Efrain Gonzalez Jr. Castro

Expediente 754/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
754/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
24/10/2018

Partes del expediente

  • Efrain Gonzalez Jr. Castro
  • Yuridia Sánchez Patrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 754/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I a VI; en esas condiciones, devuélvansele para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERA INTERESADA: YURIDIA SÁNCHEZ PATRÓN, EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES ZAIRA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JANET MELISSA GONZÁLEZ SÁNCHEZ Y CRISTOPHER GONZÁLEZ JR. SÁNCHEZ, la resolución de veinticinco de septiembre y el auto de veintisiete de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, que en lo conducente establecen: ... Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 754/2018-IV, promovido por EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO, constante de ciento treinta y seis fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y seis anexos. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte que el nueve de julio del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto a la petición formulada por la parte quejosa hasta el dictado del fallo; toda vez que ya aconteció, se provee: En atención a lo solicitado, se ordena el cotejo y compulsa de las documentales referidas por el quejoso y devuélvansele previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. De igual forma, se tienen por autorizados para recibirlos a las personas propuestas para tal efecto. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 754/2018-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 376/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Efraín González Jr. Castro, por conducto de su apoderado, en contra de un acto de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 4 a 24 del expediente de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Efraín González Jr. Castro, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad, que a continuación se transcriben: "IV. ACTOS RECLAMADOS. a).- Lo constituye la infundada e ilegal resolución judicial de segunda instancia de fecha once de abril de dos mil dieciocho, dictada por la responsable en el toca civil número 364/2017-8-3 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito en mi carácter de abogado patrono y apoderado legal del actor incidentista y demandado en lo principal, en contra de la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete emitida por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que resolvió el incidente de reclamación planteado por EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO respecto de la medida provisional de alimentos decretada en favor de los menores CRISTOPHER GONZÁLEZ JR. SÁNCHEZ, JANET MELISSA Y ZAIRA de apellidos GONZÁLEZ SÁNCHEZ en los autos de la CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR sobre PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido por YURIDIA SÁNCHEZ PATRÓN en representación de sus menores hijos CRISTOPHER GONZÁLEZ JR. SÁNCHEZ, JANET MELISSA Y ZAIRA de apellidos GONZÁLEZ SÁNCHEZ contra EFRAIN GONZÁLEZ JR, CASTRO identificado con el número 193/2016-3, resolución por medio de la cual la responsable confirma la sentencia interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, en los autos del expediente 193/2016-3, por lo que dicha sentencia conculca en perjuicio de mi mandante sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, dejando a mi poderdante en completo estado de indefensión para hacer valer mis derechos, atribuyéndole ese acto a los CC. Magistrados que integran la Honorable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son en este caso, los siguientes: a).- Los CC. Magistrados que integran la Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con domicilio ubicado en [...]." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló como tercero interesado a Yuridia Sánchez Patrón, en representación de los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S. y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en Cuernavaca, Morelos, el cual mediante proveído de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 26 a 28 del expediente de amparo), la registró con el número 754/2018-4 y declaró carecer de competencia para conocer del asunto, por razón de turno o asignación de expedientes por relación, en virtud de que el Juzgado Segundo de Distrito en Cuernavaca, Morelos, previamente, había conocido del juicio de origen del que deriva el acto reclamado, con motivo del amparo 6/2018-IV; por lo que le declinó la competencia a dicho órgano jurisdiccional. De ese modo, correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en Cuernavaca, Morelos, el cual en acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 30 a 35 del expediente de amparo), aceptó la competencia declinada; registró la demanda de amparo con el número 754/2018-IV; la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Yuridia Sánchez Patrón, en representación de los menores Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S.; requirió a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Morelos, para que designara un asesor jurídico que fungiera como representante especial de los menores; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo al titular de la Delegación Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designando al licenciado Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, como asesor jurídico de los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S.; quien en diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 77 del expediente de amparo), aceptó el cargo conferido. Los menores terceros interesados de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S. fueron emplazados a juicio el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 69 a 75 del expediente de amparo); por conducto de su representante Yuridia Sánchez Patrón. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciocho (foja 82 del expediente de amparo), en el Juzgado auxiliado, se apersonó a juicio Yuridia Sánchez Patrón, por propio derecho, como tercera interesada, y en acuerdo de ocho siguiente, se le reconoció tal carácter (foja 84 del expediente de amparo). Finalmente, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de julio de dos mil dieciocho, dio inicio la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que obra a fojas 104 y 105 del expediente de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 106 del expediente de amparo), el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 754/2018-IV, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento al punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 376/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de cuatro de julio de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; puesto que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional que reside en Cuautla, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método se procede a la fijación del acto reclamado, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa el acto reclamado, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: ? La resolución de once de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 364/2017-8-3, que confirmó la interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia Cuautla, en el incidente de reclamación promovido en contra de la medida provisional de alimentos decretada dentro del expediente 193/2016-3. Acto reclamado de la siguiente autoridad: 1. Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por conducto de su presidente (foja 79 del expediente de amparo), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. En consecuencia, debe tenerse por cierto el aludido acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que remitió la autoridad responsable, son los siguientes: 1. Mediante escrito recibido el doce de abril de dos mil dieciséis, en el Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, compareció Yuridia Sánchez Patrón, por propio derecho, a promover en contra de Efraín González Jr. Castro, la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J.S. y el pago de pensión alimenticia, entre otras prestaciones (fojas 3 a 24 del tomo I de pruebas). 2. El doce de abril de dos mil dieciséis (fojas 104 a 106 del tomo I de pruebas), la juez origen admitió a trámite la demanda presentada, la cual registró con el número 193/2016-3; dio intervención al agente del ministerio público de su adscripción; ordenó el emplazamiento del demandado, requiriéndole para que en el plazo de diez días, diera contestación a la demanda entablada en su contra; decretó la guarda y custodia provisional de los menores a favor de la promovente, por lo que ordenó su presentación al Juzgado de origen, para que fueran escuchados; ello, de acuerdo al protocolo de actuación de menores; asimismo, decretó una pensión alimenticia a cargo del demandado a favor de los menores, por la cantidad de cuatro mil pesos mensuales, pagaderos por adelantado. 3. En contra de la medida provisional de alimentos decretada en el acuerdo referido en el párrafo anterior, el demandado Efraín González Jr. Castro, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de reclamación (fojas 2 a 9 del tomo IV de pruebas). 4. El siete de agosto de dos mil diecisiete (foja 26 del tomo IV de pruebas), se admitió a trámite el incidente de reclamación interpuesto por el actor incidentista -Efraín González Jr. Castro-, con suspensión del procedimiento; por lo que se ordenó dar vista a la contraparte -Yuridia Sánchez Patrón-, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 5. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (foja 44 del tomo IV de pruebas), se tuvo a la contraparte dando contestación al recurso de reclamación que se interpuso, así como ofreciendo las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana. 6. Mediante resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 56 a 64 del tomo IV de pruebas), se declaró improcedente el incidente de reclamación, consecuentemente, se confirmó la medida provisional de alimentos decretada a favor de los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S. 7. Inconforme con la resolución anterior, el actor incidentista interpuso recurso de apelación (fojas 71 y 72 del tomo IV de pruebas); posteriormente, en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 73 del tomo IV de pruebas), se admitió el referido recurso bajo el efecto devolutivo y se ordenó remitir al superior jerárquico copia de la resolución apelada con la razón de su notificación, entre otras cosas. 8. El nueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 4 del tomo III de pruebas), la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, registró el testimonio de la juez de origen, con el número de toca 364/2017-8; y el diecisiete siguiente (foja 22 del tomo III de pruebas), se avocó al conocimiento y substanciación del recurso de apelación, el cual calificó de procedente en efecto devolutivo; asimismo, tuvo al actor incidentista presentado su escrito de agravios, entre otras cuestiones. 9. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 32 a 36 del tomo III de pruebas), la Sala responsable resolvió desechar de plano el recurso de apelación interpuesto, al considerar que resultaba ser extemporáneo. 10. En contra de la resolución anterior, el actor incidentista presentó demanda de amparo indirecto (fojas 5 a 18 del tomo V de pruebas), de la cual correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Estado de Morelos, quien mediante sentencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 53 a 55 del tomo V de pruebas), concedió el amparo solicitado, para efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, emitiera otra en la que considerara como inhábiles los días del diecinueve al veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho procediera. 11. En cumplimiento a lo anterior, en proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho (foja 64 del tomo V de pruebas), la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de reclamada de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. 12. Posteriormente, el once de abril de dos mil dieciocho (fojas 90 a 107 del tomo III de pruebas), dictó una nueva, en la que confirmó la interlocutoria reclamada; resolución que fue notificada el dieciocho del mismo mes y año (foja 110 vuelta del tomo III de pruebas). La resolución dictada el once de abril de dos mil dieciocho, en el toca civil 364/2017-8, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados en parte e inoperantes en otra. Es de precisar que por razón de método, los conceptos de violación se analizarán en distinto orden en el que fueron planteados, sin que ello implique violación alguna al principio de congruencia que rige toda decisión judicial. Es aplicable la jurisprudencia VI.2º.C. J/304 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." I. En los conceptos de violación (fojas 18 y 19 del expediente de amparo), se señala que es claro que la resolución impugnada sobre la medida cautelar agravió al quejoso, toda vez que la propia Corte ha determinado que los jueces tienen la obligación de respetar los principios de equidad, justicia y proporcionalidad; de manera que tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dicho monto en juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos, como lo es en el caso el deudor alimentario por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo, lo cual genera una afectación que no puede resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión definitiva como equivocadamente lo sostiene la responsable; que aunado a lo anterior, debe estimarse que este acto causa perjuicio que al no poder ser enmendados durante el curso del procedimiento, ni en la sentencia definitiva, debe ser considerado de imposible reparación, pues por una parte, la resolución definitiva abordara sobre la procedencia y el monto de los alimentos a partir de su dictado, pero no sobre las pensiones alimenticias provisional cubiertas voluntarias, cuya exigencia descansa en que se decretan para que los acreedores subsistan mientras se tramita el juicio, esto es, que por su naturaleza-uso y consumo, es patente que una vez satisfecho los alimentos provisionales en la forma ordenada, es imposible su recuperación, teniendo aplicación al caso, el siguiente criterio jurisprudencial de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES, AMPARO INDIRECTO PROCEDENTE CONTRA LA FIJACIÓN DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". Conceptos de violación que son infundados. Ello es así, dado que, contrario a lo aducido por el quejoso, la Sala responsable no determinó que la medida cautelar de alimentos no es un acto que afecte los derechos sustantivos del quejoso, que pueda resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fijará el monto de la pensión definitiva. En efecto, la Sala responsable con relación a ese tema, refirió: 1. Los alimentos provisionales, al tratarse de una medida precautoria, la urgencia y necesidad de aquellos no requieren prueba plena. Si bien, en el artículo 260 del Código Procesal Familiar del Estado, entre otras cuestiones, prevé que, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, el juez, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, la posibilidad del que debe darlos. 