Edwin Adolfo Vázquez Juárez

Expediente 1074/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1074/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Edwin Adolfo Vázquez Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ******************** hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Quejoso desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Edwin Adolfo Vázquez Juárez, a través del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, de acuerdo al escrito de demanda y aclaración de la misma, se procede a fijar los actos reclamados y autoridades responsables de la siguiente manera: Del Congreso de la Unión Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Poder Constituyente permanente (órgano revisor de la constitución: El ... como acto de aplicación el auto de seis de julio de dos mil veintitrés. la omisión de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, al no proponer reforma a la Constitución que erradique la obligación de agotar la instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales laborales, en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; La omisión de cumplir con el principio de progresividad al no proponer reforma a la Constitución que erradique la obligación de los gobernados de agotar la instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales laborales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y , Del Juez Primero Laboral del Estado de Tlaxcala. El auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 80/2023 P.O.L, del índice del Juzgado Primero de lo Laboral del Estado de Tlaxcala; Como acto de aplicación del artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo, el auto de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 80/2023 P.O.L, del índice del Juzgado Primero de lo Laboral del Estado de Tlaxcala. Previo a los razonamientos que se harán, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes de los actos reclamados de acuerdo a lo narrado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en su escrito de demanda y de aclaración de la misma, los cuales, en lo que interesa son los siguientes: El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso presentó ante el Juzgado Laboral del Estado de Tlaxcala, demanda laboral por despido injustificado, en contra de la empresa denominada Out Of África, misma que tocó para su conocimiento al Juzgado Primero Laboral del Estado de Tlaxcala; El veinte de febrero del presente año, el Juzgado Primero Laboral del Estado de Tlaxcala, radicó el juicio laboral, asignándole el número 80/2023-P.D.L. y requirió a la parte actora a fin de que, señalara si era su deseo demandar a Out Of África, Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla y en caso de que así lo deseara, la requirió para que exhibiera las constancias de no conciliación correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, iniciaría con el procedimiento conciliatorio prejudicial con los demandados; El tres de marzo de dos mil veintitrés, Edwin Adolfo Vázquez Juárez, manifestó ante el Juzgado Primero de lo Laboral del Estado, que sí era su deseo demandar a Out Of África, Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla, pero que no era de su interés llevar un proceso conciliatorio con las demandadas; En auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Primero Laboral del Estado de Tlaxcala, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de veinte de febrero de la citada anualidad y ordenó girar oficio al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, para el efecto de iniciar procedimiento prejudicial de conciliación con los citados demandados. El quince de marzo de dos mil veintitrés, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, requirió al quejoso para el efecto de que se presentara de manera personal en las instalaciones de dicho centro, a efecto de que presentara su solicitud, o bien, la presentara de manera escrita; lo anterior, bajo el apercibimiento que no hacerlo se archivaría el asunto como totalmente concluido por falta de interés; El veinticinco de abril del año actual, el Juez Primero de lo Laboral, tuvo por recibida la constancia exhibida por el quejoso de no conciliación con la persona moral demandada Out Of África y señaló que una vez que contara con las constancias de no conciliación de la diversas demandadas Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla, se ordenaría continuar con el procedimiento; El nueve de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Primero Laboral ordenó continuar con el juicio laboral 80/2023 P.O.L, únicamente respecto de la moral Out of Africa, debido a que el Director del Centro de Conciliación Laboral en el Estado informó que había mandado al archivo el asunto conciliatorio, por falta de interés del actor aquí quejoso; El quince de junio de dos mil veintitrés Edwin Adolfo Vázquez Juárez, presentó solicitud ante el Juzgado Primero de lo Laboral del Estado de Tlaxcala, en el sentido de girar oficio al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, para el efecto de que se iniciara el Procedimiento de Conciliación Prejudicial, previsto en el Titulo Trece Bis de la Ley Federal del Trabajo, respecto de las personas físicas Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla; En contestación a lo anterior, el veinte de junio del presente año -acto reclamado-, la autoridad responsable acordó que la solicitud de iniciar procedimiento conciliatorio con las personas Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla, no era favorable toda vez que el Director del Centro de Conciliación Laboral en el Estado de Tlaxcala, le informó que el quejoso no había acudido a continuar con el procedimiento y por tal razón éste había sido archivado por falta de interés; asimismo, le indicó que en el diverso de nueve de mayo de dos mil veintitrés, ordenó continuar el procedimiento únicamente con la moral demandada ********************; y, En auto de seis de julio del año actual -acto de aplicación de la norma que tilda de inconvencional-, el Juzgado Primero de lo Laboral del Estado de Tlaxcala, dio contestación a la petición del quejoso, en torno a que se siguiera el procedimiento en contra de Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla; en el cual, le indicó que, se estuviera a lo acordado en proveído de veinte de junio del presente año -descrito en el punto que precede-. Al respecto, resulta pertinente señalar que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por tanto, se debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá desechar al demanda en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor literal: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Se desecha demanda de amparo Establecido lo anterior, se procede a analizar la demanda de amparo y escrito de aclaratorio respecto de los actos reclamados consistentes en los siguientes: El auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 80/2023 