Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 515/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Enrique Alvarado Saucillo
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos la comunicación oficial recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 242/2022, orden 252/2022, derivado del similar 187/2022-AP-C del índice de este juzgado, por el que se le solicitó notificar de manera personal a los quejosos***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***, el auto de veintinueve de abril del año en curso. En ese contexto, téngase por devuelto el exhorto de mérito; y, en consecuencia, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Asimismo, toda vez que la presente comunicación fue recibida de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el propio sistema realiza en automático el acuse de recibo, el cual puede ser consultado por la autoridad remitente ingresando al referido módulo de información. Ahora bien, toda vez que en auto de diez de mayo del año en curso, se tuvo al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, aceptando el conocimiento del presente asunto, el cual quedó radicado bajo el número 538/2022-I-L, de su índice, previa copia simple que obre en autos, remítase las promoción de cuenta a efecto de que esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Cúmplase.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días, sin que las partes hubieren recurrido el auto de treinta de marzo del año en curso; en consecuencia, se declara que dicho auto que determinó que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Por otra parte, se establece que este expediente es susceptible de depuración transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por *** téngaseles solicitando el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoriddaes. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que por cuanto hace a los quejosos *** solicitan la suspensión de plano de los actos que reclaman. No obstante, constituye un hecho notorio el juicio de amparo *** del índice de este juzgado de distrito, en el que en proveído de dieciocho de marzo del año actual, se concedió la suspensión de plano para el efecto que de inmediato cesen los actos de discriminación, intimidación, represalias, actos de molestia y perturbación del sueño, equiparables a tortura psicofísica y psicoemocional, y cualquier acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, los cuales atribuye a las referidas autoridades administrativas. De ahí que, resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." Lo anterior debido a que, como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso con relación a la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto a los actos antes mencionados por cuanto hace a los quejosos ***. Suspensión de plano respecto del quejoso ***. Ahora bien, respecto de dicho quejoso, constituye un hecho notorio el juicio de amparo *** del índice de este juzgado de distrito, en el que en proveído de esta misma fecha, se concedió la suspensión de plano para el efecto que de inmediato cesen los actos de discriminación, intimidación, represalias, actos de molestia y perturbación del sueño, equiparables a tortura psicofísica y psicoemocional, y cualquier acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, los cuales atribuye a las referidas autoridades administrativas. De ahí que, de igual forma resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto a los actos antes mencionados por cuanto hace al quejoso ***. Ahora bien, con relación a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, no ha lugar a proveer respecto a la orden de traslado, toda vez que como lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Del mismo modo, no ha lugar a decretar la suspensión de plano respecto de los diversos actos reclamados consistentes en la reubicación de dormitorio de los quejosos; en virtud de que tales actos no están previstos en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que los mismos no generan de facto una incomunicación, -supuesto bajo el cual los quejosos no refieren ubicarse- o algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento o que se ubique en los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En consecuencia, toda vez que como quedará preciado en lo subsecuente, en el caso el suscrito estima carecer de competencia para conocer del presente asunto, será el juez que se avoque al conocimiento de la presente demanda, el que deberá realizar el pronunciamiento respectivo. En diverso aspecto, como lo solicitan los promoventes, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa, a Carlos Alberto Angelino Barrón. Dado que los quejosos refieren que se encuentran internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentren los quejosos y les notifique personalmente el presente acuerdo. - Incompetencia. En otro orden de ideas, cabe señalar que los presupuestos procesales son los requisitos que los gobernados deben cumplir al hacer uso del derecho de acceso a la justicia. A razón de ejemplo cabe citar, entre otros, la competencia (el gobernado debe de presentar su petición ante el órgano facultado por el legislador para conocer del procedimiento); la legitimación (cuáles son las personas que pueden demandar y cuáles pueden ser demandadas); la vía (el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto). Así, la competencia es la distribución de jurisdicción entre los jueces, que se realiza mediante la asignación de determinadas facultades para realizar la función jurisdiccional en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. De esta forma, se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juez puede conocer de los conflictos o controversias que los gobernados le presentan; en ese orden ideas, podemos decir que la competencia es sólo la facultad que tiene el juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y solo dentro de determinado territorio. En esa tesitura, al ser la competencia de estudio preferente, este órgano jurisdiccional procede a examinar si resulta competente para conocer del presente asunto. Como se ve, en la demanda que se analiza se señala como autoridad responsable entre otros, al suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala -tomando en consideración que se señalaron con tal carácter a la totalidad de juzgadores de amparo del Estado de Tlaxcala- motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto. En ese sentido, debe tomarse en consideración lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". El precepto legal en cita determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. En ese sentido, en el caso se actualiza lo establecido en dicho numeral, ya que el suscrito fue señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción o no en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, y por tanto al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no se puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez. Bajo ese contexto, se colige que conforme a la regla prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la presente demanda constitucional, al juez de distrito, en turno, más cercano. Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos no señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y los de San Luis Potosí (Ciudad Capital). En ese sentido, tomando en consideración la distancia que existe entre dichas entidades federativas, se estima que el juez competente para conocer del libelo constitucional, lo es el JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON SEDE EN SAN LUIS POTOSÍ, EN TURNO. De ahí que con apoyo en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización y por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (SAN LUIS POTOSÍ), EN TURNO, conocer de la demanda de amparo planteada, dada su cercanía con el lugar en donde reside este juzgado federal. En tales condiciones, se estima que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta, por lo que deberá remitirse al aludido órgano jurisdiccional, con fundamento en los dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. En consecuencia; con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase mediante oficio el presente juicio de amparo ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí (San Luis Potosí), con el objeto de que, conforme a las cargas de trabajo, lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, solicitando que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia simple de la demanda de cuenta, así como autógrafa del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se autoriza a cualquier secretario y actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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