Edwin Daniel Guerra Córdova

Expediente 707/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
707/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual solicita se le informe si este juzgado federal se avocó al conocimiento del juicio de amparo 764/2021 de su índice. En atención lo anterior, hágase del conocimiento que mediante determinación dictada el veintidós de septiembre último, este juzgado se avocó al conocimiento del citado asunto, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que contiene el proveído dictado el diecisiete de septiembre último, al que se adjunta copia de la demanda de amparo promovida por *************** en representación de ************* y ***************; regístrese la demanda con el número de juicio 709/2021-IV y genérese expediente físico y electrónico. Del contenido del aludido auto de diecisiete de septiembre del año en curso, se desprende que el Juez oficiante declina competencia para conocer de la demanda únicamente por lo que hace a los actos atribuidos a ese propio juzgador de amparo, a saber: i. Violación al principio pro persona. ii. Discriminación. iii. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona. Con fundamento en los artículos 33, fracción IV y 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto por los actos y autoridad responsable precisados. Acuse recibo correspondiente. No ha lugar otorgar suspensión de plano solicitada Al respecto, este órgano de control constitucional, comparte el criterio del homólogo federal declinante -también autoridad responsable-, al considerar que los actos destacados no se encuentran contemplados ni en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso 15 de la Ley de Amparo. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, pues tales actos deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Lo anterior, pues como lo estimó el homólogo federal, la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Merece invocarse la jurisprudencia de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. Consideración previa. Es importante destacar que la promoverte *************** pretende instar la demanda de amparo en representación de *************** o *************** y ***************; sin embargo, del estudio integral del escrito inicial, se advierte que ésta carece de firma por parte del quejoso*************** . Desechamiento Al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por ***************, en favor del quejoso *************** carece de firma autógrafa o electrónica; es indudable que, no contiene la voluntad de éste en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues como ya se precisó, los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desechar la demanda, al actualizarse un motivo diverso. En efecto, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que la promovente no redactó los antecedentes de los actos reclamados que atribuye al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal. De tal suerte, debe inferirse que los actos que le imputa lo hace en su carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un Juez de distrito en materia de amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. En ese tenor, se actualiza otro motivo más de improcedencia, ya que no es factible conocer de un juicio de amparo presentado en contra de otro Juez de Distrito, debido a que, se insiste, contra sus actuaciones proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia, respecto al quejoso ***************. Desechamiento respecto al quejoso *************** De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ahora, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;. (.).". El artículo transcrito, se refiere a lo que se conoce como litispendencia y su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se tramite el mismo acto, ya que su constitucionalidad solo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende necesariamente que exista identidad en el quejoso; las autoridades responsables y actos reclamados, pero sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentra pendiente de resolución. En el caso concreto, del contenido del juicio de amparo 710/2021-I del índice de este juzgado y el cual se invoca como hecho notorio, se advierte lo siguiente: La demanda fue promovida por *************** en representación de*************** o ***************. Se señaló como autoridades responsables a las siguientes: Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Los actos reclamados son los siguientes: i. Violación al principio pro persona. ii. Discriminación. iii. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona. Por su parte, en la demanda de amparo que nos ocupa 707/2021-V, se advierte que el juicio es promovido por *************** en representación de ***************o ***************, se señaló como autoridad responsable a la misma; los actos reclamados en ambos juicios son idénticos; y los motivos por los que se señala la violación son iguales. Es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.". En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, respecto a de *************** o *************** Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio el lugar de reclusión en el que se encuentra el quejoso. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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