Edwin Daniel Guerra Córdova
Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova
- Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se reservó el archivo y destino del presente expediente, hasta en tanto se informara sobre la incompetencia planteada mediante proveído de quince de septiembre de la presente anualidad, lo cual ya aconteció, por tanto, glósese el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que comunica que la titular se avocó al conocimiento del juicio de amparo 747/2021 del índice de este órgano de control constitucional, registrándolo bajo el diverso 801/2021 de su control; asimismo se desprende que mediante proveído de siete del mes y año en curso, desechó la demanda de amparo de mérito. En consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; y, hágase constar que el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -únicamente respecto de los actos de autoridad, con excepción de los atribuidos a quien suscribe Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, señalado también como autoridad responsable-; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de quince de septiembre del año en curso, este juzgado de Distrito, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por Yoanna Fonseca Valencia, en representación de Edwin Daniel Guerra Córdova, en cuanto a los actos reclamados a este juzgador, al haberse actualizado la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se reserva resolver sobre el archivo y destino del presente expediente, hasta en tanto se informe sobre la competencia de mérito. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por el actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 495/2021-V, y remite testimonio de la resolución pronunciada en el C.C.P 10/2021, formado con motivo del conflicto competencial suscitado entre este órgano federal y el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, donde la superioridad resolvió lo siguiente: "...ÚNICO. Es legalmente competente el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida ... por conducto de su representante legal Fernando Huera Leal. Notifíquese." Acúsese recibo de estilo a la superioridad, glósense los antecedentes relacionados con el envío del referido juicio, para los efectos legales a que haya lugar. Previo al pronunciamiento respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, se precisan los antecedentes del acto reclamado, conforme a la demanda de amparo y juicio de amparo 1342/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, que se tuvo como hecho notorio desde auto de diecisiete de junio del año en curso: El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la persona moral quejosa .... celebró contrato de mutuo con interés e hipoteca voluntaria con ... sobre 5 inmuebles cuyos folios reales y ubicación son los siguientes: 242737 (Santiago de Querétaro); 210397 (Santiago de Querétaro); 259064 (Santiago de Querétaro); 173765 (Santiago de Querétaro); y un terreno en Tlalnepantla, Estado de México. La hipoteca se constituyó derivada del mutuo con interés celebrado entre las partes, de acuerdo con escritura pública 101,507 del notario 110 de la Ciudad de México. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la persona moral quejosa ...celebró con "Grupo Bulmar" S.A. de C.V, y Bulmaro Martínez López, reconocimiento de adeudo, dación en pago y cancelación de hipotecas, por lo que a partir de esa fecha la moral quejosa adquirió la propiedad de tres de los cinco inmuebles antes señalados, cuyos folios reales son los siguientes: 242737, 259064, y 173765, todos ubicados en Santiago de Querétaro. Mediante escritura 104,693 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, del notario 110 de la Ciudad de México, se dio fe de la transmisión de la propiedad de los bienes descritos en favor de la persona moral quejosa "Credilideres" S.A. de C.V., y por ende, afirma esta, dejaron de ser patrimonio del C. Bulmaro Martínez López y/o "Grupo Bulmar" S.A. de C.V." Por otra parte, el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, con motivo de la querella formulada por Nelly Martínez Martínez, por hechos que estimó constitutivos del delito de fraude, el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación número 6, de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, dio inicio a la carpeta de investigación ... Solicitada por el notario público 110 de Ciudad de México, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, la inscripción definitiva del acto traslativo de dominio en favor de la persona moral quejosa "Credilideres" S.A. de C.V., del que se dio fe en la escritura pública ya mencionada con folio 104,693, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, sin embargo, resultó que aquella inscripción no se pudo materializar ya que se notificó a dicho notario que existía un oficio de una autoridad ministerial, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, que ordenaba al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, a rechazar la inscripción de cualquier acto traslativo de dominio sobre esas propiedades de la moral quejosa ... las cuales en esa fecha estaban inscritas a favor del C. Bulmaro Martínez López, pero grabadas por la hipoteca constituida como garantía del mutuo con interés a favor de la persona moral quejosa ... y que consta en la escritura pública 101,507 del notario 110 de la Ciudad de México. Por tanto, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la persona moral quejosa "Credilideres" S.A. de C.V., por conducto de su representante legal Fernando Huerta Leal solicitó amparo contra los actos y autoridades siguientes: a. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad D-6, adscrito a la Agencia de Investigación "D", de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, con residencia en la Ciudad de México; b. