Eduardo Zalasar Hidalgo y Otros.
Expediente 757/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/07/2017
Partes del expediente
- Eduardo Zalasar Hidalgo y Otros.
- Rodrigo Martínez Miranda
- Comisario De La Policía Ministerial De La Fiscalía General De Justicia Del Estado De México y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VI.- De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la determinación de nueve de junio del año en curso, a través de la cual se sobreseyó fuera de audiencia, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que deberá conservarse la suspensión provisional, en la se concedió la suspensión solicitada (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 3) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en ambos expedientes (principal e incidental), no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo.
- Principal
VI.- Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Eduardo Salazar Hidalgo, mediante el cual solicita copia certificada del auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, y autoriza a las personas que señalo en su escrito inicial de demanda para su recepción; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2º a la Ley de la Materia, expídase a costa del promovente las copias que solicita, debiendo dejar en autos constancia de su recibo, sin que se realice pronunciamiento respecto a las personas que designa, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional se pronunció respecto a tal acto en auto de diecisiete de mayo del año en curso.
- Principal
VI.- Vista la razón de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito a este Juzgado para notificar personalmente a ********************, la determinación de nueve de junio actual, por las manifestaciones ahí vertidas. Glósese a los autos la que se provee para que obre como corresponda; y, dados los motivos de imposibilidad asentados por el actuario de la adscripción, notifíquese a los quejosos el contenido del auto de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano judicial. ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agencia Central Cuatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; a través del cual en atención al proveído de seis de junio del año en curso, remite las constancias en las que el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno Agencia Central Cuatro, decretó la libertad de los quejosos Eduardo Zalasar Hidalgo, Rodrigo Martínez Miranda, Gerardo Bastida Malvaez y David López Padilla, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las diecisiete cincuenta y cinco horas. Circunstancia que se corrobora con el escrito suscrito por los quejosos de mérito, promovido en la Oficialía de Partes de Juzgado de Distrito el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 39), en el que manifestaron que habían sido liberados, por la autoridad que los tenía privados de su libertad. Atento a lo anterior, glósese a los autos para que surta los efectos legales a los que haya lugar. Ahora bien, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De igual manera, el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las casuales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Para corroborar la postura anunciada, es preciso mencionar que las razones que llevan a determinar el sobreseimiento anunciado, es lo manifestado por la autoridad promovente, esto es, el hecho de que el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno Agencia Central Cuatro, decretó la libertad de los quejosos Eduardo Zalasar Hidalgo, Rodrigo Martínez Miranda, Gerardo Bastida Malvaez y David López Padilla, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las diecisiete cincuenta y cinco horas. Debe decirse, que para que la causa de improcedencia referida se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; pues el acto que reclamaban se hacía consistir en la orden de detención y su ejecución, por lo que cuando el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno Agencia Central Cuatro, decretó la libertad de los quejosos Eduardo Zalasar Hidalgo, Rodrigo Martínez Miranda, Gerardo Bastida Malvaez y David López Padilla, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las diecisiete cincuenta y cinco horas, se advierte que quedó destruido el acto que reclaman en la presente instancia constitucional. Razón por la cual, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, visible en la página 81, Materia Común, con número de registro 917637, cuyo rubro a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cinco minutos del doce de junio de dos mil diecisiete.
- Principal
VI.- Se tiene por recibido el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agencia Central Cuatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; a través del cual en atención al proveído de seis de junio del año en curso, remite las constancias en las que el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno Agencia Central Cuatro, decretó la libertad de los quejosos Eduardo Zalasar Hidalgo, Rodrigo Martínez Miranda, Gerardo Bastida Malvaez y David López Padilla, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las diecisiete cincuenta y cinco horas. Circunstancia que se corrobora con el escrito suscrito por los quejosos de mérito, promovido en la Oficialía de Partes de Juzgado de Distrito el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 39), en el que manifestaron que habían sido liberados, por la autoridad que los tenía privados de su libertad. Atento a lo anterior, glósese a los autos para que surta los efectos legales a los que haya lugar. Ahora bien, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De igual manera, el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las casuales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Para corroborar la postura anunciada, es preciso mencionar que las razones que llevan a determinar el sobreseimiento anunciado, es lo manifestado por la autoridad promovente, esto es, el hecho de que el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno Agencia Central Cuatro, decretó la libertad de los quejosos Eduardo Zalasar Hidalgo, Rodrigo Martínez Miranda, Gerardo Bastida Malvaez y David López Padilla, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las diecisiete cincuenta y cinco horas. Debe decirse, que para que la causa de improcedencia referida se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; pues el acto que reclamaban se hacía consistir en la orden de detención y su ejecución, por lo que cuando el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno Agencia Central Cuatro, decretó la libertad de los quejosos Eduardo Zalasar Hidalgo, Rodrigo Martínez Miranda, Gerardo Bastida Malvaez y David López Padilla, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las diecisiete cincuenta y cinco horas, se advierte que quedó destruido el acto que reclaman en la presente instancia constitucional. Razón por la cual, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, visible en la página 81, Materia Común, con número de registro 917637, cuyo rubro a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cinco minutos del doce de junio de dos mil diecisiete.
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