P.O.L, del índice del Juzgado Primero de lo Laboral del Estado de Tlaxcala; Como acto de aplicación del artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo, el diverso de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 80/2023 P.O.L., del índice del Juzgado Primero de lo Laboral del Estado de Tlaxcala. De tal manera, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS Al respecto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: ... Disposición legal relacionada con la jurisprudencia visible en la página 45, Marzo de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 213005, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA" El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Lo anterior es así, tomando en cuenta que de los anteriores antecedentes se obtiene que en auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable ordenó continuar el procedimiento únicamente con la moral demandada ********************, debido a que, el Director del Centro de Conciliación Laboral, mandó al archivo el procedimiento conciliatorio prejudicial respecto de los demandados Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla. De tal manera, el acto reclamado de veinte de junio del año actual, únicamente le informa al quejoso que en auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, ya se había determinado que el juicio se seguiría únicamente por la moral ********************, no así por las personas físicas Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla; asimismo, en auto de seis de julio del año que transcurre -acto de aplicación de la norma- el Juez Primero de lo Laboral del Estado refirió al quejoso que debería de estarse a los acordado el veinte de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso se aprecia que el auto de nueve de mato de dos mil veintitrés, que ordena continuar el procedimiento únicamente por la moral ******************** y no así por las personas físicas Alan Keith Miller y Alba Saldaña Escamilla, no fue combatido por el quejoso; en consecuencia, dicho acuerdo y los diversos de veinte de junio y seis de julio, ambos de dos mil veintitrés, quedaron firmes en sus términos. Por otra parte, el hecho de que el auto de nueve de mayo actual, según el dicho del quejoso, no se le haya notificado de forma personal, pues pudo haber combatido la notificación a través del incidente de nulidad de notificaciones; por tanto, esa circunstancia no hace procedente el amparo indirecto respecto de los autos de veinte de junio y seis de julio, ambos de dos mil veintitrés, debido a que éstos son consecuencia legal y necesaria de la circunstancia de que se omitió combatir a través del juicio de amparo indirecto la resolución de nueve de mayo de dos mil veintitrés y, por ello, haya quedado firme dicho auto así como los diversos de veinte de junio y seis de julio de dos mil veintitrés, que remiten a dicho auto; de tal manera, los actos reclamados son derivados de otro que adquirió la calidad de consentido. Lo anterior es así, pues, de las manifestaciones del quejoso en su demanda de amparo, refirió que el nueve de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó continuar el procedimiento laboral únicamente con la moral demandada ********************, por lo que fue a partir de ese momento, en que tuvo conocimiento pleno de su contenido y estuvo en aptitud de combatirlo vía amparo indirecto, pero no lo hicieron, consintiendo de esa manera dicho proveído; considerar lo contrario, conduciría a permitir al particular que decida discrecionalmente la promoción del juicio de amparo, aun cuando ya hubiere tenido conocimiento de su existencia. Resulta orientador al caso la tesis I.9o.T.4 K (10a.), Décima Época, registro digital 2016919, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2490, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA CUANDO EL QUEJOSO COMPARECE A TOMAR FOTOGRAFÍAS DEL ACTO RECLAMADO ANTE UNA DIVERSA AUTORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. ... De ahí, que tanto que el proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés por el que ordenó continuar el procedimiento únicamente con la moral demandada ********************, quedó firme para todos sus efectos legales procedentes, generando por consecuencia que los proveídos de veinte de junio y seis de julio de dos mil veintitrés ?actos reclamados?, adquiera la calidad de acto derivado de otro consentido, dado que es una consecuencia directa y necesaria de aquellas resoluciones. Al respecto, se invoca el contenido informativo y en lo conducente, de la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. NO TIENE TAL CARACTER EL DECRETO POR EL QUE SE PRECISAN LOS DECRETOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CUANDO NO SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA TAL EJERCICIO. ... También sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.3º.CJ/60, visible en la página 2365, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 176608, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. Es aplicable a lo anterior y por no ser contraria a la Ley de Amparo publicada el tres de abril de dos mil trece, la tesis III.1o.A.11 K, visible en la página 582, del tomo III, Mayo de 1996, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Asimismo tiene aplicación la tesis visible en la página 204 del tomo XI, Abril de 1993, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Así también, es aplicable la tesis visible en la página 52 del tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, que corresponde a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"." En consecuencia, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Improcedencia que se hace extensiva al acto reclamado a las autoridades responsables, siguientes: Del Congreso de la Unión Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Poder Constituyente permanente (órgano revisor de la constitución) El artículo 684-B dela Ley Federal del Trabajo y como acto de aplicación el auto de seis de julio de dos mil veintitrés; la omisión de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, al no proponer reforma a la Constitución que erradique la obligación de agotar la instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales laborales, en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; y, La omisión de cumplir con el principio de progresividad al no proponer reforma a la Constitución que erradique la obligación de los gobernados de agotar la instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales laborales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, también se aprecia que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, ello es así, pues como se desprende la demanda de amparo y escrito aclaratorio, el quejoso señala que, las autoridades responsables omitieron su obligación de promover, protege, respetar y garantizar el derecho de acceso a la justicia al establecer como obligación agotar la instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales laborales, es decir, la etapa prejudicial. Atento a lo anterior, se desprende que el quejoso pretende impugnar a través del amparo indirecto adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -respecto a su contenido material-, con relación al artículo 123, aparatado A, fracción XX, párrafo segundo y tercero; en consecuencia, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, pues conforme al artículo 135 Constitucional, el Constituyente depositó en el Congreso de la Unión -y en las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México-, con el carácter de órgano límite, la potestad (función) soberana de adicionar o reformar la Constitución General siendo, precisamente, esa capacidad normativa excepcional, en donde encuentra asidero la inimpugnabilidad del texto de la Constitución, partiendo de la idea para ello de que dicha norma fue emitida por un Poder Reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.2/2022, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1654, del Tomo II, Febrero de 2022, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuto título y contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si cuando se impugna en amparo indirecto el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, se actualiza o no de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -respecto a su contenido material-, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Justificación: En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conoce de un juicio debe examinar la demanda y desecharla de plano en el auto inicial si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendiendo por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de un hecho por ser seguro y evidente. Ahora, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclama alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -respecto a su contenido material-, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, pues conforme al artículo 135 constitucional, el Constituyente depositó en el Congreso de la Unión -y en las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México-, con el carácter de órgano límite, la potestad (función) soberana de adicionar o reformar la Constitución General siendo, precisamente, esa capacidad normativa excepcional, en donde encuentra asidero la inimpugnabilidad del texto de la Constitución, partiendo de la idea para ello de que dicha norma fue emitida por un Poder Reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Aunado a que basta la sola presentación de la demanda para advertir de su lectura que se impugnan normas de este rango y que al tratarse de aspectos insuperables del juicio, en nada se esclarecerán o modificarán de seguirse el proceso de amparo en todas sus etapas, por lo que la simple impugnación de algún precepto de la Constitución General, constituye un hecho de notoria y manifiesta improcedencia que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial". En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones I y XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Edwin Adolfo Vázquez Juárez, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1074/2023-III. Prevención. En atención al escrito de demanda, se toma en consideración que la parte quejosa señala como acto destacado, el siguiente; Acto reclamado. Ahora bien, el quejoso, promueve demanda de amparo contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, de quien reclaman: / / Asimismo, de la lectura integra de la demanda se aprecia que, el quejoso señala el artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones III, IV y V, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación (.)." Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, III, IV y V, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo1, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Precise con qué carácter impugna la inconstitucionalidad del artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo, es decir, deberá precisar si lo impugna en su carácter de norma general autoaplicativa o heteroaplicativa; En caso de reclamar el artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo, como heteroaplicativo, deberá señalar cuál es el acto de aplicación, la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado; Indique si contra los actos que reclama, ha promovido algún medio de defensa ordinario; Fecha de notificación del auto de veinte de junio de dos mil veintitrés -auto que niega la solicitud del quejoso de iniciar el procedimiento de conciliación-, emitido dentro del expediente 80/2023, del índice de la responsable y cuál fue el medio de notificación; Por otra parte, del capítulo de autoridades responsables, el quejoso señala al Juzgado Primero Laboral del Estado de Tlaxcala; sin embargo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierten diversas transcripciones emitidas por la Secretaria Instructora de dicho juzgado laboral, por tanto, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: A quién señala como autoridad responsable del Juzgado Primero Laboral del Estado de Tlaxcala, es decir, al Juez o a la Secretaria instructora. Ahora bien, en sus antecedentes del acto reclamado, refiere que se admitió a trámite la demanda, por cuanto hace a la demandada Out Of África; por tanto, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Precise la etapa procedimental en la que se encuentra el expediente 80/2023; Si ya fueron emplazados los demandados; y, quiénes son las partes en el mismo. Ahora bien, en caso de que el demandado Out Of África, ya haya sido emplazado al juicio laboral, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el quejoso deberá: Proporcionar el domicilio donde pueda ser emplazados al presente juicio de amparo; o bien, manifestar bajo protesta de decir verdad que no conoce el domicilio. Además, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el plazo concedido -cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído-, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Consulta de expediente y notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "ISRAEL18", toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar lo conducente para la consulta y notificación del expediente vía electrónica. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de la materia, a Israel Calva Corro, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Cristian Baez Bernal, Adriana Sampedro Calva, Ana Line Rosario Carmona, Julio César Galindo Sánchez e Iván Castro Muñoz, por no contar con dicho registro. Comunicación no procesal Asimismo se tiene a la parte quejosa, señalando como medio de comunicación un correo electrónico y números telefónicos; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando dichos medios que refiere, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

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