Edwin Daniel Jaimes González

Expediente 1149/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1149/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Jaimes González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución quince de febrero de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1149/2017, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el escrito presentado por la autoridad responsable Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, registrado bajo el número 2635, mediante el cual formula alegatos; asimismo, da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En relación con el escrito de alegatos, provéase lo conducente en la etapa procesal que corresponda. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados en el escrito de cuenta por la autoridad responsable Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad y hace constar que las demás partes no los formularon. El relación con lo anterior el juez acuerda: Conforme a lo expuesto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad formulando sus alegaciones y se declara precluído el derecho de las demás partes para formularlas. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO Primero. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Edwin Daniel Jaimes González por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. En auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete (foja 12) se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Seguido el juicio por sus cauces legales, en auto de doce de enero del año en curso (foja 51) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en los términos de la presente acta. C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Edwin Daniel Jaimes González reclama: El cambio de resultado de "aprobado" a "no aprobado" respecto de la evaluación que se le practicó al quejoso en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, por haber presentado un certificado de calificaciones de la Escuela Preparatoria "No. 20" de Arcelia, Guerrero, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, presumiblemente apócrifo. Actos que atribuye a: Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán; Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; y, Comisión Municipal de Seguridad del Municipio de Morelia, Michoacán. Las tres con residencia en esta ciudad. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, pues al rendir su informe justificado (fojas 36 a 41) señaló que no tiene facultades para ordenar la baja de los elementos adscritos a la direcciones de seguridad pública municipales en el Estado, por no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza ni por algún otro motivo, ya que corresponde exclusivamente al municipio determinar la separación del cargo del quejoso. Dicha autoridad indicó que la única intervención que tuvo vinculada con el acto reclamado, fue la emisión del oficio SESESP/2295/2017 a través de la cual informó al Presidente Municipal de Morelia, la decisión asumida por el Centro Estatal de Certificación y Control de Confianza de modificar el resultado de la evaluación practicada al accionante de amparo, lo que realizó para los fines legales que se estimaran pertinentes, ya que de conformidad con los artículos 65, 66 y 67, fracción II, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo aquel elemento de Seguridad Pública Municipal que no haya acreditado dicha evaluación, no podrá formar parte de la corporación. Atendiendo a lo anterior, como al rendir su informe dicha autoridad también señaló que no le ordenó a la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia ni a ninguna otra autoridad, efectuar la baja del accionante de amparo, sino que su intervención sólo se limitó a informar el resultado de la evaluación que se practicó al quejoso a las autoridades correspondientes, debe considerarse inexistente el acto a ella atribuido, consistente en el cambio de resultado de "aprobado" a "no aprobado" respecto de la evaluación que se le practicó en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, por haber presentado un certificado de calificaciones de la Escuela Preparatoria "No. 20" de Arcelia, Guerrero, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, presumiblemente apócrifo. Por las mismas razones, debe considerarse inexistente el acto atribuido al Comisionado Municipal de Seguridad, con residencia en esta ciudad, dado que al rendir su informe justificado (foja 20), señaló que dicha autoridad únicamente recibió el oficio SESESP/2295/2017 suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, donde se le informó la modificación del status relativo a la evaluación de control de confianza verificada al accionante de tutela constitucional; lo anterior, ya que también indicó que hasta el día de la emisión de su informe justificado, el quejoso permanecía activo dentro de la corporación de seguridad a la que está adscrito. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta al acto a ellas atribuido. