Eduardo Verboonen Flores

Expediente 980/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
980/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Verboonen Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de trece de noviembre de dos mil quince, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por Eduardo Verboonen Flores, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obran documentos exhibidos por la parte actora, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos al encontrarse glosados al expediente podrán ser destruidos conjuntamente con él, lo anterior de conformidad con la fracción tercera, segundo párrafo, del artículo vigésimo del citado acuerdo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por EDUARDO VERBOONEN FLORES, contra actos de la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 980/2015. Con relación al libelo constitucional, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por EDUARDO VERBOONEN FLORES, en virtud de lo que se expone. Del análisis integral de la demanda y sus anexos emerge que el acto impugnado lo constituye el proveído de diez de noviembre de dos mil quince, a través del cual la jueza señalada como responsable desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por el ahora agraviado contra la resolución interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil quince, en el expediente mercantil juicio de tercería excluyente de dominio M66/2015, iniciado por el propio quejoso contra NACIONAL FINANCIERA S.N.C. SOCIEDAD MERCANTIL MOLDAVIA DOS, S.A. DE C.V. y REFACCIONARIA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ DE CELAYA. Se hace notar que en la resolución apelada por el agraviado, se resolvió que fue procedente el incidente de falta de legitimación ad causam y ad procesum, propuesto por la actora incidentista (contraparte del aquí impetrante de la tutela federal). Por ello, inconforme con esa decisión el actor en el juicio subyacente (ahora quejoso) interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado por la juez responsable por considerarlo extemporáneo, mediante el proveído que constituye la materia del reclamo constitucional. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 113, 61 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano. Es así porque se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las anteriores consideraciones, se reitera que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos emerge que la quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado proveído de diez de noviembre de dos mil quince, a través del cual la jueza señalada como responsable desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por el ahora agraviado contra la resolución interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil quince, en el juicio de tercería excluyente de dominio M66/2015, iniciado por el propio quejoso contra NACIONAL FINANCIERA S.N.C. SOCIEDAD MERCANTIL MOLDAVIA DOS, S.A. DE C.V. y REFACCIONARIA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ DE CELAYA. Atento a tales antecedentes, el suscrito considera que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte actora en el juicio de origen, el impetrante se encuentra obligado a agotar el medio ordinario de defensa correspondiente. En efecto, respecto del acto reclamado se tiene que la parte impetrante debió a agotar el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. De lo numerales transcritos se desprende que: - Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. - Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos mil pesos. Es importante señalar también que en el caso, nos encontramos en presencia de un juicio mercantil, que el acto reclamado lo constituye el auto que desechó el recurso de apelación, que la legislación mercantil no prevé el recurso de denegada apelación, empero, de conformidad con el numeral 1334 del Código de Comercio, se estima que el medio de defensa ideal para impugnar el acto reclamado es el recurso de revocación. Es aplicable al particular la tesis jurisprudencial 1a./J. 101/2001, visible en la página 138 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." Bajo ese contexto, resulta incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. También es aplicable la tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el pasado seis de diciembre de esta anualidad, 70/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro y texto: "EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Asimismo, en sustento se invoca, por analogía dado que existe identidad jurídica entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo con la actual, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, de febrero de dos mil seis, página mil seiscientos sesenta y cinco, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA." Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte agraviada no es persona extraña al procedimiento, ya que como lo manifestó es parte actora en el mismo. Por ello, se afirma que la impetrante previo a instar este juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Valle del Carmen número ciento veintidós, colonia Valle Residencial de esta ciudad; asimismo, se le tiene autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leticia Acevedo Peñaflor, Juan Manuel Acevedo Quiles, Graciela Flores Buz y Christian Jesús Ruiz Enriquez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

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