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro. Actos que finalmente se tuvieron por: La determinación contenida en el oficio de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación CI-FDF/T/UI- 2S/D/781/09-2018, en la que se ordenó una técnica de investigación, con base en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consistió en que solicitó al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro, a efecto de que realizara una anotación preventiva respecto de los bienes inmuebles inscritos con los folios reales 242737, 259064, 173765 (a nombre de "Grupo Bulmar", Sociedad Anónima de Capital Variable, y que son precisamente los bienes que el representante legal de la persona moral quejosa "Credilideres", Sociedad Anónima de Capital Variable, afirma que son de su propiedad porque los obtuvo mediante la dación en pago) y 210397; y su ejecución. Lo anterior con la finalidad de que no se alterara el objeto material del hecho que la Iey señala como delito de fraude, en virtud de que los predios tienen relación directa con los hechos, dado que la empresa "Grupo Bulmar" era destinataria de los depósitos realizados por indicación del imputado Bulmaro Martínez López, según lo dicho por la ofendida Nelly Martínez Martínez, así como para la eventual reparación del daño. Este juicio de amparo indirecto se tramitó y resolvió en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con el número 1342/2018, en cuya sentencia se determinó: sobreseer en relación a un acto (el atribuido al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro) y se concedió el amparo respecto al diverso acto (atribuido a la autoridad ministerial que acordó la prevención que impide la inscripción en el Registro Público de actos traslativos de dominio de los bienes señalados; tres de los cuales son los mismos que se identifican en la demanda del juicio de amparo de la que deriva el presente juicio de amparo). Inconforme con dicha resolución, la parte tercero interesada Nelly Martínez Martínez, interpuso recurso de revisión, que fue registrado con el número 608/2019, en el que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en sesión de once de diciembre de dos mil veinte, resolvió: primero, declarar firme el sobreseimiento decretado; segundo, en la materia de la revisión, revocar la concesión de amparo decretada; y tercero, negar el amparo a la persona moral "Credilideres" S.A. de C.V., precisamente con relación a la técnica de investigación realizada por la autoridad ministerial consistente en la anotación preventiva que impide la inscripción de actos traslativos de dominio de los bienes que la persona moral quejosa afirma son de su propiedad, pero que al momento de ordenar la anotación preventiva los inmuebles estaban registrados a nombre de "Bulmar" S.A. de C.V. y /o Bulmaro Martínez López, si bien gravados por la hipoteca en favor de "Credilideres" S.A. de C.V., en razón del contrato de mutuo con intereses. El veinte de abril de dos mil veintiuno, Fernando Huerta Leal, representante legal de la persona moral quejosa "Credilideres" S.A. de C.V., solicitó al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad D-6, adscrito a la Agencia de Investigación "D", de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, con residencia en la Ciudad de México, en la carpeta de investigación CI-FDF/T/Ul-2S/D/781/09- 2018, de la cual afirma que su representada no es parte, que se cancelara anotación preventiva, acordada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, que impide al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro inscribir o registrar actos traslativos de dominio sobre ciertos bienes inmuebles (folios reales 242737, 259064 y 173765, todos en el municipio de Querétaro) para hacerlos oponibles a terceros; bienes que afirma son propiedad de la persona moral quejosa que representa; lo anterior, alega, no obstante que esos bienes dejaron de ser parte del patrimonio y dominio del C. Bulmaro Martínez López (imputado) y/o "Bulmar" S.A. de C.V., con anterioridad a la emisión de la técnica de investigación de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, consistente en la prevención registral, pues la escritura pública que ampara el acto traslativo de dominio de aquellos bienes (mediante la dación en pago en favor de su representada) es de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mientras que la anotación preventiva, como se dijo, es de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, el uno de junio de dos mil veintiuno, la autoridad ministerial le notificó al representante legal de la persona moral quejos "Credilidares" S.A. de C.V., la respuesta a su solicitud, en el siguiente sentido siguiente: "I. 2.- Ahora bien, respecto a su solicitud de que se cancele la prevención ordenada al director del Registro Público de la Propiedad, girando el exhorto correspondiente para tal efecto, hago de su conocimiento que la misma ya ha sido motivo de análisis por parte del juez quinto de distrito de Amparo y juicios federales en el Estado de Querétaro (sic), dentro del juicio de amparo número 1342/2018, promovido por CREDILIDERES S.A de C.V así como el amparo en revisión 608/2019 Radicado ante el tribunal colegiado en materia penal y administrativa del vigésimo segundo circuito con residencia en el Estado de Querétaro (sic)." (Acto reclamado en la presente instancia) Expuesto lo anterior, se tiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el diverso 5, fracción I, ambos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" Del primer precepto transcrito (en lo que interesa) se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica de los impetrantes de amparo. Así, el interés jurídico, puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, considerado como aquél que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, lo cual, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 856 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 584, tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.