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Directora del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 23-28), en el que indicó que cambio del resultado del quejoso de aprobado a no aprobado, lo realizó en atención a que entre los documentos que allegó al Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, presentó un documento falso-certificado de prepa-. Lo anterior, dado que al realizar la validación documental de dicho documento, arrojó ser falso de acuerdo a lo manifestado por el Director de Administración Escolar de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el oficio 3436, de uno de junio de dos mil diecisiete (foja 34), en el que manifestó que una vez realizada una minuciosa búsqueda en los archivos de dicha institución, no se encontraron antecedentes del certificado exhibido por el quejoso, que la matricula 07042517 no existe, que las firmas y sellos no coinciden con los funcionarios de ese entonces y que en la fotografía se utilizaba sello de agua y no de tinta; razón por la que manifestó que la dirección a su cargo certificaba que ese documento carecía de validez. Lo expuesto, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Directora del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, (foja 28) manifiesta que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés), porque la emisión del resultado de control de confianza como "No aprobado", no constituye un acto que de forma unilateral y obligatoria, modifique o extinga situaciones jurídicas para el quejoso. Es fundada dicha causal. En ese sentido, se tiene que la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los dispositivos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no lesione el interés jurídico o legítimo del quejoso; es así, ya que según se tiene de las porciones normativas reproducidas, es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, si bien en los preceptos transcritos ahora se amplía la oportunidad para acudir a este juicio de control constitucional, ya no solamente a través del acreditamiento de la titularidad de lo que antes se conocía como "interés jurídico" por medio del cual se defendían los derechos subjetivos, sino además, a través de un "interés legítimo", por el que se defiende la afectación indirecta a la esfera jurídica por virtud de una especial situación frente a la norma, ya sea de manera individual o colectiva, esta segunda posibilidad tiene acotaciones. Para comprender lo dicho en líneas previas, así como para el entendimiento de la causal, se hace referencia a ambos conceptos. Se tiene que el "interés jurídico", desde un punto de vista general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede acudir al juicio de amparo. Siendo la base del concepto anterior, la noción de derecho subjetivo, se precisa su titularidad. A partir de ello, se da la facultad de exigir, siendo correlativa de un deber jurídico, que implica cumplir con esa exigencia. Luego, si existe una violación o desconocimiento, ello representa el incumplimiento de la obligación. De esta manera, el agravio es entendido como toda restricción o privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad del estado. De acuerdo con los criterios que existían por parte del Poder Judicial de la Federación, antes de la reforma de seis de junio de dos mil once, al texto constitucional, para efectos de demostrar el interés jurídico, era necesario que alguna norma reconociera la posibilidad de que la parte quejosa pudiera hacer o dejar de hacer algo, o lo beneficiara con una situación jurídica determinada, para que ante la existencia de algún acto concreto de autoridad que vulnerara ese derecho jurídicamente tutelado, procediese el juicio de amparo para reclamar su discrepancia con la ley fundamental. La definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se puede advertir de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a. /J. 168/2007, en la página 225, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Enero de 2008, Novena Época, registro 170500, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". En torno al "interés legítimo", el ahora ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su obra "Hacia una nueva Ley de Amparo", publicada en México, 2002, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, que no exige la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco se trata de que cualquier persona esté legitimada para promover el amparo con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas, pues no es una acción popular. Al respecto, abunda en explicar que el presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, pero tal obligación no corresponde a un derecho subjetivo del que sean titulares determinados particulares, a pesar de que sí se afecta su esfera jurídica. Este perjuicio se acarrea por dos motivos: a) por la particular posición de hecho en que una persona se encuentre frente a un acto administrativo; y b) porque ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo que se discute. Acorde con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el alcance del concepto de interés legítimo en el juicio de amparo, al emitir la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Registro 2007921, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". El contexto anterior evidencia la existencia de elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, los cuales son concurrentes pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. En efecto, para acreditar el interés jurídico necesariamente el promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Como se estableció anteriormente, en el caso, el quejoso se duele esencialmente del cambio de resultado de "aprobado" a "no aprobado" respecto de la evaluación que se le practicó en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, por haber presentado un certificado de