Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 424/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
Actuaciones
- Principal
III-Agréguese el oficio firmado por la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ********************, orden ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le solicitó notificar el acuerdo de dieciocho de abril a la parte quejosa y autoridades responsables foráneas, con residencia en la Ciudad de México. En atención a su contenido, téngase por recibida la comunicación oficial de mérito; y de la constancia de notificación es advertible que los quejosos no hicieron manifestación alguna respecto del auto notificado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dese de baja la citada comunicación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario emitir el acuse de recibo, dada la vía empleada para su remisión, puesto que el mismo es generado al momento del envío de la comunicación oficial por el órgano exhortado. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta suscrito por el director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe respecto al incidente de violación a la suspensión; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto a su contenido, toda vez que en acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, se recibió el informe correspondiente y se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
NOTIFIQUESE POR OFICIO
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de demanda de amparo promovida electrónicamente por [1] Carlos Alberto Angelino Barrón, [2] Edwin Daniel Guerra Córdova, [3] Iván García Mijares Hernández, [4] Erick Adrián Rosas Gamiño, [5] Luis Gabriel Jop Corzo, [6] Axel García Bonilla, [7] José Othón Ramiro Hernández Lima, [8] José Antonio Conteras Chávez, [9] Enrique Mejía Bello, [10] Enrique Alvarado Saucillo, [11] Eduardo Flores Castro, [12] Luis Alberto Flores Maldonado, [13] Luis Fernando Martínez Reyes, [14] Cristian Eduardo Nava Verde, [15] Juan Carlos Cárcamo Cano, [16] Alejandro Díaz Madrid y [17] Hugo Melchor Nieto, mediante el cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 424/2023-III. Actos reclamados De la lectura de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados los hacen consistir en: "Actos Reclamados bajo protesta de verdad: 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofisicas y emocionales y tortura psicofisica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser persona inscrita en el Renavi. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la ciudad de México y de custodio Víctor Joel Palma Escalante, rondines del segundo grupo de seguridad y líder coordinador A y B del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1990. 3) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Cordova, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro dormitorio diverso o área diversa que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México Orlando Fabrizio Meza Trujillo quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón al ser pareja sentimental de él. 4) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y afinidad y amistad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 5) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8 a otro diverso que le genera tormento Psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y afinidad y amistad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 6) Reubicación de Enrique Mejia Bello y José Antonio Contreras Chávez, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 7) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos 8) Reubicación de Eduardo Flores Castro, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7 a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos 9) actos de molestia, intimidación, extorsión y de coacción de custodios del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría 10) Iván García Mijares Hernández, Erick Adrian Rosas Gamiño, reclaman la Restricción de reubicación al dormitorio cuatro ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofisico y genera angustia, así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y tener vínculos afectivos con este promotor de derechos humanos y en represalia por su activismo de derechos humanos 11) violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria dé la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia de las autoridades penitenciarias 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 16) Discriminación por ideología, preferencia y condicione socioeconómicos 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento de reclusorios 2006 y que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, mas fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 24) intimidación y discriminación y coacción de parte de Orlando Fabrizio Meza Trujillo, Guillermo Mandujano Rosillo, Yesenia Sánchez Ortega y Victor Joel Palma Escalante contra los quejosos 25) audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales 26) la negación de otorgar Kits de limpieza y aseo personal a los quejosos 27) negación del servicio médico y dental 28) discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farias, Victor Joel Palma Escalante Edgar Ivan Arellano, Ricardo Romero Villalobos del tercer grupo de seguridad así como Victor Hugo García Gutiérrez, Anselmo Rojas Martínez, Ahmed Espinosa Prado Guillermo Álvarez Palafox del segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México 29) actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodios y rondín del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 30) obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por custodios de la Penitenciaría de la ciudad de México 31) coacción de Orlando Fabrizio Meza Trujillo contra el quejoso Iván García Mijares Hernández y Erick Adrián Rosas Gamiño, para coaccionarlo de desistir de los amparos con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofisica y sicoemocional por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desisten