Eduardo Vázquez Hernández
Expediente 600/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Vázquez Hernández
- Guillermo Eduardo Reyes Fabila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinte de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción III el presente expediente, deberá ser destruidos una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia. Sin que sea necesario devolver los documentos que que allegó a su escrito inicial de demanda, en virtud de que en diligencia de veintitrés de agosto se devolvieron los mismos.
- Principal
Agréguese el escrito con folio 9111, por medio del cual el autorizado de la parte quejosa solicita la devolución de los documentos originales que exhibió en el juicio que nos ocupa; en ese sentido, toda vez que en proveído de veinte de los corrientes se sobreseyó fuera de audiencia en el presente, devuélvanse dichas constancias, previa copia que se deje en autos. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de las copias certificadas que requiere. Por otra parte, a sus autos el oficio con registro 9068, por medio del cual la agente del ministerio público de la adscripción formula alegatos; en ese sentido únicamente agréguese para que conste, puesto que como se dijo, se sobreseyó fuera de audiencia en la controversia de mérito,
- Principal
Agréguense los oficios de cuenta, mediante los cual, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres en Irapuato, Guanajuato, rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo se admiten y se tienen por desahogas las constancias que anexa, de conformidad con el artículo 119 de la citada legislación. Ahora bien, del contenido del informe y de las constancias adjuntadas por el propio quejoso en escrito recibido el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se desprende que, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se realiza, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, por lo que se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 59/99, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia detallada, en virtud de que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclamó de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres en Irapuato, Guanajuato, la omisión de citarlo o hacerlo comparecer a la carpeta de investigación incoada por **** En ese sentido, de las manifestaciones hechas por la autoridad responsable, adminiculadas con el propio citatorio exhibido por la parte quejosa, que adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El acto aquí reclamado constituye la omisión de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres en Irapuato, Guanajuato, de citar o hacer comparecer al quejoso Eduardo Vázquez Hernández, a la carpeta de investigación incoada por ******** El aquí quejoso ******* es imputado dentro de la carpeta de investigación ****, que dio inicio el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, por la denuncia de *********, por el delito de abusos sexuales en agravio de la menor con identidad reservada *** La fiscalía llamó al quejoso a fin de que hiciera valer lo que en derecho estimara dentro de la capeta de investigación de referencia, para lo cual giró dos citatorios, uno de siete y otro de trece de agosto de dos mil dieciocho. El quejoso tuvo pleno conocimiento de esa citación, puesto que exhibió el documento respectivo en esta instancia el dieciséis de agosto pasado. En dicho documento se solicita al quejoso, se apersone ante la autoridad responsable para darle a conocer los hechos que se le atribuyen y rinda su entrevista en calidad de imputado, en presencia de un defensor público o privado. En ese sentido, si el quejoso acudió a esta instancia doliéndose de la autoridad responsable de hacerlo comparecer a la carpeta de investigación incoada por Ma. Guadalupe Guillermina Acosta Guzmán y la autoridad responsable ya lo citó en a fin de que intervenga en dicha carpeta, a fin de darle a conocer los hechos que se le atribuyen y rinda su entrevista en calidad de imputado, en presencia de un defensor público o privado, es indudable que no existe más la omisión reclamada. No pasa inadvertido, que la autoridad responsable refiera en su informe que, en las dos ocasiones que ha buscado al quejoso a efecto de que hacerlo comparecer a la carpeta de origen no lo ha encontrado, razón por la cual dejó citatorio. Sin embargo, se insiste en que el quejoso tiene pleno conocimiento de tal citación, puesto que fue precisamente él quien primeramente exhibió el documento relativo de siete de agosto de dos mil dieciocho, ante este juzgado; razón por la cual dicha circunstancia no constituye un obstáculo para que hayan cesado los efectos de la omisión reclamada. Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *******, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V y numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta minutos del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Asimismo, se estima innecesario efectuar algún pronunciamiento sobre la reserva decretada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejoso, además de que su admisión y desahogo en nada cambiaran el sentido de esta resolución. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso ******, por medio del cual ofrece pruebas. En tal virtud, respecto a las probanzas que identifica en su escrito con los números 1, 2, 3, 4 ,5 y 6 dígasele que se esté a lo acordado en proveído de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, donde se admitieron. Ahora, respecto a las probanzas 10 y 11, así como la presuncional legal y humana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, en atención a su naturaleza. Respecto a las testimoniales que oferta (7, 8 y 9), así como la documental que refiere en el punto 12, se reserva proveer lo conducente, hasta que estén emplazadas todas las partes en el presente asunto y se cuente con el informe justificado del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral a la Mujer de Irapuato, Guanajuato.
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