Efraín Alcaraz Rodríguez

Expediente 1091/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1091/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Efraín Alcaraz Rodríguez
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán
  • H. Ayuntamiento Constitucional de Tacámbaro, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de once de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de diez de marzo de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que haya hecho manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia emitida en autos, se otorgó a la parte quejosa la protección federal, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: a) Deje sin efectos la parte del auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve emitido en el expediente 402/2019, por el cual se desechó parcialmente la demanda promovida por el quejoso, identificada con el punto IV; y, b) En su lugar, en el mismo punto IV de ese acuerdo, deseche la demanda por lo que hace a los accionados que el quejoso señaló como "quien resulte ser el patrón del trabajador actor" y/o "quienes resulten ser responsables de la relación laboral del trabajador actor"; c) En el mismo punto IV de ese acuerdo, purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta consideración, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la admisión de la demanda por lo que hace a los demandados Municipio de Tacámbaro, Michoacán; Instituto de la Vivienda del Municipio de Tacámbaro, Michoacán; Instituto Mexicano del Seguro Social; e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; d) En el supuesto que determine la admisión de la demanda por lo que corresponda a cualquiera de esos demandados, ordene su emplazamiento y de inmediato, cite a la audiencia de conciliación por lo que a ellos corresponde, en los términos y acatando los plazos establecidos en el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios; y, e) En el caso que al purgar los vicios de motivación anotados, sostenga que la demanda es improcedente por lo que se refiere a esos cuatro demandados, continúe con el procedimiento con la única demandada Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán y señale fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en términos de los artículos 103 y 104 de la citada ley burocrática." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Mediante oficio enviado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, recibido ante la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de febrero de la presente anualidad, remitió copia certificada del proveído de veintiuno del referido mes y año, en el que dejó sin efectos el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve; y, 2. En la misma fecha, admitió a trámite la demanda promovida por la parte aquí quejosa en contra de ordenando notificar y emplazar a las partes demandadas Municipio de Tacámbaro, Michoacán, Instituto de la Vivienda del Municipio de Tacámbaro, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, fijando fecha y hora para la audiencia conciliación. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho humano vulnerado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada , secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1091/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó al juicio la parte quejosa y el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que sólo la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, los formuló. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos de la citada representación social y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve (foja 2), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Efraín Alcaraz Rodríguez, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. En auto de nueve de octubre de este año (foja 9), este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, tuvo por recibida la demanda, ordenó su registro con el número 1091/2019 y formuló prevención para que el promovente del amparo acreditara la personería que ostentó en la demanda; satisfecha dicha omisión, en proveído de veintiuno de octubre siguiente (foja 20), la admitió a trámite, solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables y otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido por sus cauces legales, el veintiocho de noviembre de este año (foja 61) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados son atribuidos a autoridades jurisdiccionales con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados consisten en: El auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve emitido en el expediente 402/2019, por el cual se desechó parcialmente la demanda promovida por el quejoso; La omisión de llevar cabo dentro del referido expediente la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, prevista en los artículos 99, 103 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios; y, La omisión de emplazar a la parte demanda Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán. Actos que se atribuyó a las autoridades siguientes: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y, Actuario adscrito a dicho tribunal. Ambos con residencia en esta ciudad. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se atribuye al Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, precisado en el inciso c), consistente en la omisión de emplazar a la parte demanda Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, ya que de las constancias que las autoridades acompañaron como soporte de su informe justificado, específicamente de la que obra a foja 51 de este juicio de amparo, se aprecia que dicha diligencia de llamado se materializó el veinticinco de septiembre de este año, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional (siete de octubre de dos mil diecinueve). En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado al Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo por el mismo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, consistentes en: El auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve emitido en el expediente 402/2019, por el cual se desechó parcialmente la demanda promovida por el quejoso; y, La omisión de llevar cabo dentro del referido expediente la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, prevista en los artículos 99, 103 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios. Es así en atención a que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 29); lo que se corrobora además, con las constancias que acompañó a sus respectivo informe, la cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia de los actos que se