Eduviges Rama Antonio

Expediente 683/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
683/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Eduviges Rama Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 683/2020 2 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 1. Causa estado resolución. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por ***o, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Considerando que en proveído de cuatro de noviembre del año en curso se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, este expediente es destruible, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por por propio derecho, contra un acto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, recibida el treinta de octubre del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el tres de noviembre siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 683/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional, de la que se advierte lo siguiente: Acto reclamado. La quejosa reclama la negativa de acordar el escrito por el que solicitó información sobre los impuestos que declaró de manera electrónica, y que presentó el veintiuno de octubre de dos mil veinte ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. En el caso, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º., 5º, fracción II, y 108, fracción III, de dicha ley, que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". Los referidos preceptos prevén la procedencia del amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, se considera que el acto reclamado consiste en un hecho voluntario y positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado o un particular que tenga facultades cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De ahí que no todos los hechos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, esto es, aquellos que afectan de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; además, si de acuerdo con su naturaleza, se debe considerar si puede exigirse su cumplimiento. De no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no son de autoridad. Por su parte, el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo titular es el gobernado en general, se traduce en la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición, por medio de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, en el término previsto en la ley relativa. Sin embargo, si no existe regulación expresa sobre el término en que debe acordarse, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración analógica, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que establece que "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En el caso concreto, la quejosa presentó queja el veintiuno de octubre de dos mil veinte ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; escrito por el que solicitó información sobre los impuestos que declaró de forma electrónica, sin que hasta la fecha en que presentó la demanda de amparo, treinta de octubre del año en curso, le hubieren dado respuesta. Por su parte, los artículos 1, 2, fracción V, 52 y 57, del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, ley que rige la materia del acto reclamado, señalan: "TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO PRIMERO DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTICULARES Y DE LAS PROMOCIONES E INSTANCIAS. o instancia respectiva". De ahí que la autoridad cuenta con el término de treinta días hábiles para pronunciarse sobre la pretensión de la aquí quejosa presentada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en relación con la solicitud de que se le informe sobre los impuestos que declaró de forma electrónica. Pero como la quejosa promovió demanda de amparo el treinta de octubre de este año, es inconcuso que únicamente han transcurrido siete días hábiles desde que presentó su petición, por lo que no ha transcurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído; de ahí que no existe acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En esas condiciones, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Se invoca en apoyo la siguiente tesis: "Novena Época Registro: 201387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Lo anterior no implica dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el momento en que, efectivamente, emerja un acto u omisión que afecte su esfera jurídica, nacerá su derecho para ejercer la acción constitucional respectiva. 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 5. Precisión. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Domicilio y autorizados. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Y por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a Herminio Hernández Vargas, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof. 10. Autorización para establecer comunicación vía correo electrónico. Debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, por la que atraviesa el país, se tiene a la parte quejosa señalando una cuenta de correo electrónico, como medio para entablar comunicación, a fin de que, cuando se requiera llevar a cabo la notificación personal de alguna resolución, se acuerde previamente su realización con el (la) actuario (a) de la adscripción, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 11. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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