Eduardo Vicente Lujan Mendoza

Expediente 653/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
653/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Kassandra Lujan Rueda
  • Eduardo Vicente Lujan Mendoza
  • KASSANDRA LUJAN RUEDA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. HOMÓLOGO SOLICITA VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual solicita la vinculación del expediente electrónico del presente asunto, con el diverso ******************** de su índice. Atento a la solicitud de vinculación del presente expediente electrónico, se instruye al Oficial Judicial A, adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que vincule el mismo al juicio de amparo ********************, de la estadística del Juzgado oficiante. Finalmente, lo anterior, hágase de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual comunica el auto de trece de julio actual, del que se advierte que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho y en representación de la infante de iniciales******************** la cual radicó con el número de amparo indirecto ********************; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. De igual forma, a efecto de mejor proveer, solicita se remita los autos originales del incidente de suspensión 653/2023-I. En relación a la solicitud del homologo oficiante, se ordena formar cuaderno de antecedentes y remitir los autos originales del cuaderno incidental 653/2023-I, para los efectos legales a que haya lugar; por lo que, se solicita de la manera más atenta y de no tener inconveniente alguno, se sirva acusar el recibo correspondiente. Archivo. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. ... El cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, ello de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita. El cuaderno de antecedentes del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, ello de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita. ... Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a siete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual, en atención al auto de quince de junio pasado, informa que instruyó la vinculación del expediente 864/2022-VIII, de su índice, a efecto de que este órgano jurisdiccional pueda consultarlo. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México a treinta de junio de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional provee en los siguientes términos: COMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una sub garantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, analizada en su integridad la demanda de amparo, con apoyo con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver de ésta, en consecuencia, debe remitirse al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, por las consideraciones siguientes: Para explicar lo anterior, primero debe precisarse el acto reclamado. Del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa señaló como actos los siguientes actos reclamados: "ESCRITO DE DEMANDA: DESAPARICION FORZADA COMETIDA POR AUTORIDADES Y PARTICULARES EN COADYUVANCIA CON LA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL INCISO A COMO RESPONSABLE, DE LA MENOR QUEJOSA POR SUS OMISIONES Y/0 ACTUACIONES EN PROCESOS. ESCRITO ACLARATORIO: Que por cuanto a las autoridades responsables citadas en los incisos A), B), C) Y D) de la demanda de amparo les atribuyo el acto que reclamo por ser la juzgadora de origen quien desahogó la diligencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés y de las autoridades B), C) Y D), les atribuyo el mismo acto en el entendido que son autoridades superiores a la juzgadora de origen y de quienes ésta última depende para el ejercicio de su función a través del presidente de dicho tribunal y del consejo de la judicatura revisar y/o en su caso sancionar que los actos ejecutados por las autoridades a su cargo se ejecuten conforme a derecho evitando violaciones a los derechos humanos de las partes y en este caso mayormente de una menor de edad que padece discapacidad involucrada en un proceso judicial, por lo que resultan actos consecuentes e inherentes al actuar de la juzgadora de origen. Por cuanto a las autoridades marcadas con los incisos E),F),G) H),I) y J), les atribuyo el acto que reclamo ya que fueron las autoridades que se encontraron presentes en el desahogo de la diligencia del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés y quienes de la misma diligencia se desprende que no tuvieron intervención alguna en favor de la menor para que se le garantizara a la infante sus seguridad en su persona, en su salud, en su seguridad, siendo que es responsabilidad de toda autoridad en el ámbito de su competencia el velar por el interés superior de la menor y durante el desahogo de la diligencia la cual ya fue exhibida ante esta autoridad en copia, se desprende que todas las autoridades presentes y citadas en este párrafo consintieron la determinación de la juzgadora de origen sin percatarse de las violaciones procesales cometidas por la juzgadora de origen, por ende fueron participes y por consecuencia se convierten en coadyuvantes junto con la juzgadora familiar a la desaparición de mi menor hija. Puesto que la desaparición forzada, es un delito que está vinculado a graves violaciones a derechos humanos, la prevención, investigación, procesamiento, sanción y erradicación." Sin embargo, de un análisis íntegro y exhaustivo de la demanda de garantías, el informe justificado y del material probatorio allegado a juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés emita por el Juzgado Décimo Primero Familiar de Proceso de la Ciudad de México, dictada en el expediente 50/2020 y sus consecuencias (consistente en la suspensión del régimen de convivencias del aquí quejoso con la menor de identidad reservada K.L.R.). Se estima así, porque de acuerdo a lo obligación de los jueces de distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo y el resto de las constancias, se advierte que de ésta, la parte inconforme en el apartado de antecedentes (f. 3-4), manifiesta su inconformidad contra del desahogo de la diligencia de veinticuatro de marzo del año en curso, donde se determinó que la menor de iniciales K.L.R., debía de ser entregada a su progenitora con auxilio policiaco, decretando diversas medidas precautorias en favor de la tercero interesada Karen Elizabeth Rueda Arizabalo y la menor en comento. Lo anterior, se constata con la siguiente transcripción del referido número romano: "El día veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se desahogó una diligencia en el local del Juzgado Decimoprimero Familiar de proceso escrito de la Ciudad de México, en el expediente 50/2020, en la que mi menor hija fue trasladada por elementos de la Fiscalía General de la República desde el domicilio donde vivía con mi menor hija en el Estado de Morelos, en supuesto cumplimiento de diversas resoluciones judiciales emitidas por la autoridad responsable, de las cuáles no fui notificado. Así mismo en dicha diligencia la Juez Décimo Primero Familiar de la Ciudad de México, requirió a KAREN ELIZABETH RUEDA ARIZABALO, para que señalara un domicilio de depósito donde se encontraría viviendo junto con mi menor hija, en este tenor, señaló ante la responsable el domicilio ubicado en: VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 834, CASA 26, COLONIA BARRIO DE SAN FRANCISCO, CODIGO POSTAL 52104, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, sin