2. Es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que, el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos. Ello en virtud de que se trata de una medida provisional y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia. 3. De ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. 4. Por tanto, es el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. De lo anterior se desprende, que con relación a lo que aduce el quejosa, la Sala no refirió en la resolución que aquí se estudia, que la media provisional de alimentos no es un acto que haya afectado los derechos sustantivos del quejoso, el cual pueda subsanarse posteriormente, con el dictado de la sentencia que fijará el monto de la pensión definitiva. En ese sentido, resultan infundados los conceptos de violación analizados. II. También, refirió el quejoso en sus conceptos de violación (fojas 20, 21 y 22 del expediente de amparo), que en cuanto hace a los razonamientos hechos por los magistrados responsables, en el sentido de que para poder decretarse una medida provisional de alimentos, no necesariamente se requiere de una prueba fehaciente respecto de la posibilidad económica del deudor alimentario como incorrectamente lo sostiene el recurrente; que dicho argumento resulta ser falaz para que se conceda la protección y justicia federal, pues es indudable que el mencionado numeral 260 del Código Procesal Familiar en vigor, refiere los requisitos para solicitar alimentos. Que para pedir que se decreten provisionalmente alimentos deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida; que ésta última se acreditará preferentemente, solo con lo expuesto en la demanda, pues si el legislador hubiera querido referirse a que no era necesario acreditar la posibilidad de quien deba darlos así lo habría expresado, ello en atención al principio general de derecho que establece que en donde el legislador no distingue no cabe hacer distinción, pues en su numeral 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, el legislador estableció los requisitos que deben tomarse de base y que los juzgadores se encuentran obligados a observar para decretar una pensión alimenticia, la cual deberá de ser acorde a las necesidades de los acreedores y a la posibilidad del que esté obligado para ello; es decir, que al no existir una prueba fehaciente respecto de la posibilidad económica del deudor alimentario, esto lo pone en completo estado de indefensión ya que si no tuviera posibilidad de cubrir la pensión alimenticia no tendría el caso de decretarse esta, ya que únicamente se incumpliría y lo llevaría a perder o suspender la patria potestad de los menores, situación que no solo afecta los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también se afectarían los derechos humanos de los menores, por lo que la resolución que se impugna es contraria a derecho, por lo que solicita el amparo y justicia de la Unión. Que comerciante es la persona que comercia (es decir, que se dedica a negociar comprando y vendiendo mercaderías). Que el término se utiliza para nombrar a quien es propietario de un comercio o quien se desempeña laboralmente en un comercio. Entonces, señala, que la definición de dicha palabra en ningún momento se define como una persona que tenga ese tipo de actividad genera ingresos altos o superiores, por lo que resulta incorrecta la apreciación hecha por la responsable, ya que no existe ningún parámetro para determinar que el quejoso tenga un ingreso superior al decretado a favor de sus menores hijos, ni mucho menos una prueba que justifique que tenga posibilidad de cubrir una pensión alimenticia tan excesiva, ya que el juez debe evaluar la pertinencia de que subsiste a la luz del principio de proporcionalidad, ya que no solo implica realizar un balance entre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor, sino que también implica verificar que el deber no resulte desproporcionado. En ese sentido, al no haberse satisfecho los requisitos para solicitar alimentos es susceptible de volverse inconstitucional por ser excesiva e injustificada para el deudor alimentario, tal y como se encuentra previsto por el artículo 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; que con esa base, el juzgador puede dejar sin efectos una obligación alimentaria que, a su juicio, se ha vuelto excesiva e injustificada, ya que la señora Yuridia Sánchez Patrón, para pedir que se decretaran provisionalmente los alimentos, debió acreditar la posibilidad de quien debe darlos. Tales conceptos de violación son infundados. Como cuestión previa debe precisarse que las providencias precautorias y las medidas cautelares son herramientas que la ley prevé para que el titular de un derecho subjetivo proteja de manera oportuna y efectiva sus posibilidades de ejercicio cuando carece de un título ejecutivo que le permita obtener su inmediata ejecución judicial. Permiten mantener una situación de hecho o de derecho existente, o garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Éstas siempre tienen un carácter provisional y se sujetan a lo que se resuelva en la sentencia definitiva que pone fin al juicio, en casos excepcionales pueden dar lugar a un juicio autónomo, pero siempre conservando su provisionalidad. Las medidas cautelares pueden reclamarse antes del inicio del juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante su tramitación y los presupuestos básicos para su otorgamiento son que la persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda. Pueden decretarse a instancia de parte o de oficio, con el fin de mantener la materia del litigio y evitar así el grave daño a las partes o a la sociedad que podría representar el seguimiento del proceso sin ellas. Su determinación judicial no constituye un acto privativo, porque sus efectos provisionales quedan sujetos al resultado del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes. Por ello se decretan sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa. Ello no impide que el afectado pueda impugnar posteriormente la medida -lo cual no exceptúa, de todos modos, la ejecución de la providencia-. Las medidas cautelares y las providencias precautorias son de naturaleza accesoria y sumaria: no constituyen un fin en sí mismas, se tramitan en plazos breves y su objeto es suplir interinamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previendo los peligros propios de la dilación. Ahora bien, los artículos 434, 260 y 261 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 434.- MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE CARÁCTER PERSONAL. Al admitir la demanda de divorcio, el Juez, de oficio, dictará las medidas provisionales urgentes, que serán obligatorias mientras dure el juicio. El señalamiento y aseguramiento de alimentos para el cónyuge acreedor y los hijos, no podrá demorarse por el hecho de no tener el Juez datos para hacer la fijación del monto de la pensión, sino que se decretará de oficio o tan pronto como se pida. La cuantía de la pensión puede ser modificada durante el juicio cuando cambien las circunstancias o el Juez tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges. A petición del Ministerio Público; de los abuelos, tíos o hermanos mayores de los consortes, el Juez, en cualquier tiempo durante el juicio, puede dictar las providencias que se consideren benéficas para los hijos menores". "ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Si se piden como medida provisional en un juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos". "ARTÍCULO 261.- FIJACIÓN DEL MONTO DE LOS ALIMENTOS. Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el Juez determinará la suma a que deben ascender los alimentos, mandando abonarlos por quincenas o semanas anticipadas. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgar caución". Los citados numerales disponen que al admitir la demanda de divorcio, el Juez, de oficio, dictará las medidas provisionales urgentes, que serán obligatorias mientras dure el juicio; que el señalamiento y aseguramiento de alimentos para el cónyuge acreedor y los hijos, no podrá demorarse por el hecho de no tener el Juez datos para hacer la fijación del monto de la pensión, sino que se decretará de oficio o tan pronto como se pida. Que la cuantía de la pensión puede ser modificada durante el juicio cuando cambien las circunstancias o el Juez tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges. Asimismo, establecen que para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, y una vez rendida la justificación anterior, se determinará la suma a que deben ascender los alimentos, mandando abonarlos por quincenas o semanas anticipadas; y que dicha providencia se ejecutará sin necesidad de otorgar caución. En ese sentido, no asiste razón al quejoso cuando refiere que para poder decretarse una medida provisional de alimentos se requiere una prueba fehaciente respecto de la posibilidad económica o ingresos económicos del deudor alimentista, y que por tanto, resulta incorrecta la apreciación hecha por la Sala responsable, puesto que no existe ningún parámetro para determinar que tenga un ingreso superior al decretado en favor de los menores, o una prueba que justifique que tenga la posibilidad de cubrir la pensión alimenticia que se le impuso. Ello es así, pues como bien lo refirió la Sala responsable, en virtud de la naturaleza de la medida provisional de alimentos, exigir una prueba plena, de carácter indubitable, resultaría ilegal porque dejaría de tener justificación el juicio que se lleva para debatir sobre el derecho, necesidad de percibiros y capacidad para pagar los alimentos en definitiva, de acuerdo a lo que sostiene el artículo 434 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; puesto que es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados, se colige con facilidad, que la resolución en la que se determina el pago de los alimentos provisionales, puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida; sin que se haga referencia a que deba acreditarse fehacientemente la capacidad económica del deudor alimentista o sus ingresos económicos. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que expone tesis III.1º.C.184 C (9ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto, siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario" Así como la diversa tesis XVI.2º.C.35 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, de rubro y texto, siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA SENTENCIA DE FONDO NO COMPRENDE LO RELATIVO A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). La orden de ministrar alimentos puede ser provisional o definitiva, ambas se resuelven en etapas procedimentales distintas, y tienen una naturaleza jurídica también distinta: la primera se determina sin audiencia del deudor y es de naturaleza cautelar; mientras que la segunda constituye la acción principal ejercitada y se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador decide la controversia. Así, los alimentos provisionales son regulados en los artículos 378 del Código Civil y, 401 y 402 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Guanajuato, se otorgan de manera inmediata, con la sola presentación de la demanda y previa justificación del derecho de los demandantes, precisamente por ser una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es asegurar la subsistencia de quien los demanda mientras se dicta en definitiva lo concerniente a la acción de ministrarlos; por tanto, no es materia de determinación en la resolución que dé por finiquitada la controversia civil, sino que la etapa procesal en la que se acuerda la procedencia de los alimentos provisionales es previa al dictado de la resolución que dé conclusión a la contienda civil, máxime que de no cumplir el deudor alimentario con la medida, el beneficiado puede solicitar del Juez el cumplimiento forzoso, incluido el aseguramiento de bienes del deudor. Del mismo modo, resulta aplicable por razones que expone la tesis I.3º.C.553 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto, siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. HIPÓTESIS EN QUE EL MONTO DE LA PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA DEBE SER EL MISMO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las partes deben asumir la carga de la prueba de sus pretensiones, es decir, el actor debe probar los hechos en que apoya su acción y el demandado en los que hace descansar sus excepciones y defensas. Esa carga de la prueba opera con matices en las controversias del orden familiar relativas a alimentos, porque cuando se demanda el pago de una pensión alimenticia, por disposición legal