Edurne Meneses Domínguez

Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1195/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Edurne Meneses Domínguez
  • Edurne Meneses Domínguez En Representación J.M.C.M.

Actuaciones

  1. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Informe previos. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe previo, mismo que será tomado en cuenta al resolver sobre la suspensión definitiva dentro del presente incidente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Consulta de expediente electrónico. Visto el estado que guardan los autos y en específico del contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario licrodolfohe, toda vez que se encuentra registrado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Edurne Meneses Domínguez, en representación del menor de iniciales J.M.C.M., contra actos del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1195/2022-II. Se admite demanda de amparo. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Edurne Meneses Domínguez, en representación del menor de iniciales J.M.C.M., contra actos del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza; los que estima violatorio en su perjuicio de los artículos 1, 4, 16 y 20 apartado C Constitucionales. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiérasele para que dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Acumulación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en este Juzgado de Distrito se encuentran registrado el juicio de amparo 1055/2022-II, promovido por Edurne Meneses Domínguez en representación de su menor hijo de iniciales J.M.C.M., en el cual se reclamó: El acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, mediante el cual señala las nueve horas del quince de septiembre de dos mil veintidós para llevar a cabo una junta familiar dentro del expediente 21/2022 de su índice. Lo cual resulta un hecho notorio para el suscrito de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, y atento a lo determinado en la jurisprudencia J/12, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 295, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." De igual manera, se advierte que el presente juicio de amparo fue promovido por Edurne Meneses Domínguez en representación de su menor hijo de iniciales J.M.C.M., en el cual se reclama: a) El acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 21/2022 del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza. De lo anterior, se aprecia que en el juicio de amparo 1055/2022 y el presente juicio de amparo 1195/2022, se reclaman actos relacionados entre sí, por lo que, en aras de una pronta impartición de justicia, procede acumular dichos juicios. Así, resulta conveniente señalar que los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente". Luego, de la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se desprende que el Congreso de la Unión estableció la modificación al trámite de los incidentes con el siguiente argumento: "Incidentes En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución." En relación con las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, se aprecian las novedades esenciales siguientes: Las cuestiones incidentales no sólo procede contra las cuestiones previstas en la ley, sino también contra cualquier cuestión que por su naturaleza amerite ese tratamiento; Procede a petición de parte o de oficio ofreciendo las pruebas en el escrito que plantee el incidente; El juzgador decide si el incidente debe tramitarse de PLANO, especial pronunciamiento o se debe reservar para el momento de dictar sentencia definitiva; Salvo las excepciones previstas en la ley, el juzgador también decide si el incidente suspende o no el procedimiento; Se regula el trámite de los incidentes, en cuanto a las pruebas a ofrecer, el momento procesal para ofrecerlas; así como las etapas y plazas de la audiencia de recepción, desahogo de pruebas y alegatos. Así, en la especie, se desprende que conforme a las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el artículo citado prevé la facultad de tramitar cualquier cuestión que surja durante el trámite del juicio de amparo, el cual será a través de la vía incidental. A su vez, nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ha determinado que si en una demanda de amparo se reclaman actos derivados del mismo procedimiento y a las mismas autoridades responsables, el Juez de Distrito, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, podría iniciarse de oficio la acumulación de juicios. Por tanto, atendiendo a que los actos reclamados en los juicios de amparo citados guardan una estrecha relación y, que no se requiere un pronunciamiento especial en el que haya que tramitarse un incidente no especificado para desahogar pruebas a fin de resolver sobre la acumulación; con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal decreta de oficio y de plano la acumulación del juicio de amparo 1195/2022 al 1055/2022 (por ser éste último el más antiguo), a efecto de que sean resueltos en una sola sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 51/2004, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, Novena Época, al resolverse la Contradicción de Tesis 5/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE." Así como la diversa Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), visible