Edwin Gael De la Torre Gallegos
Expediente 715/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edwin Gael De la Torre Gallegos
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que en su caso la parte agraviada o el representante social, interpusieran recurso de revisión en contra del acuerdo veintiuno de julio del año actual, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hubiesen hecho dentro de tal temporalidad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2°, se declara que el acuerdo en alusión causa estado. Agréguese el cuaderno incidental original.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo 715/2022-VII, del cual deriva el presente cuaderno incidental, el veintiuno de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia, en atención a que la promovente Yolanda Apolonia de la Torre Gallegos en representación de su menor hijo de iniciales E.G. de la T.G., manifestó su deseo de desistirse del juicio de amparo del que deriva el incidente en que se actúa, por así convenir a sus intereses; de ahí que si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, inconcuso es que el trámite de este incidente no puede subsistir por sí. En consecuencia, se declara sin materia el cuaderno incidental en que se actúa, y por ende, se dejan sin efecto las medidas suspensionales dictadas con anterioridad; asimismo, no se llevará a cabo la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio suscrito por el abogado adscrito al Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud y a la Dirección Jurídica de Servicios de Salud de Chihuahua, con el que rinde el informe previo que se le solicitó, lo anterior sin necesidad de dictar mayo proveído, dado lo expuesto en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de julio de dos mil veintidós. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Yolanda Apolonia de la Torre Gallegos en representación de su menor hijo de iniciales E.G. de la T.G., contra actos atribuidos al Titular de la Oficialía del Registro Civil en Pueblito Mexicano, Titular de la Oficialía del Registro Civil Número 6 y Encargado del Área de Informes y Afiliación del Seguro Popular del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) de Águilas de Zaragoza, todos con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 25, 29, 30, 32, 37, 121 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 715/2022-VII. Toda vez que se solicita la suspensión del acto reclamado, con fundamento en el precepto 128 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo a este juicio. Se señalan las diez horas con veinte minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, para que tenga lugar la audiencia constitucional. Cabe precisar que en lo concerniente a la audiencia de ley, se levantará el acta correspondiente, misma que será firmada por el juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito, ya sea por vía electrónica o en físico, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinente para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, apercibida que de no hacerlo se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en términos de lo previsto en los ordinales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En el entendido que debido a la situación de contingencia por la que se está padeciendo podrán rendir dicho informe a esta autoridad al correo electrónico 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, así como al del licenciado Fernando Javier Miranda Marín secretario de juzgado fernando.miranda.marin@correo.cjf.gob.mx, siendo posible su confirmación en el número 656 227-26-00 extensión 1246, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. Luego, se reservar reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto se reciban los informes justificados en los que se advierta a quien le recae dicho carácter. Se tiene por anunciadas las documentales que adjunta a su escrito inicial, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Toda vez que la parte quejosa presentó copias suficientes de las documentales exhibidas como pruebas para agregarlas a los cuadernos incidentales, hágase el cotejo y compulsa de las documentales descritas que en originales exhibió y, en caso de coincidir, realícese la certificación correspondiente, para que se agreguen a los autos del incidente de suspensión relativo para los efectos legales procedentes. Apoya a la anterior determinación la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, página 7, que a la letra dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones las oficinas de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en avenida Tecnológico 1670, tercer piso, fraccionamiento Fuentes del Valle, en esta ciudad y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia a los licenciados Cindy Bernal García, José Luis Jimarez Cabrera, Paola Janeth Siañez Heredia, Jaqueline Chávez Vaquera, Marco Antonio Ramírez Solís y Alma Verónica Calderón Jaramillo, por contar con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" y por así haberlo solicitado la promovente. Además solicita el acceso al expediente electrónico, por lo que proporciona los usuarios "BERNAL1408" y "j.vaquera"; por tanto, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo el nombre de los usuarios indicados, a fin de que tengan acceso a la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas hasta dos tantos que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramite s.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal o en el edifico sede de este juzgado. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitarios existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo de dos mil veinte, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por videollamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello para ser agregada al expediente, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema de "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda, se inicia por separado y duplicado el trámite del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 715/2022-VII, promovido por Yolanda Apolonia de la Torre Gallegos en representación de su menor hijo de iniciales E.G de la T.G., contra actos atribuidos al Titular de la Oficialía del Registro Civil en Pueblito Mexicano, Titular de la Oficialía del Registro Civil Número 6 y Encargado del Área de Informes y Afiliación del Seguro Popular del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) de Águilas de Zaragoza, todos con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 25, 29, 30, 32, 37, 121 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Cabe precisar que en lo concerniente a la audiencia de ley, se levantará el acta correspondiente, misma que será firmada por el juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito, ya sea por vía electrónica o en físico, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Asimismo conforme a lo dispuesto en los artículos 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan por duplicado, su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en el que manifiesten si son o no ciertos los actos reclamados por la parte quejosa y, en su caso, expongan las razones que consideren pertinente sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo, además proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado establecer, si fuera el caso, el monto de las garantías correspondientes; apercibidas que de no cumplir con lo solicitado se impondrá a la omisa, como sanción, multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Para tal efecto, envíese con el oficio correspondiente copia simple del escrito de demanda y sus anexos. En el entendido que debido a la situación de contingencia por la que se está padeciendo podrán rendir dicho informe a esta autoridad al correo electrónico 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, así como al del licenciado Fernando Javier Miranda Marín, secretario de juzgado fernando.miranda.marin@correo.cjf.gob.mx, siendo posible su confirmación en el número 656 227-26-00 extensión 1246. En el caso en particular del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte agraviada señaló como actos reclamados, la omisión por parte del Titular de la Oficialía del Registro Civil en Pueblito Mexicano y Titular de la Oficialía del Registro Civil Número 6; de realizar el trámite de búsqueda de inexistencia de nacimiento, de registrar el nacimiento de su menor hijo de iniciales E.G de la T.G.; expedir el acta de nacimiento; del Encargado del Área de Informes y Afiliación del Seguro Popular del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) de Águilas de Zaragoza realizar el trámite de afiliación de su menor hijo; registrar su nacimiento; otorgar ficha o cita para que atiendan al menor y la de canalizarlo a un consultorio o con el médico de acuerdo a su padecimiento, tratamiento y medicamentos. Al respecto, es necesario puntualizar que la suspensión en el juicio de amparo, es la institución jurídica por la cual la autoridad que conoce del juicio de garantías, ordena a la autoridad señalada como responsable mantenga paralizada o detenida su actuación, durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías, a fin de que no ejecute el acto reclamado y no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, medida cautelar cuya procedencia está determinada por la concurrencia de los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, los cuales, respecto de algunos de los actos que se reclaman, en la especie se colman, dado que la solicita el promovente, con su concesión no se perjudica al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgársele, la ejecución de esos actos le causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Po tanto, en principio y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional, respecto de los actos consistentes en la omisión por parte de las responsables Titular de la Oficialía del Registro Civil en Pueblito Mexicano, Titular de la Oficialía del Registro Civil Número 6 y encargado del Área de Informes y Afiliación del Seguro Popular del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) de Águilas de Zaragoza, de realizar el trámite de búsqueda de inexistencia de nacimiento y de afiliación de su menor hijo de iniciales E.G de la T.G., dado que tienen el carácter de omisivos, en contra de los cuales no procede conceder tal medida, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar se ordene a las autoridades abandonar su conducta omisiva, es decir, accediendo a la petición de la parte quejosa, pues de hacerlo así se le estaría dando a la suspensión efectos restitutorios que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis I.6º.T.3.K (10a), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, página 1912, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPORCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicita, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio. Así como la jurisprudencia 1162, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte HO, Quinta Época, página 795, que señala lo siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo". De igual forma, por lo que hace al acto consistente en la omisión de registrar al menor quejoso que identifica de iniciales E.G. de la T.G., el acta de nacimiento, atribuibles al encargado del Área de Informes y Afiliación del Seguro Popular del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) de Águilas de Zaragoza, dado que también tiene el carácter de omisivo, es igualmente improcedente conceder la medida cautelar que solicita en los términos que refiere. Además, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional de los diversos actos que reclama a la autoridad indicada en el párrafo que antecede, relativos a otorgar ficha o cita para que atiendan al menor quejoso, así como de canalizarlo a un consultorio a fin de sea atendido y brindarle tratamiento clínico y medicamentos correspondientes de acuerdo a su padecimiento, toda vez que es claro que en la especie nos encontramos ante actos consumados, respecto de los cuales, como ya se mencionó resulta improcedente su concesión. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 12, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Lo anterior, en razón de que se insiste tales actos, tiene el carácter de omisivos y consumados, los cuales además de que son precisamente el estudio de la materia del fondo en el amparo, de concederla se le estaría dando efectos restitutorios lo que únicamente es propio de la sentencia que se pronuncie en el fondo del amparo. Adicionalmente, de concederse la medida cautelar solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables le otorguen lo que solicita, implicaría dejar sin materia el juicio en lo principal. Ahora bien, se reitera que la suspensión de los actos en el juicio de amparo, tiene por objeto mantener paralizada o detenida su actuación, durante todo el tiempo que dure la sustanciación del procedimiento, a fin de que no ejecuten los actos reclamados y no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas; medida cautelar cuya procedencia está determinada por la concurrencia de los requisitos que establece el artículo 128 de la ley de la materia, y, adicionalmente el juez de Distrito válidamente se puede apoyar en la apariencia del buen derecho, para anticipar el sentido de la sentencia de amparo respecto del acto reclamado, y verificar el peligro en la demora, la cual se refiere a la consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 15/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, correspondiente a Abril de 1996, página 16, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.- La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". Precisado lo anterior, respecto de los diversos actos que se reclaman al Titular de la Oficialía del Registro Civil en Pueblito Mexicano y Titular de la Oficialía del Registro Civil Número 6, consistentes en la omisión de registrar y expedir el acta de nacimiento del menor aludido, es pertinente señalar que la parte quejosa exhibió copia de la credencial para votar, certificado electrónico de nacimiento, copia certificada de acta de nacimiento y constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP) a nombre de Yolanda Apolonia de la Torre Gallegos; con lo que se acredita, presuntivamente, el interés jurídico con que promueve amparo y para solicitar que los actos se suspendan. En tales condiciones, dadas las manifestaciones vertidas por la impetrante, con fundamento en los artículos 128, 139 y 151 de la Ley de Amparo, se estima procedente conceder la suspensión provisional que solicita, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y las autoridades indicadas -Titulares de las Oficialías del Registro Civil-, realicen el trámite correspondiente para registrar el nacimiento del menor que identifica de iniciales E.G de la T.G., y expedirle acta de nacimiento; lo anterior siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el artículo 64 y demás aplicables del Código Civil del Estado de Chihuahua, y hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte respecto de la suspensión definitiva; sin perjuicio de modificar esta medida cautelar al momento de resolver en definitiva. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1871, visible a página 3016, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Apéndice al Semanario judicial de la Federación de 1917 a 1988, que es del tenor siguiente. "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al en que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Sin que la medida suspensional implique, como lo solicita la parte quejosa, con base en la teoría de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, la posibilidad de conceder la suspensión de los actos reclamados en los términos que lo requiere, pues el artículo 131 de la Ley de Amparo, prescribe que la medida cautelar no podrá tener por efecto constituir un derecho que no haya tenido el agraviado antes de la presentación de la demanda, lo que en el caso obedece a que es menester que se cumpla con la normatividad aplicable respecto de los actos de autoridad. Por otra parte, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que se realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitarios existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. En adición a lo expuesto y atendiendo a las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, con el fin de preservar la salud de todas las partes debido a la pandemia que aqueja al país, con el fin de dar seguridad jurídica a las partes, se autoriza que el presente auto se remita vía electrónica a la parte quejosa una vez que haya sido proporcionado correo electrónico; por ende, se le requiere para que facilite uno o en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo de dos mil veinte, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). De igual manera, se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto. Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema de "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por videollamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En relación a las copias certificadas que solicita de esta determinación, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones las oficinas de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en avenida Tecnológico 1670, tercer piso, fraccionamiento Fuentes del Valle, en esta ciudad y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia a los licenciados Cindy Bernal García, José Luis Jimarez Cabrera, Paola Janeth Siañez Heredia Jaqueline Chávez Vaquera, Marco Antonio Ramírez Solís y Alma Verónica Calderón Jaramillo, por contar con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" y por así haberlo solicitado. Además solicita el acceso al expediente electrónico, por lo que proporciona los usuarios "BERNAL1408" y j.vaquera"; por tanto, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo el nombre de los usuarios indicados, a fin de que tenga acceso a la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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