el Juez está obligado a fijar desde el inicio una pensión provisional y en el momento procesal oportuno resolver sobre la definitiva. Para proveer sobre la primera debe atender a los elementos que le proporciona la actora en la demanda y a los principios que prevé el artículo 311 del Código Civil, consistentes en que los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor. Al resolver respecto de la pensión definitiva evidentemente ya se ponderan tanto los principios antes descritos conforme a las pruebas que hayan rendido las partes. De acuerdo con el panorama anterior, atendiendo a las reglas de la carga de la prueba antes invocadas, si la accionante no está de acuerdo con el monto de la pensión provisional fijada por el Juez, corresponde a ella aportar elementos de prueba que demuestren la insuficiencia de esos alimentos; pero si es el demandado quien no está conforme, toca a él acreditar lo excesivo de la obligación a su cargo. Sin embargo, en la hipótesis de que actor ni demandado aporten elementos de prueba para que pueda variar el monto de la pensión provisional, para que en su caso se modifique la definitiva, es claro que existe un consentimiento de ambas partes, para que se conserve la primera, y no existe obstáculo legal alguno para que la definitiva sea en el mismo monto de la provisional, máxime que en términos del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles ese monto puede modificarse posteriormente. De ahí que resulten infundados los conceptos de violación. III. En otro sentido, en los conceptos de violación (foja 18 del expediente de amparo), se refiere, que la resolución impugnada sobre la medida provisional dictada en contra del quejoso, resulta ser infundada, que atenta en contra de sus derechos humanos y que es ilegal, ya que al emitirse prejuzga sobre la capacidad y posibilidad económica del quejoso; que la Carta Magna establece los requisitos indispensables que la autoridad judicial debe de observar para privar de los derechos humanos al quejoso en el artículo 14 constitucional. Que la autoridad responsable violó en contra del quejoso el derecho humano consagrado en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que constituye el derecho de legalidad y certeza jurídica al que deben someterse todas las actuaciones judiciales, el cual fue violado, ya que la autoridad prejuzga sobre la capacidad y posibilidad económica del quejoso. Asimismo, en la última parte de sus conceptos de violación (fojas 22 y 23 del expediente de amparo), señala el quejoso, que se infiere lógica y válidamente que el acto de autoridad que se reclama mediante este juicio constitucional, es decir, la resolución de once de abril de dos mil dieciocho, cuyo contenido viola en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 de la Constitución, por lo que se evidencia que es una interpretación incorrecta e ilegal, a contrario sentido, el quejoso en el contenido del escrito de agravios ante la responsable, manifiesta las razones lógicas jurídicas del porque debe modificarse la suspensión alimenticia a cargo del quejoso y a favor de sus menores hijos, no obstante ello fue negada la petición. Así las cosas, refiere, la responsable conculca flagrantemente las garantías que tutela el artículo 17 de la carta magna, en contra del quejoso, toda vez que al privarlo de su derecho que tienen todas la personas a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; así como las garantías tuteladas en el artículo 14 constitucional, al fundamentar la resolución en hechos infundados y que se deberá dictar una nueva en su lugar pero en esta ocasión, respetando los derechos humanos del quejoso, siendo de manera parcial (sic) e igualitaria, por lo que es procedente que se conceda el amparo y protección de la justicia federal solicitado a efecto de que la responsable restituya en el goce de las garantías constitucionales que fueron violadas en su perjuicio, debiéndose modificar la sentencia citada y dejar sin efectos la sentencia que constituye el acto reclamado del presente juicio y en su lugar dicte otro donde se declare la disminución de la pensión alimenticia a cargo del quejoso y se deje sin efectos la sentencia de once de abril de dos mil dieciocho. Que el artículo 16 constitucional consagra a favor de todo gobernado la garantía de legalidad, merced a la cual todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados basados en la ley aplicable al cada caso, a fin de mantener el estado de Derecho. Que en el caso, se viola en perjuicio de quejoso la mencionada garantía, ya que lejos de ajustar los actos de autoridad a los lineamientos legales, como lo ordena el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, aunado a que efectivamente, el artículo 16 constitucional, exige que todos los actos de autoridad estén apegados a la ley, en entendido de que la garantía inscrita en ese numeral, no debe ser deducida en cuanto a que opera solamente para orillar (sic) a las autoridades a fijar los artículos en que se basa la autoridad para dar nacimiento a sus actos, sino que las autoridades van a emitir los actos que ley contempla como aquellos que pueden expedir, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones que las leyes establezcan. De ahí deviene que los actos estén debidamente fundados y motivados. Y cuando un acto de autoridad se ha emitido sin que la autoridad se apegue a los lineamientos legales correspondientes, ese es acto nulo por ser inconstitucional, al violentar la garantía de legalidad. Los conceptos de violación son inoperantes. Ello, en razón de que no controvierten las consideraciones medulares de la Sala responsable, por las que declaró inoperantes los agravios que planteó en el recurso de apelación el aquí quejoso y resolvió confirmar la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, recurrida; consistentes en: 1. Que en nada le favorece al apelante el argumento que hizo en el sentido de que el a quo no tomó en consideración lo manifestado en su demanda incidental, con relación a que es comerciante y que obtiene un ingreso de manera esporádica y de forma variable; puesto que, con ello, queda acreditado que el demandado en lo principal tiene capacidad económica para cumplir con la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante la sentencia impugnada, toda vez, que claramente refiere que es comerciante (por la compra-venta de vehículos); lo que permite colegir que el actor incidentista y demandado en lo principal cuenta con una ocupación que le genera ingresos económicos. 2. Que aunado a lo anterior, obra en autos la documental pública consistente en copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por Efraín González Jr. Castro (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro; documento en el cual se aprecia que Efraín González Jr. Castro al expresar sus datos generales manifestó de manera libre y espontánea, ser comerciante, lo que resulta indiscutible que al ser comerciante dicha ocupación le genera ingresos, tal y como lo refirió la juez de mérito; que por tanto, esa Alzada estima que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciocho. 3. Que considera que el simple hecho de que la demandada incidentista y actora en lo principal haya manifestado que Efraín González Jr. Castro, se encuentra desempleado y que sobrevive de los recursos que le son proporcionados por sus familiares, no constituye un hecho notorio, porque, tales circunstancias (de que el demandado se encuentra desempleado y que sobrevive de los recursos que le dan sus familiares) son supuestos fácticos que al menos indiciariamente deben de ser probados. 4. Que tratándose de la reclamación de la providencia de alimentos provisionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 234 del Código Procesal Familiar en vigor, es el deudor alimentario quien tiene la carga de probar que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo a lo previsto por la Ley de la materia, sin embargo, que tal y como lo argumentó la juez de los autos, en el juicio de origen, el actor incidentista no ofertó material probatorio para acreditar dichas circunstancias, pues, reiteró, las partes tienen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones sin que pueda privárseles de dicha carga ni del perjuicio que implica tal omisión. 5. Que si bien es cierto el precepto legal 170 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado, establece que el juzgador tendrá amplias facultades para la determinación de la verdad material, por lo cual puede ordenar el desahogo de cualquier prueba aún y cuando las partes no las hayan ofrecido durante el procedimiento; también lo es que, dicha facultad no se extiende al grado de suplir a las partes contendientes en el ofrecimiento de las pruebas para acreditar sus pretensiones, puesto que, constituye una carga procesal solo de ellas, tal y como expresamente lo estableció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia, siguiente: "PRUEBAS EN LOS JUICIOS DE LO FAMILIAR. SU OFRECIMIENTO CORRESPONDE A LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el artículo 1105 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, establece que: "El Juez tendrá, en los procedimientos a que se refiere este libro, amplias facultades para investigar la verdad real y podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes.", también lo es que la facultad que dicha disposición concede a los Jueces no se extiende al grado de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues constituye una carga procesal sólo de ellas". 6. Que máxime, que obra en autos la documental pública consistente en: copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por Efraín González Jr. Castro, (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro; documento en el cual se aprecia que al expresar sus datos generales manifestó de manera libre y espontánea, ser comerciante; lo que resulta indiscutible, que al ser comerciante dicha ocupación le genera ingresos, tal y como lo refirió la juez de origen; que por tanto, estima que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre dos mil dieciocho; y que si bien, la demandada incidentista refirió que el demandado en lo principal era desempleado y mantenido por sus familiares, que tales argumentos deben interpretarse en el sentido de que el demandado en lo principal ha incumplido con su obligación de dar alimentos, lo que motivó a demandarle el juicio que se ventila y no así, pretender que el deudor alimentario se encuentra imposibilitado para otorgarles a sus menores hijos los recursos alimentarios. 7. Que por lo que hace a su argumento encaminado a que la actora en lo principal no justificó la capacidad y posibilidad económica del deudor alimentario, al no obrar dentro del expediente prueba plena que acredite que el demandado en lo principal pueda cubrir la medida provisional por la cantidad de cuatro mil pesos, que dicha medida debió atender a las necesidades de los acreedores y sobre todo también a las propias necesidades de quien deba darlos; que en primer término, se trata de una medida provisional en la que no necesariamente se requiere de una prueba fehaciente respecto de la posibilidad económica del deudor alimentario como lo sostuvo el recurrente. 8. Que aunado a ello, si bien hasta ese momento procesal no existen pruebas plenas que demuestren la capacidad económica del deudor, sin embargo, sí se acredita con la documental publica consistente en copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por Efraín González Jr. Castro, (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro; que la actividad económica que de manera particular desarrolla el deudor alimentario es la relativa al comercio, que de acuerdo a las leyes de la lógica y máximas de la experiencia, la Sala colige que dicha actividad económica le permita sufragar los alimentos que de manera provisional fueron fijados por la juez en autos; lo anterior, sin prejuzgar que durante el curso normal del juicio de origen existan nuevos parámetros que permitan al A Quo modificar los alimentos provisionales a efecto de que se cumplan los lineamientos previstos en el artículo 43 del Código Familiar vigente en el Estado de Morelos. 9. Que los alimentos provisionales, al tratarse de una medida precautoria, la urgencia y necesidad de aquellos no requieren prueba plena. Que si bien, en el artículo 260 del Código Procesal Familiar del Estado, entre otras cuestiones, prevé que, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, el juez, verificará que el demandante acredite la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, la posibilidad del que debe darlos. Que luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que, el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Que así la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y que todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia; que de ahí que, sea ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibiros y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Que por tanto, es el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. Sustentó lo anterior, con la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario". 10. Que asimismo, advierte que ha quedado acreditado que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica derivada de su actividad privada como comerciante, lo que conlleva a deducir, que el deudor alimentario en el juicio de origen se trata de una persona con aptitud física y mental para desarrollar una actividad económica permitiéndole cumplir con sus obligaciones alimentarias. 11. Que aunado con lo anterior, los alimentos son de orden público e interés social y la simple solicitud de suministro de alimentos, lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos y que por ello, dado que el objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos, consiste en proveer el acreedor de lo necesario para su propia subsistencia, entendiéndose por ello el sustento, vestido, habitación, atención médica, educación en caso de los hijos, etcétera, de acuerdo con las necesidades preferentes del acreedor y a las posibilidades de quien los debe proporcionar; que en ese sentido, fue correcto que la juez de mérito haya declarado improcedente el incidente de reclamación promovido por Efraín González Jr. Castro, confirmando así la pensión alimenticia provisional a cargo del demandado en mención y a favor de sus menores hijos. 