Efraín Gutiérrez de la Isla

Expediente 699/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
699/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • Efraín Gutiérrez de la Isla
  • Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (Seduzac)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del siete al veintiuno de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de octubre de la presente anualidad (foja 140 a la 145), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 699/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En treinta de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con un oficio con folio 14424 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas a treinta de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en alcance al diverso TCA/2722/2017, con folio 14281, recibido en este Juzgado en veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, remite tanto el acta de citación de nueve de octubre de dos mil diecisiete y acta de sesión de discusión y votación de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete debidamente firmadas; lo anterior, en atención a que en veinticinco de octubre del año en curso se dictó sentencia dentro del presente asunto. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 699/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Efraín Gutiérrez de la Isla demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La omisión de emitir laudo en el juicio laboral 211/2014. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 Constitucional. SEGUNDO. Trámite y ampliación de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de dos de agosto de dos mil diecisiete (fojas 6 - 9), se registró bajo el número de expediente 699/2017, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició a las diez horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil diecisiete, en términos del acta que antecede y forma parte integral del presente juicio. TERCERO. En oficio TCA/2722/2017 de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, presentado en éste Juzgado de Distrito en esa misma fecha y registrado con el número de folio 14281, el cual se encuentra signado por la Magistrada Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, la mencionada autoridad responsable adjuntó copia certificada del proyecto de laudo y del laudo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el cual se ordena agregarlo a los autos y tomarlo en cuenta para resolver; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una omisión atribuida a una autoridad residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La omisión de emitir laudo en el juicio ordinario laboral 211/2014. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, aceptó el acto reclamado consistente en la omisión de emitir laudo en el juicio ordinario laboral 211/2014. En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, precisado en el párrafo que antecede, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo cual se corrobora con los documentos que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, mismos que cuentan con valor probatorio suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, ya que, como se destacó. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Al respecto la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante oficio TCA/2722/2017 recibido en éste juzgado el veinticuatro de octubre de diecisiete, informó que en el juicio 211/2014 se dictó laudo el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y para tal efecto remitió copia certificada del mismo. Por tanto, este juzgador estima que respecto del acto reclamado por la inconforme en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija; por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, por haber desaparecido los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así las cosas, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Resulta aplicable a los razonamientos que preceden el criterio jurisprudencial siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso concreto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, informó que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete dictó laudo, siendo la omisión de dictarlo el acto aquí reclamado. Por tanto, se estima que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional cuestionada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica de la impetrante, de ahí que sea improcedente cualquier juicio biinstancial, pues los efectos del acto reclamado cesaron en el momento que dejó de existir jurídicamente. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, se sobresee de conformidad con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la omisión de emitir laudo en el juicio ordinario laboral 211/2014 atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En virtud de lo anterior, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad de los actos impugnados, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente estudio; acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señala". No influye en lo anterior, el hecho de que las constancias relativas al sobreseimiento de este juicio de amparo se hayan recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, porque si bien es cierto que conforme a los artículos 119, 121 y 122 de la Ley de Amparo, por regla general, las pruebas documentales en el juicio biinstancial deben ofrecerse y desahogarse a más tardar en dicha audiencia; también lo es que ello resulta inaplicable cuando a través de las mismas se demuestra algún supuesto de sobreseimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Finalmente, no pasan inadvertidos para este juzgador los alegatos de la Ministerio Público, realizados en el pedimento 907/2017 (fojas 61 a 63) a lo cual, no se realizará su análisis porque ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. A ese respecto es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Efraín Gutiérrez de la Isla, contra la omisión de emitir laudo en el juicio ordinario laboral 211/2014 reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: lo anterior, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Alicia

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 699/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Efraín Gutiérrez de la Isla demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La omisión de emitir laudo en el juicio laboral 211/2014. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 Constitucional. SEGUNDO. Trámite y ampliación de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de dos de agosto de dos mil diecisiete (fojas 6 - 9), se registró bajo el número de expediente 699/2017, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició a las diez horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil diecisiete, en términos del acta que antecede y forma parte integral del presente juicio. TERCERO. En oficio TCA/2722/2017 de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, presentado en éste Juzgado de Distrito en esa misma fecha y registrado con el número de folio 14281, el cual se encuentra signado por la Magistrada Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, la mencionada autoridad responsable adjuntó copia certificada del proyecto de laudo y del laudo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el cual se ordena agregarlo a los autos y tomarlo en cuenta para resolver; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una omisión atribuida a una autoridad residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La omisión de emitir laudo en el juicio ordinario laboral 211/2014. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, aceptó el acto reclamado consistente en la omisión de emitir laudo en el juicio ordinario laboral 211/2014. En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, precisado en el párrafo que antecede, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo cual se corrobora con los documentos que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, mismos que cuentan con valor probatorio suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, ya que, como se destacó. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Al respecto la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante oficio TCA/2722/2017 recibido en éste juzgado el veinticuatro de octubre de diecisiete, informó que en el juicio 211/2014 se dictó laudo el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y para tal efecto remitió copia certificada del mismo. Por tanto, este juzgador estima que respecto del acto reclamado por la inconforme en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija; por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, por haber desaparecido los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así las cosas, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Resulta aplicable a los razonamientos que preceden el criterio jurisprudencial siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso concreto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, informó que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete dictó laudo, siendo la omisión de dictarlo el acto aquí reclamado. Por tanto, se estima que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional cuestionada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica de la impetrante, de ahí que sea improcedente cualquier juicio biinstancial, pues los efectos del acto reclamado cesaron en el momento que dejó de existir jurídicamente. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, se sobresee de conformidad con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la omisión de emitir laudo en el juicio ordinario laboral 211/2014 atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En virtud de lo anterior, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad de los actos impugnados, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente estudio; acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señala". No influye en lo anterior, el hecho de que las constancias relativas al sobreseimiento de este juicio de amparo se hayan recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, porque si bien es cierto que conforme a los artículos 119, 121 y 122 de la Ley de Amparo, por regla general, las pruebas documentales en el juicio biinstancial deben ofrecerse y desahogarse a más tardar en dicha audiencia; también lo es que ello resulta inaplicable cuando a través de las mismas se demuestra algún supuesto de sobreseimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Finalmente, no pasan inadvertidos para este juzgador los alegatos de la Ministerio Público, realizados en el pedimento 907/2017 (fojas 61 a 63) a lo cual, no se realizará su análisis porque ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. A ese respecto es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Efraín Gutiérrez de la Isla, contra la omisión de emitir laudo en el juicio ordinario laboral 211/2014 reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: lo anterior, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Alicia"

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