Efrain Diaz García

Expediente 202/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
202/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
12/04/2016

Partes del expediente

  • Efrain Diaz García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En doce de abril de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del catorce de marzo al uno de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo 202/2016-2.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este Juzgado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    En cuatro de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta a la Juez, con un oficio con registro número 4587.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio número 2039/2016, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Director General de Amparos contra Leyes, en representación de la autoridad responsable Presidente de la República Mexicana, al de revisión que hizo valer el licenciado Omar Ayala Pelcastre, en su carácter de autorizado de Luis Antonio Andrade León, apoderado legal de las empresas Minera Madero, Sociedad Anónima de Capital Variable y Compañía Minera Sabinas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil quince, dictado por este Juzgado de Distrito, en el amparo indirecto 567/2015; asimismo, remite copia simple del escrito de agravios. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EFGRAÍN DÍAZ GARCÍA, EL AUTO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: "ZACATECAS, ZACATECAS, A CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número TCA/427/2016 y anexo, remitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por conducto de su Magistrada Presidenta, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada del laudo de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral número 384/2013. Atendiendo a las constancias descritas, esta resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que la autoridad responsable remitió con el oficio de cuenta, se desprende que obra agregado el laudo definitivo de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, emitido por el citado Tribunal responsable, dentro del juicio ordinario laboral número 384/2013 promovido por Efraín Díaz García. Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61 fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así las cosas, si la quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo definitivo dentro del expediente laboral número 384/2013, que se atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Y tomando en consideración que a la fecha del dictado del presente proveído, la autoridad responsable informó que el veintinueve de febrero del presente año, emitió laudo definitivo dentro del expediente laboral ya citado, y remitió copia certificada de tal actuación, por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73 fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia con apoyo en lo establecido por el numeral 63 fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74 fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. En esta fecha se enviaron los oficios 11115 y 11116 Jenn! En cuatro de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con un oficio y anexo registrado con el número .- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número TCA/427/2016 y anexo, remitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por conducto de su Magistrada Presidenta, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada del laudo de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral número 384/2013. Atendiendo a las constancias descritas, esta resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que la autoridad responsable remitió con el oficio de cuenta, se desprende que obra agregado el laudo definitivo de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, emitido por el citado Tribunal responsable, dentro del juicio ordinario laboral número 384/2013 promovido por Efraín Díaz García. Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61 fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así las cosas, si la quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo definitivo dentro del expediente laboral número 384/2013, que se atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Y tomando en consideración que a la fecha del dictado del presente proveído, la autoridad responsable informó que el veintinueve de febrero del presente año, emitió laudo definitivo dentro del expediente laboral ya citado, y remitió copia certificada de tal actuación, por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73 fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia con apoyo en lo establecido por el numeral 63 fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74 fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE."

  4. Principal

    CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/455/2016, DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INFORMÓ QUE EL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA LICENCIADA ISAURA ROMERO MENA, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. LIC. JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ. En uno de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el oficio y anexo registrado con el número 4293.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/455/2016, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción de la licenciada ISAURA ROMERO MENA, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de marzo del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes y manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de la autoridad responsable copia certificada del expediente 384/2013; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la referida audiencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*

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