de los recursos 33) intimidación contra Edwin Daniel Guerra Cordova por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser pareja de él 34) restricción de reubicar a Iván García Mijares Hernández y Erick Adrian Rosas Gamiño, al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 35) intimidación contra Iván García Mijares Hernández y Erick Adrian Rosas Gamiño, por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón así como reclaman la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 36) restricción de entrega de colchones a los quejosos así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia 37) actos de trabajo forzado 38) actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaría de la ciudad de México contra los quejosos cómo represalia por la certificación de estado sicofisico de los quejosos 39) negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI 40) actos de molestia y discriminación de los tres grupos de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México por su condición y activismo y por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón 41) reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a los módulos siete, ocho o nueve de castigo y segregación en represalia y con fines de intimidación y tortura sicofísica y sicoemocional 42) restricción de visita familiar los días sábados y martes en el módulo cuatro de la Penitenciaria 43) sobreprecios de productos de canasta básica, insumos de limpieza e higiene y de alimentación 44) alimentos proporcionados por la institución en mal estado y que no corresponden a los que se indican en el menú que se envía a la subsecretaria de sistema penitenciario y la jefatura de gobierno de la ciudad de México 45) falta de agua potable de consumo humano accesible 46) acoso de custodios del tercer y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México 47) revisiones fuera de procedimiento y que conllevan a incautación y confiscación ilegal de bienes 48) la restricción de recibir remuneración económica por la comisión laboral ejercida por los quejosos por parte de las instituciones penitenciarias 49) Omisión de remunerar a los quejosos por la comisión laboral ejercida desde están dados de alta en dicha comisión de la penitenciaria." Autoridades responsables Los Actos señalados con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33 34 35 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 se le reclaman a las siguientes autoridades: Director de la penitenciaria dé la ciudad de México Subdirector jurídico de la penitenciaria dé la ciudad de México Comité técnico de la penitenciaria dé la ciudad de México.- Subdirector de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México Subdirector de apoyo técnico de la Penitenciaría de la ciudad de México Jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México Subsecretario del Sistema Penitenciario de la ciudad de México. Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México. Jefe de Gobierno de la ciudad de México.- servidores públicos Orlando Fabrizio Meza Trujillo, Víctor Joel Palma Escalante, Alejandro Nolasco Caballero, Guillermo Mandujano Rosillo, Yesenia Elizabeth Sánchez, Arturo Ahmed Espinosa Padro, Anselmo Rojas Martínez, Ricardo Romero Villalobos, Sixto Medina López, Edgar Iván Arellano, Víctor Hugo García Gutiérrez adscritos a la penitenciaria secretaria de salud de la ciudad de México dirección del servicio médico de la Penitenciaría de la ciudad de México director ejecutivo de seguridad penitenciaria de la subsecretaría de sistema penitenciario de la ciudad de México secretaria de seguridad y protección ciudadana secretaria de gobierno de la ciudad de México B) Los actos Reclamados con el numeral 17 y 18 se le reclaman a: Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto. Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. C) Los Actos reclamados con el numeral 19 se le reclaman a: Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. D) Los Actos reclamados con el numeral, 20, 21, 22 y 23 se le reclaman a las Autoridades: Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Jefa de Gobierno de la ciudad de México. Contraloría de la Ciudad de México. comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. presidente de México E) el acto 13 se le reclama a: gobernadores de Aguascalientes Baja California Baja California Sur Colima Campeche Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. F) los actos reclamados en el inciso 36, 37, 48 y 49 se reclaman a: Subdirección de enlace administrativo de la Penitenciaría de la ciudad de México Jefe de unidad departamental de servicios generales G) el acto señalado con el inciso 39 se reclaman a: CEAVI y coordinador del CEAVI Suspensión de plano En ese contexto, en razón de los actos que se reclaman en el inciso A) consistentes en actos de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna y 15 constitucional. Además, por lo que hace a los diversos actos consistentes en la negación de servicio médico y dental; o bien no proporcionar los utensilios necesarios durante su internamiento como lo son colchones, ropa de lluvia e invierno, así como la falta de agua potable de consumo humano, podrían equipararse como actos de tortura, pues somete a los quejosos a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación pudiera comprometer su dignidad e integridad personal. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se exponen, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". Así como la diversa emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE, ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO. Si bien este acto reclamado, por lo general, no constituye un acto de tormento de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para efectos de proveer de oficio y de plano sobre la suspensión en términos de los artículos 125, 126 y 128 de la Ley de Amparo, pues aunque implica una molestia, no se equipara a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; lo cierto es que en casos excepcionales, la omisión de la autoridad penitenciaria de proporcionar zapatos y ropa adecuados a los internos puede constituir tormento y debe proveerse sobre la suspensión de oficio y de plano. Así sucede, por mencionar algunos ejemplos, cuando por las circunstancias y el contexto, es razonable suponer que esa omisión compromete la dignidad e integridad personales, ya sea por la exposición del interno a un clima extremadamente gélido o caluroso; por la presencia de fauna, flora u otros entes nocivos; cuando el acto se realiza con el propósito de vejar o humillar al interno, etcétera." De ahí que debe tomarse en cuenta que en términos del artículo 5, referente al derecho de la integridad personal, puntos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometidos a torturas ni penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, como lo es la naturaleza de los actos que reclaman los quejosos a las autoridades que señalan como responsables. En ese sentido, con apoyo en los artículos 15, 20 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano, para que cesen cualquiera de los actos que reclaman los quejosos, consistente en cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna y 15 de la Ley de Amparo, incluso la negación de servicio médico y dental y entrega de utensilios necesarios durante su internamiento como lo son colchones, ropa de lluvia e invierno, así como la restricción de agua potable para consumo humano, y todos aquellos que impliquen tormentos de cualquier especie. Hágase lo anterior del conocimiento de las responsables para que lo acaten bajo su más estricta responsabilidad y en el ámbito de competencia legal, quienes además dentro del término de veinticuatro horas, deberán comunicar a este órgano de control constitucional, el cumplimiento que le hayan dado a dicha medida cautelar; apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que podrán hacer por correo electrónico 1jdo27cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que de no hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, la autoridad responsable supeditada a informar el resultado de la encomienda, incurre en responsabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable la tesis P.LXIV/2010, con registro digital: 163167, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materia: Constitucional Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible en la página 26, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Sin que la concesión de esta medida cautelar implique que se dejen sin efectos las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y los reglamentos que rigen en el centro penitenciario. Para este punto, es necesario destacar que el informe sobre la suspensión de plano, lo deberán rendir únicamente las autoridades indicadas en el inciso A), pues es a quienes de manera destacada les atribuyen los indicados actos prohibidos; respecto de lo cual, este juzgado al realizar un análisis integral de la demanda de amparo, advierte el señalamiento de autoridades y actos reclamados, conforme a la intención del promovente, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, pues se desprende como requisito que sean quienes dictaron, ordenaron, ejecutaron, tratan de ejecutar el acto que crea, modifique, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Incompetencia Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se considera que este juzgado carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, toda vez que de ejecutarse los actos materia de reclamo constitucional se realizarían en la Penitenciaría de la Ciudad de México, en donde los quejosos se encuentran privados de su libertad, sin que exista diverso acto de autoridad que cobre ejecución en donde este órgano jurisdiccional, máxime que la parte quejosa señaló como autoridades responsables, entre otros, a todos los jueces de Distrito con residencia en el Estado de Quintana Roo. De lo anterior y de lo expuesto en el escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados son de ejecución material, la cual conforme a lo manifestado en la demanda está ejecutándose en la Ciudad de México, donde se encuentran recluidos los quejosos. Así, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez competente para conocer de la demanda de amparo lo sería, en principio, el de Distrito en amparo en materia penal con jurisdicción en la Ciudad de México, porque allí es donde está en ejecución el acto reclamado, al ubicarse allí los quejosos, (primer párrafo del ordenamiento citado). En efecto, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en los numerales 37 y 38 de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Este precepto es claro al establecer que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Preceptos de los que se obtiene, por un lado, que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por ende, esa la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo, pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Igualmente, de la intelección de los preceptos legales reproducidos, se desprende que el criterio preponderantemente que determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo, es el lugar de la ejecución del acto reclamado. Por otra parte, del segundo precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas, que para una mejor comprensión técnica, se puntualizan a continuación: 1. La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del precitado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. La segunda provisión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente para conocer de la demanda de amparo el juez, donde se haya presentado la misma. Reglas de competencia, que tienen como eje central la ejecución material del acto reclamado, pues ésta es la que determina la competencia por razón de territorio. 