Edwin Daniel Guerra Córdova
Expediente 1066/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Ténganse por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima con residencia en Colima, por medio del cual remite diversos informes de las autoridades responsables; glósense sin mayor proveído por lo referente en líneas que anteceden. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante auto de dos de diciembre del año en curso se tuvo por recibido el oficio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al que adjuntó testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 137/2022 de su índice y el juicio de amparo 587/2022 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima; en consecuencia, acúsese de recibo para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Desechamiento De la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados y autoridades los siguientes: Reubicación de ********************, ********************,********************, ********************, ********************, ********************,********************,********************,******************** y ********************, del dormitorio en que se encuentran a uno diverso, lo que dicen les genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales, tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo. Ataques y actos de coacción contra ********************, por ser defensor y promotor de derechos humanos y LGBTTIQ+. Restricción de reubicación de ********************, del dormitorio nueve zona dos estancia doce al dormitorio cuatro zona uno estancia once, que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal, así como lo pone en riesgo psicofísico y genera angustia, afectaciones psicofísicas y psicoemocionales de tracto sucesivo. Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción. Desacato a cumplir órdenes judiciales y de suspensión. Traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro carcelario, con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, generándoles tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo. Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo. Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalias. Discriminación. Violación al principio pro persona. Inaplicación de criterios internacionales. Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidos al Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. La inconstitucionalidad del reglamento aplicado por las autoridades responsables. Realización de estudios y perfiles psicológico y criminológico que son inconstitucionales sin presencia de asesores jurídicos. Audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos. Obligar a ******************** a elaborar escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. Consideración previa respecto a diversos actos reclamados: Respecto de las reubicaciones, los quejosos manifestaron que les genera afectaciones a su salud y dignidad, psicofísicas y emocionales, tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios, que ponen "en riesgo su vida y genera tormento psicofísico, entre otras manifestaciones que se encuentran subrayadas en cada uno de dichos actos reclamados. Asimismo, respecto del acto consistente en el traslado refieren que es con fines intimidatorios y por represalias, lo que pone en riesgo sus vidas y dignidad, además que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. En relación con lo anterior, a criterio de este juzgador, las manifestaciones relacionadas con los actos reclamados, se trata únicamente de actos futuros de realización incierta y, además, para que exista la posibilidad inminente que dichos actos se realicen, primero se tendría que trasladar y/o reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo a lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas a dichos actos. Ahora, por lo que hace a los actos consistentes en las ataques y actos de coacción contra ********************, intimidación, discriminación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalias, violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción, no son de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho violado, ya que su naturaleza deriva de la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos, del cambio de dormitorio o de las condiciones de internamiento, o bien, pudieran entrañar hechos con apariencia de delito los cuales pudieran ser investigados por las autoridades competentes, no así por los juzgados de Distrito; en conclusión, no se advierten indicios que se esté ante actos de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido. Por otro lado respecto al acto señalado como actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 Ley de Amparo, no se menciona expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia; máxime que no señalan ni siquiera indiciariamiente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, únicamente pudiera inferirse que dichos "actos" se destacan como meras consecuencias de los actos reclamados primigenios consistentes en la orden de traslado y cambio de dormitorio, por lo que la situación de la discriminación, represalias, intimidación y/o conductas análogas que refieren, al no señalarlos de manera fáctica, no pueden ser considerados de manera autónoma. Misma consideración que merece lo relativo al desacato a cumplir órdenes judicial y de suspensión, así como al encubrimiento, pues se trata de conductas que por sí refieren a facultades decisorias en el contexto de las atribuciones que tienen asignadas las responsables, que pueden dar lugar a algún tipo de responsabilidad y controvertirse en los propios juicios de que emanen, no así actos reclamados para efectos del juicio de amparo. Hecha la precisión, se desecha la demanda en relación con los actos concretamente reclamados. Se explica: El escrito de demanda aparentemente promovida por********************, por propio derecho, carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; de ahí que es indudable que no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese tenor, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y con el diverso numeral 6o, de la Ley de Amparo. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la ley de la materia. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada -principio de instancia de parte-. La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65, 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con una firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, PUES EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO COMO YA SE PRECISÓ, NO SE RECLAMA ALGUNO DE LOS ACTOS ANTES CITADOS. En virtud de lo anterior, al ser presentada la multicitada demanda a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por los directos quejosos, no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera firmada la demanda, de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivos diversos. Respecto a los actos reclamados relacionados con el traslado o reubicación de los amparistas, restricciones de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, la realización de estudios, perfiles y entrevistas, audiencias del comité técnico de la penitenciaría de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos, obligar a ******************** a elaborar un escrito, así como la aplicación del reglamento, se actualizaría la diversa causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de dichos actos el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." En cuanto a las condiciones de internamiento, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, tomo I, pág. 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Causa de improcedencia que se hace extensiva al reglamento reclamado, por no impugnarse como norma autoaplicativa ni por vicios propios. Así como respecto de la omisión de investigar delitos, pues conforme con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra aquélla procede el medio de impugnación ahí previsto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Y por lo que hace a la omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, al involucrar cuestiones en materia de responsabilidad, deben agotarse los medios que considera la ley en esa materia. En cuanto a las conductas atribuidas a los diversos jueces de Distrito, al margen de que no se precisa un acto en particular, al atribuirles violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales, se entiende que es en la función propio del control constitucional, y términos del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Luego, entonces, de todas formas procedería DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia. LO QUE IMPIDE EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, NI MUCHO MENOS CONCEDERLA. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.P.1 K (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, NO PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA, NI MUCHO MENOS CONCEDERLA. Hechos: Un Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia; sin embargo, en el auto en el que se emitió esta decisión, se pronunció respecto de la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el Juez de Distrito desecha de plano la demanda de amparo indirecto, no puede pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano, ni mucho menos concederla. Justificación: El desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto implica que jurídicamente no se dio trámite al juicio respectivo y, por ende, es improcedente que el Juez de Distrito se pronuncie sobre la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, toda vez que ésta es una incidencia propia del amparo en lo principal. Ciertamente, por regla general, cuando se admite una demanda de amparo indirecto y con ello se da trámite al juicio constitucional, es factible que se provea sobre la suspensión de los actos reclamados, ya sea de oficio y de plano, o bien, a petición de parte y, excepcionalmente, la Ley de Amparo establece algunos casos en que sin que se haya admitido dicha demanda se provea sobre la suspensión de oficio y de plano, tales como que se presente por un tercero a favor del quejoso por existir incomunicación de éste, o se haya mandado hacer una aclaración al escrito de demanda e, incluso, cabe esa posibilidad en caso de que el Juez estime que es incompetente para conocer de la demanda, o bien, que se considere impedido; siendo éstos algunos de los supuestos en los que, aun cuando no se ha admitido la demanda de amparo, existe la posibilidad y obligación de pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano; sin embargo, en caso de que se deseche el ocurso de amparo, no es factible que el Juez de Distrito lo haga, precisamente al depender esta medida del juicio en lo principal." DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano federal, dada las razones por las cuales se desecha la demanda. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese.
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