Eduardo Velez Rueda

Expediente 1633/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1633/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Velez Rueda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla emitiera un acuerdo dentro del juicio laboral D-6/363/2021, en el que dejara insubsistente la fecha señalada para la audiencia de ley -diez horas del veinte de enero de dos mil veinte- establecida en el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno y, en su lugar, señalara nueva fecha, la cual debería fijar dentro del término que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, vigilar que el actuario de su adscripción llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro de los plazos legales. Por su parte, el actuario adscrito a la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, debía enviar copia certificada de las constancias de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen. A lo anterior, de acuerdo al auto de trece de enero de dos mil veintidós, el presidente de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en cumplimiento a la sentencia de amparo remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento a la parte demanda y del acuerdo pronunciado el siete de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral D-6/363/2021, por el que a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento, dejó subsistente la fecha señalada -diez horas del veinte de enero de dos mil veintidós- para la el verificativo de la audiencia de ley, y, remitió las constancias de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de A Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la presidente de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copia certificada de las constancias de emplazamiento a la parte demanda y del acuerdo pronunciado el siete de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral D-6/363/2021, por el que señala que a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento, deja subsistente la fecha señalada -diez horas del veinte de enero de dos mil veintidós- para la el verificativo de la audiencia de ley. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, se declara que la sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y actuario adscrito, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice los actos precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia dictada el uno de diciembre de esta anualidad. Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable y actuario adscrito no tienen superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 7574 signado por el secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, mediante el cual remite copia certificada del autos de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: El auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1621/2016, en el que, en atención a la petición de la parte actora, determinó conceder la guarda y custodia provisional del menor F.G.J.R., a su madre Erika Rojas Reyes, requiriendo al ahora quejoso Fernando Raúl Juárez Cruz, en su calidad de padre, la entrega del mencionado infante, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría un arresto por el término de treinta y seis horas y se decretaría la entrega del menor con auxilio de la fuerza pública; y su correspondiente ejecución. Por resolución dictada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Fernando Raúl Juárez Cruz, contra el acto atribuido al juez Cuarto de lo Familiar del distrito Judicial de Puebla, Puebla, para el siguiente efecto: "1. Deje insubsistente el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1621/2016, en el que, en atención a la petición de la parte actora, determinó conceder la guarda y custodia provisional del menor F.G.J.R., a su madre Erika Rojas Reyes, requiriendo al ahora quejoso Fernando Raúl Juárez Cruz, en su calidad de padre, la entrega del mencionado infante, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría un arresto por el término de treinta y seis horas y se decretaría la entrega del menor con auxilio de la fuerza pública, así como su correspondiente ejecución; y, en su lugar, 2. Dicte un nuevo auto en el que, para atender la petición de la parte actora, analice las pruebas allegadas al expediente, entre éstas, los reportes de las visitas y convivencias supervisadas entre el menor F.G.J.R., y su madre Erika Rojas Reyes, en las que consta que el menor se ha negado a la convivencia, así como la sugerencia de los psicólogos involucrados en el desahogo de las mismas, respecto a la necesidad de iniciar terapia individual para el niño con el propósito de atender el rechazo externado por aquél hacia su madre. 3. Hecho lo anterior, en uso de sus facultades, de manera fundada, motivada y atendiendo primordialmente al interés superior de F.G.J.R., resuelva si la petición de otorgamiento de la guarda y custodia de aquél solicitada por su progenitora es o no procedente y, en su caso, ordene la práctica de terapias individuales orientadas a lograr el acercamiento y aceptación del menor hacía su madre." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que la parte quejosa se inconformara con la sentencia a pesar de estar debidamente notificada, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia, y se requirió el cumplimiento respetivo al juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Posteriormente, el encargado del despacho por ausencia temporal de la titular del Juez Cuarto de lo Familiar del distrito Judicial de Puebla, Puebla, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, informó que por auto de la misma fecha: Dejó insubsistente el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno dictado dentro del expediente de origen 1621/2016. De igual forma, una vez analizadas las pruebas allegadas al expediente, entre éstas, los reportes de las visitas y convivencias supervisadas entre el menor F.G.J.R. con sus progenitores, negó la custodia solicitada por su madre Erika Rojas Reyes; y, Finalmente, ordenó llevar a cabo terapia individual a fin de atender el rechazo del infante en la convivencia con su madre. Por lo anterior, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el diez del mismo mes y año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas tanto por el encargado del despacho por ausencia temporal de la titular del Juez Cuarto de lo Familiar del distrito Judicial de Puebla, Puebla, como por el secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuyo acto se concedió el amparo; ello, en atención a que mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno dictado dentro del expediente de origen 1621/2016; previo análisis de las pruebas allegadas al expediente, entre éstas, los reportes de las visitas y convivencias supervisadas entre el menor F.G.J.R. con sus progenitores, negó la custodia solicitada por su madre Erika Rojas Reyes; y, finalmente, ordenó llevar a cabo terapia individual a fin de atender el rechazo del infante en la convivencia con su madre. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18 fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese por lista a las partes.

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