Edwin Osveli Palencia Ramírez y Otros.
Expediente 54/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edwin Osveli Palencia Ramírez y Otros.
- Mario Rene González Veliz y Otros.
- Ever Ralda Ortíz y Otros.
- Edwin Osveli Palencia Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra el proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa; por ende, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es depurable, por ubicarse en el supuesto previsto en el capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el juicio de Amparo respecto de todos los actos reclamados y se otorgó la suspensión de plano a los quejosos. Asimismo, de conformidad con el capítulo 7, punto 7.3 del multicitado manual, se deberán conservar la demanda, el proveído en que se dictó la suspensión de plano, el proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia y el presente acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el proveído de catorce de los actuales, fue notificado a la parte quejosa por medio de lista publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial adscrito, notifique personalmente a la parte quejosa el acuerdo mencionado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Myrna Magdalena Barboza Cadena, secretaria quien autoriza lo actuado y da fe. Doy fe.JEBG/MMBC/vafb
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite el exhorto 12/2022 de su índice. Ahora bien, de las constancias recibidas con el citado oficio, se advierte que los quejosos manifestaron su deseo de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. Por ende, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ana Karen Maldonado Vera, a favor de Edwin Osveli Palencia Ramírez, Ever Ralda Ortiz, Mario René González Veliz, Gilberto Mendoza, Ervin Marinely Zam Rodas, Josue Miguel Osoy Pixtun, Selvin Geovanny Gramajo Pérez y Elias Missael Mejía Sánchez, contra actos del Encargado de la Estancia Provisional Chihuahua y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa; así como a las diversas Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de chihuahua, y la Subdirectora de la Estación Migratoria en Janos, Chihuahua, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Janos, Chihuahua; así como Sub Representante Local y Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Sin que haya lugar a acordar respecto de la suspensión de plano, toda vez que el encargado del despacho del juzgado oficiante ya se pronunció en auto de diecinueve de enero del año en curso, en el juicio de amparo 100/2022-III, lo cual es válido, conforme lo estipula el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5 fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención que le corresponde. Sin que le resulte el carácter de tercero interesado a persona alguna dada la naturaleza de los actos reclamados. Así, del estado de autos se advierte que en la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, se señalaron como actos reclamados: Aseguramiento y Privación de la libertad Restricción de la libertad de tránsito Traslado a distinta estación migratoria Violencia psicológica Negativa a visa humanitaria Negativa a permitirles hablar con sus asesores jurídicos En ese sentido, el Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrito a la Estación Migratoria de Janos al rendir el informe sobre la suspensión de plano decretada en favor de los directos quejosos, señaló que éstos al momento de iniciar su procedimiento administrativo migratorio, manifestaron su deseo de apegarse al beneficio de solicitar el retorno asistido a su país de origen tal y como se aprecia en la comparecencia inicial ante esa autoridad y el formato de solicitud de repatriación, así mismo la manifestación de no solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados, derecho que les fue informado y que a esa fecha no habían solicitado, de igual manera, precisó que la situación migratoria de cada uno de los aquí quejosos fue resuelta en definitiva. Par tal efecto, remitió copia certificada de los expedientes migratorios 020/2022, 017/2022, 021/2022, 15/2022, 19/2022, 018/2022, 022/2022, instaurados a los directos quejosos Mario René González Veliz, Edwin Osbeli Palencia Ramírez, Selvin Geovanny Gramajo Pérez, Ervin Marineli Sam Rodas, Gilberto Mendoza Mendoza, Elias Misael Mejía Sánchez, Ever Rolda Ortiz, Josué Miguel Osoy Pixtun (nombres correctos de los quejosos); que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, cuentan con pleno valor probatorio por tratarse de documento público expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..". Se afirma lo anterior, debido a que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas de los expedientes 017/2022, 020/2022, 15/2022, 19/2022, 018/2022, 022/2022, instaurados a los directos quejosos Mario René González Veliz, Edwin Osbeli Palencia Ramírez, Selvin Geovanny Gramajo Pérez, Ervin Marineli Sam Rodas, Gilberto Mendoza Mendoza, Elias Misael Mejía Sánchez, Ever Rolda Ortiz, Josué Miguel Osoy Pixtun (nombres correctos de los quejosos), se advierte que fueron sujetos al procedimiento administrativo migratorio, dictándose la resolución correspondiente en la cual se determinó su salida de esa Estación, para efectos de regular su situación migratoria. En consecuencia, es indudable que respecto de los directos quejosos Mario René González Veliz, Edwin Osbeli Palencia Ramírez, Selvin Geovanny Gramajo Pérez, Ervin Marineli Sam Rodas, Gilberto Mendoza Mendoza, Elias Misael Mejía Sánchez, Ever Rolda Ortiz, Josué Miguel Osoy Pixtun (nombres correctos de los quejosos), cesaron los efectos de los actos reclamados, pues fueron puestos en libertad y sujetos al procedimiento administrativo migratorio correspondiente. De modo que con ese nuevo estado los actos quedaron irreparablemente consumados ya que no podría analizarse la constitucionalidad del procedimiento administrativo migratorio, pues resulta ser consecuencia de la propia solicitud realizada por los directos quejosos. En relación con lo anterior, es importante resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el cambio de situación jurídica en un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, se produce cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en razón del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, debiéndose considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; y, que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a.CXI/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Novena Época, página 219, del que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En consecuencia, conlleva a determinar que en el presente caso se configura un cambio de situación jurídica, ya que al sujetar a los quejosos al procedimiento administrativo solicitado por ellos mismos, es incuestionable que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones de la detención inmotivada que pudieron haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, por no poder decidirse respecto de los actos reclamados en la demanda de garantías, sin afectar la nueva situación jurídica creada. Tiene aplicación al caso la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIV, Materia(s): Penal, Quinta Época, página 892, de rubro y texto siguientes: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCIÓN REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas". Robustece la anterior determinación la jurisprudencia I.7o. P.J/3, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1600, Tomo XX, Septiembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías, respecto de Mario René González Veliz, Edwin Osbeli Palencia Ramírez, Selvin Geovanny Gramajo Pérez, Ervin Marineli Sam Rodas, Gilberto Mendoza Mendoza, Elias Misael Mejía Sánchez, Ever Rolda Ortiz, Josué Miguel Osoy Pixtun (nombres correctos de los quejosos), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por otra parte, con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá como medio de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22(noventa y seis pesos con veintidós centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero último, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Así mismo, con apoyo en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). De igual manera, se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la FIREL, los oficios que correspondan a este asunto. Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos.dicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema de "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la Secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, indica que requirió a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, informe a qué Juzgado de Distrito le fue turnado el exhorto 12/2022 de su índice, para poder dar seguimiento al mismo, y una vez que cuente con dicha información, la remitirá a este órgano jurisdiccional. Por tanto, una vez que sea recibida la información solicitada al Juzgado oficiante, acuérdese lo que en derecho corresponda.
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