combaten, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En primer término, debe señalarse que como se anotó anteriormente, en este juicio de amparo se reclama: El auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve emitido en el expediente 402/2019, por el cual se desechó parcialmente la demanda promovida por el quejoso; y, La omisión de llevar cabo dentro del referido expediente la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, prevista en los artículos 99, 103 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios. Por tanto, por razón de técnica este juzgador emprenderá en esta consideración el estudio conjunto de los actos reclamados, comenzando con el acto precisado en el apartado A, ya que en ese auto, el presidente responsable determinó desechar la demanda interpuesta por el quejoso respecto de los accionados siguientes: Municipio de Tacámbaro, Michoacán; Instituto de la Vivienda del Municipio de Tacámbaro, Michoacán; Quien resulte ser el patrón del trabajador actor; Quienes resulten ser responsables de la relación laboral del trabajador actor; Instituto Mexicano del Seguro Social; y Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. De suerte que, si este juzgador llegará conceder el amparo respecto de este auto, la concesión podría abarcar efectos del diverso acto reclamado consistente en la omisión de celebrar la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del expediente laboral de origen, en la media que se ordenaría la admisión de la demanda y en su caso, el emplazamiento de los demandados por los que se desechó la acción, lo que implicaría que antes de ordenar la continuación de la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, se tendría en primer término, que llevar a cabo la audiencia de conciliación con las demandadas por las que se había desechado inicialmente, según se deprende del procedimiento establecido en los artículos 97, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, que dicen: "ARTICULO 97. Tan pronto reciba la primera promoción relativa a un conflicto colectivo o sindical, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo, que obligará como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Si no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo. ARTICULO 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. ARTICULO 104. El día y hora de la audiencia se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no resulten notoriamente inconducentes contrarias a la Ley o a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continuo señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. Establecido lo anterior, en suplencia de la queja deficiente, este juzgador advierte que la determinación reclamada por el accionante de tutela constitucional, está indebidamente fundamentado y motivado, toda vez que en ella el presidente responsable actualizó una deficiente argumentación, al no establecer una explicación clara y precisa respecto de las causas, motivos o circunstancias que lo condujeron a desechar la acción interpuesta por el quejoso en el expediente laboral de origen respecto de los codemandados precisados en los párrafos precedentes y con ello, violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional. Para realizar esa afirmación, por principio conviene traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." La garantía de legalidad consagrada en el precepto constitucional trascrito establece, como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de autoridad se encuentre fundado y motivado. Esto es, toda autoridad está obligada, al emitir un acto de molestia, fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. De ese modo, el precepto en mención consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, por motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en los términos siguientes: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; de ahí que la ratio legis de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página 52, número 73, del Tomo III, Parte SCJN, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En el asunto que nos ocupa, en la parte del acuerdo que el quejoso estima le causa perjuicio, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, determinó lo siguiente: "(.) IV.- Se DESECHA la demanda que interpone la parte ACTORA, respecto a EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, MICHOACAN DE OCAMPO; EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO; QUIEN RESULTE SER EL PATRON DEL TRABAJADOR ACTOR EL CIUDADANO EFRAIN ALCARAZ RODRIGUEZ; QUIENES RESULTEN SER RESPONSABLES DE LA RELACION LABORAL CON EL TRABAJADOR ACTOR EL CIUDADANO EFRAIN ALCARAZ RODRIGUEZ; EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES; ello atendiendo a que, en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, únicamente está reconocida como relación jurídica de trabajo la establecida entre los trabajadores y personas morales que pueden ser: los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y los Ayuntamientos, sin que exista disposición legal en materia burocrática que regule alguna relación de trabajo con personas físicas en razón de que la titularidad de las Dependencias antes señaladas es de naturaleza transitoria; es decir, que los titulares pueden ser removidos de su cargo en cualquier momento o en el momento que la ley aplicable señale y quedar otra persona al frente, es decir, las personas físicas no son los propietarios de las fuentes de trabajo, pues las fuentes de empleo en materia burocrática pertenecen al Estado, lo anterior con fundamento legal en los artículos 2° y 3° de la ley Burocrática Estatal citada con antelación que textualmente señalan: "Articulo, 2° La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley se entiende establecida, para los efectos legales, entre los trabajadores de base al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos e instituciones, a que se refiere el artículo 1° de esta Ley, Artículo 3°, Trabajador es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos y a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, en virtud de nombramiento expedido y por figurar en la nómina de pago sus sueldos (sic)"(.)" De la anterior transcripción se advierte que los argumentos que asumió el presidente responsable para determinar improcedente la demanda presentada por el quejoso, por lo que hace a los seis accionados precisados anteriormente, son: Que en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, únicamente está reconocida como relación jurídica de trabajo la establecida entre los trabajadores y personas morales que pueden ser: los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y los