12. Que la obligación de dar alimentos se deriva del parentesco, y que si bien, la parte actora en lo principal Yuridia Sánchez Patrón, por igual tiene el deber de proporcionarle alimentos a sus menores hijos, de conformidad con lo previsto por el artículo 38 del Código Familiar vigente en el Estado; sin embargo, los menores, de acuerdo a constancias de autos, habitan con su señora madre Yuridia Sánchez Patrón, parte actora en lo principal en el juicio de mérito, por tanto, ello implica que la demandada incidentista y actora en lo principal tenga que contribuir con el pago de alimentos a favor de los infantes en términos del artículo 44 del Código Familiar en vigor, es así que, la pensión alimenticia provisional a cargo de Efraín González Jr. Castro se suma a la proporcionada por la demandada incidentista Yuridia Sánchez Patrón, a fin de satisfacer en lo posible las necesidades de los menores. Consideraciones las anteriores, que el quejoso no combatió a través de un argumento concreto, pues la síntesis de sus conceptos de violación pone de manifiesto su deficiencia, ya que en ello se insiste sobre los mismos tópicos en el sentido de que:  La resolución impugnada prejuzga sobre la capacidad y posibilidad económica del quejoso.  La resolución reclamada es violatoria de los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.  El quejoso, en el escrito de agravios presentado ante la autoridad responsable, manifiesta las razones lógicas jurídicas de porqué debe modificarse la suspensión alimenticia, no obstante ello fue negada tal petición; violándose en su contra el 17 constitucional, al privarlo del derecho que tienen todas la personas a que se le administre justicia por los tribunales.  Se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, ya que la resolución reclamada se emitió lejos de los lineamientos legales, como lo ordena el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Sin embargo, tales argumentos no demuestran la ilegalidad de la resolución reclamada, ni atacan las consideraciones que sirvieron de base a la autoridad para resolver como lo hizo, esto es, no controvierten las aludidas consideraciones expuestas por la Sala responsable, entre otras, las siguientes: ? Que con la manifestación que hizo el quejoso ante el juez responsable -por medio del su demanda incidental-, en el sentido de que es comerciante, queda acreditado que tiene capacidad económica para cumplir con la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante la sentencia impugnada; toda vez que, si es comerciante cuenta con una ocupación que le genera ingresos económicos. ? Que de la documental que obra en autos, consistente en copia certificada del instrumento notarial 22,670 puede apreciarse que Efraín González Jr. Castro es comerciante, pues así lo manifestó al expresar sus generales en dicha documental; de lo que se concluye, de acuerdo a las leyes de la lógica y máximas de la experiencia, que dicha ocupación le genera ingresos, por tanto, estimó que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciocho. ? Que el hecho de que la demandada incidentista y actora en lo principal haya manifestado que Efraín González Jr. Castro, se encuentra desempleado y que sobrevive de los recursos que le son proporcionados por sus familiares, no constituye un hecho notorio, porque, tales circunstancias, son supuestos fácticos que al menos indiciariamente deben de ser probados. ? Que tratándose de la reclamación de la providencia de alimentos provisionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 234 del Código Procesal Familiar en vigor, es el deudor alimentario quien tiene la carga de probar que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo a lo previsto por la Ley de la materia; sin embargo, el actor incidentista no ofertó material probatorio para acreditar dichas circunstancias. ? Que los alimentos provisionales, al tratarse de una medida precautoria, la urgencia y necesidad de aquellos no requieren prueba plena. ? Que es evidente que esas diligencias provisionales tiene como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente; por lo que, el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. ? Que la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos; puesto que se trata de una medida provisional y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia. ? Que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibiros y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. ? Que quedó acreditado que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica derivada de su actividad privada como comerciante, lo cual conlleva a deducir, que el deudor alimentario en el juicio de origen se trata de una persona con aptitud física y mental para desarrollar una actividad económica, permitiéndole cumplir con sus obligaciones alimentarias. ? Que los alimentos son de orden público e interés social y la simple solicitud de suministro de alimentos, lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos y por ello, dado que el objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos, consiste en proveer el acreedor de lo necesario para su propia subsistencia, entendiéndose por esto el sustento, vestido, habitación, atención médica, educación en caso de los hijos, etcétera, de acuerdo con las necesidades preferentes del acreedor y a las posibilidades de quien los debe proporcionar. ? Que la obligación de dar alimentos se deriva del parentesco. Que si la parte actora en lo principal Yuridia Sánchez Patrón, por igual tiene el deber de proporcionarle alimentos a sus menores hijos; lo cierto es que los menores habitan con su madre Yuridia Sánchez Patrón, lo que implica que ésta tiene que contribuir con el pago de alimentos a favor de los infantes; por lo que la pensión alimenticia provisional a cargo de Efraín González Jr. Castro se suma a la proporcionada por Yuridia Sánchez Patrón, a fin de satisfacer en lo posible las necesidades de los menores. Por tanto, al no demostrarse la ilegalidad de los razonamientos expuestos por la Sala responsable en la resolución reclamada, continúan rigiendo el sentido de esta, máxime que no se está en ninguno de los casos que deba suplirse la queja deficiente en favor del peticionario de amparo. En efecto, ante la falta de impugnación concreta de las consideraciones torales del acto reclamado en el aspecto que se analiza, deben quedar intocadas para seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1339 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así como la tesis LXV/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." IV. Por otra parte, el quejoso señala en los conceptos de violación (fojas 19 y 20 del expediente de amparo), que la sentencia que se impugna, resulta ser contraria a derecho, ya que si bien que en la copia certificada de la escrita pública 22,670 que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por el quejoso en favor de Luis Miguel Gonzáles Castro, se puede apreciar que el promovente expresó de manera libre y espontánea, ser comerciante, no menos cierto es que la citada documental fue valorada de manera incorrecta, ya que en ninguna de sus partes se desprende que el quejoso cuente con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos; ello es así, sostiene, porque no existe ningún dato por el cual se pueda apreciar a simple lectura que los ingresos obtenidos por su actividad sean superiores a la cantidad decretada a favor de sus menores hijos; ya que las medidas provisionales para ser decretadas deben atender a lo siguiente: 1.- deberá acreditarse el título a cuya virtud se pide, 2.- la posibilidad de quien deba darlos, 3.- la urgencia de la medida; la razón por la cual estima que el juzgador fue omiso en verificar la totalidad de los requisitos para decretar una pensión alimenticia, pues no solo se debe fijar una pensión alimenticia para que sean cubiertos a sus menores hijos para su subsistencia, sino que también tiene la obligación de verificar que el obligado tenga los medios para cubrirlos, ya que de lo contrario se vulneran los derechos humanos del deudor alimentario, porque si no cuenta con los medios necesarios para cumplir con dicha obligación de nada serviría la imposición de dicha obligación y lo llevaría a incumplirla, repercutiendo en su esfera jurídica, no solo a encontrarse como deudor moroso alimentista, sino también lo pone en alguna de las causales para que le sea suspendida la patria potestad de sus menores hijos. Conceptos de violación que son inoperantes. Efectivamente, la inoperancia de los conceptos de violación radica en que están dirigidos a combatir tanto el auto de doce de abril de dos mil dieciséis (fojas 104 a 106 del tomo I de pruebas), en el que decretó una pensión alimenticia a cargo del demandado y a favor de los menores, por la cantidad de cuatro mil pesos mensuales, pagaderos por adelantado; como la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 56 a 64 del tomo IV de pruebas), en la que se declaró improcedente el incidente de reclamación promovido por actor incidentista y se confirmó la medida provisional de alimentos decretada a favor de los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S. Se sostiene lo anterior, pues a más de que el quejoso refirió que el juzgador fue omiso en verificar la totalidad de los requisitos para decretar una pensión alimenticia; fue en la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se valoró la copia certificada de la escrita pública 22,670 que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por el quejoso en favor de Luis Miguel Gonzáles Castro; no en la resolución reclamada, pues en relación a esa documental solo se dijo lo siguiente: "Aunado con lo anterior, obra en autos la documental pública consistente en: copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro, documento en el cual se aprecia que EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO al expresar sus datos generales manifestó de manera libre y espontánea, ser comerciante, lo que resulta indiscutible para quienes resuelven, que al ser comerciante dicha ocupación le genera ingresos, tal y como acertadamente lo refirió la Juez de mérito, por tanto, esta Alzada estima que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciocho." [.] "Máxime que, como previamente se ha hecho mención, obra en autos la documental pública consistente en: copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro, documento en el cual claramente se puede apreciar que EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO al expresar sus datos generales manifestó de manera libre y espontánea, ser comerciante; lo que es indiscutible para quienes resuelven, que al ser comerciante dicha ocupación le genera ingresos, tal y como lo refirió la Juez de mérito; por tanto, esta Alzada estima que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre dos mil dieciocho; [.]". [.] "Aunado a esto, si bien, hasta este momento procesal no existen pruebas plenas que demuestren la capacidad económica del deudor, sin embargo, si se acredita con la documental publica consistente en: copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por Efraín González Jr. Castro, (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro; que la actividad económica que de manera particular desarrolla el deudor alimentario es la relativa al comercio, que de acuerdo a las leyes de la lógica y máximas de la experiencia este Cuerpo Colegiado colige que dicha actividad económica le permita sufragar los alimentos que de manera provisional fueron fijados por la Juez de los autos[.]". Por lo tanto, resultan inoperantes los referidos conceptos de violación. A lo anterior resulta aplicable, en lo conducente, la tesis aislada 1ª. CXXIII/2006 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del Juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido." Así como, la jurisprudencia 166 , emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el Tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." En esas condiciones, al resultar infundados en parte e inoperantes en otra los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo. Por último, en lo que atañe a los alegatos formulados por el asesor jurídico de los menores terceros interesados de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J.S. (fojas 89 90 del expediente de amparo), no es dable que sean tomados en cuenta, toda vez que la presente controversia se conforma con lo expresado en la demanda, en su aclaración o ampliación, en su caso, con el acto reclamado y los informes justificados, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; de ahí que los alegatos no forman parte de la litis. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo". SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La justicia federal no ampara ni protege a Efraín González Jr. Castro, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de la secretaria Ana Laura Belén Jante Vallejo, que firma y da fe, hoy veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 754/2018-IV, promovido por EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO, constante de ciento treinta y seis fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y seis anexos. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte que el nueve de julio del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto a la petición formulada por la parte quejosa hasta el dictado del fallo; toda vez que ya aconteció, se provee: En atención a lo solicitado, se ordena el cotejo y compulsa de las documentales referidas por el quejoso y devuélvansele previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. De igual forma, se tienen por autorizados para recibirlos a las personas propuestas para tal efecto. