remite un legajo de copias certificadas. En ese sentido, acúsese recibo a la superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que obran las constancias de notificación del auto en el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; en esas condiciones, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 101 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo ordenado mediante providencia de nueve de marzo del año en curso, de inmediato envíese al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el escrito original, copia del recurso, copia de la resolución recurrida, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que se estiman pertinentes para la substanciación del referido medio de impugnación. Finalmente, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, que conozca del citado medio de impugnación que mediante proveído de trece de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que se ordena remitir la impresión de dicha determinación.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso, *********************, en representación de su menor hijo de iniciales P.H.M., reclamó en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños de cinco a once años de edad en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 al quejoso en cita, quien cuenta con cinco años de edad. Sin embargo, resulta un hecho notorio para el suscrito que al día de hoy ya está contemplado el registro para el menor de iniciales P.H.M., (quien cuentan con la edad de cinco años), debiéndose ajustar a los programas, fechas y condiciones que determinen las autoridades responsables competentes, lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de cinco años o más se encuentra habilitado, como se verá a continuación. Datos que representan un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." De lo expuesto, se aprecia que a la fecha, el grupo al que pertenece el quejoso, quien actualmente tiene cinco años de edad, se encuentra en proceso de vacunación, pues está abierto el pre-registro en la página de internet habilitada para ese efecto, a fin de que se les aplique la vacuna, además de que ya se han llevado a cabo campañas de vacunación y éstas son publicitadas por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población en general. De modo que, una vez registrado, las autoridades sanitarias deberán proporcionar el biológico que le corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto. Por tales razones, actualmente el quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. Así, queda demostrado que el acto omisivo aquí reclamado cesó a través de una conducta positiva, consistente en que el mencionado Plan Nacional de Vacunación sí contempla ya al grupo al que pertenece el quejoso y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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