calificaciones de la Escuela Preparatoria "No. 20" de Arcelia, Guerrero, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, presumiblemente apócrifo; sin embargo, como se adelantó, este órgano jurisdiccional considera que el accionante de tutela constitucional carece de interés jurídico y legítimo para promover el presente juicio de amparo. Se estima de ese modo, atendiendo en primer término al acto reclamado, que consiste en el cambio del resultado de la evaluación de control de confianza que se realizó al quejoso y en segundo lugar, a la naturaleza formal de la autoridad a la que se atribuye dicho acto. Respecto del primer término, se tiene que la emisión del resultado de una evaluación, por sí sola, no le causa al quejoso un perjuicio a su interés jurídico o legítimo, ya que sólo tiene por objeto comprobar que el servidor público satisface los requisitos de permanencia que establece el servicio de carrera policial. Es decir, con el resultado de la evaluación reclamada no se lesionan los derechos de los cuales es titular por la especial situación que guarda en relación con la evaluación de control de confianza (como lo pueden ser los de permanencia en la institución de seguridad pública), pues lo que se persigue con esos actos es conocer, medir y valorar su desempeño como servidor público, ya que la conclusión de "no aprobado" sólo genera la presunción de que se incumplió con un requisito de permanencia, lo cual, desde luego, puede ser desvirtuado en la audiencia y procedimiento que para el caso se lleve a cabo. De modo que, a juicio de quien resuelve, el resultado de la evaluación, por sí mismo, no lesiona su derecho a la permanencia (interés jurídico y legítimo), aun cuando aquélla haya arrojado el resultado de tenerlo por no aprobado, ya que tiene efectos meramente declarativos, es decir, no cambia ninguna situación de hecho o de derecho en relación con su permanencia. Y respecto del segundo aspecto, se tiene que por la naturaleza formal de la autoridad a la que se atribuye dicho acto (Directora del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán), ésta carece de facultades legales para iniciar un procedimiento de baja. Para sostener ambos argumentos, es necesario recurrir a lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, la cual dispone lo relativo a la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, al que se encuentra adscrito el quejoso, en su categoría de policía municipal, de la que obtenemos lo siguiente: El Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, se conforma a través de una coordinación del Estado y sus municipios, y de ambos con la federación, y verifica la función de la seguridad pública a cargo del Estado y los Municipios (artículos 1 y 2); Son elementos de dicho sistema todos los integrantes de los cuerpos de seguridad -estatales y municipales- (artículo 5, fracción XVI); Dentro del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, se encuentra el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, el cual tiene por objeto efectuar las evaluaciones para la selección, ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento y certificación del personal de Seguridad Pública, auxiliar, privada y de procuración de justicia a nivel estatal y municipal, en términos de control de confianza, de conformidad con las normas aplicables (artículos 62 y 63); El Centro aplicará los exámenes y evaluaciones psicológicas, poligráficas, médicas, toxicológicas y de investigación socioeconómica al personal de seguridad pública, privada y auxiliar, así como de procuración de justicia (artículo 64); Los exámenes y evaluaciones a los que se sujetarán las personas que pretendan ser parte de una corporación de Seguridad Pública, auxiliar, privada o de procuración de justicia, a nivel estatal y municipal serán, cuando menos, los siguientes: Toxicológico; Médico; Psicológico; Poligráfico; y, De investigación socioeconómica. El resultado de las evaluaciones que emita el Centro, podrá ser cualquiera de las siguientes: I. Aprobado; y, II. No aprobado. ( artículos 67 y 68); El desarrollo policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública (artículo 124); La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública (artículo 125); Para los miembros del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones de Seguridad Pública y son requisitos de la misma: I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por delito doloso; II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial; III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; IV. Acreditar que ha concluido los estudios que el reglamento señale; V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño; VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables; IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; X. No padecer alcoholismo crónico; XI. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; XII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; XIII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días; y, XIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables (artículos 140 y 141); La conclusión del servicio de un integrante del Sistema de Seguridad Pública Estatal es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas: I. Separación: por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de ascensos concurran las siguientes circunstancias: a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos; y, b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables. II. Remoción: por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; o, III. Baja, por: a) Renuncia; b) Muerte; c) Incapacidad permanente; d) Jubilación; o, e) Retiro (artículo 166); La Comisión de Honor y Justicia conocerá y resolverá toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la carrera policial y el régimen disciplinario. Bajo ese panorama, la posible afectación se podría actualizar en el supuesto de que la Comisión de Honor y Justicia para los Integrantes de las Corporaciones Policiales, decida iniciar un procedimiento de separación por incumplimiento a un requisito de permanencia, lo cual, desde luego, constituye un acto diverso al del resultado de su evaluación, por lo que, en su caso, tendría que atacarse el inicio del procedimiento y no el resultado de la evaluación que cambió a "no aprobado" durante el desarrollo de la etapa relativa a la investigación socioeconómica que se le realizó en la evaluación de control de confianza, según se aprecia del oficio SESEP/2295/2017, visible a foja 47. Lo anterior, ya que en el amparo contra el inicio del procedimiento de separación por incumplimiento a un requisito de permanencia, se analizaría su constitucionalidad, esto es, si fue correcto que se iniciara o no con motivo de la evaluación realizada al elemento de seguridad. Conforme a esa lógica, se insiste, no es verdad que el cambio del resultado a "no aprobado" realizado por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, necesariamente vaya dar inicio al procedimiento administrativo de separación, pues esa afirmación constituye un hecho futuro de realización incierta, que impide evidenciar una afectación real, concreta y directa en su esfera de derechos, ya que ese procedimiento también puede culminar con la declaratoria de no separación. Más, porque conforme a lo establecido anteriormente, la aprobación del proceso de evaluación de control de confianza realizado por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, constituye un requisito de permanencia que conforma el sistema de carrera policial, de conformidad con el artículo 141, fracción VI, de la referida ley, y por ello, cualquier controversia que se suscite en torno a él, deberá conocerse y resolverse por la Comisión de Honor y Justicia para los Integrantes de las Corporaciones Policiales. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia: XXVII.3o. J/10 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Pag. 2281, Décima Época, registro 2008599, que dice: "POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL RESULTADO "NO APROBADO" EN LA EVALUACIÓN PRACTICADA POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, NO AFECTA SU INTERÉS JURÍDICO. De los artículos 200 a 212 del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, vigente hasta el 9 de abril de 2013, se advierte que los procesos de evaluación de los policías municipales, periódicos y obligatorios, tienen por objeto comprobar si satisfacen los requisitos de ingreso y permanencia y cumplen los principios de certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, que derivan del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, para tener por acreditado el interés jurídico, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado lesione algún derecho del que sea titular el quejoso. En ese sentido, la evaluación practicada por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza a los servidores públicos indicados, en los términos descritos, no afecta su interés jurídico, aun cuando haya arrojado el resultado "no aprobado", pues aquélla sólo tiene por objeto comprobar si el agente cumple con los requisitos de permanencia que establece el servicio civil de carrera policial, sin que un eventual resultado negativo tenga como consecuencia su desincorporación automática de la institución, pues sólo genera la presunción de que incumplió con un requisito de permanencia, pero, en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio del procedimiento de baja ante el Comité del Servicio Civil de Carrera Técnica, ya que éste constituye un hecho futuro de realización incierta, que impide evidenciar una afectación real, concreta y directa en su esfera de derechos." En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico o el legítimo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edwin Daniel Jaimes González, por el acto, autoridades y motivos expuestos en los considerando tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en auto de once de enero de dos mil diecisiete, informa que no existe procedimiento disciplinario o administrativo en contra del quejoso Edwin Daniel Jaimes González, ya que carece de competencia para tal fin. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita, la cual se ordena relacionar en la audiencia constitucional y se ordena dar vista a las partes con lo anterior. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6704/2017 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el once de enero del año en curso, se requirió a la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días hábiles, remitiera copia certificada, completa y legible de todo el procedimiento iniciado al quejoso Edwin Daniel Jaimes González. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6704/2017 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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