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 754/2018-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 376/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Efraín González Jr. Castro, por conducto de su apoderado, en contra de un acto de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 4 a 24 del expediente de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Efraín González Jr. Castro, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad, que a continuación se transcriben: "IV. ACTOS RECLAMADOS. a).- Lo constituye la infundada e ilegal resolución judicial de segunda instancia de fecha once de abril de dos mil dieciocho, dictada por la responsable en el toca civil número 364/2017-8-3 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito en mi carácter de abogado patrono y apoderado legal del actor incidentista y demandado en lo principal, en contra de la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete emitida por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que resolvió el incidente de reclamación planteado por EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO respecto de la medida provisional de alimentos decretada en favor de los menores CRISTOPHER GONZÁLEZ JR. SÁNCHEZ, JANET MELISSA Y ZAIRA de apellidos GONZÁLEZ SÁNCHEZ en los autos de la CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR sobre PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido por YURIDIA SÁNCHEZ PATRÓN en representación de sus menores hijos CRISTOPHER GONZÁLEZ JR. SÁNCHEZ, JANET MELISSA Y ZAIRA de apellidos GONZÁLEZ SÁNCHEZ contra EFRAIN GONZÁLEZ JR, CASTRO identificado con el número 193/2016-3, resolución por medio de la cual la responsable confirma la sentencia interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, en los autos del expediente 193/2016-3, por lo que dicha sentencia conculca en perjuicio de mi mandante sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, dejando a mi poderdante en completo estado de indefensión para hacer valer mis derechos, atribuyéndole ese acto a los CC. Magistrados que integran la Honorable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son en este caso, los siguientes: a).- Los CC. Magistrados que integran la Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con domicilio ubicado en [...]." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló como tercero interesado a Yuridia Sánchez Patrón, en representación de los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S. y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en Cuernavaca, Morelos, el cual mediante proveído de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 26 a 28 del expediente de amparo), la registró con el número 754/2018-4 y declaró carecer de competencia para conocer del asunto, por razón de turno o asignación de expedientes por relación, en virtud de que el Juzgado Segundo de Distrito en Cuernavaca, Morelos, previamente, había conocido del juicio de origen del que deriva el acto reclamado, con motivo del amparo 6/2018-IV; por lo que le declinó la competencia a dicho órgano jurisdiccional. De ese modo, correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en Cuernavaca, Morelos, el cual en acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 30 a 35 del expediente de amparo), aceptó la competencia declinada; registró la demanda de amparo con el número 754/2018-IV; la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Yuridia Sánchez Patrón, en representación de los menores Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S.; requirió a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Morelos, para que designara un asesor jurídico que fungiera como representante especial de los menores; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo al titular de la Delegación Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designando al licenciado Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, como asesor jurídico de los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S.; quien en diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 77 del expediente de amparo), aceptó el cargo conferido. Los menores terceros interesados de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S. fueron emplazados a juicio el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 69 a 75 del expediente de amparo); por conducto de su representante Yuridia Sánchez Patrón. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciocho (foja 82 del expediente de amparo), en el Juzgado auxiliado, se apersonó a juicio Yuridia Sánchez Patrón, por propio derecho, como tercera interesada, y en acuerdo de ocho siguiente, se le reconoció tal carácter (foja 84 del expediente de amparo). Finalmente, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de julio de dos mil dieciocho, dio inicio la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que obra a fojas 104 y 105 del expediente de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 106 del expediente de amparo), el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 754/2018-IV, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento al punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 376/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de cuatro de julio de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; puesto que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional que reside en Cuautla, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método se procede a la fijación del acto reclamado, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa el acto reclamado, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: ? La resolución de once de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 364/2017-8-3, que confirmó la interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia Cuautla, en el incidente de reclamación promovido en contra de la medida provisional de alimentos decretada dentro del expediente 193/2016-3. Acto reclamado de la siguiente autoridad: 1. Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por conducto de su presidente (foja 79 del expediente de amparo), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. En consecuencia, debe tenerse por cierto el aludido acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que remitió la autoridad responsable, son los siguientes: 1. Mediante escrito recibido el doce de abril de dos mil dieciséis, en el Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, compareció Yuridia Sánchez Patrón, por propio derecho, a promover en contra de Efraín González Jr. Castro, la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J.S. y el pago de pensión alimenticia, entre otras prestaciones (fojas 3 a 24 del tomo I de pruebas). 2. El doce de abril de dos mil dieciséis (fojas 104 a 106 del tomo I de pruebas), la juez origen admitió a trámite la demanda presentada, la cual registró con el número 193/2016-3; dio intervención al agente del ministerio público de su adscripción; ordenó el emplazamiento del demandado, requiriéndole para que en el plazo de diez días, diera contestación a la demanda entablada en su contra; decretó la guarda y custodia provisional de los menores a favor de la promovente, por lo que ordenó su presentación al Juzgado de origen, para que fueran escuchados; ello, de acuerdo al protocolo de actuación de menores; asimismo, decretó una pensión alimenticia a cargo del demandado a favor de los menores, por la cantidad de cuatro mil pesos mensuales, pagaderos por adelantado. 3. En contra de la medida provisional de alimentos decretada en el acuerdo referido en el párrafo anterior, el demandado Efraín González Jr. Castro, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de reclamación (fojas 2 a 9 del tomo IV de pruebas). 4. El siete de agosto de dos mil diecisiete (foja 26 del tomo IV de pruebas), se admitió a trámite el incidente de reclamación interpuesto por el actor incidentista -Efraín González Jr. Castro-, con suspensión del procedimiento; por lo que se ordenó dar vista a la contraparte -Yuridia Sánchez Patrón-, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 5. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (foja 44 del tomo IV de pruebas), se tuvo a la contraparte dando contestación al recurso de reclamación que se interpuso, así como ofreciendo las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana. 6. Mediante resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 56 a 64 del tomo IV de pruebas), se declaró improcedente el incidente de reclamación, consecuentemente, se confirmó la medida provisional de alimentos decretada a favor de los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S. 7. Inconforme con la resolución anterior, el actor incidentista interpuso recurso de apelación (fojas 71 y 72 del tomo IV de pruebas); posteriormente, en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 73 del tomo IV de pruebas), se admitió el referido recurso bajo el efecto devolutivo y se ordenó remitir al superior jerárquico copia de la resolución apelada con la razón de su notificación, entre otras cosas. 8. El nueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 4 del tomo III de pruebas), la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, registró el testimonio de la juez de origen, con el número de toca 364/2017-8; y el diecisiete siguiente (foja 22 del tomo III de pruebas), se avocó al conocimiento y substanciación del recurso de apelación, el cual calificó de procedente en efecto devolutivo; asimismo, tuvo al actor incidentista presentado su escrito de agravios, entre otras cuestiones. 9. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 32 a 36 del tomo III de pruebas), la Sala responsable resolvió desechar de plano el recurso de apelación interpuesto, al considerar que resultaba ser extemporáneo. 10. En contra de la resolución anterior, el actor incidentista presentó demanda de amparo indirecto (fojas 5 a 18 del tomo V de pruebas), de la cual correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Estado de Morelos, quien mediante sentencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 53 a 55 del tomo V de pruebas), concedió el amparo solicitado, para efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, emitiera otra en la que considerara como inhábiles los días del diecinueve al veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho procediera. 11. En cumplimiento a lo anterior, en proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho (foja 64 del tomo V de pruebas), la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de reclamada de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. 12. Posteriormente, el once de abril de dos mil dieciocho (fojas 90 a 107 del tomo III de pruebas), dictó una nueva, en la que confirmó la interlocutoria reclamada; resolución que fue notificada el dieciocho del mismo mes y año (foja 110 vuelta del tomo III de pruebas). La resolución dictada el once de abril de dos mil dieciocho, en el toca civil 364/2017-8, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados en parte e inoperantes en otra. Es de precisar que por razón de método, los conceptos de violación se analizarán en distinto orden en el que fueron planteados, sin que ello implique violación alguna al principio de congruencia que rige toda decisión judicial. Es aplicable la jurisprudencia VI.2º.C. J/304 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." I. En los conceptos de violación (fojas 18 y 19 del expediente de amparo), se señala que es claro que la resolución impugnada sobre la medida cautelar agravió al quejoso, toda vez que la propia Corte ha determinado que los jueces tienen la obligación de respetar los principios de equidad, justicia y proporcionalidad; de manera que tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dicho monto en juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos, como lo es en el caso el deudor alimentario por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo, lo cual genera una afectación que no puede resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión definitiva como equivocadamente lo sostiene la responsable; que aunado a lo anterior, debe estimarse que este acto causa perjuicio que al no poder ser enmendados durante el curso del procedimiento, ni en la sentencia definitiva, debe ser considerado de imposible reparación, pues por una parte, la resolución definitiva abordara sobre la procedencia y el monto de los alimentos a partir de su dictado, pero no sobre las pensiones alimenticias provisional cubiertas voluntarias, cuya exigencia descansa en que se decretan para que los acreedores subsistan mientras se tramita el juicio, esto es, que por su naturaleza-uso y consumo, es patente que una vez satisfecho los alimentos provisionales en la forma ordenada, es imposible su recuperación, teniendo aplicación al caso, el siguiente criterio jurisprudencial de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES, AMPARO INDIRECTO PROCEDENTE CONTRA LA FIJACIÓN DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". Conceptos de violación que son infundados. Ello es así, dado que, contrario a lo aducido por el quejoso, la Sala responsable no determinó que la medida cautelar de alimentos no es un acto que afecte los derechos sustantivos del quejoso, que pueda resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fijará el monto de la pensión definitiva. En efecto, la Sala responsable con relación a ese tema, refirió: 1. Los alimentos provisionales, al tratarse de una medida precautoria, la urgencia y necesidad de aquellos no requieren prueba plena. Si bien, en el artículo 260 del Código Procesal Familiar del Estado, entre otras cuestiones, prevé que, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, el juez, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, la posibilidad del que debe darlos. 2. Es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que, el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos. Ello en virtud de que se trata de una medida provisional y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia. 3. De ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. 