Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 813/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 33 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Cúmplase y por oficio al juzgado correspondiente
- Principal
I- Agréguese a este cuaderno de antecedentes, el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al cual, inserta el proveído de dieciséis de los actuales, dictado en el juicio de amparo 511/2023-III-A, del cual se desprende lo siguiente: Acusa estilo de recibo, respecto de los autos originales del juicio en el que se actúa; e, Informa que se avoca al conocimiento de ese asunto. Asimismo, solicita a este Juzgado Federal poner a disposición de ese órgano jurisdiccional, el acceso a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad oficiante, hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este Juzgado, para que en términos de lo dispuesto en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes a efecto de lograr poner a disposición de ese órgano jurisdiccional, la consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) todo lo actuado en el presente juicio de amparo, para los fines legales a que haya lugar. Infórmese lo anterior al juzgado solicitante, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este asunto; asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo; así, como los preceptos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la identidad que debe existir entre el expediente electrónico y el físico; lo cual hasta este momento no acontece, pues no obran de manera digital la totalidad de las notificaciones realizadas a las partes de este asunto. En consecuencia, a efecto de estar en condiciones de archivar el expediente que nos ocupa, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos precisados en el párrafo que antecede, se ordena a la actuaria judicial que por terminación corresponda a la brevedad posible efectúe la total digitalización y vinculación de las notificaciones realizadas en este asunto al Sistema Integral de Expedientes correspondiente a este asunto, a efecto de lograr su correcta integración; ello, para colmar la identidad entre éste y el físico, como expresamente lo establece el artículo 3 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, y previa constatación de colmar las exigencias en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a dar cumplimiento al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, lo cual, deberá ir acorde a las características y el criterio de valoración correspondiente a este expediente. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio vía interconexión al Juzgado de Distrito en comento.
- Principal
I- R E S U E L V E ÚNICO. Se declara infundado el incidente de violación a la suspensión de plano promovido por la parte quejosa, dentro de los autos del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficios a las autoridades responsables.
- Principal
I- Agréguese el oficio y anexo de cuenta, remitido por el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la ciudad de México, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), por el cual devuelve diligenciada la comunicación oficial del propio índice, la cual se envió para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara a los quejosos, el proveído de veintiuno de abril de esta anualidad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro electrónico correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la constancia de notificación que se adjunta a la comunicación oficial devuelta, se aprecia que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, señala: "[.] Solicito asesor de oficio para prevención. [.]" Sobre lo cual, no es necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de dos de mayo del año en curso, se designó a René Humberto Domínguez Loza, como asesor Jurídico Federal, para que funja como representante de los quejosos en el presente juicio de amparo. En efecto, visto el estado de auto, así como la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que por acuerdo de dos de mayo del año en curso, se tuvo conocimiento que el titular de la Delegación Quintana Roo del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la ciudad de Cancún, designó a René Humberto Domínguez Loza, defensor público federal adscrito a este juzgado, como asesor jurídico, para que funja como representante especial de Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Arturo Zavala Rosas, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazerreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto, en el presente juicio de amparo. Por lo anterior, a fin de hacer efectiva la tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado, en el proveído de referencia, se ordenó notificar de manera personal al defensor público federal, a efecto de desahogar la prevención realizada a los quejosos en acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, se dio vista con el contenido del referido acuerdo al asesor jurídico y se requirió para que en el término de cinco días legalmente computados desahogue el requerimiento respectivo; bajo apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería al trámite de la demanda de amparo presentada únicamente respecto de las autoridades administrativas y actos que se les reclaman. Lo anterior fue hecho del conocimiento del referido asesor de los quejosos, el nueve de los actuales, según la constancia de notificación personal que obra en autos; sin que hasta la presente fecha haya desahogado la prevención o realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de dos de mayo de mayo de la presente anualidad y se deja de tener como autoridades responsables a los jueces de Distrito señalados por la parte quejosa y se continuará el trámite de la demanda de amparo presentada únicamente respecto de las autoridades administrativas y actos que se les reclaman a éstas. Ahora, resulta pertinente realizar un nuevo análisis de la demanda de amparo y por lo señalado en párrafos que anteceden, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio, y que corresponde su conocimiento a un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por las siguientes consideraciones. En primer término, resulta pertinente destacar lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la lectura de los preceptos legales citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto no solo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso, los promoventes señalaron como actos reclamados: "[.] Actos Reclamados bajo protesta de verdad: 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la ciudad de México y de custodio Victor Joel Palma Escalante, rondines del tercer y segundo grupos y líderes coordinadores de proyectos A y B del tercer grupo y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1990. 3) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro dormitorio diverso o área diversa que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción de custodio Víctor Joel Palma Escalante para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como agresiones de custodio de tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de nombre Rafael Mateo Arenas Tabares así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México Orlando Fabrizio Meza Trujillo quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 4) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 5) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8 a otro diverso que le genera tormento Psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 6) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 7) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 8) Reubicación de Eduardo Flores Castro, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 9) Reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 10 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 10) Luis Arturo Zavala Rosas reclama la Restricción de reubicación del dormitorio nueve zona dos estancia doce al dormitorio cuatro zona uno Estancia once ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofísico y genera angustia ,así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 11) violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales. 