Ayuntamientos; Que la citada ley no regula alguna relación de trabajo con personas físicas, en razón de que la titularidad de las dependencias antes señaladas es de naturaleza transitoria; es decir, que los titulares pueden ser removidos de su cargo en cualquier momento o en el momento que la ley aplicable señale y quedar otra persona al frente; por lo que las personas físicas no son los propietarios de las fuentes de trabajo, pues las fuentes de empleo en materia burocrática pertenecen al Estado, de acuerdo a lo señalado en los artículos 2° y 3° de la ley burocrática estatal. Bajo ese orden de ideas, este juzgador considera deficiente la motivación establecida en el proveído reclamado en la medida que si bien cierto, el argumento relativo a que "la ley de la materia no regula alguna relación de trabajo con personas físicas, en razón de que la titularidad de las Dependencias antes señaladas es de naturaleza transitoria", puede considerarse motivado legalmente por lo que respecta a los demandados que el quejoso señaló como "quien resulte ser el patrón del trabajador actor" y/o "quienes resulten ser responsables de la relación laboral del trabajador actor". Más lo es que, el mismo argumento -la ley de la materia no regula alguna relación de trabajo con personas físicas, en razón de que la titularidad de las Dependencias antes señaladas es de naturaleza transitoria- es ilegal para desechar la demanda por lo que hace a los accionados Municipio de Tacámbaro, Michoacán; Instituto de la Vivienda del Municipio de Tacámbaro, Michoacán; Instituto Mexicano del Seguro Social; e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; ya que en ese supuesto, se entendería que se está demandado a los titulares actuales de esas dependencias. Ahora por lo que respecta al diverso argumento establecido para desechar la demanda por lo que hace a los mismos accionados (los precisados en el párrafo que antecede), consistente en que "la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, únicamente está reconocida como relación jurídica de trabajo la establecida entre los trabajadores y personas morales que pueden ser: los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y los Ayuntamientos"; es por una parte ilegal y por otra, motivado insuficientemente, como se verá. Así se considera, porque al citar (la primera vez) en el acuerdo reclamado el contenido del artículo 1° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el presidente responsable, lo realizó de forma incompleta, ya que omitió insertar la parte que dice: y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación, tal y como se lee de su contenido íntegro que dice: "ARTICULO 1o. La presente es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación." Lo que a juicio de quien resuelve, era necesario, porque a partir de la parte que omitió insertar, le surgía la obligación de motivar, por qué ni el Instituto de la Vivienda del Municipio de Tacámbaro, Michoacán; ni tampoco el Instituto Mexicano del Seguro Social; y menos el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, podían considerarse como organismos descentralizados o empresas de participación estatal y municipal; ya que si dichos demandados llegan a subsumirse en la calidad de organismos descentralizados o empresas de participación estatal o municipal, entonces también por disposición legal, se entenderían reguladas las relaciones laborales por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Además, en ese acuerdo tampoco estableció por qué consideró que la demanda es improcedente por lo que respecta al Municipio de Tacámbaro, Michoacán, a pesar que el artículo 1° de la ley de la materia, establece expresamente la procedencia de la demanda por lo que hace a los municipios. Adicionalmente, se tiene que la autoridad responsable al emitir la determinación de desechamiento, omitió considerar que el quejoso en su escrito de demanda, señaló expresamente que la relación laboral la tenía con el Instituto de la Vivienda del Municipio de Tacámbaro, Michoacán; por lo que en todo caso, se considera que al emitir esa determinación tuvo la obligación de señalar por qué prescindiría de llamarlo a la contienda laboral, a pesar que el vínculo laboral se estableció directamente con ese instituto. Por lo anterior, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, realice lo siguiente: Deje sin efectos la parte del auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve emitido en el expediente 402/2019, por el cual se desechó parcialmente la demanda promovida por el quejoso, identificada con el punto IV; y, En su lugar, en el mismo punto IV de ese acuerdo, deseche la demanda por lo que hace a los accionados que el quejoso señaló como "quien resulte ser el patrón del trabajador actor" y/o "quienes resulten ser responsables de la relación laboral del trabajador actor"; En el mismo punto IV de ese acuerdo, purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta consideración, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la admisión de la demanda por lo que hace a los demandados Municipio de Tacámbaro, Michoacán; Instituto de la Vivienda del Municipio de Tacámbaro, Michoacán; Instituto Mexicano del Seguro Social; e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; En el supuesto que determine la admisión de la demanda por lo que corresponda a cualquiera de esos demandados, ordene su emplazamiento y de inmediato, cite a la audiencia de conciliación por lo que a ellos corresponde, en los términos y acatando los plazos establecidos en el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios; y, En el caso que al purgar los vicios de motivación anotados, sostenga que la demanda es improcedente por lo que se refiere a esos cuatro demandados, continúe con el procedimiento con la única demandada Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán y señale fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en términos de los artículos 103 y 104 de la citada ley burocrática. Séptimo. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se RESUELVE; Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Efraín Alcaraz Rodríguez, respecto del acto que atribuyó al Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por las razones establecidas en el considerando tercero. Segundo. Por las razones expresadas en el considerando sexto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Efraín Alcaraz Rodríguez, contra los actos que reclamó del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, para los efectos establecidos en ese apartado. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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