4. Por tanto, es el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. De lo anterior se desprende, que con relación a lo que aduce el quejosa, la Sala no refirió en la resolución que aquí se estudia, que la media provisional de alimentos no es un acto que haya afectado los derechos sustantivos del quejoso, el cual pueda subsanarse posteriormente, con el dictado de la sentencia que fijará el monto de la pensión definitiva. En ese sentido, resultan infundados los conceptos de violación analizados. II. También, refirió el quejoso en sus conceptos de violación (fojas 20, 21 y 22 del expediente de amparo), que en cuanto hace a los razonamientos hechos por los magistrados responsables, en el sentido de que para poder decretarse una medida provisional de alimentos, no necesariamente se requiere de una prueba fehaciente respecto de la posibilidad económica del deudor alimentario como incorrectamente lo sostiene el recurrente; que dicho argumento resulta ser falaz para que se conceda la protección y justicia federal, pues es indudable que el mencionado numeral 260 del Código Procesal Familiar en vigor, refiere los requisitos para solicitar alimentos. Que para pedir que se decreten provisionalmente alimentos deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida; que ésta última se acreditará preferentemente, solo con lo expuesto en la demanda, pues si el legislador hubiera querido referirse a que no era necesario acreditar la posibilidad de quien deba darlos así lo habría expresado, ello en atención al principio general de derecho que establece que en donde el legislador no distingue no cabe hacer distinción, pues en su numeral 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, el legislador estableció los requisitos que deben tomarse de base y que los juzgadores se encuentran obligados a observar para decretar una pensión alimenticia, la cual deberá de ser acorde a las necesidades de los acreedores y a la posibilidad del que esté obligado para ello; es decir, que al no existir una prueba fehaciente respecto de la posibilidad económica del deudor alimentario, esto lo pone en completo estado de indefensión ya que si no tuviera posibilidad de cubrir la pensión alimenticia no tendría el caso de decretarse esta, ya que únicamente se incumpliría y lo llevaría a perder o suspender la patria potestad de los menores, situación que no solo afecta los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también se afectarían los derechos humanos de los menores, por lo que la resolución que se impugna es contraria a derecho, por lo que solicita el amparo y justicia de la Unión. Que comerciante es la persona que comercia (es decir, que se dedica a negociar comprando y vendiendo mercaderías). Que el término se utiliza para nombrar a quien es propietario de un comercio o quien se desempeña laboralmente en un comercio. Entonces, señala, que la definición de dicha palabra en ningún momento se define como una persona que tenga ese tipo de actividad genera ingresos altos o superiores, por lo que resulta incorrecta la apreciación hecha por la responsable, ya que no existe ningún parámetro para determinar que el quejoso tenga un ingreso superior al decretado a favor de sus menores hijos, ni mucho menos una prueba que justifique que tenga posibilidad de cubrir una pensión alimenticia tan excesiva, ya que el juez debe evaluar la pertinencia de que subsiste a la luz del principio de proporcionalidad, ya que no solo implica realizar un balance entre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor, sino que también implica verificar que el deber no resulte desproporcionado. En ese sentido, al no haberse satisfecho los requisitos para solicitar alimentos es susceptible de volverse inconstitucional por ser excesiva e injustificada para el deudor alimentario, tal y como se encuentra previsto por el artículo 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; que con esa base, el juzgador puede dejar sin efectos una obligación alimentaria que, a su juicio, se ha vuelto excesiva e injustificada, ya que la señora Yuridia Sánchez Patrón, para pedir que se decretaran provisionalmente los alimentos, debió acreditar la posibilidad de quien debe darlos. Tales conceptos de violación son infundados. Como cuestión previa debe precisarse que las providencias precautorias y las medidas cautelares son herramientas que la ley prevé para que el titular de un derecho subjetivo proteja de manera oportuna y efectiva sus posibilidades de ejercicio cuando carece de un título ejecutivo que le permita obtener su inmediata ejecución judicial. Permiten mantener una situación de hecho o de derecho existente, o garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Éstas siempre tienen un carácter provisional y se sujetan a lo que se resuelva en la sentencia definitiva que pone fin al juicio, en casos excepcionales pueden dar lugar a un juicio autónomo, pero siempre conservando su provisionalidad. Las medidas cautelares pueden reclamarse antes del inicio del juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante su tramitación y los presupuestos básicos para su otorgamiento son que la persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda. Pueden decretarse a instancia de parte o de oficio, con el fin de mantener la materia del litigio y evitar así el grave daño a las partes o a la sociedad que podría representar el seguimiento del proceso sin ellas. Su determinación judicial no constituye un acto privativo, porque sus efectos provisionales quedan sujetos al resultado del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes. Por ello se decretan sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa. Ello no impide que el afectado pueda impugnar posteriormente la medida -lo cual no exceptúa, de todos modos, la ejecución de la providencia-. Las medidas cautelares y las providencias precautorias son de naturaleza accesoria y sumaria: no constituyen un fin en sí mismas, se tramitan en plazos breves y su objeto es suplir interinamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previendo los peligros propios de la dilación. Ahora bien, los artículos 434, 260 y 261 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 434.- MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE CARÁCTER PERSONAL. Al admitir la demanda de divorcio, el Juez, de oficio, dictará las medidas provisionales urgentes, que serán obligatorias mientras dure el juicio. El señalamiento y aseguramiento de alimentos para el cónyuge acreedor y los hijos, no podrá demorarse por el hecho de no tener el Juez datos para hacer la fijación del monto de la pensión, sino que se decretará de oficio o tan pronto como se pida. La cuantía de la pensión puede ser modificada durante el juicio cuando cambien las circunstancias o el Juez tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges. A petición del Ministerio Público; de los abuelos, tíos o hermanos mayores de los consortes, el Juez, en cualquier tiempo durante el juicio, puede dictar las providencias que se consideren benéficas para los hijos menores". "ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Si se piden como medida provisional en un juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos". "ARTÍCULO 261.- FIJACIÓN DEL MONTO DE LOS ALIMENTOS. Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el Juez determinará la suma a que deben ascender los alimentos, mandando abonarlos por quincenas o semanas anticipadas. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgar caución". Los citados numerales disponen que al admitir la demanda de divorcio, el Juez, de oficio, dictará las medidas provisionales urgentes, que serán obligatorias mientras dure el juicio; que el señalamiento y aseguramiento de alimentos para el cónyuge acreedor y los hijos, no podrá demorarse por el hecho de no tener el Juez datos para hacer la fijación del monto de la pensión, sino que se decretará de oficio o tan pronto como se pida. Que la cuantía de la pensión puede ser modificada durante el juicio cuando cambien las circunstancias o el Juez tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges. Asimismo, establecen que para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, y una vez rendida la justificación anterior, se determinará la suma a que deben ascender los alimentos, mandando abonarlos por quincenas o semanas anticipadas; y que dicha providencia se ejecutará sin necesidad de otorgar caución. En ese sentido, no asiste razón al quejoso cuando refiere que para poder decretarse una medida provisional de alimentos se requiere una prueba fehaciente respecto de la posibilidad económica o ingresos económicos del deudor alimentista, y que por tanto, resulta incorrecta la apreciación hecha por la Sala responsable, puesto que no existe ningún parámetro para determinar que tenga un ingreso superior al decretado en favor de los menores, o una prueba que justifique que tenga la posibilidad de cubrir la pensión alimenticia que se le impuso. Ello es así, pues como bien lo refirió la Sala responsable, en virtud de la naturaleza de la medida provisional de alimentos, exigir una prueba plena, de carácter indubitable, resultaría ilegal porque dejaría de tener justificación el juicio que se lleva para debatir sobre el derecho, necesidad de percibiros y capacidad para pagar los alimentos en definitiva, de acuerdo a lo que sostiene el artículo 434 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; puesto que es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados, se colige con facilidad, que la resolución en la que se determina el pago de los alimentos provisionales, puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida; sin que se haga referencia a que deba acreditarse fehacientemente la capacidad económica del deudor alimentista o sus ingresos económicos. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que expone tesis III.1º.C.184 C (9ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto, siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario" Así como la diversa tesis XVI.2º.C.35 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, de rubro y texto, siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA SENTENCIA DE FONDO NO COMPRENDE LO RELATIVO A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). La orden de ministrar alimentos puede ser provisional o definitiva, ambas se resuelven en etapas procedimentales distintas, y tienen una naturaleza jurídica también distinta: la primera se determina sin audiencia del deudor y es de naturaleza cautelar; mientras que la segunda constituye la acción principal ejercitada y se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador decide la controversia. Así, los alimentos provisionales son regulados en los artículos 378 del Código Civil y, 401 y 402 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Guanajuato, se otorgan de manera inmediata, con la sola presentación de la demanda y previa justificación del derecho de los demandantes, precisamente por ser una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es asegurar la subsistencia de quien los demanda mientras se dicta en definitiva lo concerniente a la acción de ministrarlos; por tanto, no es materia de determinación en la resolución que dé por finiquitada la controversia civil, sino que la etapa procesal en la que se acuerda la procedencia de los alimentos provisionales es previa al dictado de la resolución que dé conclusión a la contienda civil, máxime que de no cumplir el deudor alimentario con la medida, el beneficiado puede solicitar del Juez el cumplimiento forzoso, incluido el aseguramiento de bienes del deudor. Del mismo modo, resulta aplicable por razones que expone la tesis I.3º.C.553 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto, siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. HIPÓTESIS EN QUE EL MONTO DE LA PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA DEBE SER EL MISMO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las partes deben asumir la carga de la prueba de sus pretensiones, es decir, el actor debe probar los hechos en que apoya su acción y el demandado en los que hace descansar sus excepciones y defensas. Esa carga de la prueba opera con matices en las controversias del orden familiar relativas a alimentos, porque cuando se demanda el pago de una pensión alimenticia, por disposición legal el Juez está obligado a fijar desde el inicio una pensión provisional y en el momento procesal oportuno resolver sobre la definitiva. Para proveer sobre la primera debe atender a los elementos que le proporciona la actora en la demanda y a los principios que prevé el artículo 311 del Código Civil, consistentes en que los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor. Al resolver respecto de la pensión definitiva evidentemente ya se ponderan tanto los principios antes descritos conforme a las pruebas que hayan rendido las partes. De acuerdo con el panorama anterior, atendiendo a las reglas de la carga de la prueba antes invocadas, si la accionante no está de acuerdo con el monto de la pensión provisional fijada por el Juez, corresponde a ella aportar elementos de prueba que demuestren la insuficiencia de esos alimentos; pero si es el demandado quien no está conforme, toca a él acreditar lo excesivo de la obligación a su cargo. Sin embargo, en la hipótesis de que actor ni demandado aporten elementos de prueba para que pueda variar el monto de la pensión provisional, para que en su caso se modifique la definitiva, es claro que existe un consentimiento de ambas partes, para que se conserve la primera, y no existe obstáculo legal alguno para que la definitiva sea en el mismo monto de la provisional, máxime que en términos del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles ese monto puede modificarse posteriormente. De ahí que resulten infundados los conceptos de violación. III. En otro sentido, en los conceptos de violación (foja 18 del expediente de