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria dé la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia. 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo. 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 16) Discriminación. 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 24) intimidación y discriminación y coacción de parte de Orlando Fabrizio Meza Trujillo contra los quejosos. 25) audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales. 26) Eduardo Ampudia Fraustro reclama Reubicación del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 12 a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo. 27) negación del servicio médico y dental 28) discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farías del Tercer Grupo de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 29) actos de molestia intimidación y represalia por parte del segundo y del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 30) obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por el custodio Rafael Mateo Arenas Tabares del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría 31) coacción de Orlando Fabrizio Meza Trujillo contra el quejoso Luis Arturo Zavala Rosas para reubicarlo forzosamente al área de población con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofisica y sicoemocional y sin permitirle reubicarlo al dormitorio cuatro zona uno estancia once por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desisten de los recursos. 33) intimidación contra Edwin Daniel Guerra Cordova por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 34) restricción de reubicar a Alejandro Díaz Madrid y Luis Alberto Maldonado Flores al dormitorio cuatro para proteger su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 35) intimidación contra Luis Arturo Zavala Rosas, Alejandro Díaz Madrid y Luis Alberto Flores Maldonado por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón así como reclama la restricción de reubicarlo al dormitorio cuatro zona uno estancia once para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y esto es discriminación plena y en represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 36) no entrega de colchones. 37) omisión de auxilio durante alerta sísmica por personal de seguridad y custodia de la Penitenciaría de la ciudad de México. 38) actos de molestia de los médicos y personal de seguridad y custodia de la Penitenciaria de la Ciudad de México contra los quejosos como represalia por la certificación de estado sicofísico de los quejosos. 39) negación de inscribir a los quejosos como víctimas de tortura en el (RENAVI 40) actos de molestia y discriminación por el médico César Cisneros Gaytán contra los quejosos por las certificaciones. A) Los actos señalados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 se los reclaman a las siguientes autoridades: - Director de la penitenciaria de la ciudad de México. - Subdirector jurídico de la penitenciaria de la ciudad de México. - Subdirector de Seguridad de la penitenciaria de la ciudad de México. - Comité técnico de la penitenciaria dé la ciudad de México. - Jefe De Unidad Departamental de Jurídico y normativa de la penitenciaria de la ciudad de México. -Subdirector de apoyo técnico de la Penitenciaría de la ciudad de México. - Jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México. - Subsecretario del Sistema Penitenciario de la ciudad de México. - Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México. - Jefe de Gobierno de la ciudad de México. - Servidor público Orlando Fabrizio Meza Trujillo. - Secretaría de Salud de la Ciudad de México. - Dirección del Servicio Médico de la Penitenciaría de la ciudad de México. -Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. -Secretaria de Gobernación. -Secretaria de Gobierno de la ciudad de México. B) Los actos reclamados con el numeral 17 y 18 se los reclaman a las siguientes autoridades: Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto. - Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí , Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. C) Los actos reclamados con el numeral 19 se le reclaman a: - Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. D) Los actos reclamados con el numeral 20, 21, 22 y 23 se le reclama a las siguientes autoridades: - Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. - Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. - Jefa de Gobierno de la ciudad de México. - Contraloría de la Ciudad de México. - Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. -Presidente de México. E) El acto 13 se le reclama a: - Gobernadores de Aguascalientes Baja California Baja California Sur Colima Campeche Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. F) los actos reclamados en el inciso 36 se reclaman a: - Subdirección de enlace administrativo de la Penitenciaría de la ciudad de México - Jefe de unidad departamental de servicios generales de la Penitenciaría de la ciudad de México. G) El acto reclamado en el inciso 39 se reclama a: -CEAVI y coordinador de CEAVI. [.]" De lo expuesto, se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte quejosa, debe atenderse a la primera de las reglas referidas en el presente auto; es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. Por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra los citados actos reclamados, debe atenderse al lugar donde ésta se ejecute, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado, lo que en la especie ocurre en la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión" Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, quien ejerce jurisdicción en la ciudad en la que tendrá lugar la ejecución de los actos reclamados y se encuentran recluidos los quejosos; por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, 48 y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Arturo Zavala Rosas, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazerreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto. En consecuencia, remítase vía mensajería acelerada [ESTAFETA] el presente expediente, con el original de la demanda, al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en materia penal en la Ciudad de México, a efecto de que se pronuncie sobre la competencia que se le declina. Solicítese de la manera más atenta al juez de Distrito en la Ciudad de México en turno que reciba el expediente, remita el acuse de recibo correspondiente a la brevedad posible, informando si acepta o rechaza la competencia planteada, para el efecto de proceder a lo que corresponda. Fórmese un cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias a fin de dejarlo en este Juzgado Federal, hasta en tanto se resuelva sobre la competencia declinada en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio vía ESTAFETA al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno.
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