Edwin Daniel Guerra Córdova
Expediente 450/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/09/2023
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova
- José Antonio Contreras Chávez
- Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.
- Luis Gabriel Job Corzo
- Eduardo Ampudia Frausto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe relativo a la suspensión de plano decretada por este tribunal, firmado por el Director; por la Subdirectora de Apoyo Técnico; por la Subdirección Jurídica; por el encargado de la Subdirección de Seguridad; por el Secretario del Comité Técnico; por el Jefe de Unidad Departamental del C.D.U.D.T.; y, por el Jefe de Unidad Jurídica y Normativa, todos de la Penitenciaría de la Ciudad de México; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, toda vez que el órgano jurisdiccional ante el cual quedó registrada la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, es el Juzgado Primero de Distrito en el estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, envíesele dicho informe, previa copia simple del mismo que se deje en este expediente para constancia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 20028/2022, firmado electrónicamente por la titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre; con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, del contenido del comunicado que se recibe, no se advierte pronunciamiento específico sobre la aceptación de la competencia declinada por este órgano jurisdiccional a favor del Juez de Distrito en turno en el estado de San Luis Potosí; sin embargo, se aprecia que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con asentamiento en aquella localidad, en acuerdo de veinticuatro de junio del año actual, tuvo por recibidas dos demandas de garantías, en las que como agraviados aparecen Carlos Alberto Angelino Barrón y otros; las registró y ordenó la acumulación del juicio de amparo 869/2022-12, al diverso 868/2022-11 y, se declaró impedido para pronunciarse sobre la admisión de éste último, decidiendo remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con sede en San Luis Potosí, para la substanciación del impedimento planteado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 15088/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, al que acompañó el original del juicio de garantías 626/2022-VII-B, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, que formó con motivo de la competencia declinada por este órgano jurisdiccional a su favor relativa al diverso 450/2022-V; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y acúsese recibo. Con motivo de lo anterior y tomando en consideración que el juzgado oficiante integró al juicio de amparo 626/2022-VII-B, el diverso 450/2022-V, del índice de este tribunal, se ordena a la secretaría el reajuste de las constancias que lo comprenden, para que en su carátula quede la relativa al expediente en que se actúa y como consecuencia se realice el folio y sello de las mismas. Ahora bien, del contenido del comunicado de cuenta, derivado del proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, se desprende que el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, no aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del juicio de amparo 450/2022-V, debido a que la distancia en ruta de la Ciudad de México a Tampico, Tamaulipas, lo es de cuatrocientos ochenta y un kilómetros, mientras que a San Luis Potosí, San Luis Potosí (localidad donde no fueron señaladas autoridades responsables), lo es de cuatrocientos dieciséis kilómetros, por lo que, la más cercana a la jurisdicción en donde encuentran recluidos los quejosos lo es esta última; por las razones que expone, este órgano jurisdiccional no insiste en la competencia declinada a su favor en auto de dos de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, como se estableció en el acuerdo precisado en el párrafo que antecede, se insiste en que este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas; para ello, se reitera el estudio hecho en auto de dos de mayo de dos mil veintidós, por lo que es pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. En el caso particular, los actos reclamados consisten; entre otros, en la reubicación de éstos del dormitorio cuatro, zonas uno y tres, del módulo de seguridad nueve, a diverso módulo o área, de la penitenciaría en la que se dice, los directos agraviados se encuentran recluidos, en cuya hipótesis, desde la emisión de dichas órdenes, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos, por lo que evidentemente se trata de actos de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de esos actos, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo y en ese sentido, la autoridad que ordenó la reubicación de que se trata, sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reubicación del dormitorio cuatro, zonas uno y tres, módulo descritos, a diverso módulo o área del lugar. De lo que se puede apreciar, la situación anterior encuadraría en la segunda hipótesis de las que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; sin embargo, no se advierte que los actos reclamados pudieran tener ejecución en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, por las razones que más adelante se precisarán Además, todas las autoridades que señalan como responsables tienen su residencia fuera de la jurisdicción que corresponde a este Juzgado, lo que ante el dato objetivo que se tiene de que los peticionarios de amparo están privados de la libertad en la Penitenciaría de Ciudad de México, debe atenderse a la primera regla de competencia por territorio, que establece la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado, que en el particular es en la Ciudad de México, que en todo caso será donde se ejecutará el acto reclamado. En ese contexto, conforme a las reglas que para la fijación de la competencia prevé el artículo 37 en cita, se advierte que en el caso concreto es la ejecución material del acto reprochado la originadora de la competencia jurisdiccional en el amparo, ya que si se trata de un acto que requiere ejecución material, entonces, se atenderá a la primera parte de dicho artículo dándose competencia al Juez de Distrito del lugar donde resida la autoridad responsable ejecutora. Es aplicable en lo substancial el criterio 1.60.P.55 P (10a.), sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2382, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Ahora bien, una vez que el Tribunal Federal ante quien se promueve la demanda de garantías arriba a la conclusión de que no es competente para conocer de ella, por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta además, el contenido del numeral 38 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." En tales circunstancias, debe decirse que si bien es cierto los actos reclamados esencialmente se hacen consistir en la reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro, zonas y estancias referidas, a diverso módulo o área dentro de un centro de reclusión, también es verdad que se señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, del primero al décimo sexto, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil, del primero al décimo séptimo, todos de la Ciudad de México, así como a todos los Juzgados Federales de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto los de ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 37 y 38, de la Ley de Amparo, este Juzgado insiste en declararse legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo, dado que se actualiza la hipótesis competencial de los aludidos preceptos legales, que en lo conducente establecen que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito y; contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción en la Ciudad de México, que en la especie lo es el Juez de Distrito en turno con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí; puesto, que los promoventes señalaron como responsables a todos los juzgadores del país, pero excluyeron a los estados de Tamaulipas, Baja California y los residentes en San Luis Potosí, San Luis Potosí, así como de la Ciudad de México, únicamente señaló a los especializados en Materia Penal y en Materia Administrativa y Civil; y acorde a lo estipulado en el Acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y en razón a que la distancia desde la Ciudad de México, a San Luis Potosí San Luis Potosí, lo es de cuatrocientos siete kilómetros, mientras que a esta localidad es de mil sesenta y cinco kilómetros con quinientos sesenta metros, según información obtenida de la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo anterior es así, no obstante que en auto de dos de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, había declinado la competencia para conocer del presente asunto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, tomando como base que de acuerdo a una consulta realizada a la página "http://mx.lasdistancias.net", se encontraba a una distancia de trescientos cuarenta y nueve kilómetros, mientras que esta ciudad a una mayor distancia; sin embargo, como ya ha quedado establecido atendiendo a que la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señala que la distancia desde la Ciudad de México, a San Luis Potosí San Luis Potosí, lo es de cuatrocientos siete kilómetros, mientras que a Tampico, Tamaulipas, de cuatrocientos noventa y ocho kilómetros con setecientos cincuenta metros, es evidente que San Luis Potosí, donde no se señalaron autoridades responsable es la más cercana a la jurisdicción en la que se encuentran recluidos los quejosos. Por lo anterior, se declina la competencia para conocer del presente juicio de amparo, en favor del Juez de Distrito en turno en el estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por lo que de inmediato remítasele el expediente en que se actúa por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esa localidad, con el propósito de que decida si acepta la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
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