amparo), se refiere, que la resolución impugnada sobre la medida provisional dictada en contra del quejoso, resulta ser infundada, que atenta en contra de sus derechos humanos y que es ilegal, ya que al emitirse prejuzga sobre la capacidad y posibilidad económica del quejoso; que la Carta Magna establece los requisitos indispensables que la autoridad judicial debe de observar para privar de los derechos humanos al quejoso en el artículo 14 constitucional. Que la autoridad responsable violó en contra del quejoso el derecho humano consagrado en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que constituye el derecho de legalidad y certeza jurídica al que deben someterse todas las actuaciones judiciales, el cual fue violado, ya que la autoridad prejuzga sobre la capacidad y posibilidad económica del quejoso. Asimismo, en la última parte de sus conceptos de violación (fojas 22 y 23 del expediente de amparo), señala el quejoso, que se infiere lógica y válidamente que el acto de autoridad que se reclama mediante este juicio constitucional, es decir, la resolución de once de abril de dos mil dieciocho, cuyo contenido viola en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 de la Constitución, por lo que se evidencia que es una interpretación incorrecta e ilegal, a contrario sentido, el quejoso en el contenido del escrito de agravios ante la responsable, manifiesta las razones lógicas jurídicas del porque debe modificarse la suspensión alimenticia a cargo del quejoso y a favor de sus menores hijos, no obstante ello fue negada la petición. Así las cosas, refiere, la responsable conculca flagrantemente las garantías que tutela el artículo 17 de la carta magna, en contra del quejoso, toda vez que al privarlo de su derecho que tienen todas la personas a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; así como las garantías tuteladas en el artículo 14 constitucional, al fundamentar la resolución en hechos infundados y que se deberá dictar una nueva en su lugar pero en esta ocasión, respetando los derechos humanos del quejoso, siendo de manera parcial (sic) e igualitaria, por lo que es procedente que se conceda el amparo y protección de la justicia federal solicitado a efecto de que la responsable restituya en el goce de las garantías constitucionales que fueron violadas en su perjuicio, debiéndose modificar la sentencia citada y dejar sin efectos la sentencia que constituye el acto reclamado del presente juicio y en su lugar dicte otro donde se declare la disminución de la pensión alimenticia a cargo del quejoso y se deje sin efectos la sentencia de once de abril de dos mil dieciocho. Que el artículo 16 constitucional consagra a favor de todo gobernado la garantía de legalidad, merced a la cual todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados basados en la ley aplicable al cada caso, a fin de mantener el estado de Derecho. Que en el caso, se viola en perjuicio de quejoso la mencionada garantía, ya que lejos de ajustar los actos de autoridad a los lineamientos legales, como lo ordena el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, aunado a que efectivamente, el artículo 16 constitucional, exige que todos los actos de autoridad estén apegados a la ley, en entendido de que la garantía inscrita en ese numeral, no debe ser deducida en cuanto a que opera solamente para orillar (sic) a las autoridades a fijar los artículos en que se basa la autoridad para dar nacimiento a sus actos, sino que las autoridades van a emitir los actos que ley contempla como aquellos que pueden expedir, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones que las leyes establezcan. De ahí deviene que los actos estén debidamente fundados y motivados. Y cuando un acto de autoridad se ha emitido sin que la autoridad se apegue a los lineamientos legales correspondientes, ese es acto nulo por ser inconstitucional, al violentar la garantía de legalidad. Los conceptos de violación son inoperantes. Ello, en razón de que no controvierten las consideraciones medulares de la Sala responsable, por las que declaró inoperantes los agravios que planteó en el recurso de apelación el aquí quejoso y resolvió confirmar la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, recurrida; consistentes en: 1. Que en nada le favorece al apelante el argumento que hizo en el sentido de que el a quo no tomó en consideración lo manifestado en su demanda incidental, con relación a que es comerciante y que obtiene un ingreso de manera esporádica y de forma variable; puesto que, con ello, queda acreditado que el demandado en lo principal tiene capacidad económica para cumplir con la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante la sentencia impugnada, toda vez, que claramente refiere que es comerciante (por la compra-venta de vehículos); lo que permite colegir que el actor incidentista y demandado en lo principal cuenta con una ocupación que le genera ingresos económicos. 2. Que aunado a lo anterior, obra en autos la documental pública consistente en copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por Efraín González Jr. Castro (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro; documento en el cual se aprecia que Efraín González Jr. Castro al expresar sus datos generales manifestó de manera libre y espontánea, ser comerciante, lo que resulta indiscutible que al ser comerciante dicha ocupación le genera ingresos, tal y como lo refirió la juez de mérito; que por tanto, esa Alzada estima que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciocho. 3. Que considera que el simple hecho de que la demandada incidentista y actora en lo principal haya manifestado que Efraín González Jr. Castro, se encuentra desempleado y que sobrevive de los recursos que le son proporcionados por sus familiares, no constituye un hecho notorio, porque, tales circunstancias (de que el demandado se encuentra desempleado y que sobrevive de los recursos que le dan sus familiares) son supuestos fácticos que al menos indiciariamente deben de ser probados. 4. Que tratándose de la reclamación de la providencia de alimentos provisionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 234 del Código Procesal Familiar en vigor, es el deudor alimentario quien tiene la carga de probar que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo a lo previsto por la Ley de la materia, sin embargo, que tal y como lo argumentó la juez de los autos, en el juicio de origen, el actor incidentista no ofertó material probatorio para acreditar dichas circunstancias, pues, reiteró, las partes tienen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones sin que pueda privárseles de dicha carga ni del perjuicio que implica tal omisión. 5. Que si bien es cierto el precepto legal 170 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado, establece que el juzgador tendrá amplias facultades para la determinación de la verdad material, por lo cual puede ordenar el desahogo de cualquier prueba aún y cuando las partes no las hayan ofrecido durante el procedimiento; también lo es que, dicha facultad no se extiende al grado de suplir a las partes contendientes en el ofrecimiento de las pruebas para acreditar sus pretensiones, puesto que, constituye una carga procesal solo de ellas, tal y como expresamente lo estableció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia, siguiente: "PRUEBAS EN LOS JUICIOS DE LO FAMILIAR. SU OFRECIMIENTO CORRESPONDE A LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el artículo 1105 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, establece que: "El Juez tendrá, en los procedimientos a que se refiere este libro, amplias facultades para investigar la verdad real y podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes.", también lo es que la facultad que dicha disposición concede a los Jueces no se extiende al grado de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues constituye una carga procesal sólo de ellas". 6. Que máxime, que obra en autos la documental pública consistente en: copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por Efraín González Jr. Castro, (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro; documento en el cual se aprecia que al expresar sus datos generales manifestó de manera libre y espontánea, ser comerciante; lo que resulta indiscutible, que al ser comerciante dicha ocupación le genera ingresos, tal y como lo refirió la juez de origen; que por tanto, estima que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre dos mil dieciocho; y que si bien, la demandada incidentista refirió que el demandado en lo principal era desempleado y mantenido por sus familiares, que tales argumentos deben interpretarse en el sentido de que el demandado en lo principal ha incumplido con su obligación de dar alimentos, lo que motivó a demandarle el juicio que se ventila y no así, pretender que el deudor alimentario se encuentra imposibilitado para otorgarles a sus menores hijos los recursos alimentarios. 7. Que por lo que hace a su argumento encaminado a que la actora en lo principal no justificó la capacidad y posibilidad económica del deudor alimentario, al no obrar dentro del expediente prueba plena que acredite que el demandado en lo principal pueda cubrir la medida provisional por la cantidad de cuatro mil pesos, que dicha medida debió atender a las necesidades de los acreedores y sobre todo también a las propias necesidades de quien deba darlos; que en primer término, se trata de una medida provisional en la que no necesariamente se requiere de una prueba fehaciente respecto de la posibilidad económica del deudor alimentario como lo sostuvo el recurrente. 8. Que aunado a ello, si bien hasta ese momento procesal no existen pruebas plenas que demuestren la capacidad económica del deudor, sin embargo, sí se acredita con la documental publica consistente en copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por Efraín González Jr. Castro, (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro; que la actividad económica que de manera particular desarrolla el deudor alimentario es la relativa al comercio, que de acuerdo a las leyes de la lógica y máximas de la experiencia, la Sala colige que dicha actividad económica le permita sufragar los alimentos que de manera provisional fueron fijados por la juez en autos; lo anterior, sin prejuzgar que durante el curso normal del juicio de origen existan nuevos parámetros que permitan al A Quo modificar los alimentos provisionales a efecto de que se cumplan los lineamientos previstos en el artículo 43 del Código Familiar vigente en el Estado de Morelos. 9. Que los alimentos provisionales, al tratarse de una medida precautoria, la urgencia y necesidad de aquellos no requieren prueba plena. Que si bien, en el artículo 260 del Código Procesal Familiar del Estado, entre otras cuestiones, prevé que, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, el juez, verificará que el demandante acredite la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, la posibilidad del que debe darlos. Que luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que, el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Que así la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y que todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia; que de ahí que, sea ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibiros y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Que por tanto, es el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. Sustentó lo anterior, con la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario". 10. Que asimismo, advierte que ha quedado acreditado que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica derivada de su actividad privada como comerciante, lo que conlleva a deducir, que el deudor alimentario en el juicio de origen se trata de una persona con aptitud física y mental para desarrollar una actividad económica permitiéndole cumplir con sus obligaciones alimentarias. 11. Que aunado con lo anterior, los alimentos son de orden público e interés social y la simple solicitud de suministro de alimentos, lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos y que por ello, dado que el objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos, consiste en proveer el acreedor de lo necesario para su propia subsistencia, entendiéndose por ello el sustento, vestido, habitación, atención médica, educación en caso de los hijos, etcétera, de acuerdo con las necesidades preferentes del acreedor y a las posibilidades de quien los debe proporcionar; que en ese sentido, fue correcto que la juez de mérito haya declarado improcedente el incidente de reclamación promovido por Efraín González Jr. Castro, confirmando así la pensión alimenticia provisional a cargo del demandado en mención y a favor de sus menores hijos. 12. Que la obligación de dar alimentos se deriva del parentesco, y que si bien, la parte actora en lo principal Yuridia Sánchez Patrón, por igual tiene el deber de proporcionarle alimentos a sus menores hijos, de conformidad con lo previsto por el artículo 38 del Código Familiar vigente en el Estado; sin embargo, los menores, de acuerdo a constancias de autos, habitan con su señora madre Yuridia Sánchez Patrón, parte actora en lo principal en el juicio de mérito, por tanto, ello implica que la demandada incidentista y actora en lo principal tenga que contribuir con el pago de alimentos a favor de los infantes en términos del artículo 44 del Código Familiar en vigor, es así que, la pensión alimenticia provisional a cargo de Efraín González Jr. Castro se suma a la proporcionada por la demandada incidentista Yuridia Sánchez Patrón, a fin de satisfacer en lo posible las necesidades de los menores. Consideraciones las anteriores, que el quejoso no combatió a través de un argumento concreto, pues la síntesis de sus conceptos de violación pone de manifiesto su deficiencia, ya que en ello se insiste sobre los mismos tópicos en el sentido de que:  La resolución impugnada prejuzga sobre la capacidad y posibilidad económica del quejoso.  