Eduardo Thome Pérez

Expediente 306/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
306/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Thome Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, se declara que ha causado estado el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido, en el entendido que el presente asunto se tramitó con incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una determinación que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes.

  2. Incidental

    Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que con esta fecha dentro del cuaderno principal 306/2022 del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del juicio de amparo como asunto concluido. DEPURACIÓN ORIGINAL En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso a, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones DESTRUCCIÓN DUPLICADO Una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el juez Tercero Especializado en Materia Civil del distrito judicial de Puebla con el que informa que no se localizó juicio alguno instaurado en contra del aquí quejoso ******, por lo que está imposibilitado para rendir el informe justificado correspondiente; en consecuencia, atento a las manifestaciones del comunicado de cuenta, deben tenerse por inexistentes los actos que se le atribuyen. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa ******, ocurre ante esta instancia de control constitucional; a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: - La falta de emplazamiento dentro de algún juicio del índice de las autoridades señaladas como ordenadoras, y como consecuencia, todas las actuaciones, incluida la orden de lanzamiento respecto de los inmuebles identificados como: 1. "******, HOY DE ESTE MUICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA BAJO EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y/O PREDIO MAYOR NÚMERO ******." 2. "******, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA CON NÚMERO DE PREDIO MAYOR *****.". Ahora, de autos se advierten los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A los que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al artículo 2° de la Ley de Amparo, y de los cuales se desprende que la falta de emplazamiento dentro de algún juicio del índice de las autoridades señaladas como ordenadoras, y como consecuencia, todas las actuaciones, incluida la orden de lanzamiento respecto de los inmuebles ya descritos, que reclama la parte quejosa a las autoridades señaladas como responsables no existen, por lo cual procede sobreseer en el juicio de garantías en estudio fuera de la audiencia constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obra el informe justificado de las autoridades responsables diligenciario Non adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar, diligenciario Non adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar, diligenciario Non adscrito al Juzgado Sexto de lo Familiar, diligenciario Par adscrito al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil, diligenciario Non adscrito al Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil, diligenciario Par adscrito al Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros, todos del distrito judicial de Puebla y diligenciario Non adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, toda vez que dichas autoridades fueron señaladas con el carácter de ejecutoras y dichos actos de ejecución son dependientes de los mandatos que hayan emitido las autoridades responsables ordenadoras, mismas que en el presente juicio negaron la existencia de los actos que se les reclaman, por lo cual, se reitera, que al no existir prueba en contrario que desvirtúe la negativa de los actos por parte de las citadas autoridades responsables, con fundamento en el normativo párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este sumario. El párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, al respecto establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, respecto del acto y autoridades responsables referidas en los párrafos que anteceden, consistente en la falta de emplazamiento dentro de algún juicio del índice de las autoridades señaladas como ordenadoras, y como consecuencia, todas las actuaciones, incluida la orden de lanzamiento respecto de los inmuebles identificados como: "1. *******, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA BAJO EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y/O PREDIO MAYOR NÚMERO ******." 2.******, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA CON NÚMERO DE PREDIO MAYOR *****.". Cabe aclarar que en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV, del diverso 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que, la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el sobreseimiento del juicio de garantías, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda de garantías. Sin embargo, una vez que las responsables rindan su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Constitución Federal, a favor de los gobernados. En tal virtud, si el Tribunal más alto de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; y, estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que transgrede al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgado federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. De tal manera que si la parte impetrante se duele de la ejecución de la falta de emplazamiento a algún juicio, emitidas por las autoridades señaladas como responsables y éstas al rendir sus informes justificados negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, por tanto, es por demás claro que la parte quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá probar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta y tres minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. Además porque en este caso no se priva de defensa a la parte quejosa, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, no puede probar la existencia de un acto inexistente, por ende, el resultado del fallo, siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes. En razón de lo anterior, instrúyase a la oficial judicial "A", adscrita a este juzgado federal, a efecto de que realice las gestiones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE].

  4. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA. Agréguese a los autos el oficio signado por el juez Tercero Especializado en Materia Civil del distrito judicial de Puebla con el que informa que no se localizó juicio alguno instaurado en contra del aquí quejoso ******, por lo que está imposibilitado para rendir el informe justificado correspondiente; en consecuencia, atento a las manifestaciones del comunicado de cuenta, deben tenerse por inexistentes los actos que se le atribuyen. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa ******, ocurre ante esta instancia de control constitucional; a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: - La falta de emplazamiento dentro de algún juicio del índice de las autoridades señaladas como ordenadoras, y como consecuencia, todas las actuaciones, incluida la orden de lanzamiento respecto de los inmuebles identificados como: 1. "******, HOY DE ESTE MUICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA BAJO EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y/O PREDIO MAYOR NÚMERO ******." 2. "******, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA CON NÚMERO DE PREDIO MAYOR *****.". Ahora, de autos se advierten los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A los que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al artículo 2° de la Ley de Amparo, y de los cuales se desprende que la falta de emplazamiento dentro de algún juicio del índice de las autoridades señaladas como ordenadoras, y como consecuencia, todas las actuaciones, incluida la orden de lanzamiento respecto de los inmuebles ya descritos, que reclama la parte quejosa a las autoridades señaladas como responsables no existen, por lo cual procede sobreseer en el juicio de garantías en estudio fuera de la audiencia constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obra el informe justificado de las autoridades responsables diligenciario Non adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar, diligenciario Non adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar, diligenciario Non adscrito al Juzgado Sexto de lo Familiar, diligenciario Par adscrito al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil, diligenciario Non adscrito al Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil, diligenciario Par adscrito al Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros, todos del distrito judicial de Puebla y diligenciario Non adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, toda vez que dichas autoridades fueron señaladas con el carácter de ejecutoras y dichos actos de ejecución son dependientes de los mandatos que hayan emitido las autoridades responsables ordenadoras, mismas que en el presente juicio negaron la existencia de los actos que se les reclaman, por lo cual, se reitera, que al no existir prueba en contrario que desvirtúe la negativa de los actos por parte de las citadas autoridades responsables, con fundamento en el normativo párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este sumario. El párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, al respecto establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, respecto del acto y autoridades responsables referidas en los párrafos que anteceden, consistente en la falta de emplazamiento dentro de algún juicio del índice de las autoridades señaladas como ordenadoras, y como consecuencia, todas las actuaciones, incluida la orden de lanzamiento respecto de los inmuebles identificados como: "1. *******, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA BAJO EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y/O PREDIO MAYOR NÚMERO ******." 2.******, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA CON NÚMERO DE PREDIO MAYOR *****.". Cabe aclarar que en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV, del diverso 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que, la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el sobreseimiento del juicio de garantías, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda de garantías. Sin embargo, una vez que las responsables rindan su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Constitución Federal, a favor de los gobernados. En tal virtud, si el Tribunal más alto de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; y, estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que transgrede al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgado federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. De tal manera que si la parte impetrante se duele de la ejecución de la falta de emplazamiento a algún juicio, emitidas por las autoridades señaladas como responsables y éstas al rendir sus informes justificados negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, por tanto, es por demás claro que la parte quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá probar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta y tres minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. Además porque en este caso no se priva de defensa a la parte quejosa, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, no puede probar la existencia de un acto inexistente, por ende, el resultado del fallo, siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes. En razón de lo anterior, instrúyase a la oficial judicial "A", adscrita a este juzgado federal, a efecto de que realice las gestiones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE].

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