Efraín Gerardo Martínez Sánchez
Expediente 1602/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1602/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Efraín Gerardo Martínez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1602/2019-VI y, Mediante escrito de demanda EFRAÍN GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FERNANDO MENDOZA CERNAS, GUSTAVO JORGE MEDINA GALVÁN, EFRÉN MILLAMIL DEMESA y ROCIÓ AYALA CORTES, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de quien reclaman el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por el cual la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó la competencia que le fue declinada a su favor. II.- CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado (foja 30), pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe previo. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1602/2019-VI, se desprende que la parte quejosa ofreció las siguientes pruebas documentales: Auto de admisión con prevención de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 01/410/19-IV, del Índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 29/40/19, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Constancias a las que se les concede valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º, con las que se corrobora la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable de acuerdo a lo manifestado en su informe previo. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, ha de precisarse en primer lugar que de lo dispuesto por los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo, se advierte que de ser procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, ésta ha de concederse de modo tal que no impida la continuación del procedimiento. Igualmente, no pasa inadvertido a este Juzgador Federal que el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando sobre el particular que la continuación del procedimiento es de orden público. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esa Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Es aplicable la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, libro 58, septiembre de dos mil dieciocho, de la Décima Época, visible en la página 1940, cuyo rubro es "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN FINAL EMITIDA EN UN JUICIO DE CARÁCTER MERCANTIL, QUE CONDENA AL PAGO DE CANTIDAD ILÍQUIDA. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE SU PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.". De igual forma apoya la consideración anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 83/2003, del rubro "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVIII, Diciembre de 2003 de la Novena Época, visible en la página 6. Sentado lo anterior, con apoyo en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva del acto reclamado por lo siguiente: Toda vez que la parte quejosa refiriere que el acto reclamado emana de un procedimiento laboral, la suspensión no puede tener por efecto paralizar el procedimiento, pues esto contravendría disposiciones de orden público, ya que la sociedad tiene interés en que los procedimientos seguidos en forma de juicio ante las autoridades competentes prosigan hasta su conclusión, por tanto, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para que se continúe con el trámite del juicio laboral 01/410/19-IV del índice de la Junta responsable, pero se abstenga de emitir el laudo correspondiente. Los efectos de la suspensión definitiva deben prevalecer hasta en tanto se cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal de amparo del que emana la presente incidencia. Comuníquese a la autoridad responsable que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. SALVEDADES. La suspensión no surtirá efectos si el acto reclamado ya fue ejecutado, pues se estaría en presencia de un acto consumado, respecto del cual sería improcedente la suspensión. Se precisa que la presente medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado emana del cumplimiento de una sentencia de amparo o si fue emitida por diversas autoridades de las señaladas como responsables. FIJACIÓN DE GARANTÍA. Sin que por el momento se reúnan las condiciones para fijar garantía para que dicha suspensión surta efectos en términos del artículo 132 de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por EFRAÍN GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FERNANDO MENDOZA CERNAS, GUSTAVO JORGE MEDINA GALVÁN, EFRÉN MILLAMIL DEMESA y ROCIÓ AYALA CORTES, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6233/2019, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.CAG.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convenga, con fundamento en los artículos 138, fracción III y 140, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual la autoridad responsable, rinde su informe previo; con ello dese cuenta en la audiencia incidental. Asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por EFRAÍN GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FERNANDO MENDOZA CERNAS, GUSTAVO JORGE MEDINA GALVÁN, EFRÉN MILLAMIL DEMESA y ROCIÓ AYALA CORTES, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número de orden que lo corresponde 1602/2019-VI. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, como lo solicitan los promoventes, se tiene a EFRAÍN GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ como representante común de los quejosos. DESECHAMIENTO PARCIAL. Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al juzgador de amparo a examinar la demanda constitucional integralmente, y a desecharla, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en el caso particular, por cuanto hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 29/40/19, por virtud del cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, declinó competencia en favor de la Junta Especial en Turno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (.)." Primeramente, es menester precisar que los problemas de competencia implican necesariamente dos resoluciones emitidas por diferentes autoridades, de las cuales sólo una debe analizarse en cuanto a su legalidad, dado que esta podría, en todo caso, causar una afectación de derechos sustantivos. Así, se tiene que la primera resolución es aquella emitida por un órgano jurisdiccional que declina el ejercicio de su potestad para conocer y resolver un juicio, mientras que la segunda, es la de otro que acepta la competencia para sustanciar y decidir la controversia planteada. En ese sentido, esta última determinación es la que, en todo caso, podría ocasionar una afectación real y directa a la esfera jurídica de la quejosa y, por tanto, es susceptible de analizarse en cuanto a su legalidad. Lo anterior se estima así, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si bien el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, preveía la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinaban inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto era que no podía entenderse en su literalidad, ya que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produjera una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurriría una vez que el órgano a favor del que se declinaba la aceptara (incompetencia por declinatoria); o bien, cuando accediera a inhibirse del conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y una afectación personal y directa al agraviado. Así, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que mediante auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, resolvió declinar competencia en favor de la Junta Especial en Turno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Asimismo, indica que fue a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a quien correspondió conocer del asunto en cuestión, misma que por auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, aceptó la competencia planteada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, el acto reclamado tal y como se precisó no es definitivo, pues está sometido a la determinación que en su momento fue emitida por la autoridad jurisdiccional a la cual se le planteó la competencia para conocer del juicio natural, ya que no altera las cuestiones que dieron origen a la controversia, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto del mismo, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa, pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 17/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de dos mil quince, página cinco, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha parcialmente la demanda de que se trata por cuanto al acto atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. ADMISIÓN DE DEMANDA. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo únicamente por cuanto al acto atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Luego, considerando que de la demanda de amparo así como de las constancias que a ella se adjuntan, se advierte que la contraparte de la aquí quejosa, lo es el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, sin embargo, este no se encuentra emplazado en el juicio de origen, por lo que no le asiste el carácter de tercero interesado en esta contienda constitucional; sin embargo, de advertirse lo contrario al momento de la llegada del informe justificado, se acordará lo conducente. Tiene aplicación por analogía el criterio jurisprudencial 2a./J. 67/2009, con registro 167160, Novena Época, Segunda Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, cuyo rubro es "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003)". PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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