La resolución reclamada es violatoria de los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.  El quejoso, en el escrito de agravios presentado ante la autoridad responsable, manifiesta las razones lógicas jurídicas de porqué debe modificarse la suspensión alimenticia, no obstante ello fue negada tal petición; violándose en su contra el 17 constitucional, al privarlo del derecho que tienen todas la personas a que se le administre justicia por los tribunales.  Se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, ya que la resolución reclamada se emitió lejos de los lineamientos legales, como lo ordena el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Sin embargo, tales argumentos no demuestran la ilegalidad de la resolución reclamada, ni atacan las consideraciones que sirvieron de base a la autoridad para resolver como lo hizo, esto es, no controvierten las aludidas consideraciones expuestas por la Sala responsable, entre otras, las siguientes: ? Que con la manifestación que hizo el quejoso ante el juez responsable -por medio del su demanda incidental-, en el sentido de que es comerciante, queda acreditado que tiene capacidad económica para cumplir con la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante la sentencia impugnada; toda vez que, si es comerciante cuenta con una ocupación que le genera ingresos económicos. ? Que de la documental que obra en autos, consistente en copia certificada del instrumento notarial 22,670 puede apreciarse que Efraín González Jr. Castro es comerciante, pues así lo manifestó al expresar sus generales en dicha documental; de lo que se concluye, de acuerdo a las leyes de la lógica y máximas de la experiencia, que dicha ocupación le genera ingresos, por tanto, estimó que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciocho. ? Que el hecho de que la demandada incidentista y actora en lo principal haya manifestado que Efraín González Jr. Castro, se encuentra desempleado y que sobrevive de los recursos que le son proporcionados por sus familiares, no constituye un hecho notorio, porque, tales circunstancias, son supuestos fácticos que al menos indiciariamente deben de ser probados. ? Que tratándose de la reclamación de la providencia de alimentos provisionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 234 del Código Procesal Familiar en vigor, es el deudor alimentario quien tiene la carga de probar que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo a lo previsto por la Ley de la materia; sin embargo, el actor incidentista no ofertó material probatorio para acreditar dichas circunstancias. ? Que los alimentos provisionales, al tratarse de una medida precautoria, la urgencia y necesidad de aquellos no requieren prueba plena. ? Que es evidente que esas diligencias provisionales tiene como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente; por lo que, el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. ? Que la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos; puesto que se trata de una medida provisional y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia. ? Que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibiros y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. ? Que quedó acreditado que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica derivada de su actividad privada como comerciante, lo cual conlleva a deducir, que el deudor alimentario en el juicio de origen se trata de una persona con aptitud física y mental para desarrollar una actividad económica, permitiéndole cumplir con sus obligaciones alimentarias. ? Que los alimentos son de orden público e interés social y la simple solicitud de suministro de alimentos, lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos y por ello, dado que el objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos, consiste en proveer el acreedor de lo necesario para su propia subsistencia, entendiéndose por esto el sustento, vestido, habitación, atención médica, educación en caso de los hijos, etcétera, de acuerdo con las necesidades preferentes del acreedor y a las posibilidades de quien los debe proporcionar. ? Que la obligación de dar alimentos se deriva del parentesco. Que si la parte actora en lo principal Yuridia Sánchez Patrón, por igual tiene el deber de proporcionarle alimentos a sus menores hijos; lo cierto es que los menores habitan con su madre Yuridia Sánchez Patrón, lo que implica que ésta tiene que contribuir con el pago de alimentos a favor de los infantes; por lo que la pensión alimenticia provisional a cargo de Efraín González Jr. Castro se suma a la proporcionada por Yuridia Sánchez Patrón, a fin de satisfacer en lo posible las necesidades de los menores. Por tanto, al no demostrarse la ilegalidad de los razonamientos expuestos por la Sala responsable en la resolución reclamada, continúan rigiendo el sentido de esta, máxime que no se está en ninguno de los casos que deba suplirse la queja deficiente en favor del peticionario de amparo. En efecto, ante la falta de impugnación concreta de las consideraciones torales del acto reclamado en el aspecto que se analiza, deben quedar intocadas para seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1339 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así como la tesis LXV/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." IV. Por otra parte, el quejoso señala en los conceptos de violación (fojas 19 y 20 del expediente de amparo), que la sentencia que se impugna, resulta ser contraria a derecho, ya que si bien que en la copia certificada de la escrita pública 22,670 que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por el quejoso en favor de Luis Miguel Gonzáles Castro, se puede apreciar que el promovente expresó de manera libre y espontánea, ser comerciante, no menos cierto es que la citada documental fue valorada de manera incorrecta, ya que en ninguna de sus partes se desprende que el quejoso cuente con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos; ello es así, sostiene, porque no existe ningún dato por el cual se pueda apreciar a simple lectura que los ingresos obtenidos por su actividad sean superiores a la cantidad decretada a favor de sus menores hijos; ya que las medidas provisionales para ser decretadas deben atender a lo siguiente: 1.- deberá acreditarse el título a cuya virtud se pide, 2.- la posibilidad de quien deba darlos, 3.- la urgencia de la medida; la razón por la cual estima que el juzgador fue omiso en verificar la totalidad de los requisitos para decretar una pensión alimenticia, pues no solo se debe fijar una pensión alimenticia para que sean cubiertos a sus menores hijos para su subsistencia, sino que también tiene la obligación de verificar que el obligado tenga los medios para cubrirlos, ya que de lo contrario se vulneran los derechos humanos del deudor alimentario, porque si no cuenta con los medios necesarios para cumplir con dicha obligación de nada serviría la imposición de dicha obligación y lo llevaría a incumplirla, repercutiendo en su esfera jurídica, no solo a encontrarse como deudor moroso alimentista, sino también lo pone en alguna de las causales para que le sea suspendida la patria potestad de sus menores hijos. Conceptos de violación que son inoperantes. Efectivamente, la inoperancia de los conceptos de violación radica en que están dirigidos a combatir tanto el auto de doce de abril de dos mil dieciséis (fojas 104 a 106 del tomo I de pruebas), en el que decretó una pensión alimenticia a cargo del demandado y a favor de los menores, por la cantidad de cuatro mil pesos mensuales, pagaderos por adelantado; como la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 56 a 64 del tomo IV de pruebas), en la que se declaró improcedente el incidente de reclamación promovido por actor incidentista y se confirmó la medida provisional de alimentos decretada a favor de los menores de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J. S. Se sostiene lo anterior, pues a más de que el quejoso refirió que el juzgador fue omiso en verificar la totalidad de los requisitos para decretar una pensión alimenticia; fue en la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se valoró la copia certificada de la escrita pública 22,670 que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por el quejoso en favor de Luis Miguel Gonzáles Castro; no en la resolución reclamada, pues en relación a esa documental solo se dijo lo siguiente: "Aunado con lo anterior, obra en autos la documental pública consistente en: copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro, documento en el cual se aprecia que EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO al expresar sus datos generales manifestó de manera libre y espontánea, ser comerciante, lo que resulta indiscutible para quienes resuelven, que al ser comerciante dicha ocupación le genera ingresos, tal y como acertadamente lo refirió la Juez de mérito, por tanto, esta Alzada estima que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciocho." [.] "Máxime que, como previamente se ha hecho mención, obra en autos la documental pública consistente en: copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro, documento en el cual claramente se puede apreciar que EFRAÍN GONZÁLEZ JR. CASTRO al expresar sus datos generales manifestó de manera libre y espontánea, ser comerciante; lo que es indiscutible para quienes resuelven, que al ser comerciante dicha ocupación le genera ingresos, tal y como lo refirió la Juez de mérito; por tanto, esta Alzada estima que el demandado en lo principal cuenta con capacidad económica para dar debido cumplimiento a la medida provisional de alimentos a que fue condenado mediante interlocutoria de ocho de septiembre dos mil dieciocho; [.]". [.] "Aunado a esto, si bien, hasta este momento procesal no existen pruebas plenas que demuestren la capacidad económica del deudor, sin embargo, si se acredita con la documental publica consistente en: copia certificada del instrumento notarial 22,670 (valorada correctamente por la A Quo) que contiene el poder y mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado por Efraín González Jr. Castro, (demandado en lo principal) en favor de Luis González Castro; que la actividad económica que de manera particular desarrolla el deudor alimentario es la relativa al comercio, que de acuerdo a las leyes de la lógica y máximas de la experiencia este Cuerpo Colegiado colige que dicha actividad económica le permita sufragar los alimentos que de manera provisional fueron fijados por la Juez de los autos[.]". Por lo tanto, resultan inoperantes los referidos conceptos de violación. A lo anterior resulta aplicable, en lo conducente, la tesis aislada 1ª. CXXIII/2006 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del Juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido." Así como, la jurisprudencia 166 , emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el Tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." En esas condiciones, al resultar infundados en parte e inoperantes en otra los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo. Por último, en lo que atañe a los alegatos formulados por el asesor jurídico de los menores terceros interesados de iniciales Z.G.S., J.M.G.S. y C.G.J.S. (fojas 89 90 del expediente de amparo), no es dable que sean tomados en cuenta, toda vez que la presente controversia se conforma con lo expresado en la demanda, en su aclaración o ampliación, en su caso, con el acto reclamado y los informes justificados, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; de ahí que los alegatos no forman parte de la litis. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo". SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La justicia federal no ampara ni protege a Efraín González Jr. Castro, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de la secretaria Ana Laura Belén Jante Vallejo, que firma y da fe, hoy veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la ampliación de su demanda. Luego, el acto reclamado en la presente contienda constitucional es la resolución dictada el once de abril de dos mil dieciocho en el toca civil 364/2017-8-3, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, concerniente al incidente de reclamación interpuesto en el expediente 193/2016-3, relativo a la controversia del orden familiar sobre pérdida de la patria potestad promovido por Yuridia Sánchez Patrón, en representación de los menores Zaira González Sánchez, Janet Melissa González Sánchez y Cristopher González Jr. Sánchez, por la cual, se decretó al demandado (parte quejosa) el pago de una medida provisional de alimentos a favor de los menores, por un monto de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. Ahora, el quejoso amplía su demanda, señalando como nuevo acto reclamado el auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho emitido en el expediente 193/2016-3 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, por lo que ordena turnar los autos para dictar sentencia definitiva del citado expediente. En ese contexto, se deduce que el nuevo acto reclamado que pretende combatir la impetrante, no guarda estrecha relación con el acto reclamado originario del presente asunto, ya que si bien, el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho emitido en el expediente 193/2016-3 que ordena turnar los autos a proyecto de resolución, únicamente se relaciona con la resolución combatida en este asunto, toda vez que ambos derivan del expediente de marras; sin embargo, no se relaciona con la constitucionalidad de la resolución reclamada; a virtud de que dichas determinaciones judiciales se ubican en etapas procesales distintas, por lo que esta instancia de amparo no puede estudiar la legalidad del auto que intenta señalar como nuevo acto. En mérito de lo antedicho, se desecha de plano la ampliación de la demanda, de conformidad en los artículos 111 y 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que autoriza y da fe.

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