Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- José Antonio Contreras Chávez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por el cual, devuelve diligenciado el exhorto ***, orden ***, del índice de este juzgado, el cual fue librado a fin de notificar a los quejosos, por conducto de su representante común ***el auto de veintinueve de marzo de este año. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Sin que haya lugar a realizar el acuse de recibo correspondiente, en virtud de que el mismo es generado por el referido sistema.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por medio del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que insiste en declinar competencia para conocer de la demanda de amparo que promueve *** y otros, por lo que remitió los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, en Turno. Atento a lo anterior, se toma conocimiento del contenido del oficio de cuenta para los efectos a que haya lugar. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso j), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Visto el oficio de cuenta firmado por el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual acompaña las copias certificadas derivadas del juicio de amparo *** y sus acumulados ***, promovido por ***, con motivo del auto de veintiséis de abril del año en curso, por el cual ordena la separación de juicios respecto a los actos reclamados. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***, asimismo, acúsese el recibo correspondiente. No se comparte el criterio de separación de juicios. Del oficio de cuenta, se advierte que, la homóloga federal, decretó la separación de juicios con motivo de la demanda promovida por ***, por considerar de manera preliminar que se reclaman actos a diversas autoridades con distinta naturaleza, es decir jurisdiccionales y administrativas, por los que, a su parecer no guardan relación entre sí. Lo cierto es que, de manera respetuosa, no se comparte el criterio ahí planteado, razón por la cual no acepta la demanda enviada en vía de separación de juicio, ya que, si bien es cierto que, conforme al artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, contario sensu, es posible la separación de juicios; sin embargo, no debe tomarse como regla general de modo rígido, al grado que implique dividir la continencia de la causa, puesto que se debe advertir sin lugar a dudas y no solo de manera preeliminar que dichos actos se encuentran desvinculados entre sí. En ese sentido, en la especie, dado el estadio procesal en que se encuentra el líbelo constitucional -radicación-, resulta inconcuso que no puede determinarse si dichos actos combatidos se encuentran desvinculados realmente. Lo anterior, puesto que no existe informe alguno que, al menos de manera indiciaria, corrobore que los actos y omisiones combatidos, no guarden relación estrecha entre sí, circunstancia que, únicamente sería acreditada en la substanciación conjunta del líbelo constitucional, y en razón de los informes posteriores de los cuales, en su caso, se pueda apreciar la autonomía de los actos reclamados a este juzgado y a las autoridades administrativas penales, ya que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda, se observa que todos los actos reclamados se hacen depender de las condiciones que padecen actualmente los quejosos al estar recluidos. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que para la procedencia de la separación de juicios se requiere que la demanda haya sido admitida; o bien, que tal circunstancia se advierta durante la tramitación del juicio, con motivo de los informes que rindan las autoridades responsables, por tanto, es inconcuso que en la especie no se actualiza esas hipótesis. Lo anterior, en razón de que, por lo que hace a los actos reclamados y autoridades responsables que manifiesta la parte quejosa en la demanda de amparo, la jueza oficiante no ha admitido a trámite la demanda; y tampoco obran en autos los informes de las autoridades responsables para que se encuentre en aptitud de proveer legalmente la separación de juicios que se intenta. En efecto, en la fecha que el juzgado oficiante ordenó la separación de juicios, la demanda de amparo promovida por los quejosos fue separada en cuadro uno y cuadro dos; el cuadro uno conocería de los actos reclamados a las autoridades formalmente administrativas y administrativas penales y el cuadro dos de los actos atribuidos a las autoridades jurisdiccionales federales. De ese modo, lo concerniente a los actos reclamados y autoridades descritas con el cuadro uno dio de alta una nueva demanda, dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado. En tanto, lo concerniente a los actos reclamados y autoridades descritas con el cuadro dos, se avocó al conocimiento de la misma y procedió a desecharla de plano. En esa tesitura, por las razones antes expuestas, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por la homóloga federal para conocer de la demanda de amparo promovida, en razón de que no se considera procedente una separación de juicios. Máxime que, como se ve en la demanda que se analiza se señala como autoridad responsable entre otros, al suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala -tomando en consideración que se señalaron con tal carácter a la totalidad de juzgadores de amparo del Estado de Tlaxcala-, de ahí que, en primera instancia este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto. Tal como se aprecia de la siguiente captura de la demanda: Como se observa en la demanda de cuenta, los promoventes señalan como autoridades responsables a diversos jueces de distrito, incluido aquellos con sede en el Estado de Tlaxcala, salvo excepción hecha de los homólogos federales con residencia en Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas, motivo por el cual, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto. En efecto, los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". El primero de los artículos transcritos establece las reglas para determinar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio, pues precisa que, conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes dichos juzgadores para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; o bien, será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por su parte el artículo 38 de la referida Ley determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en su defecto, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca dicho juez. En efecto, de la transcripción en cita, se advierte que la parte quejosa, señala como autoridades responsables a los jueces de Distrito que enuncia iniciando con el de Aguascalientes, con excepción, de los que se encuentran únicamente en Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas y hecha esa exclusión, continúa su redacción señalando a diferentes jueces como autoridades responsables, entre ellos, Tlaxcala. Por tanto, sí deben considerarse como autoridades responsables a los jueces de los demás Distritos a que se refiere la parte final del párrafo en mención; de ahí que el suscrito considera que carece de competencia para conocer de la demanda constitucional, al haberse señalado como autoridad responsable. En ese sentido, en el caso se actualiza lo establecido en dicho numeral, ya que el suscrito fue señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción o no en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, y por tanto al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no se puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez. En tales consideraciones, toda vez que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por encontrarse señalado como autoridad responsable; asimismo, en virtud de que la homóloga federal, pese a estar también señalada como responsable, se avocó al conocimiento de la misma, en consecuencia, con fundamento en los dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo devuélvanse los presentes autos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala a fin de que provea lo conducente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional oficiante, el acuse de recibo correspondiente. Toda vez que la parte quejosa es omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Se tiene como representante común de la parte quejosa a ***. No obstante, dado que los quejosos refieren que se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, notifique el presente acuerdo a Carlos Alberto Angelino Barrón, en su carácter de representante común de la parte quejosa. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Así mismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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