3. En el último párrafo del precepto en comento, se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. Sin embargo, pese a que los preceptos transcritos no establece la hipótesis de que el juicio de amparo se promueve contra todos los jueces de distrito del mismo ámbito territorial, es lógico establecer que debe aplicarse la regla relativa a que la competencia debe fincarse en el homólogo más próximo a la residencia de los jueces señalados como autoridades responsables. De ahí que, si del escrito de demanda, los quejosos se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, es competente el juez de distrito con jurisdicción donde se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; máxime que, además señalaron como autoridades responsables este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Decimosexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Lo anterior revela la actualización del supuesto previsto en el artículo 38 de la Ley de Amparo, pues se señalan como autoridades responsables a todos los jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, incluido este Juzgado, tal como se desprende del Acuerdo 3/2013, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal elativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos que se divide la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los juzgados de Distrito. En ese sentido, debido a que de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, es competente el juez de distrito con jurisdicción donde se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo anterior, aunado a que fueron señalados como autoridades responsables los jueces de Distrito con residencia en el Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 38, 42 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal carece de competencia para conocer del asunto planteado. Es aplicable la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Registro digital: 240246, Instancia: Tercera Sala, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Cuarta Parte, página 108, del rubro y tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez". Por ende, de conformidad con el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo y, por lo tanto, se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, dado que es el más inmediato al lugar donde se están ejecutando los actos y que no haya sido señalado como autoridad. Además, es oportuno referir que los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, no solo resultan competentes para conocer de la demanda de amparo promovida en atención al factor de la cercanía, que es el parámetro que define el propio artículo 38 de la ley de la materia, sino también atento a que no están especializados y, por lo tanto, podrían conocer de la totalidad de los actos que se reclaman. Al respecto, es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial de la SCJN: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se traen como hecho notorio las resoluciones pronunciadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en los conflictos competenciales 6/2022 y 7/2022. Representante común Toda vez que la demanda de amparo se promueve por más de dos quejosos, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Carlos Alberto Angelino Barrón, sin perjuicio que en diverso momento la parte quejosa designe a alguno de los demás quejosos. Exhorto Advirtiendo que los quejosos [1] Carlos Alberto Angelino Barrón, [2] Edwin Daniel Guerra Córdova, [3] Iván García Mijares Hernández, [4] Erick Adrián Rosas Gamiño, [5] Luis Gabriel Jop Corzo, [6] Axel García Bonilla, [7] José Othón Ramiro Hernández Lima, [8] José Antonio Conteras Chávez, [9] Enrique Mejía Bello, [10] Enrique Alvarado Saucillo, [11] Eduardo Flores Castro, [12] Luis Alberto Flores Maldonado, [13] Luis Fernando Martínez Reyes, [14] Cristian Eduardo Nava Verde, [15] Juan Carlos Cárcamo Cano, [16] Alejandro Díaz Madrid y [17] Hugo Melchor Nieto, actualmente se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México; la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en ordinales 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria gírese atento exhorto por la vía electrónica al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, efectúe la notificación del presente acuerdo en el lugar en el que se encuentran recluidos los promoventes del amparo y notifique los oficios correspondientes a la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 28 fracción III de la Ley de Amparo. De igual forma, se faculta al juez exhortado, para que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, autorice días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia en cuestión; y se solicita que una vez cumplimentada la comunicación oficial, la devuelva a la brevedad posible a este juzgado federal. Solicítese al juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a este juzgado a la brevedad posible. En el entendido de que de haber alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado del exhorto por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que previa certificación de ello, y sin ulterior acuerdo se remita el exhorto por vía ordinaria, en aras de no paralizar el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Háganse las anotaciones conducentes en el libros electronico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE.) Por otro lado, se solicita al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del presente juicio de amparo, se sirva a acusar el recibo de estilo correspondiente, a fin de ordenar el archivo del presente asunto. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Notificaciones no procesales Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico, proporcionados por la parte quejosa para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en Avenida Morelos, número 348, esquina Laguna Encantada David Gustavo Gutiérrez, Othón P. Blanco, Código Postal 77013, en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo del Secretario -como fedatario- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente vía exhorto al representante común de los quejosos y los oficios a las autoridades responsables conducentes.
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