Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 1231/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2022
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 43762/2022, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad con el mismo nombre, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal no insiste en declinar la competencia a este tribunal; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. Por lo anterior, es de sostenerse que el presente cuaderno se encuentra concluido, de ahí que, con sustento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; éste es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario adscrito al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 41930/2022, firmado electrónicamente por la titular del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad con el mismo nombre, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por******************** la cual dio origen a su juicio de amparo 1651/2022-III, en virtud de que en auto de seis de diciembre de este año, ese órgano de control constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y declinó la competencia a este tribunal. Fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 1231/2022-III. Por los motivos que enseguida se expondrán, este juzgado no acepta la competencia que se plantea. De la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalaron como autoridades responsables a diversas dependencias del poder ejecutivo federal y local de la Ciudad de México, así como a órganos constitucionales autónomos y gobernadores de distintas entidades federativas, a quienes reclaman actos de tortura, reubicación de dormitorio dentro de la penitenciaría en que se encuentran internos, castigo, confinamiento, segregación, restricción de recibir atención médica, prohibición de acudir al servicio médico e intimidación y actos discriminatorios. También, señalaron como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México, así como a sus homólogos con sede en Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, a quienes les reprochan los actos consistentes en "violación al principio Pro Persona" e "inaplicación de criterios internacionales". Ahora bien, la autoridad declinante refiere no tener competencia para conocer de la citada demanda de amparo al haber sido señalado como autoridad responsable, por lo que no puede tener el doble carácter de parte procesal, esto es, autoridad responsable y juez de amparo y con motivo de ello remite la presente demanda a este órgano jurisdiccional por considerar ser el más cercano a ésta. Sin embargo, contrario a lo apreciado por la jueza declinante, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, de los órganos no señalados como responsables en el estado de Tamaulipas, este tribunal no es el más cercano a su circuito, sino que geográficamente es el Juzgado de Distrito en este Estado, con sede en Tampico, en turno, de ahí que, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada. Aunado a lo anterior, resulta necesario distinguir, como ya se precisó, que de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consistentes en tortura, reubicación de dormitorio dentro de la penitenciaría en que se encuentran internos, castigo, confinamiento, segregación, restricción de recibir atención médica, prohibición de acudir al servicio médico e intimidación y actos discriminatorios, se atribuyen a diversas autoridades, pero no a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México o algún otro órgano jurisdiccional, por lo que respecto a ellos, no surte el motivo de incompetencia que adujo la jueza declinante. Así, en relación con ese primer grupo de actos reclamados, si los quejosos se encuentran internos en centro penitenciario en la Ciudad de México, con base en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente el juez de amparo que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se haya ejecutado, o bien, aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda cuanto el acto no requiera ejecución material, entonces, se estima que debe conocer de la demanda un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Ahora, tocante a los actos reclamados a los jueces federales señalados como autoridades responsables, entre quienes se encuentran precisamente los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se deben tener en consideración las razones que sirvieron como base para resolver el conflicto competencial 11/2019 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues en ese asunto, nuestro Alto Tribunal consideró que el desacuerdo entre los tribunales intervinientes no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos alegó no poder conocer de la demanda por haber sido señalado como autoridad responsable. También, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que lo anterior no representa un aspecto que establezca la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que el tribunal que se encuentre en ese supuesto no puede declararse de facto incompetente para conocer de un asunto, ya que previamente debe constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento del orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. De igual manera, determinó que el tribunal a quien inicialmente se le turnó la demanda, contrario a lo considerado, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y decidir lo que corresponda en relación con ella. Concluyó que, de lo contrario, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige al juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por voluntad o equivocación, a determinado órgano judicial a quien le atribuyan el acto reclamado, existente o inexistente, para que quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley. Consideraciones que se encuentran reflejadas en la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2020659, consultable en la Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 115, que a la letra dice: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)." El criterio mencionado, como se indicó, es aplicable al caso en concreto, porque la razón que sirvió de base a la jueza declinante fue precisamente que al ser señalados como autoridades responsables los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México, así como a sus homólogos con sede en Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, el más próximo geográficamente es este órgano jurisdiccional. Por lo que, atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que la competencia declinada no puede aceptarse, pues si bien debe evitarse que una autoridad sea juez y parte en el conocimiento de un asunto, también lo es que primero debe verificarse la vinculación que efectivamente pudiera tener el juzgado con los actos reclamados. De modo que, si del escrito inicial de demanda no se advierte algún acto reclamado en el que, con suficiente verosimilitud pueda hacer partícipes a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no se encuentra justificación para que dichos tribunales no conozcan de la demanda de amparo de mérito. Criterio que también fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en la ejecutoria dictada en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, al resolver el conflicto competencial 17/2022 de su índice. En las relatadas condiciones, como se adelantó, este tribunal federal no acepta la competencia planteada; por lo que, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, devuélvanse las constancias de trato al Juzgado Sexto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de estilo correspondiente. Sin que en el caso se ordene notificar de manera personal a la parte quejosa, en virtud de que este juzgado no aceptó la competencia planteada. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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