embargo la responsable en ningún momento veló por el interés superior de la menor al OMITIR cerciorase de que el domicilio señalado por la progenitora fuera existente, certero y que efectivamente la niña quedara depositada en el domicilio ya que a pesar de haber otorgado la madre de la menor un domicilio fuera de la jurisdicción del juzgado de origen, debió ordenar que se girara atento exhorto al Estado de México para que mediante fedatario judicial se ordenara el depósito de la infante, el cercioramiento del domicilio donde estaría pernoctando la menor, las personas que viven en dicho domicilio a efecto de asegurarse el bienestar físico de la infante, así como que el domicilio tuviera las condiciones mínimas necesarias de higiene, espacios para su sano desarrollo, servicios, pero sobre todo que cuente el domicilio con un espacio destinado a la menor, todo esto a fin de asegurarse que la infante viviera en condiciones óptimas para su sano desarrollo." En efecto, de la anterior transcripción se observa que en el presente juicio la parte quejosa se inconforma contra la determinación de la Jueza Decimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, donde determina lo siguiente: Se realizó la entrega de la menor de iniciales K.L.R., a su progenitora Karen Elizabeth Rueda Arizabalo. Decretó el cambio de la guardia y custodia de la menor a favor de su progenitora Karen Elizabeth Rueda Arizabalo. Fijó los días de convivencia entre la menor y el quejoso de manera provisional, los cuales deberían de realizarse de forma supervisada en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ordenó valoración especializada en psiquiatría infantil para la menor de iniciales K.L.R. Máxime, que del informe justificado rendido por la Jueza Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, se advierte que en efecto, tal autoridad mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, decretó la convivencia entre la menor de iniciales K.L.R. y el ahora quejoso en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del Poder Judicial de la Ciudad de México (f 383). Por lo tanto, si de una lectura íntegra de la demanda y del resto de las constancias que integran el presente asunto, se observa que la parte quejosa se inconforma con las consecuencias del incumplimiento por parte de la progenitora respecto de la determinación de la Jueza Décimo Primera de lo Familiar de la Ciudad de México, consistente en que la progenitora fue omisa en atender el régimen de visitas y convivencias, decretado entre la menor y su progenitor en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del Poder Judicial de la Ciudad de México; entonces, es evidente que el acto reclamado en el presente asunto es la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés emitido en el juicio de divorcio necesario 50/2020, del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México en el cual, la titular de dicho juzgado determinó lo conducente a las medias de convivencia entre la menor de iniciales K.L.R., y su progenitor, para lo cual precisó que dichas convivencias se llevarían a cabo bajo estricta supervisión. Establecido lo anterior, acorde con lo previsto por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece: ". CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en el Distrito Federal ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquél. Los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se advierten las siguientes reglas de competencia: a) A la ejecución del acto. Si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. b) A prevención. En caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y continúe su ejecución en otro, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. c) A la ausencia de ejecución. Si no requiere ejecución el acto reclamado será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. Las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo atienden a la naturaleza de los actos reclamados, lo que es determinante para saber cuál de las tres reglas de competencia se actualiza. Verbigracia, en la primera regla identificada mediante el inciso a) se atiende a actos de naturaleza positiva porque implica actividad de la autoridad responsable, sólo que atiende a diferentes momentos procesales, pues previene que si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. En la segunda hipótesis, señalada con el inciso b), también se trata de actos de naturaleza positiva, pero aquéllos son de tracto sucesivo en tanto que se prolongan en el espacio y en el tiempo, de tal suerte que la ejecución de los actos pueden tener lugar en uno o varios circuitos, por lo que en este caso, cuando la ejecución del acto reclamado se inicie en determinado territorio y se siga ejecutando en otro diferente, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. El tercero de los supuestos referidos, mencionado con inciso c), comprende aquellos actos que sean meramente declarativos o que no requieran de ejecución material, caso en el cual será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Ahora bien, en el caso particular, debe estarse a la primera regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que previene que será competente el Juez de Distrito del lugar en donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto es, como en la especie, el acto reclamado tiene ejecución en la Ciudad de México, se considera debe actualizarse la primera de las hipótesis descritas, pues el acto del que se duelen primordialmente las peticionarios de amparo, consiste en "la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés emitido en el juicio de divorcio necesario 50/2020, del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México en el cual, la titular de dicho juzgado determinó lo conducente a las medias de convivencia entre la menor de iniciales K.L.R., y su progenitor, para lo cual precisó que dichas convivencias se llevarían a cabo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del Poder Judicial de la Ciudad de México, para que se llevara a cabo una entrevista diagnóstica; acto que conlleva ejecución material fuera del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Esto es así, ya que el acto reclamado en el presente asunto, no tiene ejecución dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino en la Ciudad de México; por ende, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubica el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del Poder Judicial de la Ciudad de México; es decir, en dicha ciudad. A lo anterior sirve de apoyo la tesis publicada en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 805490, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, es aplicable, por mayoría de razón la tesis I.15o.A.41 K, publicada en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Novena Época, con número de registro 162635, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y declina competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno; al acreditarse que dentro de esa jurisdicción tienen ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, dado lo acordado en párrafos que anteceden, háganse las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las trece horas del treinta de junio del año en curso, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente; sin que haya necesidad de señalar nueva fecha; ello en atención al sentido del presente auto. Notifíquese.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano