Edwin Daniel Guerra Cordova

Expediente 655/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
655/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Cordova
  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada incidencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de junio último, para el efecto de que aclarara su petición en relación con el incidente planteado, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Por tanto, precluyó su derecho de hacerlo. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que se tiene por no presentada la incidencia intentada por la parte quejosa. Causa estado Por otro lado, de la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Finalmente, se instruye al secretario a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Secretaria del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en los autos del conflicto competencial 1/2023 de su índice, así como el juicio de amparo indirecto 1120/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ************y otros. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, del testimonio adjunto relativo a la resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictada en los autos del citado conflicto competencial en el que referido Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero. SEGUNDO. Se declara que el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en turno, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por (1) ***********.". Atento a lo resuelto por la citada superioridad y, en virtud que el conocimiento del juicio que remite tocó conocer a este Juzgado Federal, se avoca al conocimiento y al respecto se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en apariencia por (1) *********, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades responsables. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 655/2023-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la Litis. De la lectura de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los quejosos reclaman los actos siguientes: "1) Reubicación de ********, del dormitorio 4, zona 1, estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 2) Ataques y actos de coacción contra ********* por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalias y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la Ciudad de México y de custodio Víctor Joel Palma Escalante, rondines del tercer y segundo grupos y líderes coordinadores de proyectos A y B del tercer grupo y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1990. 3) Reubicación de *******, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro dormitorio diverso o área diversa que le genere tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como agresiones de custodio de tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de nombre Rafael Mateo Arenas Tabares así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México ********quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 4) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio 4, zona 1, estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 5) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio 4, zona 3, estancia 8, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 6) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez del dormitorio 4, zona 3, estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 7) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio 4, zona 3, estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 8) Reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio 4, zona 3, estancia 7, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 9) Reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta, del dormitorio 4 Zona I Estancia 10, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ.. 10) Diego Issac Hernández González reclama la Restricción de reubicación del dormitorio nueve, zona tres, estancia tres, al dormitorio ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofísico y genera angustia, así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTITIQ. 11) Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y coacción y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las ordenes de suspensión dictadas por jueces y Tribunales federales 13) Traslados de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 Ley de Amparo de tracto sucesivo. 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalias contra los quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 16) Discriminación. 17) Violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias atribuidas al Comité Técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento de reclusorios 2006 y que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 24) Intimidación y discriminación y coacción de parte de Orlando Fabrizio Meza Trujillo contra los quejosos. 25) Audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la Ley Nacional de Ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual os ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales. 26) Eduardo Ampudia Fraustro reclama reubicación del Dormitorio cuatro Zona uno Estancia Doce a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo. 27) Negación del servicio médico y dental. 28) Discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farias del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México. 29) Actos de molestia intimidación y represalias por parte de custodios y rondín del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 30) Obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por custodios de la Penitenciaría de la Ciudad de México. 31) Coacción de Orlando Fabrizio Meza Trujillo contra el quejoso, Diego Issac Hernández González para reubicarlo forzosamente al área de población con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad psicofísica y psicoemocional y sin permitirle reubicarlo al dormitorio cuatro zona uno estancia once por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 32) Coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desisten de los recursos 33) Intimidación contra Edwin Daniel Guerra Córdova por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 34) Restricción de reubicar a Diego Issac Hernández González, Alejandro Díaz Madrid y Luis Alberto Flores Maldonado al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 35) Intimidación contra Diego Issac Hernández González, Alejandro Díaz Madrid y Luis Alberto Flores Maldonado, por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón así como reclama la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y esto es discriminación plena y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 36) Restricción de entrega de colchones a los quejosos así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia 37) Omisión de auxilio durante alerta sísmica por personal de seguridad y custodia de la Penitenciaría de la ciudad de México. 38) Actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaría de la ciudad de México contra los quejosos cómo represalia por la certificación de estado psicofisico de los quejosos 39) Negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI 40) Actos de molestia y discriminación por el médico César Cisneros Gaytán contra los quejosos por las certificaciones.". Autoridades responsables. A) los actos señalados con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 se le reclaman a las siguientes autoridades: I. Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México. II. Subdirector Jurídico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. III. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México. IV. Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. V. Jefe de Unidad Departamental de Jurídico y Normativa de la Penitenciaría de la Ciudad de México. VI. Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. VII. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México. VIII. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. IX. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. X. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. XI. Servidor público Orlando Fabrizio Meza Trujillo. XII. Secretaria de Salud de la Ciudad de México. XIII. Dirección del Servicio Médico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. XIV. Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. XV. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. XVI. Secretaria de Gobernación. XVII. Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. B) Los actos señalados con el numeral 17 y 18 se le reclaman a: XVIII. Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo y del Decimosegundo al Decimosexto. XIX. ESTE JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. XX. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo. XXI. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto los de Ciudad Obregón, Sonora), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. C) Los actos reclamados con el numeral 19 se le reclaman a: XXII. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. D) Los actos reclamados con los numerales 20, 21, 22 y 23, se le reclaman a las autoridades: XXIII. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. XXIV. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. XXV. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. XXVI. Contraloría de la Ciudad de México. XXVII. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. E) El acto 13 se le reclaman a: XXVIII. Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. F) El acto 39 se reclama a: XXIX- CEAVI. XXX. Coordinador del CEAVI. Consideración previa respecto a los actos señalados con los numerales 1) a 16) y 19) a 40) en relación con su naturaleza. Respecto a los actos reclamados 1) y 3) a 10), 22), 26), 29), 30) 32), 33), 34) 38) y 40), relacionados con la reubicación y la restricción de reubicación de los aquí quejosos, se manifestó que tal reubicación les genera "afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofisicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo, asimismo, que pone "en riesgo su vida y generan tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo"; entre otras manifestaciones que se encuentran subrayadas en cada uno de dichos actos reclamados. Asimismo, respecto al acto reclamado marcado con el número 13), consistente en el traslado de los aquí quejosos refieren lo siguiente: "(.) con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo (.).". En relación con lo anterior, este juzgado considera que las manifestaciones relacionadas con los actos reclamados por los quejosos, relativos al traslado, reubicación de éstos, se trata únicamente de actos futuros de realización incierta y, además, para que exista la posibilidad inminente de que dichos actos se realicen, primero se tendría que trasladar y/o reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo a lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por los quejosos a dichos actos. Por otra parte, de los antecedentes precisados por la parte promovente no se advierte circunstancia alguna de la que se desprenda que el acto precisado como 27) negación del servicio médico dental pueda ser considerado como de los que pongan en riesgo la integridad de la parte quejosa, o bien, se equipare a un acto de tortura en contra de los aquí quejosos, por lo que no es dable otorgar ni de manera indiciaria un trato de urgencia para tales manifestaciones. Ahora bien, por lo que hace a los actos que reclaman marcados con los numerales 2), 31) y 33) consistente en ataques y actos de coacción en contra de Carlos Alberto Angelino Barrón, Victor Joel Palma Escalante, Orlando Fabrizio Meza Trujillo, Diego Issac Hernández González y Erick Adrián Rosas Gamiño; 11) 33) y 35) consistente en violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción; 15) consistente en intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia en contra de los quejosos; 16) y 28) consistentes en la discriminación; y 22) consistente en restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias; debe decirse que tales "actos" no son de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, ya que su naturaleza deriva de la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos y/o del cambio de dormitorio, o bien, pudieran entrañar hechos con apariencia de delito los cuales pudieran ser investigados por las autoridades competentes, no así por los juzgados de Distrito; en conclusión, no se advierten indicios que se esté ante actos de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido. Por otro lado, respecto al acto señalado como 14) que los quejosos hicieron consistir en "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 ley de amparo de tracto sucesivo", los amparistas no mencionaron expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime que, los justiciables no señalan ni siquiera indiciariamente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, únicamente pudiera inferirse que dichos "actos" se destacan como meras consecuencias de los actos reclamados primigenios consistentes en la orden de traslado y cambio de dormitorio, por lo que la situación de la discriminación, represalias y/o intimidación que refiere la parte quejosa al no señalarlos de manera fáctica, no pueden ser considerados de manera autónoma. Desechamiento En el caso, el escrito de demanda aparentemente promovido por (1) Carlos Alberto Angelino Barrón, (2) Edwin Daniel Guerra Córdova, (3) Luis Gabriel Jop Corzo, (4) José Othón Ramiro Hernández Lima, (5) José Antonio Contreras Chávez, (6) Enrique Mejía Bello, (7) Enrique Alvarado Saucillo, (8) Eduardo Ampudia Fraustro (9) Eduardo Flores Castro, (10) Renan Hidalgo Echazarreta, (11) Diego Issac Hernández González, (12) Luis Alberto Flores Maldonado, (13) Alejandro Díaz Madrid, y (14) Hugo Melchor Nieto, carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese tenor, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6°., de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3°. de la Ley de Amparo. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada -principio de instancia de parte-. La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 10, 14, 16, 17 interpretado a contrario sensu, 45 y 46 todos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover solicitudes, demandas, promociones, recursos y escritos iniciales; para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General invocado. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, PUES EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO COMO YA SE PRECISÓ, NO SE RECLAMA ALGUNO DE LOS ACTOS ANTES CITADOS. En virtud de lo anterior, al ser presentada la multicitada demanda a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por los directo quejosos, no se encuentra manifiesta la voluntad de éstos y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6o. y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivo diverso. En efecto, respecto a los actos reclamados consistentes en el traslado o reubicación de los amparistas se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado y/o reubicación referidos el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". En tales condiciones, se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano Por otro lado, de las constancias que integran el sumario presente sumario, se advierte que por proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se agregó a los autos el exhorto 206/2022, número de orden 734/2022, girado a fin de notifica la parte quejosa el diverso auto de once de octubre de dos mil veintidós, del que se advirtió que la parte quejosa manifestó "promuevo incidente de violación a la suspensión". Al respecto cabe señalar que el solicitante de amparo promueve incidente de violación a la suspensión de plano; sin embargo, atento a lo dispuesto por el artículo 208 de la ley de la materia, la figura jurídica correspondiente es "incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano". Ahora bien, tomando en consideración que se promueve el citado incidente, este juzgado federal estima procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que bajo protesta de decir verdad, aclare su petición en cuanto a que precise en forma concreta y debidamente detallada los hechos que le reclama a cada una de las autoridades involucradas en el incumplimiento a la suspensión de plano, así como respecto de cada uno de los quejosos bajo el apercibimiento de que de no realizarlo en el plazo de tres días hábiles legalmente computados a partir de su legal notificación, se tendrá por no presentada dicha incidencia. Domicilio de los quejosos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte provente, las listas de este juzgado federal, al no encontrarse acreditada la voluntad de promover el juicio de amparo, y por ende, no haber señalado lugar alguno para tales efectos. Representante común. Asimismo, se tiene como representante común a Carlos Alberto Angelino Barrón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.

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