en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, septiembre de 2015, Décima Época, que versa de la siguiente manera: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL." Cabe mencionar que dicha acumulación de referencia, tiene como finalidad acatar el principio de economía procesal; esto es, que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de derechos en donde se reclame el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 204, tomo XI-marzo-1003, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro: "ACUMULACIÓN. JUICIOS DE AMPARO." Anotaciones en SISE y Libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Gobierno. De lo anterior, agréguese copia certificada al citado expediente que se acumula al presente, para los efectos legales conducentes. Se ordena glosar expediente Por tanto, glósese el presente expediente al 1055/2022 (por ser el más antiguo), a fin de que en una sola audiencia se resuelvan ambos juicios y evitar así el dictado de sentencias contradictorias. Audiencia constitucional. Asimismo, se reitera la de fecha de audiencia constitucional señalada a las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en el juicio de amparo 1055/2022, del índice de este Juzgado, al cual se ordenó acumular el presente expediente. Incidente de suspensión. Ahora bien, en atención a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, con copia de la demanda, fórmese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio al mencionado representante social por vía electrónica, a través del usuario FISCFED9, en atención a que así lo solicitó en los oficios que fueron recibidos y acordados en los autos de diez de junio de dos mil veinte y once de marzo de dos mil veintiuno, dictados en los Cuadernos de Varios 2/2020 y 2/2021, respectivamente, de este Juzgado de Distrito, Así también, se tiene informando el correo electrónico hugo.hernandezv@pgr.gob.mx a fin de entablar comunicación no procesal. Tercero interesado. Asimismo, resérvese proveer lo relativo al emplazamiento de terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. Notificación. Por otro lado, notifíquese por única ocasión en el domicilio señalado para tal efecto, asimismo; las subsecuentes notificaciones se harán de conformidad con lo establecido en el juicio de amparo 1055/2022 de este índice. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Israel Calva Corro, Rodolfo Omar Hernández Escobar y Pedro Alonso Sánchez Reina, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Neri Reyes Romero, Alma Lucero Cruz Albino y Omar Campillo Martínez por no contar con dicho registro. Consulta de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario licrodolfohe, toda vez que se encuentra registrado. Pruebas. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que exhibe con su escrito de demanda, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Se ordena formar tomo de pruebas. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, fórmese un tomo de pruebas por separado, del cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Notifíquese personalmente por única ocasión en el domicilio señalado para tal efecto. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. ? Se ordena apertura de incidente. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1195/2022-II, promovido por Edurne Meneses Domínguez, en representación del menor de iniciales J.M.C.M, contra actos del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8 de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda de derechos se advierte que hay menores promoventes, únicamente se insertarán sus iniciales al momento de hacer referencia a él, conforme con lo dispuesto en el Capítulo III denominado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 61 relativo a la "Privacidad", y punto 7, relativo a "Medidas para proteger la intimidad y bienestar de niñas y niños y adolescentes" 1 "6.PRIVACIDAD" El Juez debe en la mayor medida posible resguardar la privacidad de toda participación infantil. Esta regla tiene dos implicaciones prácticas: el resguardo de la identidad del niño y la privacidad de las diligencias en las que se encuentra presente el niño. PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 primer párrafo, incisos a)2, c)3, y d)4, todos del Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de marzo de dos mil catorce, por lo que este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de sus datos personales en las determinaciones que se emitan en este expediente. ? Se requiere informe previo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. ? Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a la autoridad responsable que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se le apercibe que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa por el 2 a. Suprimir de las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar de trabajo, profesión o cualquier otra información que pudiera servir para identificar al menor; 3 c. Ordenar la no divulgación de cualquier acta en que se identifique al niño, hasta que el tribunal lo considere oportuno; 4 d. Asignar un seudónimo o un número al niño, en cuyo caso el nombre completo y la fecha de nacimiento del menor deberán revelarse al acusado en un período de tiempo razonable para la preparación de su defensa; .... ? Requerimiento a las autoridades responsables. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. ? De las notificaciones a las autoridades responsables. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". ? Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. ? Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: ? El acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en, mediante el cual señalaron las once horas del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la junta familiar dentro del expediente 21/2022 del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza. ? Efecto para el que se pide la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 5 que: Atento a lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada; por similitud se cita la jurisprudencia del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS"5. ? Consideración previa Con el propósito de determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada, es menester tener en cuenta el contenido normativo de los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo disponen los requisitos que han de 5 Época: Novena Época, Registro: 182529, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 111/2003, Página: 98. PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 cumplirse para que se otorgue la suspensión dentro del juicio de amparo, siendo dichos numerales del tenor siguiente: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 7 II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. ARTÍCULO 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." De los numerales en cita se desprende que para el otorgamiento de la suspensión, el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y del interés social, además de que sea solicitada por el quejoso, no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causa al agraviado con la ejecución del acto. Al respecto, debe decirse que el requisito relativo a que los actos reclamados sean de difícil reparación y que causen perjuicio al quejoso con la ejecución del acto, implica que aún no se hayan consumado dichos actos o que permita reparar lo que se reclama, esto es, si lo que aduce el solicitante de amparo es un hecho ya consumado, en nada práctico nos conduce conceder la suspensión provisional. ? Se concede suspensión. Ahora, con el propósito de determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada, es menester tener en cuenta los artículos 128 y 129 fracción VIII de la Ley de PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 Amparo, mismos que establecen los requisitos para la concesión de dicha medida, cuyo contenido a la letra establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;" De los citados preceptos legales se advierte que para conceder la suspensión provisional se requiere: a) que la solicite el quejoso; y b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y particularmente, como en el presente asunto nos ocupa, que no se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. Al respecto, debe decirse que en el presente asunto se ven inmersos intereses de un menor, por lo que corresponde al órgano jurisdiccional velar por los intereses del mismo, toda vez que se estima que dicho infante se encuentra en un ambiente de vulnerabilidad. Para velar por dichos derechos del menor, debe tenerse presente la protección que el orden constitucional y los tratados internacionales dan a los derechos de los menores e incapaces. En efecto, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los párrafos ocho a diez, dispone que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral e impone a los ascendientes, tutores y custodios la obligación de velar por la preservación de esos derechos; incluso, se fija al Estado, como mandato de optimización, tomar las acciones conducentes para propiciar el respeto a la dignidad infantil y el pleno ejercicio de sus derechos, con base en el principio de interés superior del menor. Por su parte los artículos 3, 9 y 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño6, imponen a las instituciones públicas y privadas (incluidos los tribunales) velar por el interés superior de los menores, privilegiando que se desarrollen y crezcan con la protección y cuidado necesarios para su bienestar, seguridad y sanidad, es decir, rodeados de afecto, seguridad moral y material, primordialmente, al lado de sus padres, salvo el caso de que éste sea maltratado, descuidado o bien, los padres vivan separados y 6 Aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio siguiente, y ratificado por el Ejecutivo el diez de agosto del mismo año. Convención que en términos del artículo 133 de la Ley de Amparo, debe atenderse como ley suprema de la Unión, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, abril de 2007, página 6, titulada: "TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL". ...deba decidirse sobre la residencia del menor (enunciación ejemplificativa mas no limitativa). Asimismo, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 1, 7, 22, 23, primer párrafo, 26, 27, 28 y 29, establecen, en síntesis: que las cuestiones relacionadas con los niños son de orden público, interés social y observancia general. Impone la obligación de garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la necesidad prioritaria de asegurar su permanencia dentro del seno familiar; el derecho a convivir y mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular; así como el establecimiento de instituciones idóneas para la defensa y representación de los menores. En el mismo sentido, el artículo 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establece que los menores tienen derecho a las medidas de protección necesarias por parte de su familia, sociedad y Estado. Tocante a los conflictos en materia familiar el Máximo Tribunal del País ha establecido que no puede actuarse en forma rigorista sino con amplitud de criterio7. Asimismo, que los jueces federales están obligados a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, siempre que en forma directa o indirecta, pueda afectarse el bienestar de un menor de edad o incapaz, con independencia de los derechos controvertidos, pues la voluntad de las partes no es suficiente para determinar la situación de los menores; ello, al margen de 7 Atiéndase a las razones que informan la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 217-228, cuarta parte, página 322, de epígrafe: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN CUESTIONES DE DERECHO FAMILIAR". quién promueva en su nombre e, incluso, en el supuesto de no ser parte8. Asimismo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/20069, estableció que en materia familiar, una misma intervención pública puede afectar, al mismo tiempo, los derechos del niño, de los padres, así como a las instituciones de la familia y la patria potestad, dependiendo las circunstancias del caso; por ello, el criterio interpretativo de los derechos fundamentales llamado pro libertate o pro homine, aplicado en abstracto, puede llegar a resultar poco útil para resolver conflictos en el ámbito familiar, habida cuenta que su resolución en un determinado sentido puede beneficiar a un individuo (padre o madre y/o niño), pero perjudicar automáticamente el nivel de protección de los derechos de otro individuo (padre o madre y/o niño). Así también, el criterio interpretativo de los derechos fundamentales dirigido a favorecer el interés superior del niño, aplicado en abstracto, puede resultar un criterio muy indeterminado. De tal manera que la definición de los niveles de protección de los derechos en materia familiar se hace depender, en gran medida, de las circunstancias del caso concreto, sin que ello implique desconocer la existencia de un núcleo inafectable e irreductible, que no puede ser traspasado por medidas normativas (generales) arbitrarias e injustificadas tendentes a afectar su contenido. Por tanto, el conflicto debe resolverse a partir de criterios de ponderación de carácter concreto. 8 Véase jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". 9 Dicha ejecutoria puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, de octubre de 2008, página 465 y ss. Ahora bien, para resolver sobre la procedencia de la presente medida cautelar, resultan particularmente ilustrativas las consideraciones vertidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el "Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile"10, en el que, respecto de las implicaciones de resolver con base en el interés superior del menor, sostuvo: ? El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. En relación al interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. ? Para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere "cuidados especiales", y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir "medidas especiales de protección"11. ? La determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características 10 Sentencia de 24 de febrero de 2012. (Fondo, Reparaciones y Costas). 11 Párrafo 108. ...15 personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia12. En este sentido, para determinar sobre la guarda y custodia provisional, el juzgador debe atender los comportamientos parentales específicos de las partes, y verificar si pudiera existir un impacto negativo abstracto sobre la menor. Por lo anterior, para para resolver sobre la suspensión provisional del acto reclamado, es indispensable que este juzgador realice un análisis integral de la demanda de amparo, anexos y todos los datos que tenga a su alcance, para resolver si la suspensión provisional afectaría o no, los intereses del menor o le pudiera causar un trastorno emocional o psíquico, atendiendo a los datos que tuvo la responsable para regir el sentido de su determinación, pues, dado el grado de protección superior del menor se debe ponderar lo que más le convenga con base en todos los elementos que tenga a su alcance el juzgador. Así pues, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, en esencia, los siguientes hechos: 1. Que derivado de una relación, la quejosa Edurne Meneses Domínguez y Daniel Cortes Águila, procrearon al menor de iniciales J.M.C.M., quien a la fecha cuenta con nueve años de edad. 2. Debido a problemas que tuvo con Daniel Cortes Águila, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa presentó denuncia por el delito de abuso sexual, lo que dio 12 Párrafo 109. ...origen a la carpeta de investigación C.I.AIEDVIS/ 1277/2021. 3. Derivado de diversos actos de investigación, el Agente del Ministerio Público giró oficio al Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, informando los hechos denunciados y solicitando se iniciara las diligencias correspondientes en materia familiar y a su vez decretara medidas de seguridad correspondientes, lo cual dio origen al número de expediente 21/2022, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza. 4. El uno de septiembre del año en curso, le fue notificado a la parte quejosa el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, en el cual se señaló hora y fecha para llevarse a cabo una junta familiar dentro del expediente 21/2022, del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, por el cual se le apercibió con multa de diez UMAS, en caso de incomparecencia o de no llevar a su menor de iniciales J.M.C.M. 5. Posteriormente, el trece de octubre de dos mil veintidós, le fue notificado el diverso acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se señalaron las once horas del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la junta familiar en el expediente 21/2022, con la comparecencia del menor de iniciales J.M.C.M. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 130, 136 y 162 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, en caso de no haberse llevado a cabo la junta familiar señalada para el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 21/2022, del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza se lleve a cabo la misma, sin que se ejecute la orden de hacer comparecer al menor de iniciales J.M.C.M. Lo anterior, en atención a los medios de prueba ofrecidos por la quejosa, es decir copia autentificada de la carpeta de investigación C.I.AIEDVDI-S/1277/2021, la cual se sigue por el ilícito de abuso sexual presuntamente cometido por Daniel Cortés Águila en victimización del menor de iniciales J.M.C.M. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2009454, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y tenor siguientes "CAREOS CONSTITUCIONALES. PARÁMETROS A SEGUIR CUANDO SON DESAHOGADOS ENTRE EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD POR LA COMISIÓN DE DELITOS DE VIOLACIÓN O SECUESTRO. El artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 al prever, entre otras cuestiones, que cuando la víctima u ofendido sea menor de edad, no estará obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro, no veda la práctica de los careos constitucionales solicitados por el inculpado con los pasivos menores de edad por la comisión de los delitos referidos, pues la expresión "no estarán obligados" a que se refiere el precepto constitucional citado implica que no debe constreñirse a ...Además, la tesis: 1a. CCCLXXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 268 del Tomo I, décima época, con número de registro digital 2010617, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y tenor siguientes "MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DEL DELITO. MEDIDAS QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR PARA GARANTIZAR Y PROTEGER SU DESARROLLO, CUANDO ESTÉN EN CONTACTO CON LOS PROCESOS DE JUSTICIA. Con el fin de evitar mayor sufrimiento al niño que ha sido víctima de un delito, las entrevistas, exámenes y demás tipos de investigaciones a que sean sometidos deben ser realizados por profesionales capacitados que procedan de manera sensible, respetuosa y concienzuda. Así, existe una obligación especial frente a la niñez, de manera que en el caso de los menores víctimas de un delito, deben implementarse las siguientes medidas cuando estén en contacto con los procesos de justicia: 1) los niños deberán contar con ayuda profesional de manera continua hasta que ya no se requiera más; 2) deben utilizarse procedimientos adaptados a los niños, incluidas salas de entrevistas destinadas a ellos; salas de audiencia modificadas teniendo en cuenta recesos durante el testimonio de un niño; audiencias programadas a horas apropiadas para su edad y madurez; 3) un sistema de comunicación que garantice que el menor asista al tribunal solamente cuando sea necesario, al igual que otras medidas que faciliten el testimonio del niño y, en general, aseguren sus derechos a recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica; a que se le repare el daño y se resguarden su identidad y otros datos personales." Hágase del conocimiento de las partes que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 206 de la Ley de Amparo, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en contra de las autoridades responsables ? Notificación. Por otro lado, notifíquese por única ocasión en el domicilio señalado para tal efecto, asimismo, las subsecuentes notificaciones se harán de conformidad con lo establecido en el juicio de amparo 1055/2022 de este índice. ? Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Israel Calva Corro, Rodolfo Omar Hernández Escobar y Pedro Alonso Sánchez Reina, por PRISCILA RIVERA VALERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.77.a9 26/09/23 09:13:02 contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Neri Reyes Romero, Alma Lucero Cruz Albino y Omar Campillo Martínez por no contar con dicho registro. ? Comunicación no procesal Asimismo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo, se tiene a la quejosa, señalando como medio de comunicación el correo electrónico que refiere. ? Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. ? Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ? Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ?Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, ...estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. ?Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. ? Supresión de datos. ...

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