- El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En el caso, se estima que el acto tildado de inconstitucional no causa perjuicio al promovente del amparo, al tratarse de un acto meramente declarativo, que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues éstos generalmente reflejan o reproducen lo que dice la ley y necesariamente asignan consecuencias si se cumplieron todos los requisitos estipulados o previstos en el supuesto de hecho o normativo, lo que implica sólo el ejercicio de una facultad reglada al limitase a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes, lo que así acontece en la especie, pues el acto reclamado no tiene como finalidad la privación o alteración de los derechos reales que tiene el quejoso sobre los bienes inmuebles que afirma son de su propiedad, sino que las cosas se mantengan igual antes de la solicitud de veinte de abril de dos mil veintiuno, en razón de la prohibición de registro traslativo de dominio por estar relacionados con una investigación criminal y que ya fue materia de un juicio de amparo y recurso de revisión, en el que se le negó el amparo que solicitó precisamente contra esa técnica de investigación. Cierto, como lo sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el conflicto competencia 10/2021, la situación legal de los bienes en comento en el registro público, como consecuencia de la negativa de atender favorablemente a lo solicitado, se mantiene igual a la que se encontraba antes de la solicitud de veinte de abril de dos mil veintiuno, e incluso igual a la que existía antes de la anotación preventiva ordenada por la autoridad ministerial el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, como parte de una técnica de investigación. Esto es, los bienes inmuebles estaban registrados a nombre de "Bulmar, S.A. de C.V." y el único efecto que tuvo la anotación preventiva de origen fue la de impedir que hubiese un nuevo registro de actos de dominio, en virtud de que esos bienes inmuebles son materia de una investigación inicial, y se consideran como directamente relacionados con el hecho con apariencia de delito de fraude, por ser estos donde se encuentra establecida la empresa de mérito, siendo ésta la destinataria de los depósitos realizados por indicaciones del imputado Bulmaro Martínez López. Además, dicha solicitud de anotación preventiva de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, no tuvo como efectos alterar la situación patrimonial previa de la parte moral aquí quejosa, privándole o limitándole, en un plano material, del derecho real que dice tener, sobre los bienes que defiende, en términos del acto de dación en pago que se certificó en la escritura pública 104, 693 de treinta y uno de agosto de la citada anualidad, sino como lo afirma el citado tribunal de alzada, supuso un acto de molestia consistente en que respecto a ciertos bienes públicamente registrados a nombre de "Grupo Bulmar" no se llevara a cabo registro alguno traslativo de dominio, por estar aquellos bienes relacionados a una investigación ministerial. Lo que es indicativo de que la negativa a la solicitud de cancelación de la prevención únicamente implica que se mantiene en los mismos términos la anotación preventiva, en el sentido de que no debe realizarse el registro de actos traslativos de dominio sobre los bienes indicados. Por tanto, el acto aquí reclamado es un acto declarativo al evidenciar que la medida se mantendrá en los mismos términos que quedó luego del análisis de su legalidad y constitucionalidad realizado en el juicio de amparo 1342/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro y amparo en revisión 608/2019 radicado ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en la citada entidad, lo que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes. Resulta aplicable la tesis de la Quinta Época, visible en el tomo LXXXV, página 606 del semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "ACTOS DECLARATIVOS. Por actos declarativos debe entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes." Luego, se itera, al constreñirse la autoridad señalada como responsable a informar que ". respecto a su solicitud de que se cancele la prevención ordenada al director del Registro Público de la Propiedad, girando el exhorto correspondiente para tal efecto, hago de su conocimiento que la misma ya ha sido motivo de análisis por parte del juez quinto de distrito de Amparo y juicios federales en el Estado de Querétaro (sic), dentro del juicio de amparo número 1342/2018, promovido por CREDILIDERES S.A de C.V así como el amparo en revisión 608/2019 Radicado ante el tribunal colegiado en materia penal y administrativa del vigésimo segundo circuito con residencia en el Estado de Querétaro (sic).", es claro que sólo se está limitando a evidenciar una situación jurídica determinada con anterioridad. En razón de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y, por ende, con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo motivo de este expediente. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y por autorizadas a las personas que indica en los términos que precisa. DEVOLUCIÓN DE PODER Por otra parte, en relación con la devolución solicitada del poder notarial que se anexó al escrito inicial d demanda, dígasele que queda a su disposición, para que dicho apoderado, se presente a recogerlo debido a la contingencia, dentro del horario establecido en la normativa para este órgano de control jurisdiccional, previa cita que se genere para el acceso al inmueble, con identificación oficial vigente y previa copia para su cotejo y ser glosado debidamente certificado al expediente, así como razón que por su recibo se deje agregada en autos, mientras tanto, glósese al expediente en mica para evitar su deterioro. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y SOLICITUD DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Hágase saber a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo General aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, por lo que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. Notifíquese personalmente.
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